Opinión Migración 020923
Templo Mayor
TAL PARECE que Andrés Manuel López Obrador se sintió incómodo de lanzar su nuevo ataque contra la Suprema Corte de frente y mirando a la cara a su Presidenta.
EL ANUNCIO que hizo durante el mensaje oficial por su Quinto Informe de Gobierno de que enviará una iniciativa para “limpiar” al Poder Judicial ocurrió sin la presencia de la ministra Norma Piña, quien, al igual que el resto de la Corte, fue excluida del acto realizado en Campeche.
SE SABE que al Presidente no le gusta que le pongan límites y, en su berrinche, no invitó a la “fiesta” a quienes han actuado como contrapeso legal. Nada más le faltó citar a Quico con el clásico: ¡Chusma, chusma!
LAS VUELTAS que da la vida. El gobierno de la 4T criticó a la administración anterior por alojar a elementos de la Policía Federal en hoteles y mandó construir cuarteles por todo el país para la Guardia Nacional.
Y AHORA, se sabe que la Secretaría de Salud paga estancias en hoteles a los médicos cubanos que atienden en zonas donde, dicen, los doctores mexicanos no quieren ir.
¿A POCO no hay manera de alojarlos en los mismos hospitales o incluso en los destacamentos de la GN para evitar derroches? Es pregunta sin falsa austeridad.
EL PRÓXIMO gobierno del Edomex a cargo de Delfina Gómez reestructurará el gabinete y, más allá de los meros cambios de nombre que siempre resultan tan caros como inútiles, hay un par de modificaciones que suenan a retroceso más que a evolución.
EN PRIMER lugar, desaparecerá la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos para revivir la figura de una Consejería Jurídica que dependerá, por supuesto, de la gobernadora.
Y, ADEMÁS, se creará una Oficialía Mayor que asumirá funciones que hasta ahora tenía la Secretaría de Finanzas.
AMBOS movimientos apuntan a la centralización de recursos y a un mayor control de litigios y -ejem- contratos desde la oficina de la morenista quien, según se ve, resultó ser más cercana al viejo PRI que el mandatario saliente, Alfredo del Mazo, quien había modernizado el gobierno estatal.
SI A su celular le llega un mensaje que dice: “Cuando llegue a tu casa la encuesta, Adán Augusto es la respuesta” junto con un link, no es un intento de estafa… o al menos, no económica.
ES EL equipo de Adán Augusto López tratando de influir en los resultados de la encuesta de Morena y, de paso, presumiendo una página web con su inteligencia artificial que contesta las preguntas de sus simpatizantes. ¿Pues no que la precampaña de las corcholatas ya se había acabado? (Fray Bartolomé, Reforma, Opinión, p.8)
Nudo gordiano / Las barbas de Trump
Los avances de la semana pasada son un signo de que el juicio a Trump avanza. Los fiscales están presionando al expresidente para que entregue pruebas de su inocencia, y el juez está de su lado.
Esta semana, el mundo observó con atención el juicio político al expresidente de Estados Unidos, Donald Trump. Un evento que ha generado expectativas y controversia desde su inicio, y que se ha convertido en un espejo en el que se refleja la salud de la democracia en una nación profundamente dividida.
La semana pasada, el juicio a Donald Trump por el presunto intento de subvertir los resultados de las elecciones de 2020 dio un avance clave. El juez del caso, David Carter, dictaminó que Trump y sus aliados deben entregar pruebas de que el expresidente no ganó las elecciones.
Esta decisión es importante, porque podría ayudar a los fiscales a construir un caso contra Trump. Carter señaló que Trump y sus aliados han hecho afirmaciones falsas sobre las elecciones, y que estas afirmaciones podrían ser usadas para demostrar que su objetivo era anular los resultados de manera ilegal.
Además, Carter rechazó la solicitud de Trump de retrasar el juicio hasta 2026. Esto significa que el juicio comenzará el 17 de agosto de 2023, a menos que Trump apele la decisión del juez.
Los avances de la semana pasada son un signo de que el juicio a Trump avanza. Los fiscales están presionando al expresidente para que entregue pruebas de su inocencia, y el juez está de su lado.
El juicio a Trump es importante por varias razones. En primer lugar, es la primera vez que un expresidente de Estados Unidos se enfrenta a un juicio por cargos penales. Esto podría sentar un precedente para futuros casos contra políticos corruptos. En segundo lugar, el juicio podría ayudar a determinar si Trump fue responsable del ataque al Capitolio el 6 de enero de 2021. Los fiscales argumentan que el discurso de Trump a sus seguidores antes del ataque fue un llamado a la violencia. En tercer lugar, el juicio podría tener un impacto en las elecciones presidenciales de 2024. Si Trump es declarado culpable, podría dañar sus posibilidades de ser reelecto.
Pero el juicio refleja la importancia de la rendición de cuentas en una democracia. El hecho de que un expresidente esté siendo sometido a juicio demuestra que nadie, ni siquiera el líder más poderoso del mundo, está por encima de la ley. Éste es un principio fundamental de la democracia: nadie debe estar por encima de la justicia. Independientemente del resultado final, este proceso resalta que las instituciones democráticas están dispuestas a responsabilizar a quienes inciten o participen en actos de violencia para socavar la voluntad del pueblo.
Sin embargo, también se pone de manifiesto la polarización extrema en Estados Unidos. El juicio ha mostrado una profunda división en el país, donde las opiniones políticas a menudo se ven más influidas por la afiliación partidista que por la evidencia o la lógica. Aunque hay argumentos válidos de ambos lados sobre la culpabilidad o inocencia de Trump, la polarización ha llevado a que muchos legisladores ya tengan una opinión formada antes de escuchar los testimonios y las pruebas presentadas en el juicio.
La relación entre la política y los medios de comunicación también está bajo escrutinio. Las redes sociales desempeñaron un papel destacado en la planificación y la difusión de los eventos del 6 de enero, lo que ha llevado a un debate sobre la responsabilidad de las plataformas digitales en la promoción de la desinformación y la incitación a la violencia. El juicio ha resaltado la necesidad de abordar estas cuestiones y de encontrar un equilibrio entre la libertad de expresión y la prevención de la incitación a la violencia.
En última instancia, el juicio a Trump es un recordatorio de que la democracia es un sistema en constante evolución y que necesita ser protegido y fortalecido. Independientemente de cuál sea el veredicto final, es esencial que los líderes políticos y la sociedad en su conjunto reflexionen sobre los desafíos que enfrenta la democracia en la era moderna y trabajen juntos para fortalecerla.
Este juicio no sólo tiene implicaciones para Estados Unidos, sino que también envía un mensaje al mundo sobre el compromiso del país con la democracia y la rendición de cuentas. Es una oportunidad para reflexionar sobre la importancia de defender los valores democráticos en un momento en el que están siendo cuestionados en muchas partes del mundo.
En última instancia, el juicio a Donald Trump no sólo es un juicio sobre un individuo, sino un juicio sobre la democracia misma. Su resultado y el impacto que tenga en la política y la sociedad estadunidense marcarán un hito en la historia de Estados Unidos y resonarán en todo el mundo. Es un recordatorio de que ninguna democracia es inmune a los desafíos internos, pero también de que la resiliencia de una democracia se mide por su capacidad para abordar y superar esos desafíos. (Yuriria Sierra, Excélsior, Nacional – Pulso Nacional, p. 12)
Desapariciones forzadas en México
El 30 de agosto se conmemoró el Día Internacional de Víctimas de Desapariciones Forzadas, siendo ésta una de las problemáticas de la crisis humanitaria y de derechos humanos que se vive en México y América Latina. La desaparición forzada es una violación grave a derechos humanos que sucede cuando personas son desaparecidas de sus lugares de trabajo, comunidades, calles, incluso de sus propias casas, ya sea por acción, omisión o aquiescencia del Estado; por grupos armados o agrupaciones vinculadas al tráfico de drogas y trata de personas con fines diversos, entre otras causas.
De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, en el país hay 110 mil 42 registradas en cualquiera de esas circunstancias. Aproximadamente, 70 por ciento de esta cifra corresponde a jóvenes y predomina la desaparición de mujeres entre 15 y 25 años. Además, se registró que desde 2007 hubo un aumento de personas desaparecidas en el país, cuya causa podría ser la llamada declaración de la guerra contra el narcotráfico, por parte del ex presidente Felipe Calderón. A pesar de esto, los datos distan mucho de la realidad. No sólo hace falta considerar la ausencia de denuncias hacia esta problemática, sino las barreras gubernamentales para reconocer y aceptar la desaparición de una persona, principalmente de migrantes.
Es importante recordar que las obligaciones del Estado mexicano para atender las desapariciones forzadas de personas se encuentran ratificadas y establecidas en la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas; la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas; la Declaración sobre la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, y la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y el Sistema Nacional de Búsqueda. Sin embargo, ¿de qué sirven tantas leyes e instrumentos de derechos humanos en dicha materia si el gobierno mexicano decide utilizarlas a conveniencia y no a favor de las víctimas? ¿Cómo se recupera la confianza hacia el Estado cuando persisten la negligencia e impunidad en los procesos de búsqueda, verdad y justicia para las miles de familias y víctimas de desaparición forzada en el país?
Ante ello, es necesario que las instancias de procuración de justicia cuenten con el personal especializado y capacitado técnica y humanamente para los procesos de búsqueda, donde la Comisión Nacional de Búsqueda y las locales fungen un papel fundamental para garantizar la búsqueda bajo la presunción de vida y no sólo en muerte. Asimismo, se requiere que se reconozca la desaparición forzada como problema público emergente que debe considerarse prioritario ante su agudización e incremento de personas desaparecidas en nuestros territorios. Si bien, es importante que haya voluntad política para atender esta emergencia nacional, es aún más necesario que se coloquen las necesidades de las familias y víctimas como prioridad y punto central en la construcción de políticas públicas y acciones gubernamentales para ellas.
Por ende, es indispensable que se acaten las recomendaciones emitidas por el Grupo de Trabajo y Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de Naciones Unidas (ONU) hacia el Estado mexicano, en donde se destaca el fortalecimiento de las capacidades técnicas, financieras y humanas de las instituciones y procesos de búsqueda e investigación; promover los procesos de reparación y memoria relacionados con casos históricos; incorporar el enfoque diferencial en el acceso a la búsqueda, verdad y justicia para una reparación adecuada; el reconocimiento y atención de las necesidades de las víctimas y sus roles en la búsqueda de sus familiares, así como la construcción de estrategias locales, regionales y globales de forma integral que prioricen la prevención de esta crisis humanitaria.
Como sociedad civil, se vuelve necesario continuar exigiendo al Estado mexicano su responsabilidad para el esclarecimiento de estos sucesos y que actúe con base en los más altos estándares nacionales e internacionales de derechos humanos, porque desaparecer no es normal, sino una consecuencia de la violencia, el crimen organizado y las omisiones de los estados ante el resguardo de la vida; porque desaparecer es una problemática estructural y global, y para que la historia y crímenes de desaparición forzada en Latinoamérica no se agudicen en México, ni se continúen y profundicen en la región.
Sólo la memoria nos salvará de no olvidar los crímenes de Estado, pero primordialmente, a quienes nos hacen falta, ¡hasta encontrarles! (Mariana Bermúdez, La Jornada, Opinión. p. 15)
CARTONES
(Llera, Excélsior, Nacional – Editorial, p, 10)
- Autor:
- Instituto Nacional de Migración
- Fecha de Publicación:
- 1/09/2023