Que a solicitud propia, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, estará hoy en San Lázaro para sostener encuentros privados con la Mesa Directiva, encabezada por el morenista Sergio Gutiérrez Luna, y la Junta de Coordinación Política, presidida por el priista Rubén Moreira. Eso sí, el líder de Morena, Ignacio Mier, se apresuró a descartar que la intención del diplomático sea expresar alguna preocupación por la reforma eléctrica que se pretende discutir en el recién abierto periodo de sesiones. (Milenio Diario, Al frente, p. 2)
El embajador, en San Lázaro
Este jueves va a la Cámara de Diputados el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar. Se reunirá con el presidente de San Lázaro, Sergio Gutiérrez Luna, y con los líderes de Morena, Ignacio Mier, y del PRI, Rubén Moreira. Por cierto, ayer, el diplomático se reunió con el secretario de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval, para hablar de temas militares comunes. (El Heraldo de México, La dos, p. 2)
Con la finalidad de “erradicar la corrupción, evitar el dispendio y la frivolidad”, el presidente Andrés Manuel López Obrador prepara una iniciativa de ley cuyo objetivo es eliminar o fusionar a 16 órganos de la administración que cuentan con especialidad técnica y que fueron creados para resolver problemas concretos.
Estas modificaciones implican entre otras cosas: mayor concentración de poder, reorientación de un presupuesto aprobado de casi tres mil millones de pesos, eliminación de más de tres mil plazas y dilución de la responsabilidad sobre problemas públicos urgentes.
De llegar a concretarse, se eliminarían ventanillas de exigencia ciudadana de derechos, instancias de planificación de políticas públicas y se confirmaría que a juicio de este gobierno resulta vano: el derecho de acceso a un medio ambiente sano, el derecho a la igualdad de trato; la no discriminación por color, género u orientación sexual; los derechos de la niñez y los jóvenes; los derechos de los migrantes; el derecho a la buena administración y la cooperación científica internacional con organizaciones sociales y gobiernos locales, entre otros.
De un solo plumazo se elimina la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción que es la instancia encargada de evaluar con evidencia —más allá de las palabras— si se está o no combatiendo efectivamente a la corrupción. Aunque en la iniciativa se propone que estas tareas sean asumidas por la Comisión Ejecutiva del Sistema, las modificaciones no garantizan la suficiencia presupuestaria para su operación y manda el mensaje de que las mismas modificaciones pueden hacerse en las entidades federativas.
Esto podría significar el inicio del desmantelamiento de un Sistema que no ha terminado de nacer a nivel nacional. Sin duda, es urgente evaluar por qué en lo que va de esta administración no han existido medidas concretas de combate a la corrupción. A contracorriente del discurso oficial, las mediciones existentes nacionales e internacionales indican que no se ha avanzado en el combate a la corrupción y que, por el contrario, prevalecen serias deficiencias en materia de información, investigación y desmantelamiento de redes de corrupción. En síntesis: es el mismo infierno, pero con distinto diablo.
En la lista de organismos desechables aparecen el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), el Consejo Nacional para el Desarrollo e Inclusión de las Personas con Discapacidad (Conadis), el Instituto Mexicano de la Juventud (Imjuve), la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna), el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam) y la Coordinación General de la Comisión Nacional de Ayuda a Refugiados (Comar).
En materia de generación de información se propone la fusión a Secretarías de instancias como el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA), el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera, el Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas y la Secretaría General del Consejo Nacional de Población. Todas estas cumplen con la producción de datos para la toma de decisiones. El IMTA es un centro cuyas capacidades de investigación han sido reconocidas internacionalmente y cuya tecnología es utilizada para cosas tan prácticas como detectar si el agua de un río está o no envenenada con arsénico. Todo diseño administrativo necesita evaluar con qué recursos se enfrentarán problemas públicos urgentes. Pero todo esto parece inútil frente a la necesidad imperiosa de repartir dinero, fortalecer clientelas y tomar decisiones a ciegas o sustentadas en “los otros datos”. Y en este escenario exigir respuestas frente a la vulneración de derechos es un vil estorbo. (Lourdes Morales Canales, El Universal, Opinión, p. 16)
Las olas de migrantes en América Latina están creciendo y continuarán causando crisis humanitarias en toda la región hasta que se aborden las causas fundamentales del desplazamiento. El empeoramiento de la situación exige un nuevo pacto para coordinar e intensificar los esfuerzos de los donantes, los gobiernos y las organizaciones de ayuda.
CIUDAD DE PANAMÁ – La mayoría de los países latinoamericanos históricamente han sido receptivos a los inmigrantes, pero el aumento sin precedentes en 2021 de la cantidad de personas desplazadas debido al malestar político, la inestabilidad económica, la violencia, la omnipresente desigualdad, el cambio climático, la pandemia del Covid-19 y otros factores implicó que los esfuerzos de muchos gobiernos para proteger a los inmigrantes quedaran a mitad de camino frente a las intenciones incorporadas en sus políticas.
Una de las características más preocupantes de la situación migratoria en Latinoamérica es la brecha que existe entre las intenciones de cada país, según lo expresan sus políticas migratorias, y su capacidad para proporcionar a las personas desplazadas la protección que necesitan. Esto suele estar vinculado al insuficiente apoyo financiero y técnico de la comunidad internacional.
Los países en toda la región están haciendo tremendos esfuerzos para gestionar la actual crisis migratoria, priorizando los programas como pueden con sus limitados recursos, pero las diferencias en sus enfoques fomentan aún más el movimiento de personas, porque los inmigrantes y quienes buscan asilo suelen ir a los lugares que son más seguros para ellos y sus familias.
Otro problema es la falta de soluciones a largo plazo. Pensemos en la reciente crisis relacionada con los haitianos -tanto los que quedaron atrapados en el sur de México como quienes se dirigían hacia la frontera de ese país con Estados Unidos-. Muchos de los miles de haitianos que atravesaron Panamá en 2021 ya habían buscado seguridad en Sudamérica después del devastador terremoto de 2010, pero no hallaron una solución a largo plazo.
Algunas rutas migratorias son históricas y representan las vías que usó la gente para escapar del peligro o buscar nuevas oportunidades durante muchas generaciones, pero las crisis humanitarias y las oleadas migratorias que producen son cada vez mayores. Solo en Panamá la cantidad de personas que cruzan el tapón del Darién pasó de 6,500 en 2020 a 124,875 durante los primeros 11 meses de 2021 (prácticamente se multiplicó por 20).
Los gobiernos y las organizaciones internacionales junto con la sociedad civil local deben desarrollar una estrategia más eficaz, colaborativa y centrada en las personas para gestionar estas crisis. Panamá reconoció su papel dentro de esta ruta migratoria y aumentó sus esfuerzos para brindar atención médica a los migrantes. A quienes pasan por el país se les proporciona asistencia médica básica y se les hacen análisis para detectar el Covid-19 y otras enfermedades.
Muchos de los inmigrantes y quienes buscan asilo llegan al país desnutridos y con heridas debido a la peligrosa travesía a través del tapón de Darién, una densa jungla que interrumpe la autopista Panamericana entre Panamá y Colombia. Allí contraen enfermedades, enfrentan animales peligrosos o letales y un paisaje traicionero. Las mujeres y los niños son especialmente vulnerables a la violencia, los asaltos sexuales, el tráfico de personas y la extorsión por grupos criminales. Más perturbador aún es que uno de cada cinco inmigrantes en la región es un niño (el 80 % de ellos, de menos de cinco años, una etapa crucial para su desarrollo a largo plazo).
Ningún país puede gestionar esta cuestión por sí solo. La situación requiere una iniciativa internacional para monitorear los flujos migratorios y ofrecer atención a las personas desplazadas mientras cruzan Latinoamérica. Necesitamos un sistema en el que todos los países compartan la responsabilidad de proteger a la gente en tránsito, incluida la provisión de cuestiones básicas como atención médica, alimentos, apoyo psicosocial y seguridad. Panamá se ha estado haciendo cargo de esto en Darién, pero con el continuo aumento de los inmigrantes, es cada vez más urgente que la respuesta involucre a más países.
El Comité Internacional de Rescate (International Rescue Committee, IRC) promueve desde hace mucho marcos políticos (o acuerdos) para unificar recursos para la atención de los refugiados e inmigrantes. La idea es unir a los donantes, los países receptores y las organizaciones de desarrollo y humanitarias para crear sistemas capaces de satisfacer las necesidades de estas poblaciones vulnerables. Dentro de esos marcos, los gobiernos anfitriones se comprometen a implementar políticas inclusivas y a largo plazo para proteger a las poblaciones desplazadas. Como contrapartida, los donantes y las instituciones financieras prometen financiamiento a largo plazo para apoyar su implementación.
El modelo de “acuerdos” ya se implementó en Jordania con apoyo del Banco Mundial. Podría brindar un marco inicial para mejorar la situación de los inmigrantes en toda Latinoamérica. Como primer paso para alcanzar esa meta los gobiernos debieran centrarse en la coordinación y armonización de sus políticas migratorias. Existen mecanismos para ayudar a los donantes y países anfitriones a forjar acuerdos de compromisos concretos para el financiamiento, compartir los costos, armonizar las políticas transfronterizas y proporcionar seguridad, documentación, educación, empleo, atención sanitaria y la posibilidad de obtener la ciudadanía; pero serán necesarias mucha más atención y financiamiento para cumplir la promesa de esos acuerdos.
Para evitar crisis futuras debemos solucionar las principales causas de la migración, principalmente los conflictos violentos, El covid-19, el cambio climático, la desigualdad sistémica y la falta de oportunidades económicas en los países desde donde emigra la gente. Esto no solo implica crear empleo e implementar programas de desarrollo, sino también proporcionar respuestas humanitarias eficaces y políticas de apoyo para la protección.
El desafío es romper este ciclo de migración y desplazamiento que se perpetúa a sí mismo, creando un entorno seguro tanto para quienes tratan de reconstruir sus vidas en otros lugares como para quienes vuelven a sus países de origen. Por ejemplo, los más de 100,000 haitianos que emigraron y buscaron asilo en Sudamérica debieran tener la oportunidad de asentarse allí permanentemente para no tener que seguir mudándose.
La cantidad personas desplazadas que atraviesan Latinoamérica aumenta rápidamente, y Panamá y el IRC están pidiendo a los gobiernos, las organizaciones humanitarias y las instituciones multilaterales que actúen conjuntamente. Debemos proteger a las personas vulnerables y trabajar para crear un mundo donde puedan buscar oportunidades significativas en sus propios países u otros lugares, cumpliendo todas las normas internacionales y leyes migratorias. La mayoría de los inmigrantes y quienes buscan asilo en la actualidad no cuentan con esa opción.
Si la comunidad internacional no dedica más recursos a cuidar a los inmigrantes durante sus viajes, sus problemas simplemente empeorarán y las crisis humanitarias en los países de la región serán más frecuentes y graves. Debemos romper este ciclo antes de que se salga de control. (Meghan López, Vicepresidenta regional para Latinoamérica del Comité de Rescate Internacional, El Economista, Empresas y Negocios, p. 32)
Antes de festejar como un triunfo de la transformación el aumento de 27.1% en el monto de las remesas en un solo año, hay que atender al incremento de 120%, también en un año, en las detenciones de mexicanos en Estados Unidos por parte de las autoridades migratorias de aquel país.
Entre las cifras del aumento en los dólares que llegan de Estados Unidos y la de los 655,594 mexicanos emigrantes detenidos durante el año fiscal 2021 se cuenta una historia de éxitos y fracasos de millones de connacionales que tuvieron que dejar su país para buscar una mejor oportunidad económica en el norte de nuestra frontera. Unos llegaron, otros no.
La retórica oficial hace ver el tema de la migración como si México fuera solamente un país de tránsito.
Se relatan las historias de los haitianos y las caravanas de centroamericanos, pero hay pocas referencias y nula información gubernamental sobre una realidad que ha regresado a nuestro país tras muchos años de estabilidad. El hecho de que otra vez son cientos de miles de mexicanos que dejan sus comunidades, y en ellas a sus seres queridos, para buscar el trabajo negado en su país.
De acuerdo con datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, durante el año fiscal pasado, los agentes migratorios estadounidenses tuvieron 1 millón 51,000 “encuentros” con migrantes en la frontera común con México, de esa cantidad 608,000 eran mexicanos, lo que implica 37% del total de los emigrantes ilegales.
La peor crisis de emigración de mexicanos en tiempos recientes se dio tras la crisis de 1995, de acuerdo con datos del Pew Research Center entre ese año y el 2000 este país expulsó a casi 3 millones de mexicanos.
Sin embargo, las mejores condiciones económicas de México, la estabilidad financiera, la alta inversión y la creación de empleos llevaron a un fenómeno identificado como migración cero, que es el equilibrio entre el número de expulsados y de repatriados. Incluso, en el lapso entre el 2009 y el 2014 regresaron a México más connacionales de los que decidieron emigrar.
Pero eso cambió a partir del 2013 y en estos últimos tres años el crecimiento ha sido exponencial.
Claro que en las mañaneras presumirán las cifras del México receptor de remesas. Hoy que es jueves de lo que llaman el pulso del bienestar y seguro que el propio Presidente se habrá de apropiar de la cifra del incremento de 27.1% de las remesas enviadas por los mexicanos para dar un máximo histórico de 51,594 millones de dólares durante el 2021.
Y si tiene algún colaborador con iniciativa, podrá presumir que en los tres años de su gobierno las remesas han crecido casi 54% y que se han acumulado casi 129,000 millones de dólares que esos “héroes” han mandado a su patria en tiempos de la cuarta transformación.
No habrá datos, ni uno solo, de la cantidad de mexicanos que hoy tienen que salir de su país.
Nadie comentará los datos que sí están disponibles por parte de la oficina de aduanas estadounidense que hablan de un incremento de 133% en la captura de adultos mexicanos en la frontera común que intentaron salir de la crisis en la que vivían en su país. (Enrique Campos, El Economista, Finanzas y Dinero, p. 12)
El 27 de enero de 2022 se llevó a cabo la toma de posesión de la nueva y primera presidenta de Honduras, Xiomara Castro, para el periodo 2022-2026. La investidura se realizó ante la jueza Carla Romero y Luis Redondo, presidente del Congreso, quien le impuso la banda presidencial.
Fue una fiesta democrática para la mayoría de las ciudadanas y los ciudadanos del país centroamericano y para las diferentes naciones de la región latinoamericana, cuya visión progresista es compartida también por la nueva mandataria hondureña.
Sin embargo, no es para nadie desconocido que el gobierno encabezado por la presidenta Castro enfrentará retos derivados de un orden neoliberal y oligárquico gestado durante años, pues en Honduras alrededor del 71 por ciento de sus 9.5 millones de habitantes viven en la pobreza, y casi la mitad de éstos en pobreza extrema.
En cuanto a la inseguridad y de acuerdo con el Observatorio Nacional de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, el país registra una tasa de homicidios de casi 40 habitantes por cada 100,000, provocada por cárteles de la droga y pandillas.
Además, la deuda externa de Honduras supera los 11 mil millones de dólares estadounidenses, mientras que el Índice de Percepción de Corrupción 2021, de Transparencia Internacional, lo sitúa con 23 puntos sobre 100: una de las valoraciones más bajas.
Lo anterior, sin olvidar los problemas de desempleo, migración forzada y deficientes sistemas de salud y educación presentes en la nación.
Las expectativas que ha generado en la población hondureña el nuevo gobierno de la presidenta Castro son amplias, y para concretarlas ella deberá negociar con un Congreso dividido, ya que, de un total de 128 diputaciones que tiene éste, el partido de la mandataria, Libertad y Refundación (Libre), logró solamente 50, mientras que su aliado, el Partido Salvador de Honduras, consiguió 10, sumando entre ambos 60.
La coexistencia política de la primera mandataria con la oposición en el Congreso no se prevé sencilla, aunque ella ha señalado que la democracia y el poder popular serán la palanca, el punto de apoyo y las herramientas para lograr una distribución equitativa de los beneficios sociales. Esto significa transitar por el establecimiento de una Asamblea Nacional Constituyente, cuyos integrantes serán elegidos de manera directa y expresa por el pueblo, a fin de crear una nueva Constitución, la cual se someterá en referéndum a la ciudadanía, para su ratificación o rechazo.
En materia de corrupción, la nueva presidenta busca crear, junto con la ONU, la Comisión Internacional contra la Corrupción.
En cuanto a los recursos económicos para financiar la política social de su gobierno, su programa establece que éstos provendrán, en buena parte, del combate a la exoneración fiscal, cuyo impacto es de alrededor del 7 por ciento del PIB hondureño, además de la lucha contra la corrupción, así como una mejor orientación y eficiencia del gasto público.
En materia de seguridad, el programa de gobierno de la presidenta Castro dispone la formación de una policía comunitaria y eficaz; la despolitización del sistema de seguridad y justicia; el combate frontal e inteligente a la extorsión y al lavado de activos, y la recuperación de espacios públicos asaltados y controlados por el crimen organizado, entre otros asuntos.
Sin duda, los retos que enfrenta la nueva administración de la presidenta Xiomara Castro son enormes. Esto la llevó a señalar en su toma de posesión: “El Estado de Honduras ha sido hundido en estos últimos doce años y lo recibo en bancarrota”.
Sin embargo, el apoyo electoral que se le brindó, así como la legitimidad internacional reconocida a su triunfo hacen que cuente con autoridad política y moral para exponer ante la opinión pública, las fuerzas y los partidos políticos —dentro del marco democrático— los eventuales diferendos con la oposición en el Congreso u otros actores públicos o sociales, para hacer avanzar su programa de gobierno en beneficio del pueblo hondureño. (Ricardo Monreal, El Sol de México, Análisis, p. 14)
El arribo de Xiomara Castro a la presidencia de Honduras el jueves 27 de enero de 2022 marca el inicio de una nueva etapa en la historia de ese hermano país latinoamericano, pero también es un hito histórico para el desarrollo político y social de los países de nuestra América.
Tal acontecimiento se desarrolla en un momento álgido de la escena internacional; especialmente, cuando en la región de México, Centroamérica y el Caribe se vive una crisis humanitaria por el creciente flujo migratorio de ciudadanos hondureños, haitianos y de diversos horizontes de nuestra América e incluso del mundo.
Pero también es un momento destacado del escenario internacional, cuando la potencia hegemónica (EU), genera una gran tensión mundial al desplegar campañas belicistas con el pretexto de proteger la integridad de Ucrania “amenazada” pretendidamente por Rusia y Bielorrusia.
Un hecho más que significativo es que llegó por primera vez una mujer a la presidencia de esa hermana nación centroamericana. Hecho simbólico y político que la misma mandataria resaltó en su toma del poder.
La mujer centroamericana ponderó que recibió un país en plena bancarrota, situación heredada por el saqueo que generó la llamada narcodictadura del Partido Nacional. En su propuesta de gobierno resaltó la lucha de emprender el combate a la corrupción y a la pobreza, que ha alcanzado al 74% de la población del país centroamericano. A esto se agregó la reivindicación de la plena atención para pueblos indígenas, afrodescendientes y para las minorías LGTB.
En un país donde las reivindicaciones de las luchas sociales de las mujeres han sido uno de los motores de su campaña para llegar a la presidencia, lanzó la consigna como programa de gobierno de “vivir las mujeres en un país libre de violencia”.
Si se prefiere, la gestión de Xiomara Castro tendrá como aspiración para refundar al país centroamericano llevar adelante la lucha por la transparencia y la anticorrupción. Sin lugar a dudas, para las izquierdas latinoamericanas y mundiales, Honduras es un nuevo y medular avance en el derrotero de la democracia participativa y deliberativa de la ciudadanía. (Adalberto Santana, 24 Horas, Mundo, p. 15)