“Muy a la fuerza” Francisco Garduño va a Ciudad Juárez
Nos platican que en Chihuahua el que iba más “a la fuerza que de ganas” al arranque del operativo para reducir el número de migrantes que llegan a Ciudad Juárez y se entregan en la puerta 36, fue el titular del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño Yáñez. Nos relatan que don Francisco andaba “de malitas”, sin querer hablar con los medios y peor que, para su mala suerte, no había migrantes en la zona, pues con el reforzamiento de la seguridad por los agentes de la Guardia Nacional de Texas, los extranjeros ahora buscan otros puntos de acceso, lo cual no le dijeron a don Francisco. “Dalai, don Francisco”, que de todas maneras tiene que ir. (Kiosko, El Universal, Estados, p. A17)
No cabe duda que Guanajuato tiene un problema de inseguridad muy grave. Por citar un dato, el estado sumó 21 mil homicidios entre 2019 y 2023, 12% de los que se cometieron a nivel nacional en el mismo lapso, lo cual es mucho si se considera que su población representa menos de 5% de la del país en su conjunto.
Dicho eso, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha tenido una fijación al hablar de la violencia en dicho estado, misma que no ha mostrado en el caso de estados que no cantan mal las rancheras en ese rubro, como Baja California, Colima, Chiapas, Guerrero, Michoacán y Zacatecas.
¿Será porque Guanajuato fue la única entidad que él no ganó como candidato presidencial, mientras que el resto de las mencionadas son gobernadas actualmente por su partido? No sé, pero puede ser.
Mientras que López Obrador suele meter la mano al fuego por los mandatarios estatales que son correligionarios suyos, se ceba con las autoridades guanajuatenses. El martes dijo que Diego Sinhue Rodríguez “gobierna, pero no manda” en el estado (algo que ya había dicho desde agosto de 2023).
Caballito de batalla en ese pleito es el fiscal estatal Carlos Zamarripa Aguirre, a quien el Presidente acusa de llevar muchos años en el cargo y de no dar resultados. Pide que por ello sea removido, aunque no tenga la misma severidad con colaboradores suyos, como el titular del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, quien sigue en el cargo pese a la tragedia que sucedió en la estación migratoria de Ciudad Juárez, hace un año, donde 40 migrantes murieron en un incendio.
La fijación del mandatario queda de manifiesto si se toma en cuenta que ha mencionado al fiscal guanajuatense en por lo menos once mañaneras entre julio de 2021 y lo que va de este mes de abril. Esta semana volvió a arremeter contra él con motivo del asesinato de la candidata de Morena a la presidencia municipal de Celaya y, casualmente, cuando el homicidio de una niña y el linchamiento de su presunta victimaria en Taxco, Guerrero, era la noticia más comentada en el país.
No seré yo quien defienda a Zamarripa, pero López Obrador, al señalarlo como responsable de la violencia en el estado, parece no tener idea de lo que hace un fiscal. Da la impresión de que no distingue entre quien tiene la responsabilidad de prevenir el delito y quien se dedica a investigar los crímenes y procurar el castigo a quienes los cometieron.
Para saber si el trabajo de un fiscal es bueno o malo, lo que hay que mirar es el índice de impunidad en el territorio en el que se desempeña. Por cierto, en ese punto todos los fiscales del país salen reprobados, pues, de acuerdo con datos oficiales, en México apenas alcanza sentencia 4% de los delitos que se cometen, la mitad de ellas condenatorias. Es decir, 96% de ellos quedan impunes.
Afortunadamente, contamos con estadísticas judiciales por estados. En un informe publicado en octubre pasado, la organización México Evalúa enlistó las 32 entidades federativas por su índice de impunidad. Como digo, todas ellas salen reprobadas en procuración de justicia.
Curiosamente, Guanajuato tiene el tercer índice más bajo de impunidad (88.6%), superado solamente por Chiapas (71.5%) y Baja California (87.7%). En el otro extremo de la tabla están Hidalgo (99.6%), Jalisco (99.5%), Colima (99.5%) y la Ciudad de México (99.1%). ¿Cuándo ha escuchado usted que el Presidente pida la remoción de los fiscales de esos últimos estados? Es más, defendió a capa y espada a Ernestina Godoy, la fiscal capitalina, cuyo lapso de gestión feneció en enero pasado sin que prosperara el intento de que fuera reelegida por el Congreso local.
Otros estados en los que el índice de impunidad es mayor al promedio nacional (96.3%) son San Luis Potosí, Zacatecas, Tlaxcala, Estado de México, Morelos, Tamaulipas y Quintana Roo, todos ellos gobernados por el oficialismo.
Insisto: no se trata de defender a la fiscalía guanajuatense, que está reprobada igual que las demás en el país. Sin embargo, a menos de que a usted se le ocurran otros motivos, parece que la fijación presidencial en este caso se explica por razones políticas. (Pascal Beltrán del Río, Excélsior, Nación, p. 2)
Hasta ahora, los partidarios de Morena se dicen seguros de su triunfo en la elección presidencial. Todos los días se publican reales o presuntas encuestas que le dan a Claudia Sheinbaum ventaja de 40 puntos o más, lo que, de ser cierto, debería quitarle toda preocupación a toda la militancia cuatroteísta, lo que, desde luego, no se observa.
Las encuestas más generosas con uno u otro candidato generalmente son maiceadas, meros trajes sobre medida y al gusto del cliente, pues proyectar una imagen de triunfo seguro estimula a los seguidores y desanima a los votantes del bando contrario. Pero no todos los muestreos conceden tanta ventaja a la abanderada de Morena, pues una cercanísima colaboradora de Xóchitl Gálvez afirma que la diferencia entre ambas aspirantes es de sólo siete puntos, la firma Áltica dice que son 12 y El Financiero sube hasta 17. Sobra decir que esas tres mediciones están lejos de dar por segura ganadora a Sheinbaum.
Por supuesto, la tarjeta Bienestar juega un papel importante, pero tampoco es una garantía absoluta de triunfo. Una medición reciente señala que casi 60% de los beneficiarios de las pensiones votará por Morena, por lo cual queda un 40% que está por verse. De los que no tienen la llamada tarjeta Pejemático, sufragarán por el partido guinda dos de cada tres, o eso dicen.
La frecuencia de los linchamientos o de los intentos de hacer justicia al modo de Fuenteovejuna muestran el hartazgo con la inseguridad y, especialmente, con la política de “abrazos, no balazos”. Sobra decir que cada día aumenta el poder de los llamados cárteles, que tienen bajo su control cada vez más territorio. Son capaces de asesinar a unos candidatos y amedrentar a otros y poco les importan las víctimas ajenas al pleito. Lo triste es que la justicia sigue ausente en más de 90% de los casos.
“Nunca, nunca en la historia, habíamos escuchado o visto en la televisión o leído en los periódicos tanta nota roja”, dijo esta semana el presidente López Obrador. Y tiene razón, pues cada día crece el número de asesinados por las mafias, el cobro por “derecho de piso”, el armamento de los cárteles y su influencia política sin que se escuche en las campañas algo que parezca un plan político-policiaco para enfrentar en serio y con esperanza de éxito a los criminales.
Morena gobierna en 23 entidades y, salvo dignas excepciones, lo hace mal. No pocos de los gobernadores morenistas son de probada y pública incapacidad. Especialmente lamentables son los casos de Morelos, con Cuauhtémoc Blanco; Veracruz, con Cuitláhuac García; Campeche, con Layda Sansores; Guerrero, con Evelyn Salgado y su papá; Chiapas, con Rutilio Escandón; Sinaloa, con Rubén Rocha; Tabasco, con Carlos Manuel Merino; Zacatecas, con David Monreal, y Baja California, que ya pasó por el desastre con Jaime Bonilla, pero es tal la inseguridad, que la alcaldesa de Tijuana vive y despacha en un cuartel mientras la gobernadora, Marina del Pilar Ávila, muestra una gran sonrisa de satisfacción. Agrégase a la lista Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí, del PVEM, aliado de la 4T.
En enero de 2015, Gallardo Cardona fue arrestado por la PGR acusado de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Estuvo preso casi un año y fue liberado cuando un juez ¡de Hermosillo! consideró que el Ministerio Público federal no pudo probar las acusaciones. En septiembre de 2021 tomó posesión como gobernador.
La prensa insiste en señalar los oscuros negocios de personajes cercanos a AMLO, la protección a Ignacio Ovalle, responsable del desfalco en Segalmex; la súbita riqueza de Rocío Nahle, el disimulo ante los manejos de Ana Guevara, el manto protector tendido sobre Francisco Garduño, pese a los muertos y el criminal trato a los migrantes en Ciudad Juárez, etcétera, etcétera.
A lo anterior hay que agregar que continúa la concentración de la riqueza en menos del uno por ciento de la población, que es implacable la guerra contra el Suprema Corte y que no pocas instituciones han sido arrasadas u hostilizadas, como el Inai, incompleto desde hace 732 días. Para complicar la situación de Morena, este año el gobierno enfrenta una escasez de agua sin precedente. ¿De veras creen que la victoria es segura? (Humberto Musacchio, Excélsior, Nacional, p. 11)
En el panorama político de Estados Unidos, aparece la elección presidencial del próximo 5 de noviembre como el promontorio que acapara la atención de los estadounidenses y que afecta e influye en la vida pública del país vecino del norte. En la medida que se acerca dicha fecha los contendientes Biden y Trump, que ya alcanzaron los delegados necesarios para alcanzar las nominaciones de sus partidos, afilan armas, Biden para la reelección y Trump para un segundo, e inédito, período.
Biden, a su favor, presume que la economía ha mejorado y que se están creando empleos. Asimismo, propone que los ricos paguen más impuestos. En su contra tiene la edad —15 días después de la elección cumplirá 82 años. Últimamente ha sufrido caídas en público y traspiés lingüísticos y cognitivos que en nada le favorecen. Creo que con llegar en buen estado de salud a la elección se conforma.
Por su parte el no tan joven Donald Trump —cumplirá 78 años el próximo 14 de junio— al que de vez en cuando se le cruzan los cables como cuando en un acto de campaña en New Hampshire, confundió, repetidas veces, a su rival republicana Nikki Haley con la entonces presidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi, ha hecho muchas y muy vagas promesas si llega a ser presidente. Entre ellas bajar los impuestos. Lo que es un hecho es que le espera una campaña presidencial en dos confluencias: una frente al electorado y otra ante los tribunales por sus problemas legales.
Un tema central de la campaña es la crisis migratoria.
La periodista de la cadena CBS, Sharyn Alfonsi, le hizo una entrevista al presidente, Andrés Manuel López Obrador, para el programa 60 minutes, en la que el mandatario mexicano dejó claro que México es “un país independiente, libre y soberano, no somos colonia, no somos protectorado de ningún país extranjero” (sic). También manifestó que “Biden es respetuoso de nuestra soberanía como lo fue el presidente Trump”. “El muro no funciona” —afirmó. Sobre la construcción de un nuevo cerco fronterizo, López Obrador, expresó que se trata de una estrategia de campaña de Trump.
Eso sí, se tiró a la yugular del gobernador texano, Greg Abbott y su ley SB4 que permite a los policías estatales detener y deportar de manera inmediata a cualquier persona sospechosa de haber entrado sin papeles a territorio texano.
De lo declarado por nuestro mandatario en la precitada entrevista destacó la idea de que Estados Unidos debería invertir 10,000 millones de dólares en Latinoamérica para crear fuentes de empleo que contengan la migración, “de lo contrario los flujos de migrantes van a continuar” —opinó López Obrador.
En una entrevista para Fox News —su cadena favorita— el magnate gringo tergiversó lo dicho por nuestro Ejecutivo: “Quiere 10,000 millones de dólares esencialmente sólo para hablar (…) eso no habría pasado conmigo (…) nunca lo pediría. No le daría ni 10 centavos”. Además dijo que los inmigrantes latinoamericanos son guerreros, delincuentes y ‘alimañas’ que invaden el país y ‘envenenan la sangre’ de los estadounidenses.
Además del odio que el neoyorquino siempre ha mostrado hacia los mexicanos en particular y hacia los hispanoparlantes en general, la lucha electoral exacerba ese ánimo; de ahí el tono incendiario y bélico de la retórica ‘trumpiana’.
Por mi parte yo le diría a Trump que puede meterse sus 10 centavos por donde el cuerpo se le hace remolino y que nos pague los miles de dólares que nos debe por derechos de autor de su peinado inspirado en el quesillo de Oaxaca.
Resulta paradójico que el país más poderoso del planeta, el país de los Superhéroes, el país de Rambo, Superman y la Mujer Maravilla, muestre su inexorable decadencia con la confrontación presidencial de dos ancianos. Será una elección homeopática de dos chochos.
Aclaro que no tengo nada contra la vejez, si la tuviera me la tomaba. (Manuel Ajenjo, El Economista, Política y Sociedad, p. 41)
En una reciente entrevista con la cadena de televisión Fox News, el ex presidente Donald Trump criticó a nuestro Presidente, Andrés Manuel López Obrador, con respecto a los fondos de cooperación por un total de 20 mil millones de dólares que este último ha solicitado al actual gobierno estadounidense para combatir las causas de la migración en Centroamérica y México. Trump dijo que él no está dispuesto a dar “ni diez centavos” a AMLO.
El origen de esta petición proviene del mismo Joe Biden. La Declaración de Los Ángeles, firmada en junio de 2022 por Estados Unidos y varios países latinoamericanos, entre ellos México, reafirmó la intención conjunta de: “ampliar los esfuerzos para abordar las causas profundas de la migración irregular en todo nuestro hemisferio, mejorando las condiciones y oportunidades en los países de origen y promoviendo el respeto a los derechos humanos. Reafirmamos la importancia del retorno, la readmisión y la reintegración seguros, dignos y sostenibles de los migrantes para ayudarlos a restablecerse en sus comunidades de origen”, según la Casa Blanca.
Intentando distanciarse de la propuesta republicana y tratando de dar en el clavo con la solución para frenar las oleadas migratorias a Estados Unidos, la Administración Biden prometió cambiar el enfoque en la frontera a los lugares de origen de los inmigrantes. Así, desde el año pasado, anunció un aumento a la asistencia humanitaria en México y Centroamérica por 23 millones de dólares, con el fin de que los gobiernos regionales implementen medidas para proteger a migrantes, refugiados y otras poblaciones vulnerables a su cuidado, según la página de la embajada estadounidense en El Salvador.
La cooperación entre Estados Unidos y México ha sido constante desde hace muchísimas décadas y los presidentes de todos los partidos han entendido que, nos guste o no, tenemos que cooperar en muchos asuntos y la migración es uno de ellos. Para Estados Unidos es vital tener fronteras seguras y para ello requiere del apoyo de sus vecinos al norte y al sur. Esto abarca desde temas de seguridad nacional hasta los que consideran a México como un “Tercer País Seguro” para que los solicitantes de asilo esperen a ser atendidos, como ocurrió durante la Administración de Donald Trump, o las “Fronteras Seguras” de George W. Bush. La cooperación podría haber ido a más, pero México siempre enarboló la defensa de su soberanía como un obstáculo para la expansión de planes de defensa estadounidenses que abarcaran nuestro territorio.
Quienes estén temerosos ante el eventual regreso de Donald Trump a la Casa Blanca harían bien en leer a Carlos Rico Ferrat, un diplomático mexicano, por desgracia ya fallecido, que elaboró la “paradoja del precipicio”, que es muy útil para entender los momentos de crisis bilateral. Rico decía que “si México está al borde del precipicio, difícilmente puede esperarse que el gobierno de Estados Unidos le dé el último empujón”. Estados Unidos, como Dios, aprieta, pero no ahorca. La relación entre los dos países es de una interdependencia compleja que se traduce en la imposibilidad de dañar al otro sin salir lastimado.
En palabras de Rico, los dos países están enlazados en varias redes de alianzas e interacciones transnacionales y transgubernamentales en donde operan numerosos actores de la sociedad civil mexicanos y estadounidenses que participan activamente, donde el control de los gobiernos a veces cede ante el poder de estos actores y donde cada vez más hay temas que exigen una solución conjunta.
Y la migración es uno de esos temas. Por eso AMLO se atreve a pedir fondos para proyectos de cooperación y Biden se los da como él y su Congreso quieren. Pero también porque Biden ha entendido que la solución es de largo plazo y debe incluir a los gobiernos regionales, además de esos actores que señalaba Rico.
Hay que entender que es año electoral aquí y allá y todos están tratando de llevar agua a su molino, especialmente quienes tienen pocas propuestas. Sin embargo, se ha creado una dinámica binacional que nos conduce a trabajar juntos porque ha dado buenos frutos para ambas partes y porque es un hecho que ambos nos necesitamos. Quien no lo vea así, se arriesga a volver a los enfrentamientos del pasado que no fueron buenos para nadie. (Gabriela De la Paz, Reforma, Opinión, p. 8)
¡No toda gentrificación implica migración, ni toda migración implica gentrificación! De acuerdo a ONU-Habitat, la gentrificación sucede cuando un proceso de renovación y reconstrucción urbana se acompaña de un flujo de personas de clase media o alta que suele desplazar a los habitantes más pobres de las áreas de intervención.
Se trata pues, de un fenómeno urbano cada vez más debatido en México, y a menudo se atribuye a diversos factores, incluida la presencia de personas migrantes; sin embargo, este enfoque “simplista” pasa por alto el papel multifacético que desempeñan las personas migrantes en la reactivación de zonas urbanas marginadas, así como las complejas dinámicas sociales y económicas que impulsan este proceso. Es importante desafiar el tabú que rodea a las personas migrantes como causantes de la gentrificación y reconocer las contribuciones positivas que pueden aportar al revivir ciertas zonas urbanas.
Un estudio del Banco Mundial encontró que las personas migrantes contribuyen significativamente al crecimiento económico de sus países de destino, a través de la creación de empleo, la innovación empresarial y la inversión en sectores clave de la economía.
Por su parte, un informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) destaca que la gentrificación puede tener efectos positivos y negativos, incluyendo la revitalización de áreas urbanas degradadas y el desplazamiento de residentes de bajos ingresos. Por otro lado, según la Encuesta Nacional sobre Discriminación, las personas migrantes en México son reconocidas por su contribución a la diversidad cultural y al enriquecimiento de la vida urbana. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) destaca el papel de las personas migrantes en la promoción de la diversidad cultural y la creatividad en las ciudades. Estos datos demuestran que las personas migrantes tienen un impacto significativo en la economía, la cultura y la vida urbana de México, y que su presencia puede desempeñar un papel importante en el fortalecimiento de zonas urbanas deprimidas; sin embargo, es importante reconocer los desafíos con la gentrificación y trabajar para abordarlos de manera equitativa y sostenible.
Leslie Kern plantea que la gentrificación no necesariamente implica el traslado físico de un grupo de personas de un vecindario a otro, sino que lo más importante sería el traslado del capital de inversión a un barrio en decadencia, tirado a menos y similares; es decir, un factor determinante de la gentrificación es la desigualdad económica entre clases. Lo relevante no es si las personas que llegan a un barrio son nacionales o extranjeros, sino si existe esa desigualdad económica y si la misma posteriormente genera el desplazamiento de la población original
Si bien las estadísticas sobre la relación entre migración y gentrificación son escasas, hay datos que respaldan la idea de que la migración puede contribuir positivamente a la revitalización de áreas urbanas sin necesariamente causar gentrificación descontrolada. Estudios realizados en ciudades como Londres y Nueva York han demostrado que la presencia de personas migrantes puede revitalizar barrios degradados al aportar una variedad de culturas, tradiciones y perspectivas, lo que crea comunidades más dinámicas. Si bien es importante reconocer los desafíos asociados, también es fundamental destacar los aspectos positivos que la migración puede aportar a la reactivación urbana. Al promover políticas que fomenten la inclusión, la diversidad y el desarrollo comunitario equitativo, podemos aprovechar el potencial positivo de la migración para mejorar la calidad de vida en nuestras ciudades. (Rodrigo García Torres Trueba, El Heraldo de México, La 2, p. 2)
Ni en salud estamos como Dinamarca, ni el peso es fuerte por el crecimiento de la economía. De hecho, los precriterios generales para 2025 elaborados por la Secretaría de Hacienda esbozan un próximo año complicado en materia económica. Entre otros aspectos, señalan una desaceleración acompañada de una inflación de al menos 3.3%.
Además, el superpeso dejaría de serlo, cerrando 2025 con un valor de 18 pesos por dólar. Repito, son los datos de Hacienda (dependencia que omite señalar que una de las causas de la apreciación del peso radica en la diferencia de tasas de interés entre nuestro país y Estados Unidos).
Se suma que dicha apreciación afecta de manera directa las exportaciones, pues las vuelve más caras. Impacta también a los verdaderos receptores de remesas, pues reciben cada vez menos pesos por cada dólar que les envían sus familiares en el exterior.
Los precriterios reconocen la presión fiscal que tienen las finanzas públicas el año en curso. Muestra de ello es el elevado porcentaje que se tiene de deuda. ¿La propuesta del oficialismo? Disminuir el gasto público en más de 8%. No importando quién resulte electa como próxima Presidenta de la nación, esta tendrá que lidiar con una situación “delicada”.
Se requerirá una reforma fiscal, la cual, también es cierto, debía haberse implementado al menos hace 20 años. Nadie lo ha hecho por el costo político que eso conlleva. ¿Se atreverá ahora cualquiera de las dos candidatas? ¿O Claudia Sheinbaum recurrirá a la única forma en que se podría obviar por un sexenio más la reforma fiscal? Adelanto que sería una pésima receta —y peor solución—, pero no puede descartarse que esté contemplando apostar a las narco remesas.
Llama la atención que las remesas han vuelto a batir récord; más de cuatro mil 500 millones de dólares tan sólo en febrero… Y sin embargo, ¡la tasa de desempleo de la población hispana en Estados Unidos ha aumentado, así como la inflación allá también! Entonces, ¿cómo es que nuestros connacionales están mandando más dinero?
Algunos dirán que en este sexenio tres millones más de mexicanos han tenido que migrar a Estados Unidos… ¿Estarán ellos compensando las tasas de desempleo y de inflación como para romper récord de envío de remesas? La duda cabe.
El gobierno estadounidense ya lo ha alertado: un porcentaje importante de las remesas NO parece estar proviniendo de migrantes y sí de la venta de estupefacientes en nuestro vecino país del norte por parte del crimen organizado. El dinero de las narco remesas que ingresa a México no es para que el gobierno “cuatroteísta” se vanaglorie… se estaría lavando.
Ante ello, el problema sería tan obvio como descomunal: ¿las autoridades financieras entregando al narco no solo el territorio, la Guardia Nacional, las elecciones y las obras insignia del gobierno; ahora también toda la economía nacional y su estabilidad? ¿Qué pasaría si se frenaran estas narco remesas? El “efecto tequila” del 94 sería un juego de niños junto a la cruda realidad que esto significaría.
El alto déficit presupuestario por parte de la federación y la apreciación del peso NO sustentada en fundamentos económicos hacen que el régimen apueste por mantener y acrecentar las narco remesas. Pero lo que es más grave: el apostar por las narco remesas / apoyarse estructural y económicamente en ellas hace que nos preguntemos si no habrá algo más; algo así como un amplio y estructural acuerdo de la 4t con el narco. (Verónica Malo Guzmán, El Heraldo de México, País, p. 06)
México recibió en febrero 4,510 millones de dólares por concepto de remesas. En los últimos 12 meses suman alrededor de 63,622 millones de dólares, casi un billón de pesos, un millón de millones, cuando en 2018, estas mismas eran de 33,000 millones de dólares.
Actualmente las remesas ya duplican lo que México recibe por concepto de exportaciones de petróleo y a los ingresos de turismo extranjero, pero están lejos de los 450,000 millones de dólares que generan las exportaciones de manufacturas por ejemplo.
Las remesas no debieran ser un concepto que enorgullezca a cualquier mandatario, incluso su incremento debería verse como la evidencia irrefutable del fracaso de la política social, ya que cientos de miles de mexicanos emigran cada año a Estados Unidos en busca de una mejor oportunidad, enviando dinero a sus familiares para que puedan salir adelante ante la falta de opciones en territorio nacional.
Hay muchas dudas, sobre si las remesas realmente son envíos de dinero de connacionales o hay expedición de dólares por parte del crimen organizado para pagar a los carteles mexicanos por las drogas que reciben del otro lado.
De acuerdo, con datos oficiales de Banco de México, cada mes se llevan a cabo 11.7 millones de envíos de remesas a nuestro país desde Estados Unidos, donde de acuerdo con Pew Research, viven solamente 11 millones de mexicanos. Significaría que todos los mexicanos que viven en Estados Unidos mandan dinero. Así que empiezan las dudas.
Ahora bien, si son 11.7 millones de despachos mensuales, significaría que 1 de cada 3 familias mexicanas recibe efectivo cada mes. ¿Acaso Ud. conoce a una de cada tres familias que recibe remesas?.
De acuerdo con datos del INEGI, en México habitamos 35 millones de familias, pero de acuerdo con el censo de población y vivienda 2020, solamente 1.5 millones de familias las reciben. Suponiendo que fuera el doble, serían 3 millones los beneficiarios de las mismas, no 11.5 millones como sucede actualmente.
Por si fuera poco, entidades como Guerrero, Oaxaca y municipios pobres del Estado de México, Zacatecas, Sinaloa, Durango entre otros, reciben más dinero por este concepto que del presupuesto del gobierno y aún con todo el dinero que les llega mensualmente, siguen siendo localidades muy pobres.
Es evidente que hay sospechas fundadas en números, para pensar que estos envíos de dinero en alguna medida, pudieran ser envíos de dinero del crimen organizado y que usan al sistema financiero mexicano para ese propósito.
En Estados Unidos la DEA lo sabe y ha hecho redadas en centros de envío de dinero. En México se conoce la práctica del pitufeo donde receptores de divisas van al banco y reciben a nombre de terceros, ese dinero, aunque se trata de un delito.
¿Dónde está la autoridad mexicana? ¿Banxico, CNBV, SHCP?. Considerando que las remesas necesitan un destinatario para su entrega y que esa persona debe identificarse, no sería difícil rastrear el destino final de las mismas. (Carlos López, Jones, El Sol de México, Editorial, p.14)