Que el Instituto Nacional de Migración argumenta que la expulsión de una familia de República Checa el pasado 17 de diciembre en el aeropuerto de Puerto Vallarta se debió al “incumplimiento de los requisitos en los que incurrieron para ingresar”, como no tener reservaciones para la estancia completa ni un programa de visitas en Jalisco y Colima, después de que MILENIO diera a conocer la queja por malos tratos de funcionarios del INM, que aún dirige Francisco Garduño, y de la Guardia Nacional. (Redacción, Milenio, Al Frente, p. 2)
Previsión en serio ante lo que viene
Y es el Gobierno de México el que, nos hacen ver, se está tomando en serio los amagos hechos por el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, sobre todo, los que tienen que ver con sus deportaciones masivas. Y prueba de lo anterior es la reunión que sostuvieron ayer integrantes de los gabinetes legal y ampliado en la Secretaría de Gobernación. En las imágenes del encuentro que encabezó la secretaria Rosa Icela Rodríguez se puede apreciar que participaron, entre otros, el secretario de Relaciones Exteriores, el de Defensa y de la Marina, Salud, Infraestructura Comunicaciones y Transportes, Trabajo, Agricultura, además de los titulares del IMSS y el ISSSTE, así como el saliente y el entrante del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño y Sergio Salomón Céspedes. “Trabajaremos unidos por el bienestar de nuestros connacionales”, anotó ayer Rosa Icela.
Presión en frontera norte
Y nos cuentan que cientos de albergues en la frontera norte de México se alistan para recibir a los migrantes que se queden varados y no puedan avanzar o cruzar a Estados Unidos, pero también a los miles que pueden ser retornados al país. Y es que todo apunta a que las amenazas de Donald Trump pueden convertirse en una real pesadilla. Nos aseguran que desde este fin de semana ya se siente un aumento en la llegada de migrantes a Tijuana, Piedras Negras, Ciudad Juárez y Matamoros, por lo que comienzan a hacerse visibles iniciativas para habilitar carpas u otro tipo de espacios. Por lo pronto, los albergues, que en los últimos meses se habían venido despresurizando por las políticas de contención en la frontera sur, ya dan cuenta de más llegadas. La principal incertidumbre entre quienes los administran es la de saber la dimensión del problema para también darse cuenta de cuánto podrían aguantar.
(Redacción, La Razón, LADOS, p. 2)
Tom Homan será un nombre que en México se escuchará con frecuencia —y temor— a partir del próximo 20 de enero, cuando Donald Trump inicie oficialmente su segundo mandato como presidente de Estados Unidos.
Se trata del ya célebre “zar de la frontera”, el mismo que fue responsable de aplicar la tolerancia cero durante el primer periodo del magnate, misma que separó a cientos de niños de sus familias.
De acuerdo al Migration Policy Institute, Donald Trump deportó a más de 1.5 millones de personas entre 2017-2021 poniendo a México en una delicada situación que aún no supera y amenaza con empeorar este 2025.
Hace sólo unos días se reportó el asesinato de un agente del Instituto Nacional de Migración en el puesto de control Centro de Prevención y Control de Migrantes (Precos-Samalayuca), ubicado en Ciudad Juárez.
Carlos “N”, de nacionalidad colombiana, Ismael “N” y Carlos “N”, venezolanos, fueron detenidos como presuntos responsables y sometidos a prisión preventiva, en la misma ciudad donde en marzo de 2023, 40 migrantes encerrados con candado, murieron en un incendio, en el que ningún agente actuó para evitar la tragedia.
En octubre pasado, 6 migrantes de diferentes nacionalidades murieron a causa de disparos de soldados mexicanos en Chiapas, cuando viajaban en un grupo de 33 personas separados en tres vehículos.
Todos estos hechos hablan de la precariedad en la capacitación y profesionalización de autoridades para el trato a los migrantes y otras tareas sobre el refugio temporal seguro para los miles de deportados de Estados Unidos y otros que llegan de países sudamericanos en la famosa Caravana Migrante.
Caravana que, por cierto, esta misma semana reportó el primer ingreso al país de cerca de mil 500 personas. Y esta labor titánica, precisamente, sufrió un recorte en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2025.
10.41% menos que en 2024, quedando en mil 700 millones 105 mil 266 pesos para asuntos migratorios, de cara a la que quizá sea la peor crisis que México ha vivido en esa materia.
Y es que Donald Trump no sólo contempla a las personas migrantes con antecedentes penales, en juicio, con sentencia y otras consideradas amenazas para la seguridad nacional. No, su plan se extiende a familias completas.
En entrevista para la NBC, señaló que para “no separar” a hogares con padres que ingresaron de forma ilegal, con hijos nacidos en EU, toda la familia sería enviada al país de origen de los progenitores.
En el caso de México, ¿qué vamos a hacer con todos ellos? ¿Qué se les va a ofrecer? Si simplemente en materia de Derechos Humanos, a todos nos quedan a deber…
Trump baraja la posibilidad de eliminar el derecho de ciudadanía por nacimiento en suelo estadounidense, entre otras medidas con las que pretende cumplir su promesa de campaña, de alcanzar un millón de deportaciones en el primer año de su nuevo gobierno.
Y pese a todas las banderas rojas en materia migratoria, la realidad es que en México no está clara la estrategia de “coordinación” entre ambos gobiernos frente al escenario que
se avecina.
Lo único claro es la advertencia del presidente Trump de imponer impuestos a las remesas si México no “coopera” con su proyecto.
En diciembre pasado, la Presidenta Claudia Sheinbaum anunció las modificaciones para convertir al Instituto Nacional de Migración en el Instituto de Apoyo a la Movilidad Humana.
La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, se reunió de manera virtual con los gobernadores de Nuevo León, Baja California, Sonora, Tamaulipas y Coahuila, para acordar la instalación de 25 albergues en la frontera con Estados Unidos. Eso es todo.
Por otro lado, al Congreso tampoco parece mortificarle el asunto, porque no le ha dedicado mayor tiempo, luego de que en noviembre pasado la Suprema Corte de Justicia de la Nación exigiera al Poder Legislativo cumplir con su responsabilidad de crear el Registro de personas migrantes detenidas.
Obligación que ha omitido desde el 27 de mayo del 2019, cuando se publicó la reforma a la Ley Nacional del Registro de Detenciones y tenían 120 días para finiquitar la tarea, pero no sucedió.
Tampoco se está discutiendo ninguna iniciativa que aborde de forma concreta el actual panorama y los enormes retos que se acercan como un tsunami devastador, dejando a los migrantes desde las cámaras, también en la indefensión.
El miércoles pasado circuló un comunicado firmado por todos los gobernadores bajo las siglas de Morena, que expresaron su apoyo a la postura de la Presidenta de México en materia migratoria, pero sin delinear una sola acción para tal efecto.
¿Cómo va México a enfrentar realmente la enorme crisis migratoria que se avecina? No lo sabemos, mientras que el tiempo corre y no va a detenerse… (Mónica Garza, La Razón, p. 23)
Preparan plan de migración
Trabajo intenso realiza el gobierno federal para afinar las acciones de protección a paisanos ante eventuales deportaciones, tras la asunción de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, este 20 de enero. La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, encabezó una reunión del gabinete federal “para fortalecer la estrategia migratoria”. Se prevé presentar el plan integral muy pronto, incluso antes de la toma de protesta del próximo mandatario estadounidense.
Se juntan los diplomáticos
El lunes inicia la reunión de diplomáticos mexicanos, que encabezará el canciller Juan Ramón de la Fuente. El encuentro se desarrolla cada año por estas fechas, pero será la primera bajo la gestión de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien probablemente les dé un mensaje para que se dediquen a proteger a los connacionales, sobre todo en EU. (Redacción, El Heraldo de México, LA 2, p. 2)
De donde venimos se migra o se muere, expresan los más de mil 500 migrantes que conforman la primera caravana que recorre el país este año con destino a Estados Unidos, con la firme idea de llegar al país del norte antes del 20 de enero, día en que asume la presidencia Donald Trump, con sus severas advertencias ya no sólo de cerrar aún más la frontera, sino de deportar a miles de personas de otros países que residen en Estados Unidos desde hace meses, años e incluso décadas, pero que no han podido regularizar su estancia.
La severa crisis de derechos humanos, la precarización de la vida, la persecución del crimen organizado, la militarización y sus estragos son algunas de las condiciones que obligan a miles de personas a salir de sus países en busca de una vida digna. ¿Quién no la merece? No pretenden quedarse en territorio mexicano, en cuyo trayecto sufren las peores amenazas tanto de las autoridades de migración como de los grupos delictivos, sino alcanzar la frontera norte de un país que los expulsa antes de que lo intenten.
Desde octubre, en el inicio de este sexenio, a la fecha, más de 15 mil personas (familias enteras, mujeres solas y hasta menores de edad sin compañía) procedentes de diversos países han partido de Tapachula, Chiapas, hacia el norte del país. Recorren a pie entre 30 y 45 kilómetros diarios bajo las inclementes temperaturas sureñas que no conocen el invierno. Vamos muy cansados, pero todo sea para un futuro mejor, dice a este diario una mujer ecuatoriana. Las historias se repiten una y otra vez. Huyen de las pandillas del crimen organizado que los tiene amenazados de muerte y de la pobreza extrema. Juzgan que no tienen nada que perder, pero en el camino se encuentran con las constantes amenazas a su vida, sin que exista una política mexicana que les garantice el trayecto.
De aquí al 20 de enero se espera un mayor flujo. La renovada amenaza color naranja los hace pensar que es ahora o nunca. Proteger su camino, dotarlos de condiciones dignas, no dispersarlos, pues el grupo es su seguridad, son algunas de las mínimas condiciones a las que el Estado mexicano está obligado. Huir de la violencia no es un delito. (Gloria Muñoz Ramírez, La Jornada, Política, p. 6)
En el 2020 escribí para CNN Español un artículo titulado “Sobre esos soñadores que transforman naciones”. En él hablaba de esos jóvenes migrantes entre 15 y 35 años que entraron a Estados Unidos de manera indocumentada siendo apenas unos niños.
En el 2012 el presidente Barack Obama decretó la llamada Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), el cual brinda algunos beneficios a estos jóvenes: permisos de trabajo, servicios de salud y financiamiento para sus estudios. Tuve que decir que mis padres eran indocumentados para ingresar al programa, comentaron varios de estos “soñadores” con el anhelo de ser aceptados, pero, a su vez, con el temor de que sus seres queridos fueran deportados.
El día de hoy, con la reelección de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos, la preocupación de los “dreamers” no sólo es seguir obteniendo los beneficios de este programa; ahora, el temor de que algún familiar, amigo o ellos mismos sean expulsados del país es cada vez mayor. Con la victoria de Trump, parece lejana no sólo la idea de tener un trato digno para los migrantes indocumentados, ahora, incluso, parece imposible una reforma migratoria que les ayude a salir de las sombras. Ya han pasado casi cuarenta años de la última reforma migratoria que Ronald Reagan impulsó en 1986, y el sueño americano de los 11 millones de indocumentados que viven actualmente en la Unión Americana se ha ido apagando día a día desde entonces.
No obstante a que llevamos casi cuatro décadas en espera, el camino hacia una reforma migratoria integral es posible si se suman voluntades. Me explico. Cuando tuve el honor de colaborar con el senador republicano de Arizona, John McCain, en el 2005, se concretó una alianza histórica con el senador demócrata de Massachusetts, Edward Kennedy. La finalidad fue impulsar una iniciativa que, dicho en su momento por The Washington Post, “Representó un intento realista, integral y bipartidista de lidiar con el problema de la migración”. La propuesta McCain-Kennedy contemplaba la posibilidad de que migrantes que tuvieran tiempo en Estados Unidos regularizaran su situación y se convirtieran en residentes. Claro, esto después de cumplir requisitos como no contar con antecedentes penales, haberse mantenido empleados durante su estancia y estar al corriente con el pago de sus impuestos.
Esta sinergia bipartidista de McCain-Kennedy ganaba cada vez más adeptos y credibilidad. Sin embargo, las cicatrices que dejaron los hechos terroristas ocurridos el 11 de septiembre del 2001 en las Torres Gemelas de New York, además de influencias de grupos extremos, cerraron la puerta a cualquier posibilidad de acuerdo. No obstante, este trabajo colaborativo dejó constancia de que la salida más cercana a la legalización de los indocumentados es la suma de voluntades políticas, sociales y económicas.
Si nos trasladamos a la actualidad, los republicanos pusieron hace dos años sobre la mesa una iniciativa denominada Dignidad. En términos generales, esta propuesta contemplaba modificar la seguridad fronteriza para prevenir “el abuso” con base a la tecnología. Así mismo, establecía un programa para otorgar visas de trabajo por cinco años y renovables hasta por diez años, (y quien concluyera dicho programa podría perfilarse para obtener el estatus de residente). En cuanto a los “dreamers”, se ofrecía un camino a la legalización permanente a través del trabajo, servicio militar o la educación superior. Sin embargo, esta iniciativa, como todos los esfuerzos en la materia, quedó sólo en una propuesta.
Si bien Reagan hace casi cuarenta años legalizó a millones de indocumentados, no fue suficiente para establecer un sistema que facilitara la regulación de más migrantes que siguen llegando a Estados Unidos para cubrir las necesidades laborales de esta nación. Hoy, para los migrantes el sueño americano es más que seguir un ideal, se trata de mejorar la calidad de vida de sus familias y, de paso, las condiciones económicas, sociales y culturales del país que los acogió. Esperemos que, después de su festejo tan eufórico por la reelección, Donald Trump nos dé otra sorpresa y saque adelante una nueva Reforma Migratoria que ayude a sus intereses como mandatario de la nación más poderosa del mundo y que dé, también, tranquilidad a los millones de migrantes que siguen en vela, como los “dreamers”. (Juan Hernández, El Sol de México, Análisis, p. 10)
La red consular de México en Estados Unidos, reconocida como la más grande del mundo, enfrenta una tormenta perfecta de desafíos. La reasunción de Donald Trump como presidente de aquel país, acompañado de una agenda marcadamente antiinmigrante, coincide con un recorte presupuestal significativo para la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). Este contexto plantea un escenario crítico para la atención y protección de los millones de connacionales que residen en territorio estadounidense, muchos de ellos en situación de vulnerabilidad.
En el presupuesto aprobado para 2025, el Programa de Atención, Protección, Servicios y Asistencia Consulares verá una reducción de recursos, pasando de 557 millones de pesos en 2024 a 524 millones. Este ajuste tendrá un impacto profundo en la operatividad consular. Los recortes implicarán menos personal disponible en los consulados, una disminución en la capacidad de contratación de servicios legales especializados y la cancelación de programas clave de asistencia que han sido un pilar para los migrantes en situaciones críticas.
La administración Trump ya ha demostrado una postura hostil hacia la comunidad migrante, con políticas que priorizan deportaciones masivas y restricciones drásticas al asilo y otros mecanismos de protección. Su regreso a la Casa Blanca refuerza las preocupaciones sobre un endurecimiento en la aplicación de estas políticas, lo que pondrá a prueba la capacidad de los consulados mexicanos para responder con rapidez y efectividad ante las emergencias que enfrenten los connacionales.
La falta de recursos no solo limita la capacidad operativa de los consulados, sino que también socava su función estratégica en la defensa de los derechos de los migrantes. Sin un presupuesto adecuado, los cónsules estarán más limitados para enfrentar el aumento en solicitudes de asesoría legal, trámites de documentación y casos de emergencia humanitaria que inevitablemente surgirán.
Durante la próxima Reunión Anual de Titulares de Embajadas y Consulados de México (REC 2025), se espera que la presidenta Claudia Sheinbaum haga un llamado al cuerpo consular a redoblar esfuerzos para proteger a los mexicanos en Estados Unidos. Sin embargo, sin los recursos necesarios, ese llamado puede quedarse en un gesto simbólico, más cercano a la retórica que a soluciones concretas.
La realidad es que la energía y dedicación del personal consular, por encomiable que sea, no es suficiente para suplir la falta de infraestructura y financiamiento. La labor consular requiere acciones sustentadas en estrategias claras, personal capacitado y recursos económicos que permitan implementar programas de impacto real.
En lugar de reducir recursos, el gobierno mexicano debería fortalecer el programa consular, especialmente en momentos de alta presión como los que se anticipan con la administración Trump.
El bienestar y la protección de los connacionales en el extranjero no deben ser víctimas de decisiones presupuestales miopes. En momentos de crisis, el respaldo del gobierno debe ser tangible y eficaz, no solo un discurso de buenas intenciones. (Alejandro Moreno, El Universal, Opinión, p. A16)
Es conocido el peso que tienen las guerras en la simbología del poder de Estados Unidos. Durante la mayor parte de las administraciones de George W. Bush y Barack Obama, en las primeras décadas de este siglo, el eje de esa política exterior fue la “guerra contra el terror”, es decir, la hostilización de Al Qaeda, ISIS, los talibanes y otras organizaciones del yihadismo radical armado.
Ya desde el segundo término de Obama, un presidente que, como senador demócrata, se había opuesto a las guerras en Irak y Afganistán, se aceleró la superposición de otra guerra: la que libran los organismos de seguridad, inteligencia y antinarcóticos contra el tráfico de drogas y personas y la emigración irregular en la frontera mexicana.
En su primera administración, Donald Trump fue siempre más proclive a la guerra fronteriza con México que a la antiterrorista del Medio Oriente. En varios momentos de su campaña y su mandato estableció conexiones entre la apertura fronteriza, a su juicio, responsabilidad de Obama, Biden y los demócratas, y el incremento de la radicalización yihadista en Estados Unidos.
Ahora, con los atentados de Nueva Orleans, que cobraron la vida de 15 personas, Trump vuelve a fabricar una conexión entre las dos guerras. Aunque el asesino, Shamsud-Din Jabbar, sea un estadounidense de Texas, veterano de la Guerra del Golfo, para el nuevo presidente no hay dudas de que una causa del terrorismo es el incremento de la inmigración por la frontera mexicana.
Para Trump no hay diferencia entre terrorismo doméstico y foráneo, ya que el primero proviene del segundo y su origen no es otro que la frontera con México, por donde llega la “escoria” a Estados Unidos. No bastó que el FBI aclarase que Jabbar había nacido en Texas para que Trump cesara en sus insinuaciones de que el terrorismo provenía de la frontera.
Los videos que Jabbar subió en su cuenta de Facebook exponen un caso típico de identificación con el Estado Islámico, como consecuencia de los traumas de su intervención en las guerras del Medio Oriente. Si se piensa el asunto con un mínimo de rigor clínico la llamada “guerra contra el terror” estaría más cerca de la causalidad del trastorno o la radicalización de Jabbar.
La distorsión de Trump refuerza las sospechas de que el mayor foco de atención de la política exterior del nuevo gobierno republicano será la migración y no el terrorismo. De hecho, las acciones terroristas podrían verse incentivadas por esa reorientación de sentido, que daría una centralidad mayor a la frontera mexicana en la agenda exterior de Estados Unidos.
Una de las consecuencias inmediatas de esa pérdida de interés en el Medio Oriente sería el reforzamiento de las posiciones de Rusia, Irán, China y otros rivales globales de Estados Unidos. La otra, más comentada, sería la puesta en peligro del T-MEC, el acuerdo comercial que funciona como palanca del crecimiento y la integración de América del Norte.
Las administraciones demócratas, a pesar de las altas cifras de deportación de migrantes durante el gobierno de Obama, siguieron una lógica opuesta: impulso al libre comercio en América del Norte y combate a la influencia de sus rivales en el Medio Oriente. No sólo por llevar la contraria al establishment liberal sino por sus propias simpatías hacia Vladimir Putin, Víktor Orbán y otros líderes antiglobalistas, Trump produciría ese giro de timón.
Junto a la frontera mexicana, otro flanco de la agresividad trumpista sería el bloque bolivariano, donde, curiosamente, también se comparten simpatías por Putin. Lástima que México haya preferido la connivencia con Nicolás Maduro y Daniel Ortega y no haya favorecido la línea de resistencia al autoritarismo desde la izquierda progresista y democrática latinoamericana (Lula, Boric y Petro), ya que esto habría funcionado como mecanismo de contención de la nueva derecha republicana que pronto llegará a la Casa Blanca. (Rafael Rojas, La Razón, Informativa, p. 5)
Para entender el nuevo contexto político de Estados Unidos debemos tratar de comprender las preocupaciones de la sociedad norteamericana.
El futuro se ve incierto apenas tome posesión Donald Trump como presidente de los Estados Unidos de Norteamérica el próximo 20 de enero, pues no hay indicadores predictivos ni pistas que nos guíen para entender o visualizar cuáles serán sus prioridades en este nuevo periodo. Es una incógnita identificar si pretenderá detener o acelerar la tercera guerra mundial, -focalizada ésta en el conflicto de Rusia con Ucrania-, hoy contaminado con la intromisión directa de los países aliados de Putin, o si tratará de desentenderse del rol de líder del bloque occidental que hasta hoy ha ejercido Estados Unidos en la OTAN, para entonces enfocarse totalmente en la problemática doméstica de Estados Unidos.
Sea cual fuere su decisión, la relación con México seguro será una de las prioridades del presidente Trump, por el impacto directo que tiene nuestro país tiene en la vida interna de los Estados Unidos a partir de una extensa y porosa frontera compartida a lo largo de 3,152 kilómetros de longitud.
Sin embargo, el presidente Trump es el reflejo de una sociedad norteamericana que busca neutralizar sus propios riesgos domésticos, porque están sucediendo acontecimientos de origen reciente, -de los últimos años-, poco vistos anteriormente, como por ejemplo la agresión vehicular intencional que significó la muerte de 14 peatones en Nueva Orleans, en la madrugada de este primero de enero, o la explosión intencional de una Cybertruck en el hotel Trump en Las Vegas, llevada a cabo por un ex soldado. A esto añadamos las masacres escolares perpetradas por muchachos jóvenes en solitario.
Además, el incremento de muertes de consumidores de drogas, que se ha acelerado a partir de la irrupción del fentanilo, así como el incremento de migrantes hispanoamericanos que cruzan sus fronteras, -entre otros hechos independientes entre sí-, tienen a la sociedad norteamericana preocupada, pues antes de la globalización ellos eran quienes intervenían en conflictos de otros países. En contraste, ahora las tragedias suceden dentro de su propio territorio.
Muchos mitos se han creado internacionalmente respecto a la hegemonía del pueblo norteamericano como creadores de un contexto imperialista. Sin embargo, la realidad es que a partir de la globalización se sienten vulnerables frente a las influencias físicas y culturales que reciben del exterior y que impactan su estilo de vida, sus hábitos cotidianos, sus valores morales y en general, su propia identidad como país.
Se sienten un país convertido en la mítica Torre de Babel, donde hay comunidades enteras que hablan otro idioma diferente del inglés, incluyendo lenguas orientales, musulmanas y por supuesto, el español, que hoy es una segunda lengua en su territorio.
Esta sensación de vulnerabilidad quedó plasmada en el libro titulado “Who are we?… The challenges to Americas National Identity”, que significa “¿Quiénes somos nosotros? … los desafíos a la identidad nacional de los Estados Unidos”, realizado por Samuel Huntington, uno de los más importantes intelectuales y académicos norteamericanos dedicados al estudio del nuevo contexto sociopolítico derivado de la globalización, libro publicado en el año 2004, poco antes de su muerte, acaecida en 2008.
En esta obra Huntington focaliza los riesgos para su país en dos ámbitos: primeramente el protagonismo de los pueblos islámicos que hoy están invadiendo pacíficamente su territorio, como fenómeno migratorio. Y el otro gran reto que preocupaba a Huntington era el impacto de la migración hispanoamericana a su país, destacando principalmente a la mexicana.
Huntington interpretó hace veinte años el sentir de una gran mayoría norteamericana de ascendencia europea cristiana, convertida en fenómeno psicosocial que en el 2024 llevó al triunfo a Donald Trump por segunda vez, con una narrativa aún más radical que la de su primer periodo.
El impacto visible que genera vulnerabilidad futura a la estabilidad norteamericana, -seguramente desde su punto de vista-, es la migración que llega hoy masivamente desde su frontera con México. Sin embargo, más allá del fenómeno migratorio desde hace varias décadas nuestro país ha dejado su huella en la sociedad norteamericana, -no sólo por el idioma-, sino por su rica gastronomía, sus tradiciones, su cultura, sus valores y todo aquello que impacta la identidad de un país.
Según la encuesta realizada en el 2022 por la Oficina del Censo de Estados Unidos, 38.8 millones de residentes en Estados Unidos declararon haber nacido en México o tener ascendencia mexicana. El total de la población hispana radicada en USA alcanza los 65 millones, cifra que representa casi un 20 % de un total de los 341 millones de residentes en territorio norteamericano.
Es un fenómeno natural que todos los migrantes siempre buscan llegar a los países que ofrecen mayor calidad de vida, y en el continente americano ese rol corresponde a Estados Unidos.
Sin embargo, ningún otro país ha logrado permear su cultura tan profundamente en Estados Unidos como lo ha hecho México.
Una cultura tan rica como la nuestra ha permeado de forma sutil en la sociedad norteamericana y se ha acelerado a partir de la globalización que nos ha interconectado en tiempo real.
Sin embargo, aunque no lo quieran reconocer, el impacto de la mano de obra mexicana en la vida cotidiana de Estados Unidos es determinante, por lo que la expulsión de nuestros connacionales que no tengan documentos migratorios tendría grandes repercusiones en la economía de ese país. Difícilmente Estados Unidos podría prescindir de millones de mexicanos que hoy son parte fundamental de la vida norteamericana.
Para bien o para mal, -aún siendo tan diferentes el uno del otro-, los destinos de nuestros dos países están indisolublemente unidos, de forma tal que a pesar de encuentros y desencuentros hemos transitado juntos a lo largo de nuestra historia. Sin embargo, en los últimos años, a pesar de nuestras desigualdades y nuestra pequeñez frente a la fortaleza de la economía norteamericana, el sello de la cultura mexicana cada vez más se hace presente socialmente en ese país.
Seguramente de forma inconsciente y emocional esta influencia cultural está generando reacciones sociales que se traducen también en impacto político.
La paciencia y la mesura para evitar caer en provocaciones viscerales será fundamental para evitar conflictos con la nueva administración del presidente Trump.
UNA ABERRACIÓN JURÍDICA
Mientras el área de derechos humanos de la ONU hace una llamada de atención al gobierno de México para que deseche la prisión preventiva oficiosa como recurso judicial, en los últimos días se ha incrementado el catálogo de delitos que la justifican.
Parecen no entender que este recurso judicial es un atentado contra el universal derecho a la presunción de inocencia. Además se corre el riesgo de incrementar las injusticias pues un indiciado en manos de policías y agentes ministeriales, -aún siendo inocente-, corre el riesgo de ser presionado o torturado para que acepte un crimen que no cometió.
A final de cuentas los perjudicados siempre serán los pobres, que por no tener los recursos para pagar un buen abogado permanecerán en la cárcel mientras los delincuentes de verdad, -con el dinero de sus fechorías-, evaden la justicia.
¿A usted qué le parece? (Ricardo Homes, El Universal, Opinión, p. A17)
Países latinoamericanos en la posible cumbre sobre migración
No hay enemigo pequeño, más si se expresa en conjunto. Y así pueden verse los países latinoamericanos que tendrán representantes en la cumbre sobre migración que está en proyecto.
Hay que incluir a todos los que se pueda. Por eso, no sé si en esa cumbre para tratar el problema de la migración y los planes de Donald Trump se haya incluido a la comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (Celac). Es cierto que se plantea a nivel de cancilleres, pero algunos de los alrededor de 30 países inscritos en ese organismo, la mayoría pertenecientes a la Organización de Estados Americanos (OEA), pueden ser países expulsores sin tener vinculación con la OEA, como es el caso de Cuba.
Lo menciono porque el tema de la migración está contemplado dentro de los 25 temas centrales que tiene la Celac en su programa. Y la mayoría de esos tópicos tiene un profundo enfoque de desarrollo para Latinoamérica. (Redacción, La Jornada, Editorial, p. 2)
Sí, lo que más miedo me da en este año que comienza es lo que Donald Trump pueda hacer con los inmigrantes indocumentados en Estados Unidos. Trump toma posesión el 20 de enero pero, en la práctica, ya opera como el líder del país.
Joe Biden sigue siendo el mandatario aunque hace tiempo que no parece así. Recientemente viajó a Brasil, Perú y Angola, y pasó casi desapercibido. Una tambaleante caminata por la selva del Amazonas generó más preocupación por su fragilidad física que impacto a favor del medio ambiente. Lame duck es el grosero término que usan los estadounidenses para definir a ese Presidente ineficaz que está a punto de irse. La traducción -pato cojo- es dolorosa.
Es casi imposible imaginarse que Biden, de 82 años, en un momento dado pensó que podía gobernar cuatro años más. O ganarle a Trump. Siete de cada 10 votantes en la pasada elección, según una encuesta a la salida de las urnas, creen que Estados Unidos va en la dirección equivocada. La elección fue un claro rechazo al pasado, a los altos costos y una apuesta por las ideas extremistas del candidato republicano.
Desde que Trump se lanzó a la política ha utilizado a los inmigrantes para ganar votos. En el 2015 nos llamó “criminales” y “violadores” a los inmigrantes mexicanos, y en el 2024 prometió a los votantes la más grande campaña de deportaciones en la historia del país. Y eso es lo que me aterra.
Trump no siempre cumple sus promesas. Varias veces dijo durante su primera Presidencia que construiría un largo muro en la frontera entre México y Estados Unidos, y que México lo pagaría. No fue cierto. De hecho, Trump apenas construyó 47 nuevas millas de muro fronterizo durante su Presidencia, según comprobó The New York Times. Y México no pagó ni un centavo.
Pero aun si Trump no cumpliera del todo su promesa de deportaciones masivas durante su segunda Presidencia, una implementación incompleta causaría muchísimo daño. La posibilidad de separar a muchas familias latinas es real. Actualmente hay cuatro millones de familias con niños nacidos en Estados Unidos -y que, por lo tanto, son ciudadanos estadounidenses- que tienen al menos un padre o madre sin documentos.
¿Y qué quiere hacer Trump con esas familias? Deportarlas completas.
“Yo no quiero separar familias”, dijo Trump en una entrevista con la cadena NBC. “Así que, para no separar a las familias y mantenerlas juntas, tienes que deportar a todos”. Esta frase es de una crueldad inusitada y, en caso de ponerse en práctica, dañaría irremediablemente a niños que son ciudadanos de Estados Unidos.
Quien tendrá la responsabilidad de detener a los indocumentados, ponerlos en campamentos y luego deportarlos será Tom Homan, designado por Trump como el nuevo zar de la frontera. Él ya dijo que necesitaría “100 mil camas” en centros de detención para implementar las deportaciones prometidas. Esto, según su cálculo, es tres veces más de la capacidad actual del gobierno federal.
Homan será la cara de esta política de crueldad.
Hablemos claro. En este 2025 es literalmente imposible que Trump pueda deportar a los 13 millones de indocumentados que hay en Estados Unidos. No existe la infraestructura ni el personal para hacerlo. Pero “empecemos con un millón”, dijo en una entrevista el futuro vicepresidente, J.D. Vance.
Y aquí vale parar para aclarar algunas cosas. La gran mayoría de los indocumentados no son delincuentes y estudio tras estudio confirma que los inmigrantes cometen menos crímenes que los ciudadanos estadounidenses. Además, pagan impuestos, hacen los trabajos que nadie más quiere, crean nuevos negocios y no se nos puede olvidar que gracias a ellos sobrevivimos la pandemia.
Por todo lo anterior me preocupa enormemente la promesa de las deportaciones masivas de Trump. Aunque no sea ni un millón de migrantes por año. Las consecuencias a nivel humano serían desastrosas, con muchas vidas destruidas. Incluso ahora, antes que Trump tome posesión, ya es medible el terror que existe dentro de la comunidad inmigrante de Estados Unidos. Muchas familias ya están haciendo sus planes en caso de que uno de sus miembros sea detenido y deportado.
Este no es el Estados Unidos que yo imaginé.
La cuenta regresiva ya empezó. (Jorge Ramos, Reforma, opinión p. 8)
Los inmigrantes envenenan la sangre de nuestro país. Los inmigrantes ilegales van a cortarles el cuello a los estadounidenses comunes en sus propias casas. Los inmigrantes no son civiles. No son humanos, son animales. Es una invasión de nuestro país. Una invasión que quizás ningún país ha visto antes. Vienen por millones. Veinte millones de inmigrantes, muchos de ellos provenientes de cárceles, de prisiones, de asilos mentales. De manicomios, es cosa de El silencio de los corderos. Tenemos una nueva forma de crimen, el crimen inmigrante. Vamos a devolverlos a los lugares de donde vinieron. Llevaré a cabo la más grande deportación doméstica en la historia de Estados Unidos.
– Es la invasión de Europa. No queremos una Europa islamizada. Quien quiera venir, que respete nuestras costumbres. La inmigración daña los valores cristianos. Son un veneno para Europa. Exigimos la expulsión inmediata de todos los inmigrantes que hayan entrado ilegalmente en España y de los legales que cometan crímenes. Si alguien asalta nuestra frontera o entra de manera ilegal, hay que decirle, ¿atrás o plomo? Si decide continuar hacia adelante, hay que aplicarle el plomo.
No civiles. Animales. Veneno. Plomo.
Los párrafos anteriores suman distintas declaraciones de políticos estadounidenses y europeos: Donald Trump, Marine Le Pen, Giorgia Meloni, Viktor Orbán y Santiago Abascal, repetidas una y otra vez por sus simpatizantes. Frases que replican miles de cuentas en redes sociales, en particular de X, siempre con un objetivo común: inventar un enemigo a quien echarle la culpa de todos los males que agobian a sus países y al planeta en su conjunto. Uno de los recursos retóricos favoritos de los demagogos: transformar a los más débiles -esa abrumadora mayoría de personas que abandonan sus patrias a causa de la desigualdad o la violencia y que están dispuestas a sortear los mayores obstáculos y peligros en busca de un futuro mejor- en monstruos que pretenden arrebatarles sus trabajos, sus costumbres o sus mujeres, o violar, robar y asesinar a los infortunados locales.
El mecanismo se sustenta en una de las inversiones morales más perversas posibles: convertir a las víctimas en verdugos a partir de un conjunto de ficciones criminales. No vivimos en una época dominada por el relativismo moral o las fake news, sino por mentiras convertidas en dogmas con tintes religiosos: si un líder, el líder que me representa, el líder que me defiende -que defiende nuestra comunidad y nuestra identidad: otras ficciones- afirma que los inmigrantes son los culpables de mi frustración o mi desgracia, entonces no hay datos o estadísticas que valgan. Esa es la verdad. Si un poderoso lo decide, otro ser humano se convierte así en un no-humano. En una cucaracha, como definían los hutus a sus vecinos tutsis antes de aniquilarlos a machetazos.
Así como la ficción de que los judíos eran los responsables de cada una de las calamidades de Occidente se extendió como una pandemia -y el resultado fue el Holocausto-, quienes hoy demonizan a los migrantes están consiguiendo que sus patrañas sean abrazadas por millones. Y lo que resulta aún más alarmante: no solo contagian a sus empecinados secuaces en la ultraderecha, sino a políticos de todas las corrientes que, temerosos ante la pérdida de votos, les hacen el juego con leyes o declaraciones semejantes, o sometiéndose a sus dictados, en un espectro que va de la derecha conservadora a la socialdemocracia y que se extiende hasta la izquierda.
La ficción nos vuelve humanos: somos la única especie que se reproduce por medio de narraciones e historias. Con ellas hemos alzado nuestras asombrosas civilizaciones; hemos alumbrado dioses y héroes; hemos imaginado linajes, familias, amistades y amores; hemos concebido la filosofía, la literatura, la ciencia y el arte que nos definen e iluminan. Pero la ficción también ha servido para asentar la inequitativa distribución del poder que prevalece entre nosotros, así como para justificar guerras, genocidios y masacres. A estas debemos oponer, sin tregua y con denuedo, la mayor de nuestras ficciones: la convicción de que todos pertenecemos a la misma humanidad. (Jorge Volpi, Reforma, Opinión, p.9)

(Fer, El Universal, Opinión, p. A17)

(Obi, Reforma, Opinión, p.8)