Como manda la ley, la Guardia Nacional (GN) presentó en esta semana al Senado su Informe Anual de Actividades, correspondiente al año 2021.
Se trata de un reporte amplio y detallado que, a lo largo de 88 páginas, cubre todos los rubros que exige el artículo 97 de la Ley de la Guardia Nacional. Salvo uno muy específico, al que me referiré más adelante.
Entre otras cosas, gracias al informe, sabemos que la GN tiene 113,833 efectivos, distribuidos en 266 coordinaciones regionales. De ese total, 73 mil 805 proviene de Sedena, 16 mil 792 de Semar (nótese que ese personal es descrito como “asignado” y no como transferido, confesión de que mantienen plaza y sueldo en las Fuerzas Armadas) y 23,236 de la extinta Policía Federal.
No todo ese personal está en labores de campo. Según el informe, están desplegados en el territorio 99,946 efectivos, de los cuales 89,951 son elementos operativos y 9,995 son personal de apoyo. El resto está en unidades mixtas encabezadas por el Ejército o la Marina, la llamada Unidad de Órganos Especializados por Competencia (lo que fueron las divisiones técnicas de la PF) y las oficinas centrales.
La GN hace muchas cosas, pero no detiene a mucha gente. De acuerdo con el reporte, la GN detuvo a 8,258 personas en 2021. Es de suponer que esos detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público, aunque no se detalla por qué delitos. Pero al parecer no se trata de delitos contra la salud, operaciones con recursos de procedencia ilícita y delitos conexos, ya que en esos rubros solo 50 personas fueron puestas a disposición del MP. Y, según se infiere del documento, el grueso de las detenciones fue en flagrancia: solo 14 personas fueron detenidas “derivado de los trabajos de inteligencia”.
El informe es sumamente detallado en el recuento de los decomisos realizados por la GN. Hay tablas desglosando las incautaciones de drogas, armas y vehículos, pero también de flora y fauna. Entre otras cosas, se reporta el aseguramiento de 320 cucarachas y 70 grillos (previsiblemente eran el alimento de otros animales incautados).
La GN realizó también muchas tareas no directamente relacionadas con la seguridad pública. Entre otras cosas, detuvo y trasladó migrantes, distribuyó vacunas contra el Covid, atendió a población afectada por desastres naturales, facilitó la distribución de gas LP, y escoltó pipas de gasolina. Además, entró a relevar por completo a la policía municipal de Iguala, Guerrero.
Todo eso está muy bien, pero cabe una pregunta: ¿qué resultados se obtuvieron? ¿Cómo contribuyeron todas esas actividades a disminuir la incidencia delictiva y la percepción de inseguridad?
El informe no da una buena respuesta a esas preguntas. Tiene una sección de indicadores, pero de los 79 que lista, solo cuatro son indicadores de resultados: tres se refieren a seguridad vial y uno a asaltos al autotransporte. Los demás son indicadores de proceso: personas detenidas, operativos implementados, cursos impartidos, etc. Cosas como “porcentaje de reuniones en las Mesas de Coordinación para la Construcción de la Paz con participación de la Guardia Nacional” (62,930 convocadas, 62,930 atendidas, 100% de cumplimiento).
El informe dice mucho sobre las actividades de la GN, pero muy poco sobre su impacto. Eso significa que la institución se mide por lo que hace y no por lo que debería lograr.
Robert Peel, uno de los fundadores de la policía metropolitana de Londres, decía que “la prueba de la eficacia policial es la ausencia de delincuencia y desorden, y no la evidencia visible de la acción policial para enfrentarlos”. (Alejandro Hope, El Universal, Nación, p.7)
Existen cerca de 290 millones de migrantes a nivel mundial y la migración mexicana ocupa una posición relevante, principalmente en la región de América del Norte. Sólo en Estados Unidos, los mexicanos y sus descendientes constituyen una parte significativa de la población y se han convertido en uno de los grupos sociales y culturales más influyentes en nuestro país vecino.
La población mexicana que migra es sumamente diversa. Sin embargo, su principal reclamo es bastante unificado y está relacionado con un mayor acceso a la educación.
La reciente constitución en la ciudad de Puebla del Consorcio de Instituciones de Educación Superior para el Desarrollo Educativo de las personas Mexicanas en el Exterior (CIESDEMEX) es en respuesta a esa demanda.
En cualquier parte del mundo, la educación debe ser un derecho humano. Y es que es factor de movilidad social y motor del desarrollo económico, productivo, científico y de innovación de los países. Para las comunidades mexicanas en el exterior, la educación es sinónimo de empoderamiento, ya que quienes migran buscan integrarse a la sociedad con derechos plenos, mediante su participación y su inclusión progresiva.
Durante su reciente viaje a Estados Unidos, el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, nos instruyó promover más acciones en favor del empoderamiento de la comunidad mexicana y hacer sinergia con el sector educativo del país. Ya hemos dado pasos y podemos hablar de acciones concretas.
Estamos comprometidos a garantizar este derecho fundamental y el arranque del Consorcio de Instituciones de Educación Superior para el Desarrollo Educativo de las personas Mexicanas en el Exterior (CIESDEMEX), nos permitirá promover su bienestar, garantizar que los servicios les sean accesibles y pertinentes, y sobre todo, que redunden en mejores oportunidades económicas, políticas y sociales.
Impulsada por la Cancillería Mexicana, a través del Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME), la Secretaría de Educación Pública, a través de la Subsecretaría de Educación Superior, y la decidida colaboración de University of Guadalajara Foundation USA, la iniciativa se dió a conocer el pasado 2 de febrero de 2022, en un acto encabezado por el Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubon.
CIESDEMEX promoverá una amplia oferta de educación superior y además, será una gran oportunidad para articular proyectos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación entre instituciones mexicanas de educación superior y la comunidad de ciencia y tecnología internacional así como identificar becas dirigidas a las y los estudiantes migrantes mexicanos.
Esta red de universidades es un trabajo colaborativo entre gobierno, academia y la sociedad civil organizada con la participación, en esta primera etapa, de 43 instituciones de 22 entidades federativas, tanto públicas como privadas. Para ello contaremos con una plataforma inteligente que mostrará la oferta de programas y becas de las instituciones de educación superior, organizaciones no gubernamentales, dependencias de gobierno de los tres niveles y el sector productivo.
La idea, es seguir sumando a esta iniciativa a Instituciones de Educación Superior que quieran contribuir al desarrollo educativo de nuestros connacionales, por lo que todas las Universidades son muy bienvenidas.
Estamos seguros que CIESDEMEX será un espacio de responsabilidad compartida para acercar servicios de excelencia a las y los mexicanos en el exterior. (Luis Gutiérrez Reyes, El Heraldo de México, La 2, p.2)