Los reclamos de Trump a México tienen que ver con problemas añejos, que los gobiernos priistas ni panistas supieron o quisieron atender, pero que se profundizaron y evidenciaron en el sexenio morenista de Andrés Manuel López Obrador, mismos que heredó Sheinbaum. En primer lugar, la crisis de violencia y el fortalecimiento de los grupos criminales por una laxa e ineficaz estrategia federal; en segundo lugar, la crisis migratoria que se desbordó por la falta de presupuesto e interés del gobierno federal, así como por la incapacidad y negligencia de funcionarios como el director del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño. Por estos dos temas Trump tiene a México entre la espada y la pared y con poco margen de maniobra para dar resultados en el corto plazo. (Mario Maldonado, El Universal, Nación, p. A8)
Migrar hacia el vecino del norte ya no es un sueño. Más pronto que tarde el escenario se dibuja como una pesadilla. La crisis que se ha suscitado con motivo del inicio de las deportaciones en los Estados Unidos es terrible, y ha sido analizada agudamente por “El Colegio de la Frontera Norte” en su reciente reporte “Ni ilegales, ni indocumentados”. La información que contiene es por demás elocuente: en Estados Unidos viven 332 millones de personas, de las cuales poco más de 39 millones son de origen mexicano. De ellos, 4.9 millones están en riesgo objetivo de deportación.
De acuerdo a la Organización Internacional de Migraciones, la migración no es un delito. Más aún, es incorrecto hablar de “ilegales” ya que en sentido estricto ninguna persona es “ilegal”. Todo Estado de Derecho que se precie de serlo, reconoce que la persona por ser persona posee protección, ya que la dignidad y los derechos fundamentales son siempre y en todos los casos, bienes jurídicamente tutelados y están por encima de la carencia o posesión de “ciudadanía”.
Tampoco es preciso categorizar a los migrantes como “indocumentados”, porque cuando cuentan con documentos de identidad, son sujetos de matrícula consular, recurso aceptado y reconocido por el sistema bancario en los Estados Unidos. Actualmente, más bien, se privilegia el término de “personas no autorizadas”, las cuales ascienden actualmente a 13.5 millones. De ellas, el 36.4% son mexicanas; 17.9% son centroamericanas; 16.9% son asiáticas; 11.7% son sudamericanas; 7.8% son caribeñas; 4% africanas; 3.6% europeas; y 1.7% son de otros lugares.
La deportación de la población en riesgo podría afectar a 3.4 millones de hogares. Entre las posibles consecuencias de esto, destacan: la separación de familias, muchas de las cuales tienen hijos estadounidenses; el impacto negativo en sectores económicos clave, como la construcción y los servicios, donde el 72% de los migrantes sin autorización labora actualmente; el desarraigo de personas con años de residencia en Estados Unidos, ya que 7 de cada 10 mexicanos sin autorización, han vivido en el país por más de una década.
El Papa Francisco lo ha dicho rotundamente en una reciente entrevista de televisión al ser cuestionado sobre el programa de deportación que inicia el nuevo gobierno norteamericano: “Si es cierto será una desgracia, porque hace que los pobres desgraciados que no tienen nada, paguen la factura del desequilibrio. ¡No es posible! ¡Así no se resuelven las cosas!” (19 de enero 2025).
En efecto, los más pobres y marginados, suelen ser quienes cargan con la peor parte. Su angustia y su sufrimiento resultan irrelevantes para quienes adheridos a una comprensión ideológica de la fe y/o del ser humano, cancelan la empatía, y optan por mirar desde una cierta “superioridad”, las muchas lágrimas. La renovación de la sociedad – norteamericana, latinoamericana y mundial – no brotará de este eclipse de la razón y del corazón. La imposición por la fuerza de medidas contrarias a la verdad sobre la igual dignidad de toda persona humana, no es la semilla de un árbol bueno. (Rodrigo Guerra López, El Heraldo de México, País, p. 10)
Hay que decirlo sin vueltas: el Presidente Donald Trump le clavó un puñal en la espalda a la Oposición venezolana al revocar las protecciones de deportación para más de 504 mil exiliados venezolanos en Estados Unidos e iniciar conversaciones con el dictador Nicolás Maduro.
Trump revocó la extensión de 18 meses del estatus de Protección Temporal (TPS) para los exiliados venezolanos que había sido otorgada por el ex Mandatario Joe Biden días antes de dejar la Casa Blanca. En la práctica, esto significará que, salvo que Trump de marcha atrás o la medida sea derrotada en los tribunales, la mayoría de los venezolanos beneficiarios del TPS tendrán que abandonar Estados Unidos a más tardar en octubre.
El anuncio “cayó como una bomba atómica sobre esta comunidad migrante”, dijo el portal opositor venezolano elpitazo.net.
Irónicamente, la orden de deportación de facto de Trump afecta a una de las comunidades que más lo han apoyado. Alentados por la retórica de Trump y los legisladores de Florida contra Maduro, la comunidad de exiliados venezolanos, tanto votantes como residentes temporales, apoyó abrumadoramente a Trump en las elecciones de 2024.
Días después del anuncio de la revocación del TPS, el Gobierno de Trump lanzó una segunda bomba política sobre la Oposición venezolana al admitir que el enviado especial de Trump a Venezuela, Richard Grenell, estaba en Caracas para reunirse con Maduro el 31 de enero.
Según el Gobierno de Trump, la reunión no se trató de una negociación, sino de una visita de Grenell para advertirle personalmente a Maduro que Venezuela debía aceptar a los deportados estadounidenses, o de lo contrario habría consecuencias.
Pero muchos opositores venezolanos temen que se estuvieran dando los primeros pasos de un acuerdo entre Trump y Maduro.
Nota: El viernes por la noche, el régimen de Maduro liberó a seis ciudadanos estadounidenses encarcelados en Venezuela después de que el hombre fuerte venezolano se reuniera en Caracas con el enviado especial Grenell.
¿Se llegó a un acuerdo? Trump no escalaría las sanciones petroleras contra Venezuela a cambio de que Maduro acepte vuelos de deportación de Estados Unidos. Después de todo, Trump ha dejado en claro que su principal prioridad es cumplir con su promesa de deportaciones masivas, más que restaurar la democracia en Venezuela o cualquier otro país.
Volviendo al tema del TPS, la mayoría de los estadounidenses están de acuerdo en que Estados Unidos tiene el derecho de deportar a los criminales convictos. El problema con el plan de deportación de 504 mil exiliados venezolanos es que apenas una parte ínfima de ellos tienen antecedentes penales, y entrar sin papeles en Estados Unidos es un delito civil, no criminal.
Trump ha dicho repetidamente que Venezuela está “vaciando sus cárceles” y “enviando a sus criminales a Estados Unidos”. Pero, ¿realmente cree el Presidente que la mayoría de los 504 mil venezolanos beneficiarios del TPS son criminales o miembros de la pandilla Tren de Aragua?
El Departamento de Seguridad Nacional ha identificado a 600 personas en Estados Unidos que podrían tener vínculos con la pandilla Tren de Aragua, de las cuales 100 son miembros confirmados, informó NBC News el 23 de octubre. Eso equivaldría al 0.1 por ciento de los venezolanos beneficiarios del TPS que Trump busca deportar.
María Corina Machado, la líder opositora más popular de Venezuela, publicó una declaración en sus redes sociales diciendo que “consideramos importante que se preserve el TPS, o que se adopte un mecanismo alternativo” para proteger a los exiliados.
La declaración agregó que cientos de miles de venezolanos en Estados Unidos “están contribuyendo legalmente a la economía”.
La decisión de Trump de negociar con Maduro, pasándole por encima a la Oposición venezolana y a Edmundo González Urrutia, el líder opositor que, según las actas de la votación, ganó las elecciones presidenciales del año pasado, es igualmente irónica.
Trump y los legisladores republicanos habían criticado duramente al Gobierno del ex Mandatario Biden por haber negociado con Maduro para forzarlo a celebrar las elecciones del 2024. Ahora, el Gobierno de Trump está negociando con Maduro, y legitimando su reelección fraudulenta en los comicios de 2024.
No recuerdo a otro Presidente estadounidense en la historia reciente que le haya dado la espalda a un electorado tan entusiasta, y tan rápido.
Por supuesto, Trump es un político errático, que puede cambiar de opinión varias veces en los próximos días. Pero, al momento en que escribo estas líneas, le ha dado la espalda a los exiliados venezolanos y a la causa de la democracia en Venezuela. (Andrés Oppenheimer, Reforma, Internacional, p. 14)
A casi dos semanas del inicio de su presidencia en Estados Unidos, el multimillonario Donald Trump ha puesto en marcha dos de sus promesas de campaña más mediáticas: aumentar las deportaciones de inmigrantes y aplicar aranceles para los productos procedentes de México y Canadá. Estas políticas pueden afectar de forma importante el bienestar de la ciudadanía de los tres países involucrados.
Comencemos por el tema arancelario. Los impuestos de 25% a las exportaciones mexicanas tendrán como consecuencia la depreciación del peso mexicano y el traslado parcial del aumento de precios a los consumidores estadounidenses, generando presiones inflacionarias y, seguramente, una respuesta de la Reserva Federal en mantener altas tasas de interés. Para México, los efectos podrían ser una disminución en la producción del sector exportador, lo que podría empujar al país a una recesión económica (que ya de por sí se venía vislumbrando desde hace meses).
Por su parte, durante las últimas semanas, el gobierno de Estados Unidos ha notificado la deportación diaria de alrededor de mil inmigrantes. Aunque pueda parecer extraño, y por más que lo mediático de las repatriaciones durante los últimos días pueda dar una sensación distinta, esta cifra no se aleja aún de los datos de deportaciones durante los peores años de las últimas décadas. Por ejemplo, durante 2013, el peor año en el periodo de Obama, se alcanzaron cerca de 1,200 deportaciones diarias. De igual forma, en el primer periodo de Trump, 2019 alcanzó el pico de deportaciones con 986 diarias en promedio. En cualquier caso, toda deportación y separación de hogares es un acto atroz que debería evitarse.
A pesar de lo anterior, parece que lo más preocupante del caso son las implicaciones políticas de las arrogantes acciones imperialistas del gobierno estadounidense. Son, antes que nada, una “exhibición de poder”.
No podemos olvidar que Estados Unidos ha sido por décadas el principal promotor de la globalización y la liberalización del mercado internacional. Las presiones que el Consenso de Washington ejerció sobre múltiples países (fuese por la vía diplomática o incluso por otras formas más violentas) para abrir sus fronteras al comercio global derivaron en una agenda intervencionista con graves consecuencias para los países más pobres.
En gran medida, el aumento del flujo migratorio en este siglo se debe a que la política de globalización de los países ricos eliminó las fronteras para el comercio, el capital financiero y la inversión extranjera, pero “se olvidó” de hacer lo mismo con las personas, la llamada “fuerza de trabajo”.
Pero claro, para el capital estadounidense la mayor ganancia de la globalización era la posibilidad de “deslocalizar” el proceso de producción y llevarlo a países pobres donde la mano de obra fuese más barata. Si la globalización hubiese incluido el “fin de las fronteras para los humanos”, la diferencia salarial entre los países de Norteamérica sería mucho menor de lo que es hoy en día, y también serían menores las ganancias de las transnacionales.
Tres décadas después de la firma del TLCAN (y siete años después del T-MEC, firmado por Trump), el imperio estadounidense viene a decir que “está cansado de subsidiar a otros países”, cuando en realidad sus multimillonarios han crecido sus riquezas mediante la explotación de la fuerza obrera internacional y la destrucción de industrias nacionales de otros países, sin cargo de conciencia ni reparación de daños.
El colonialismo siempre ha sido hipócrita. El discurso de Trump ignora el daño que Estados Unidos ha infligido en México, y culpa a externos de las terribles consecuencias que la avaricia de los capitalistas estadounidenses ha dejado en su propia clase trabajadora.
Más allá de los nacionalismos a los que aludirán los gobiernos de ambos países, es importante que la ciudadanía y la clase trabajadora de todas las nacionalidades reconozcan el engaño de sus élites, y se entienda que el empobrecimiento de sus vidas se debe más a las empresas que buscan generar siempre mayores ganancias, que al migrante que viene a buscar una mejor vida ganando los sueldos que sus nacionales no podrían aceptar. Los aranceles y las deportaciones no regresarán el bienestar que la desigualdad ha robado. (Máximo Jaramillo, El Universal)
Comenzamos a pagar las consecuencias del gobierno más irresponsable que hemos tenido en términos de narcotráfico, seguridad pública y nacional, migración y manejo económico del país. Mientras el hijo de Andrés Manuel López Obrador, Gonzalo, celebraba su boda en un gran hotel de Cancún, en Mar-a-Lago, el presidente Donald Trump no sólo cumplía con sus amenazas de colocar aranceles de 25 por ciento a las importaciones mexicanas, sino que lo hacía invocando razones no comerciales: la “intolerable alianza del gobierno mexicano con los cárteles”.
Nadie puede decir que fue tomado por sorpresa: esa “intolerable alianza” representada en la política de abrazos, no balazos, que empoderó a niveles inmanejables a los criminales, que ocasionó 200 mil asesinatos y 60 mil desaparecidos, desde hace años viene siendo invocada de una u otra forma por el gobierno estadunidense desde que comenzó la administración de Biden: lo dijo, primero, el entonces jefe del Comando Norte de la Defensa estadunidense, el general VanHerck, cuando sostuvo que los grupos criminales controlaban 35 por ciento del territorio nacional y fue ignorado; después en el mismo sentido hablaron los jefes de la DEA, del Homeland Security, en el Departamento de Estado, en el FBI, se dijo en la prensa, en el Congreso y en los centros especializados de estudios. Todo fue ignorado.
Hasta que llegó la operación de la detención de El Mayo Zambada y Joaquín Guzmán López, que fue no sólo un golpe demoledor a los grupos criminales, sino también a quienes los protegían desde el gobierno y a la narrativa de abrazos, no balazos. El presidente López Obrador, en lugar de festejar la caída del capo, acusó a Estados Unidos de haber roto la estabilidad en México, y demandó información sobre lo sucedido, lo que exhibía su falta de control sobre lo que ocurría en su propio país.
Los casos documentados de relación con los cárteles son innumerables, pero los que tienen investigados con claridad en Estados Unidos son los relacionados con el empresario Sergio Carmona, las últimas elecciones en Tamaulipas, Michoacán y Sinaloa, y a eso hay que sumarle todo lo que estén confesando El Mayo Zambada, Joaquín y Ovidio Guzmán López, entre otros
López Obrador, ordenó abrir la fronteras cuando comenzaba su sexenio y allí comenzaron las caravanas migrantes masivas; lastimó el T-MEC con el tema energético, de transgénicos, agrícola; dejó vulnerables las finanzas nacionales con un desmesurado aumento de la deuda sobre todo en su último año.
La herencia que le dejó a la presidenta Sheinbaum es terrible, pero nada es y será más costoso para el país que esa declaración de que el gobierno mantuvo una “intolerable alianza” con los grupos criminales, grupos que además se convertirán oficialmente en terroristas en unos días y que podrían poner al gobierno como aliado de ese tipo de organizaciones, con costos todavía más altos.
La presidenta Sheinbaum tiene razón cuando recuerda que Estados Unidos no hace ni remotamente todo lo que debería hacer para combatir el narcotráfico y el consumo de drogas en su propio territorio ni tampoco para controlar la venta de armas a los criminales.
A la Presidenta, hasta ahora, en el gobierno estadunidense no la ven involucrada en esos negocios y alianzas. Es más, su propia estrategia de seguridad en la Ciudad de México siempre fue reconocida aquí, pero también al norte de la frontera, como una alternativa a los abrazos, no balazos de López Obrador. Sus principales colaboradores en temas de seguridad: el general Ricardo Trevilla, el secretario Omar García Harfuch y el almirante Raymundo Morales son respetados en los círculos de seguridad estadunidenses. Estuve esta semana en la frontera sur y pude comprobar que la reducción del número de migrantes es una realidad, tanto como la progresiva, lenta, pero constante recuperación del control fronterizo.
La presidenta Sheinbaum tiene en éste y en otros aspectos relacionados con la destructora política de Trump dos opciones: envolverse en la bandera y regresar a los años 60, pagando un costo altísimo, o seguir adelante y redoblar la estrategia de seguridad actual, que terminará dando frutos; dar golpes aún más sonoros a los criminales; terminar de recuperar el control de la frontera sur; acabar con las caravanas migrantes, pero también y sobre todo, exigir a Trump que dé nombres y ofrezca pruebas de quiénes encabezaron esas “intolerables alianzas” con el crimen organizado y comenzar a procesarlos aquí si esas pruebas lo confirman. Y con ello depurar su gobierno y allanar su futuro y el del país.
No se trata de traicionar a nadie, sino de dejar atrás, cuando el mismo es indefendible, al pasado. Se trata de insistir en lo que se ha hecho bien: seguridad y control fronterizo. De aferrarse a los instrumentos que nos ayudan, en primer lugar el T-MEC, si es necesario exigiendo una inmediata renegociación del mismo, no vulnerar la colaboración institucional en seguridad, y en todo con la Unión Americana y Canadá establecer un convenio trilateral de seguridad; no abandonar América del Norte ni, mucho menos, caer en la trampa de aquellos idiotas inútiles de la 4T que ya le están pidiendo irse al grupo de los BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica), que son nuestros rivales comerciales y deberían serlo también políticos.
La respuesta osada y que defiende la libertad y soberanía es ésa: mayor justicia, mayor lucha contra los criminales, mayor libertad social, política y económica y acabar con cualquier complicidad con los grupos criminales. (Jorge Fernández Menéndez, Excélsior, Nacional, p. 7)