El pasado sábado 11 de septiembre, durante la madrugada, 400 migrantes caribeños atravesaron el río Suchiate en la frontera de México-Guatemala. Tras kilómetros a pie, y habiendo llegado al Ejido San Nicolás Lagartero en Tapachula, Chiapas, un operativo masivo de la Guardia Nacional y el Instituto Nacional de Migración (INM) les esperaba. Al menos 150 migrantes haitianos fueron detenidos en un operativo que implicó personal, una veintena de vehículos y equipo, y cuatro autobuses del ejército.
Este caso solo es ilustrativo del despliegue masivo de más de 20,000 soldados que tiene el gobierno mexicano para evitar el flujo migratorio. Durante este año, al menos 147,000 personas han sido detectados en México en su camino a los Estados Unidos.
Tristemente, el uso de las instituciones del estado para restringir la inmigración y la asociación de personas, con base a su raza y/o su lugar de nacimiento, no es nuevo. En cuanto a la restricción de personas negras, se cuentan con registros desde el establecimiento de la Nueva España.
Este 24 de septiembre se cumplieron 484 años del descubrimiento, y consecuente represión, de una de las primeras rebeliones de afromexicanos que se tienen documentadas. De acuerdo con el académico Querol y Roso, la rebelión fue descubierta por la administración del virrey Don Antonio de Mendoza, quien mandó castigarles implacablemente. Algunos de los insurgentes y su liderazgo fueron descuartizados como ejemplo. Además, el virrey pidió al rey detener el envío de personas negras a Nueva España, demandó más armas y municiones, y requirió la llegada periódica a Veracruz de navío españoles para “tranquilidad de la colonia”—algo como colaboración entre la Cross Border Patrol y la Guardia Nacional de aquel entonces.
Años después, en el siglo XVII, existieron diferentes manifestaciones de personas negras en ciudad de México. Por ejemplo, en 1611, 1500 africanos y afrodescendientes se manifestaron cuando una esclava negra murió a causa de los golpes que le había dado su amo, Luis Moreno de Monroy. Según la investigadora Masferrer, tras estas manifestaciones se prohibió la asociación de más de 3 negros (libres y esclavos) y que se reunieran en “cofradías, bailes, plazas, tianguis, calles y otras partes”. Eventualmente, en 1665 se estableció la de suprimir juntas y cofradías de negros en la ciudad de México porque “había muchas” y se creía que solo servían para que “los negros se emborracharan y gastaran, robando lo que podían de las casas de sus amos para este efecto”.
La historia se ha contado sola desde entonces. Y naturalmente, el tránsito, la inmigración, las protestas y los movimientos de personas negras han seguido y seguirán existiendo.
Lo que no debe continuar es el uso arbitrario y diferenciado de los poderes del estado. Esta arbitrariedad anacrónica de decidir si las personas son “esclavas”, “legales”, si se pueden asociar, si pueden migrar, o si pueden protestar con base a su raza, su etnia, a su lugar de nacimiento, a su género y/o a su condición socioeconómica.
La ciudadanía debemos cuestionar severamente cómo instituciones públicas como la Guardia Nacional son utilizadas para operar estas prácticas y no para su fin—¡resolver la violencia del país! Asimismo, tomadores de decisiones y diseñadores de política pública deben exigir que el presupuesto público sea utilizado en políticas que protejan las libertades humanas. En conjunto, tenemos que cuestionar cómo detener 500 años de prácticas racistas y xenófobas.
La asociación, el tránsito, la protesta, la asociación, y la migración son derechos humanos. La libertad es un derecho humano. ¡Ningún ser humano es ilegal! (Daniel Hernández Aldaco, El Sol De México, Análisis, P. 16)
Desde mediados de septiembre, los gobiernos de Estados Unidos y México han expulsado a miles de migrantes y solicitantes de asilo, en su mayoría haitianos, de campamentos improvisados en Del Río, Texas, y Ciudad Acuña, Coahuila. Estados Unidos ha expulsado aproximadamente a 6 mil 500 personas a Haití sin permitirles solicitar asilo político.
Ahora, las autoridades migratorias de México han anunciado el inicio de “retornos humanitarios” para todos los haitianos que “voluntariamente deseen regresar a su país”. Hay motivos sólidos para dudar que estos retornos sean auténticamente voluntarios o humanitarios.
Haití atraviesa por una serie de crisis políticas, humanitarias y de seguridad que han hecho que el gobierno no pueda atender las necesidades básicas de su población. Estos hechos incluyen el asesinato del Presidente en el mes de julio y un terremoto de gran magnitud en agosto. Cientos de organizaciones de derechos humanos, incluyendo Human Rights Watch, instaron recientemente al gobierno de Biden a cesar las deportaciones a Haití en razón de la crisis por la que atraviesa el país. Los titulares de la propia Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados y la oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados han insistido en que México no debería ordenar el retorno de haitianos a su país por el mismo motivo.
Human Rights Watch y otras organizaciones hemos documentado evidencias que demuestran que los agentes migratorios de México a menudo presionan a migrantes y solicitantes de asilo para conminarlos a firmar documentos que autorizan su retorno “voluntario” a su país de origen, aun si están huyendo de un contexto de violencia o persecución y merecen la protección internacional. De hecho, funcionarios de migración mexicanos han admitido abiertamente ante Human Rights Watch que se refieren a casi todas las deportaciones que no han sido ordenadas por una corte como “retornos asistidos”, independientemente que sean voluntarias o no. De los más de 54 mil migrantes que México deportó entre enero y julio de este año, alrededor de 53 mil fueron clasificados como “retornos asistidos” por el gobierno mexicano.
Curiosamente en el sistema migratorio mexicano abundan este tipo de eufemismos. Los migrantes no son aprehendidos, sino “rescatados”. No son detenidos, sino “presentados”. Y no permanecen en centros de detención, sino en “estaciones migratorias”. Así, las deportaciones se convierten sin más en “vuelos de retorno humanitario”. Pero es importante recordar que no lo son.
El Presidente López Obrador ordinariamente se describe a sí mismo como el líder de un “gobierno humanista”. Y a menudo elogia a los migrantes mexicanos que se han visto forzados a abandonar sus hogares y establecerse en los Estados Unidos. Su desidia en lo que respecta a la protección de la vida y los derechos de los migrantes en México es vergonzosa, hipócrita y todo menos humanitaria. (José Miguel Vivanco, Reforma, Opinión, p. 10)
Afinan nueva estrategia
Tras la cancelación de la iniciativa Mérida, el gobierno de Joe Biden está muy interesado en una nueva estrategia bilateral contra el crimen organizado y el tráfico de drogas. Por eso, el próximo viernes sus secretarios de Estado, Antony Blinken, y de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, viene a México para dialogar al respecto. Los recibirá el Canciller Marcelo Ebrard. (Sacapuntas, El Heraldo de México, LA2, p. 2)