A pesar de encuentros bilaterales que auguraban voluntad cooperativa, la administración Biden-Harris decidió definir de manera unilateral sus estrategias migratorias y antinarcotráfico sin salirse del guion de responsabilizar a otros países de problemas acreditados al Gobierno de Estados Unidos.
Las nuevas directrices que pasaron por el Consejo estadounidense de Seguridad Nacional aislaron los problemas de migración y narcotráfico de una conceptualización integral de la seguridad, pero lo más grave fue que tampoco asumieron la corresponsabilidad prioritaria de EU en la crisis económica y de seguridad de Centroamérica y en el auge del crimen organizado en México como efecto de la consolidación de los cárteles mexicanos al interior del territorio estadounidense controlando el contrabando, distribución y venta al menudeo de las drogas.
En el caso mexicano, las estrategias Biden-Harris eludieron los enfoques del presidente López Obrador y algunos de los puntos concretos asumidos por la Casa Blanca pronto van a chocar con las nuevas reglamentaciones y decisiones avaladas por el Gobierno mexicano, entre ellas, por ejemplo, la obligación estadounidense de registrar nombres de agentes y operaciones de seguridad en México y la necesidad de intercambiar tecnología e inteligencia.
En el caso de los cárteles no habrá solución persiguiendo a las bandas dentro de México, si al interior de Estados Unidos los siete principales cárteles mexicanos tienen el control de la venta al menudeo en más de tres mil ciudades estadounidenses. Desde 2010, reportes de la DEA han insistido en el crecimiento, consolidación y expansión de los cárteles mexicanos dentro de EU. Y al final de cuentas, la producción y tráfico de drogas es efecto de la demanda de consumidores estadounidenses en constante aumento.
Zona Zero
El proyecto de reorganización de la Secretaría de la Defensa Nacional que circula en estos días solo ajusta el funcionamiento de la dependencia a partir de la propuesta presidencial de incorporación de la Guardia Nacional a la Sedena. Y se trata de un proyecto que ya se conocía desde 2019, pero que ha tratado de politizarse y no de debatirse en sus términos estrictamente administrativos. (Carlos Ramírez, 24 Horas, Estados, p. 12)
Después de la Iniciativa Mérida
¿Qué sigue después de la Iniciativa Mérida? El plan de la administración Bush para contener el narcotráfico en nuestro país falló.
No detuvo el trasiego de drogas, ni la violencia que lo acompaña. Se multiplicaron los consumidores en ambos lados de la frontera y se movió mucho dinero sin controles estrictos.
México está sumido en la enésima crisis de seguridad. La estrategia seguida por el gobierno en la primera mitad del sexenio ha permitido a los carteles expandirse, armarse con nuevos artilugios mortíferos, ganar base social y tomar decisiones políticas.
La idea de mandar helicópteros a México en la era de los drones es anticuada. Se requiere parar en seco el tráfico de armas, detener las operaciones financieras sospechosas y tener voluntad política para detener a los capos.
Con las nuevas tecnologías no hay forma de que se escondan todo el tiempo. No los agarran porque no quieren. (La Crónica de Hoy, Nacional, p. 9)
Ranchero que le gusta presumir rudeza en su vestimenta campirana, el próximo embajador de Estados Unidos no es como se pinta a sí mismo: a México llegará un político prudente y profesional. Aunque, ojo, lleva las prioridades de Biden por delante.
Ken Salazar pasó aceite en su audiencia de ratificación en el Senado, porque debió equilibrar su encomienda diplomática con una realidad imposible de negar.
La falta de Estado de derecho en México, “¿cree que es un problema?, lo acorraló el republicano Ted Cruz.
“Es un problema, señor”, respondió Salazar.
Bob Menendez, demócrata, presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, lo dijo sin preguntar: “La violencia y la influencia del crimen organizado en México han alcanzado niveles preocupantes”.
Para el republicano de Idaho, Jim Rish, la situación en México va más allá de lo preocupante: “Todos estamos conmocionados por la situación política en México, por el enorme número de candidatos asesinados en la pasada elección. Es asombroso cuántos han muerto”.
Tim Kaine, demócrata de Virginia, pidió al próximo embajador enfocarse al tema de “la violencia contra periodistas mexicanos”.
Cruz, exrival de Trump por la candidatura presidencial republicana, le advirtió a Ken Salazar que “parece haber una campaña sistemática del gobierno mexicano para socavar a empresas americanas (estadounidenses, quiso decir), especialmente energéticas”.
Si bien se lee, no fue algo menor lo sucedido en el Senado de Estados Unidos el miércoles de la semana anterior.
En el Capitolio hay “conmoción” por la cantidad de asesinatos políticos en México.
Consideran que parece existir “una campaña sistemática del gobierno mexicano” contra empresas de Estados Unidos.
Ven “niveles preocupantes por la influencia (sic) del crimen organizado en México”.
Piden al próximo embajador que atienda la violencia contra periodistas en nuestro país.
Y paralelamente a la comparecencia de Ken Salazar en el Senado, la Cámara de Representantes (diputados) aprobó el paquete de ayuda a México que propuso el presidente Biden, e incluso aumentó los fondos, con una condición: que ni un solo dólar sea “utilizado para apoyar el involucramiento de militares mexicanos en tareas policiales”.
Muy mala es la imagen que hay de México en el Senado y en la Cámara de Representantes de Estados Unidos.
Desde la época del asesinato del agente antinarcóticos Enrique Camarena Salazar, no se hablaba con esa preocupación del vecino del sur.
El gobierno de México puede mandar al diablo las veces que quiera a los “intervencionistas e inhumanos de Estados Unidos” que “bloquean” a Cuba y tratan a los latinoamericanos y caribeños como “lacayos” en la OEA.
Pero esa mala imagen en nada ayuda a la buena relación. Tarde o temprano en el Legislativo de este país se resuelven temas de interés para los mexicanos.
Ken Salazar se mantuvo diplomático, prudente, aunque al leer su agenda de trabajo como embajador en México se advierten nuevas áreas de fricción.
Su plan de cuatro puntos lo expresó en el Senado:
-Abordar el empleo y las oportunidades económicas a través del comercio, la infraestructura, el turismo y la inversión.
-Asegurar la frontera y crear un marco ordenado, seguro y humano para la migración.
– Identificar alianzas que aborden el flagelo de la violencia y respeten el Estado de derecho.
-Y participar en una transformación de la sostenibilidad global para un planeta viable.
Tal agenda brinda una oportunidad valiosa de colaboración para un gobierno mexicano con sensatez. Pero ese intangible –el sentido común– brilla por su ausencia en la administración del presidente López Obrador.
La oportunidad de colaboración la va a transformar en zonas de confrontación.
Nada nuevo, pues.
Nunca, en la historia moderna del país, habíamos tenido un presidente tan empeñado en dividirnos y enfrentarnos a los mexicanos.
Así es y así será, también, con Estados Unidos. (Pablo Hiriart, El Financiero, Nacional, p. 32)
El Presidente no pierde oportunidad para refrendar su respaldo a Sedena y a Semar, así como a la nueva fuerza armada, la Guardia Nacional. También quiere dejar muy en claro que ese respaldo no es retórico, sino que quedará plasmado, año con año, en el Presupuesto de Egresos de la Federación.
En los últimos días, frente a mandos militares, AMLO dijo que el presupuesto para la Guardia Nacional aumentaría en 50 mil millones de pesos. Para poner las cosas en perspectiva, este año el presupuesto de dicha corporación fue de 35 mil millones de pesos. El aumento es tan desproporcionado que causó confusión.
Algunos analistas entendieron que el presupuesto aumentaría de 35 mil a 50 mil millones (es decir, un 40 por ciento, ya muy abultado); otros interpretaron que a la Guardia le tocarían 50 mil millones adicionales (es decir, un incremento del 143 por ciento).
Sea como sea, lo de los 50 mil millones es una cifra alegre, una ocurrencia y una barbaridad. El propio AMLO matizó poco después y anunció que el aumento se realizaría a lo largo de tres años.
Sin embargo, lo importante por el momento no es la cifra exacta que asigne la Cámara de Diputados, sino la intención inequívoca del Ejecutivo de apostarle todas las canicas que se puedan a la Guardia Nacional y, por ende, a las Fuerzas Armadas.
Como ya lo he expresado antes, yo no le tengo fobia a que la Guardia Nacional esté adscrita a Sedena. Coincido con el Presidente en que contar con un cuerpo intermedio, bajo el mando de las Fuerzas Armadas, es probablemente la mejor alternativa para hacer frente, en las calles, al actual desafío de violencia criminal.
Sin embargo, sí veo varios despropósitos en la visión sobre la Guardia Nacional que se trasluce en las recientes intervenciones públicas del Presidente.
El primero es la fe, que parece ciega, en la honestidad castrense. Independientemente de las virtudes que se puedan atribuir a la disciplina militar, un incremento demasiado acelerado del gasto inevitablemente genera oportunidades para el descontrol.
Basta con recordar lo que ocurrió precisamente en la Policía Federal –ésa que tanto desdeña AMLO– en tiempos de García Luna, cuando el número de elementos y el presupuesto se multiplicaron en pocos años. El gasto que se deja entrever en la Guardia Nacional, enfocado en la construcción de cuarteles, es particularmente delicado. Pocas cosas como la obra pública facilitan el desvío de recursos.
El segundo despropósito, el más importante, es que la Guardia Nacional se perfila como un cuerpo con presencia constante en todo el territorio nacional, sin importar si en el ámbito municipal existen o no instituciones locales que tengan las capacidades suficientes para garantizar la seguridad.
Para tal fin, se va a gastar a manos llenas en construir cuarteles y unidades habitacionales donde los elementos puedan alojarse de forma permanente.
(Eduardo Guerrero Gutiérrez, El Financiero, Nacional, p. 33)
Marchas, acciones de desobediencia civil, canciones de lucha y esperanza, reverendos y líderes de derechos civiles arrestados, todo en demanda por nada más y nada menos que lo que se supone es el principio más elemental de cualquier lugar que dice ser una democracia: el derecho al voto.
Estas escenas no son de hace más de 50 años, aunque algunas de las mantas, canciones y hasta participantes sí lo son; es en estos últimos días que reaparece, por necesidad, el movimiento por el sufragio efectivo en el país que pretende ser el modelo de la democracia para el mundo.
Ahí estaba el reverendo Jesse Jackson, joven lugarteniente de Martin Luther King, el reverendo William Barber y la reverenda Luz Theoharis, quienes encabezan la Campaña de los Pobres (resucitando la última iniciativa de lanzada por King antes de ser asesinado). A las acciones del pasado fin de semana en Texas, se sumó Luci Baines Johnson, la hija del presidente Lyndon B. Johnson, quien promulgó en ley – con King como testigo a su lado– uno de los grandes triunfos del movimiento de derechos civiles de los 60: la Ley de Derechos al Voto de 1965. Ahora, medio siglo después, llama a defender ese logro.
Junto con esa demanda, también hay otras contra leyes y medidas que obstaculizan el ejercicio democrático básico de que la mayoría gana: en particular la maniobra parlamentaria en el Senado conocida como el filibuster, que es empleada por la bancada minoritaria para frenar intentos de la mayoría para aprobar legislación.
En estas últimas semanas, los republicanos han amenazado con usarla con el fin de frenar dos proyectos de ley para restablecer derechos al voto, así como otros proyectos de asistencia social para los pobres y los migrantes, entre otros.
Estamos atestiguando una insurrección política, declaró el reverendo Barber al indicar que esta campaña continúa movilizándose en 40 estados y sumando a nuevas voces –incluyendo ahora el Consejo Nacional de Iglesias, representando a 38 congregaciones nacionales protestantes– y que exige la restauración de la Ley de Derechos al Voto, el fin del filibuster, un incremento del salario mínimo a 15 dólares la hora y trato digno a 11 millones de migrantes indocumentados. Vemos la conexión entre este ataque contra los derechos al voto y todos los otros temas que importan a los 140 millones de pobres y personas de ingresos bajos en este país, subrayó.
Hasta la fecha, 18 estados controlados por el Partido Republicano han promulgado 30 leyes para suprimir y limitar el voto desde el año pasado; se han impulsado más de 400 proyectos de ley en casi todos los estados para suprimir el voto. Estas iniciativas son atinadas directamente contra el voto de los pobres y de minorías –sobre todo afroestadunidenses, latinos e indígenas– así como el de los jóvenes. Los estrategas republicanos saben que no pueden mantener el control sobre varios estados o ganar elecciones nacionales sin esfuerzos para desalentar y suprimir el voto de estos sectores.
No es nada nuevo. Al nacer esta república, el derecho al voto fue otorgado sólo a los hombres blancos con propiedades, y la supresión de éste está íntimamente ligado a las raíces racistas y xenófobas que siguen envenenando y ensangrentando a este país hasta hoy día. Una de las principales justificaciones para limitar el voto es evitar el fraude electoral –algo que es microscópico– y se argumenta, sin sustento, que muchas elecciones –incluyendo las presidenciales– son fraudulentas por la participación ilegal de migrantes.
Pero tal vez lo más asombroso es que la cúpula de este país que no ha logrado garantizar el sufragio efectivo (vale recordar que el voto para elecciones presidenciales no es directo y por lo tanto, la mayoría no necesariamente determina el ganador), y que requiere de un movimiento nacional para luchar por el derecho al voto, aún no se avergüenza en proclamarse juez y jurado de la democracia en otros países. (David Brooks, La Jornada, Opinión, p. 23)