Para no pocos, incluida la Fiscalía General de la República, el que Francisco Garduño, titular del Instituto Nacional de Migración (INM), siga en el cargo a pesar de haber sido vinculado a proceso por un delito que tiene que ver con su desempeño indebido en el servicio público, es ilegal o, cuando menos, contrario a la ética. Para otros, incluidos el gobierno Federal y el juez de Control, no existen razones que justifiquen separarlo de sus funciones durante el resto del proceso penal, en virtud de la presunción de inocencia y porque no existe ningún dato que haga suponer que desde la titularidad del INM entorpecerá el resto de la investigación. En este caso, como en otros, hay un conflicto entre el derecho y la ética.
Según la ley vigente, el Código Nacional de Procedimientos Penales, la suspensión temporal en el ejercicio del cargo funciona como una medida cautelar en contra de servidores públicos cuando se les atribuya la comisión de un delito derivado de sus funciones, pero siempre y cuando el Ministerio Público la solicite y acredite que la permanencia del funcionario en el puesto supone una obstaculización del procedimiento, que hay que evitar.
Sólo así puede justificarse que la suspensión de funciones sea una medida idónea y proporcional capaz de hacer a un lado la presunción de inocencia que corresponde a toda persona fuera y dentro del procedimiento penal. En el caso de Garduño, el Ministerio Público pidió su remoción, pero el juez de Control consideró que no había suficientes pruebas para demostrar la necesidad de apartarlo de su puesto para garantizar la investigación. En cambio, le impuso la medida cautelar más benigna: firmar un control de asistencia cada dos semanas. Así, la continuación de Garduño al frente del INM tiene, sin duda, soporte legal y judicial.
Sin embargo, ¿es correcto desde el punto de vista ético que un servidor público vinculado a proceso por un delito cometido con motivo de su desempeño continúe en el cargo? Pienso que no. A Francisco Garduño no se le imputa un delito ajeno a sus funciones, como podría ser, por ejemplo, un contrato fraudulento de compraventa. No.
La teoría del caso del Ministerio Público, avalada por el juez, es que, como titular del INM, incumplió sus deberes de dar seguridad a personas, propiciando daños mortales y materiales. Es decir, que falló gravemente como servidor público y por eso podría ir a prisión entre 2 y 7 años. Y, no obstante, sigue despachando, como si nada. Salta a la vista, pues, una falta de decoro personal y público, que además envía un mensaje equivocado a la sociedad en cuanto a impunidad y falta de consecuencias para los actos ilícitos en el servicio público.
Así entonces, la permanencia de Garduño al frente del INM es legal y al mismo tiempo éticamente incorrecta. Ante este dilema, creo que, sin embargo, en un país tan polarizado como el nuestro, sigue siendo preferible aceptar el mandato del derecho y de los jueces, aunque no guste a algunos, en lugar de exigir soluciones basadas en consideraciones éticas, por razonables que parezcan a la mayoría.
Desde luego, en Francisco Garduño queda la última palabra: gozar de lo legal o hacer lo correcto. En cualquier caso, tendrá razón. (Jorge Nader Kuri, El Universal, Opinión, p. 16)
Si Francisco Garduño se hubiera llamado Eleuterio Pérez y hubiera sido director del Servicio Nacional de Inmigración en el régimen de Felipe Calderón, el entonces dirigente opositor Andrés Manuel López Obrador habría estallado en indignación, luego del brutal incidente del 27 de marzo en Ciudad Juárez.
La muerte de 40 migrantes en un incendio mientras estaban encerrados en un centro de detención fue un hecho criminal, una violación de derechos humanos. Pero si fue deliberado o no, realmente no importa: ocurrió y en circunstancias del hecho horripilantes por sí mismas.
El tema no hubiera sido que el mítico Eleuterio hubiese ordenado que las puertas del centro quedaran cerradas con llave, que no fue así; o que hubiera decidido que los celadores huyeran del incendio sin abrir las rejas, que tampoco fue así.
Pero el incendio ocurrió y hubo 40 migrantes muertos en circunstancias brutales, en lo que es la mayor violación posible de los derechos humanos de una persona, y enmedio de una crisis migratoria en la que quienes huyen de sus países dicen enfrentar extorsiones, violaciones, abusos, de bandas criminales, pero también de agentes de autoridades locales, estatales y federales a su paso por territorio mexicano.
Es improbable que esos abusos sean ordenados por el Presidente de la República, o los miembros de su gabinete. Pero los existen, han existido y han sido denunciados y documentados por décadas, como parte del accionar de coyotes y grupos criminales organizados para el tráfico de personas. Y las críticas a Organismos No-Gubernamentales no los van a desaparecer. Calderón no ordenó la masacre de San Fernando, en agosto de 2010, como López Obrador tampoco determinó el incendio de Ciudad Juárez, en marzo de 2023.
Pero sus gobiernos fueron/son responsables por ellos. Si no por otra cosa, por estar a cargo de políticas y organismos que por omisión o incapacidad permitieron que el cártel de los Zetas se empoderase y traficara con migrantes indocumentados, o que el caso hubiera sido cerrado sin una conclusión satisfactoria.
López Obrador tampoco ordenó la cadena de abusos que hace años rodea el paso de centroamericanos frecuentemente indocumentados a través de México, o del surgimiento de migrantes de otras nacionalidades que llegan a la frontera mexicana con EU con la esperanza de ser recibidos, lograr asilo o entrar de cualquier manera a ese país. Pero así como el régimen de Calderón es el responsable último de San Fernando, el de López Obrador lo es de Ciudad Juárez.
La mayor diferencia puede estar en la forma en que se enfrente el problema: la realidad es que los derechos humanos de los migrantes se violan en este país. Y sin duda en otros por donde pasan o a dónde quieren llegar las corrientes migratorias legales o ilegales.
Pero el problema de México está en México, y los abusos o las omisiones no afectan sólo a los inmigrantes. (José Carreño Figueras, El Heraldo de México, Orbe, p. 25)
La crisis humanitaria por la migración sin precedente en la frontera, extrañamente, no está en la agenda de temas de debate del país, hasta ocurrir crímenes como el más reciente de 40 migrantes en Juárez. Su lugar parece la “nota roja”, aunque estemos en la antesala de una de las coyunturas más difíciles por el choque de la ola de movilidad de personas en el continente y la declaración formal del fin de la emergencia sanitaria en la frontera.
En la línea divisoria México-EU sube la tensión por lo que sobrevenga tras el título 42 de la Ley de Salud EU, que Biden mantuvo de su antecesor para deportaciones exprés durante la pandemia, pero el riesgo se aborda de formas opuestas en cada país. EU teme un tsunami de cruces ilegales y se prepara para eventuales deportaciones masivas con el reforzamiento militar. Las consecuencias legales de ello serán más duras y profundas, pero, sobre todo, contrarias a las leyes mexicanas de migración y asilo si México las acepta, aunque de eso el gobierno prefiera no hablar.
Aquí, la gestión de la crisis se mueve en el silencio, aun cuando las formas de expulsión de la pandemia podrían reemplazarse por otras más brutales con el blindaje de la frontera de otros 1,500 militares, aunque ellos no las hagan directamente, sino el CBP. En vez de debatirse riesgos y peligros de la política migratoria, se evade el tema y se minimizan tragedias como la de Juárez. Como si fuera parte de una estrategia para invisibilizar acuerdos y continuar recibiendo deportados de terceros países, como en la pandemia, a partir del 11 de mayo.
La intención de acallar el problema no es casualidad, sino la voluntad de reducir la contingencia política de decisiones costosas para el país y sus leyes de migración, como con el programa Quédate en México, que el canciller Ebrard acordó en secreto, según el exsecretario de Estado Mike Pompeo, para recibir solicitantes de asilo de EU. El silencio como mensaje refuerza la idea de que México rechaza en público esas políticas migratorias, pero las acepta en privado. En esa política se puede inscribir también el hecho de que, a más de un mes del crimen en Juárez, no haya ninguna dimisión por la responsabilidad del crimen ni con la vinculación a proceso del director del INM, Francisco Garduño.
El único atisbo de cambio de la política migratoria pareció emerger del rescate del padre Solalinde y su declaración tras su reunión con López Obrador sobre la desaparición del INM y su sustitución por un nuevo organismo fuera de la órbita militar y sin Garduño. Pero su irrupción después de estar apartado como consejero presidencial en el tema se diluyó como un globo sonda que midiera la reacción a la propuesta. Tras ella, el sigilo del Presidente y el apoyo a Garduño al frente del INM hasta concluir la investigación, como si Juárez no significara nada para la necesidad de un giro en la política migratoria, más allá de apelar al “humanismo” frente a la crisis.
Ante la inminencia de la nueva coyuntura en la frontera, López Obrador recibió a la enviada especial de Biden, Elizabeth Sherwood-Randall, para hablar de planes humanitarios conjuntos para la migración que sirvan de válvula de escape para bajar la presión, como los centros de procesamiento regionales que EU anunció para contener los flujos y ayudar contra la trata de migrantes.
Su operación “desde afuera” es una de las pocas medidas para tratar de ordenar los flujos sin precedente en la frontera, junto con el compromiso de visas temporales de trabajo y permisos de reunificación familiar a algunas nacionalidades. Esto puede aliviar un poco la carga para México, pero no releva del derecho a saber y debatir públicamente si existen acuerdos para recibir migrantes deportados de terceros países y de cuáles nacionalidades, ¿esto se negocia?
Algo fácil de pensarse si se observa el secretismo de acuerdos desde Trump para convertirnos en tercer país seguro en la práctica, dentro de negociaciones que se inscriben en la agenda de seguridad nacional y se traducen en mutismo en desacuerdos hacia la política interna de México. La migración se aloja en una especie de caja negra de la política bilateral, aunque los acuerdos políticos que de ahí salen contravengan lo jurídicamente posible en el país. Por eso, mejor guardar silencio. (José Buendía Hegewisch, Excélsior, Nacional, p. 14)
Creel, Alito y el cártel inmobiliario // Colección panista de procesados // Corrupción y encendidos discursos // Migración: continúa diseño de Biden
Astillas
“POR SU PARTE, México continuará aceptando de regreso a migrantes bajo motivos humanitarios”, señaló el gobierno de México, en unas discretas líneas de un amplio comunicado oficial, luego de que el Presidente de la República acordó con la asesora de seguridad del presidente de Estados Unidos mantener el esquema de contención del flujo migratorio hacia el vecino país y seguir como estancia “provisional” de solicitantes de ingreso que Estados Unidos devuelva. (Julio Hernández López, La Jornada, Política, p. 8)
Las recientes crisis económicas, guerras y cambio climático tienen dos consecuencias mundiales: la inseguridad alimentaria aguda y las oleadas de migrantes. La hambruna la sufrieron 258 millones de personas en 2022 y la cifra aumenta cada año. Detener ese problema global deber ser prioridad y México debe participar porque no está exento de un contagio. (La Crónica de Hoy, Pp)
Luis es un hombre de unos 43 años, abogado y con maestría en el extranjero. Es padre de dos niños, reside en la Ciudad de México y trabaja en una institución transnacional. Es un hombre inteligente y bien informado de las noticias diarias del país.
En una conversación reciente, le platicaba sobre mi preocupación de lo que estaba ocurriendo en México; que mi participación en Signos Vitales había pronosticado desde hace un par de años que el país estaba enfilándose a un régimen autoritario en el que perderíamos muchos de nuestros derechos ciudadanos, que se estaba militarizando la vida civil, que había una serie de señales que mostraban la animadversión presidencial al INE, al INAI y a otros órganos constitucionales autónomos (para ese momento el gobierno ya había cancelado el Instituto Nacional de Evaluación de la Educación), que la economía iba a tardar mucho en recuperarse y que la pobreza seguiría sin ser siquiera paliada. Y le comentaba que esos problemas no sólo se habían materializado, sino que se habían profundizado notablemente.
Ante mi preocupación, Luis me decía que veía y entendía que muchos de los problemas efectivamente habían empeorado, pero que no me preocupara, que de alguna manera se corregirían.
Aquí les presento el diálogo que siguió. Le dije: No lo veo tan claro. La acumulación de poder del presidente es arrolladora. Ya viste lo que pasó la semana pasada en el Senado. El presidente a través de su mayoría de Morena decidió no nombrar al comisionado del INAI, por lo que siguen sin poder sesionar. Y en unas horas, la mayoría oficialista se brincó todas las trancas para aprobar lo que el presidente quería y que les había instruido esa tarde en Palacio Nacional. Hasta foto publicaron en Twitter.
– Pues sí, pero realmente, ¿en qué nos afecta directamente? Es puro rollo político ¿En qué cambia eso mi vida?
– Nos afecta en muchos sentidos, y ya está pasando, le comenté. Para empezar, ya no se distinguen dos poderes independientes (Ejecutivo y Legislativo) y lo que eso significa es que el presidente puede hacer lo que le dé la gana. Por ejemplo, desaparecieron la Financiera Rural, que había dejado de dar créditos a los agricultores y se rumora que hubo muchas tranzas. Independientemente de ellas, las dificultades económicas de los agricultores nos pegan en precios más altos de alimentos (ya ves cómo ha aumentado la inflación), hay precariedad entre la gente, más emigración y violencia.
– Yo hubiera pensado que la guerra de Ucrania era la principal causante del aumento de los precios de los alimentos, pero ¿en qué más nos afectan directamente los cambios que ha hecho el presidente?
– Uno de los más graves que veo es la militarización de la seguridad pública y el que hayan aumentado los delitos por los que te pueden meter a la cárcel antes de un juicio. Como sabes, los militares arrasan y cuando se enfrentan con los “malos” hay puros muertos y casi no hay heridos, han asesinado a personas al “confundirlas” con maleantes, te pueden detener sin ninguna razón y ponerte a disposición del ministerio público por cualquier “causa” que se les ocurra. Es muy difícil defenderse. Queda uno muy vulnerable a lo que digan los militares.
– Bueno, pero eso debe sucederle solamente a quienes han hecho algo malo o andan en malos pasos. Aunque ciertamente sentirse tan vulnerable sí es mala onda. Ya ves que también espían a quien se les antoja.
– Y la otra es que los militares ahora controlan puertos, aeropuertos, aduanas, espacio aéreo… y les han dado negocios y mucho dinero. Es decir, controlan nuestros movimientos y cualquier día podrán decidir quién entra y quién sale del país. Ya ves lo que pasa con los migrantes, ahora que el Instituto Nacional de Migración también está en manos castrenses. Y ni quién pueda decirles nada. Y lo peor del caso es que no han podido con la inseguridad: los homicidios están tan altos como siempre.
– ¿O sea que los militares ya pueden decidir todo sobre nuestros movimientos y no hay manera de cuestionarlos o llamarlos a cuentas? Sí, vi el caso de Cresencio Sandoval y sus viajes por Europa con su familia pagados con nuestros impuestos y usando aviones del Ejército. El presidente hasta lo defendió y el general no dio la cara.
– Y ya ves, tú que viajas seguido en avión, los incidentes o casi accidentes en el aeropuerto han sido frecuentes y hasta chocaron dos aviones en la pista de rodaje. Ya quieren ser hasta empresarios con su línea aérea… y guía de turistas. En fin, no creo que las cosas se vayan a arreglar solitas. Más bien estos personajes van a defender esos privilegios como gatos boca arriba.
– Pues sí, tienes razón. Las cosas van mal y bueno, mientras no me toque a mí (hago changuitos), pues aquí seguimos. Eso sí, el año que entra, no me pierdo mi oportunidad de botarlos en las urnas, me dijo con seguridad. (Enrique Cárdenas, Universidad Iberoamericana de Puebla y Universidad de Guadalajara, El Financiero, Opinión, p. 31)
Mientras en Estados Unidos las campañas presidenciales para 2024 se perfilan para un segundo round entre Joe Biden y Donald Trump, el pequeño Mateo, originario de Honduras, acude a clases de secundaria después de cubrir un horario de 12 horas de trabajo en una planta en Carolina. Mateo es parte de los miles de niños migrantes que “sufren el sueño americano”, como lo dicen sus propios maestros de la escuela que ven, con tristeza e impotencia, cómo muchos de sus alumnos (sobre todo los migrantes) toman las clases como sonámbulos por trabajar de noche. Desde la perspectiva que se quiera ver, la migración de menores de edad es una problemática delicadísima que exige el mayor de los esfuerzos gubernamentales y legislativos. ¿Será que la vida política les dará una segunda oportunidad a Trump o a Biden para resarcir, a partir del 2024, el enorme daño que han provocado dos gestiones sin un atisbo de solidaridad para estos niños que abandonaron su país de origen?
Además de sufrir toda clase de peligros durante su camino rumbo a Estados Unidos, mucha de la niñez migrante trabaja en oficios muy duros y lo hacen de manera clandestina. Según un artículo de The New York Times titulado “Solos y explotados, niños migrantes desempeñan trabajos crueles en EE.UU.”, en todos los estados de la Unión Americana hay menores de edad que friegan platos hasta altas horas de la noche, lavan sábanas en lujosos hoteles, reparten alimentos de cadenas famosas de comida, cosechan café o construyen muros de piedra volcánica en casas residenciales.
El Times asegura que, tan sólo en los últimos dos años, han entrado a Estados Unidos más de 250 mil niños no acompañados, los cuales representan una potencial mano de obra barata y, por si fuera poco, sin mayores restricciones. ¿Acaso esto no lo sabía el equipo de Biden? ¡Claro que sí! No obstante, su gobierno anunció únicamente investigaciones a empresas como Ben & Jerry´s, Fruit of the Loom, Ford, General Motors, J. Crew, Walmart, Whole Foods y Target.
¿Y qué podemos decir de Donald Trump? No olvidemos que en 2018, el entonces presidente de los Estados Unidos promovió la política de “tolerancia cero”, con la cual se procesaba a todo adulto indocumentado, mientras que a casi cuatro mil niños se les puso bajo custodia antes de ser repatriados. Estos menores fueron confinados en bodegas y jaulas metálicas, medidas que fueron calificadas a nivel mundial como crueles e inhumanas.
Pero las “políticas sin corazón” de Trump, como protectores de los derechos humanos las señalaron, no pararon ahí. También aprobó la restricción denominada Título 42 con la que deportó a los migrantes indocumentados que representaran un “peligro de salud” por la pandemia de Covid-19. Y aunque recientemente Joe Biden exentó de esta política a los menores de edad, el daño colateral sigue siendo el mismo: más niños separados de sus padres.
Ahora bien, si nos enfocamos en lo que sucede con los niños migrantes en ambas fronteras de México, la situación es igual de complicada. Comencemos en el norte. La Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación estima que en 2022 fueron repatriados de Estados Unidos más de 24 mil menores de edad, de los cuales cinco mil fueron acompañados y 19 mil no acompañados. Por otro lado, en nuestra frontera sur la situación también es difícil.
El número de niños procedentes de Centroamérica se ha incrementado, sobre todo por la violencia y el desastre económico que se vive en sus lugares de origen. La misma Secretaría de Gobernación reportó que en 2022 más de 70 mil menores de edad transitaron de manera irregular por nuestro territorio. ¿Y qué ha hecho México al respecto? Según el sentir de muchos migrantes centroamericanos, “los mexicanos sellaron su frontera de la misma forma que hicieron con ellos sus vecinos del norte”.
Mientras Donald Trump y Joe Biden preparan armas para lo que parece ser una segunda contienda presidencial entre ambos, en el Congreso de la Unión también iniciamos una campaña, pero en nuestro caso fue para mejorar la atención de niñas, niños y adolescentes migrantes.
En mi calidad de titular de la Coordinación Nacional de Oficinas de Atención a Migrantes (Conofam) tuve la oportunidad de participar en un foro junto a representantes de los distintos partidos políticos y especialistas en la materia para analizar las posibles acciones que aseguren una migración infantil segura y normalizada. En Guanajuato ésta es la instrucción del gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo para la Secretaría del Migrante y Enlace Internacional: procurar, por encima de cualquier cosa, la integridad de los niños migrantes.
Cada niña, niño y adolescente migrante tiene rostro, corazón y también el derecho a ser feliz. Todos provenimos de familias migrantes, y todos podemos con el alma, la pasión y el compromiso lograr que la utopía de una migración legal, segura y ordenada se convierta en realidad. ¿En sus campañas Trump usará insultos a los niños migrantes y Biden guardará silencio?
Y tú, ¿qué opinas? (Juan Hernández, Secretario del Migrante y Enlace Internacional de Guanajuato y presidente dela Conofam, El Sol de México, Análisis, p. 13)
En seguimiento a la línea marcada por su jefe político, el presidente Andrés Manuel López Obrador, la maquinaria de propaganda manejada por su vocero, Jesús Ramírez Cuevas, se puso en marcha. La línea a repetir era que la política exterior de Estados Unidos era injerencista, que quienes recibían financiamiento del Departamento de Estado eran traidores y estaban conspirando para dar un golpe de Estado. El Presidente busca la cohesión interna ante un enemigo inexistente, dentro y fuera de México, con imposturas nacionalistas medidas en su sonora retórica para la gradería.
López Obrador reveló que le hizo el reclamo a la consejera para seguridad territorial del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Elizabeth Sherwood-Randall, cuando se reunieron el martes, y dijo que le envió una carta al presidente Joe Biden donde le reclama ese apoyo a “organizaciones abiertamente opositoras al gobierno legal y legítimo que represento… lo cual es a todas luces un acto intervencionista”. Es cierto. Esas acciones son injerencistas en los asuntos internos de otros países. También es cierto que el Presidente hizo mutis sobre el financiamiento que el mismo Departamento de Estado le da al Ejército.
Hablar de un golpe de Estado es un absurdo. Pero no lo hacen sus principales propagandistas por ignorantes, sino para generar corrientes de opinión pública a favor del Presidente. Aprovechan que los decibeles ensordecen las razones, por lo que nadie se pregunta: ¿quién planearía un golpe de Estado sin el apoyo de las Fuerzas Armadas? Quien tiene cooptado al Ejército y a la Marina, con dinero y poder, es López Obrador. Un golpe de Estado requiere condiciones de fractura en un país y el concurso del sector privado que, con la garantía castrense, financien la toma del poder, lo que durante décadas ha sido algo imposible en México.
Finalmente, a quien acusa de intervencionista es precisamente el factor más importante que frenaría un golpe, Estados Unidos. La última vez que hubo intentos serios, en cuanto a ideas, de buscar la toma del poder de manera inconstitucional fue en 1982, cuando la nacionalización de la banca generó mucha inestabilidad y un grupo de coroneles preguntó en Washington que si hubiera violencia en las elecciones e intervinieran, recibirían el apoyo. La respuesta fue tajante: jamás reconocerían un gobierno que no fuera producto de elecciones. Hoy, al ser México su principal socio comercial, nadie podría argumentar con seriedad que el Departamento de Estado está financiando a golpistas.
Y además, ¿para qué? El gobierno de Estados Unidos no necesita intervenir en México, y mucho menos en la actualidad. Hay muchos gritos en la mañanera y denuncias, además de lances y arrebatos del Presidente en contra de Estados Unidos, a veces llegando al insulto. Las pocas respuestas a acusaciones temerarias han sido respondidas con cautela. A Biden no le interesa un conflicto de fondo con López Obrador no sólo por razones estratégicas –tres mil 200 kilómetros de frontera común–, sino porque, en lo que les importa para su seguridad nacional, el Presidente hace lo que le pidan.
Esa postura echada para adelante que dice tuvo con Sherwood-Randall fue en la misma reunión donde la funcionaria le vino a explicar el final del Título 42, que la próxima semana desatará una ola de migración indocumentada a Estados Unidos al quitarse las restricciones que impuso el presidente Donald Trump, con el pretexto de sellar la frontera con México por la pandemia de covid-19, por lo cual Biden firmó una orden ejecutiva el 27 de abril pasado para enviar tropas a los estados en la línea internacional con México, para ayudar a la Patrulla Fronteriza en la contención y deportación de indocumentados. López Obrador dijo que estaban en su derecho, pero ocultó que aceptó que miles de centroamericanos expulsados de Estados Unidos, serán recibido en este país.
Sherwood-Randall fue también la que hace un mes recibió a todo el gabinete de seguridad mexicano para decirle lo que esperaba la Casa Blanca que hiciera para combatir el fentanilo. De manera sutil, le dio instrucciones y el gabinete de seguridad tomó nota para comenzar a cumplir con lo comprometido. En enero, cuando Biden se vio en la necesidad –por presiones domésticas– de ampliar el número de inmigrantes en el programa conocido como Permanecer en México, López Obrador aceptó sin chistar la extensión, en vísperas de la cumbre de líderes de Norteamérica, de ese programa que fue negociado con el canciller Marcelo Ebrard durante la transición con el gobierno de Trump, que antes había obligado a López Obrador a militarizar la frontera con Guatemala y frenar la migración centroamericana.
Lo que ha sucedido con dos administraciones en Washington es que López Obrador ha sucumbido a las presiones y accedido a las pretensiones tácticas y estratégicas de la Casa Blanca. Con Trump era a sombrerazos y bajo el régimen de terror al que lo tenía sometido; con Biden ha sido más terso y la estrategia más inteligente: que grite y diga lo que quiera en Palacio Nacional, mientras haga lo que le pidan. Es decir, le tomaron la medida.
Lo escuchan y le dan atole con el dedo. El encuentro con Sherwood-Randall puede ser un ejemplo. La consejera ha trabajado con Biden desde que era presidente del Comité Judicial del Senado, en 1986, y años más tarde fue directora asociada del Proyecto de Fortalecimiento de Instituciones Democráticas del Centro Belfer, en la Escuela John F. Kennedy de Harvard, que cofundó con una figura legendaria, Graham Allison, cuyo equipo redactó la constitución de la República Checa.
La ayuda del Departamento de Estado a la sociedad civil y a la prensa libre busca fortalecer instituciones y revertir la ola antidemocrática que está destruyendo instituciones. Sherwood-Randall debió escuchar el alegato del Presidente sin inmutarse, porque esos fondos son un instrumento que emplean para fortalecer los valores democráticos occidentales. Podría ser, si sopesaran el precedente, recortar la poca asistencia que les dan, en la misma lógica: bálsamo para el Presidente, que como ningún otro antes, sigue el libreto escrito por Estados Unidos. (Raymundo Riva Palacio, El Financiero, Nacional, Política y Sociedad, p. 36)
Las autoridades estadounidenses dieron a conocer que, después de más de dos años, el polémico Título 42 finalizará el 23 de mayo de 2023, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de esa nación.
Se trata de una regulación implementada en 2020 —durante la pandemia de COVID-19—, por el Gobierno del vecino país para permitir la expulsión inmediata de migrantes en la frontera, por motivos de salud pública, cuya próxima conclusión implicará grandes retos para México, Estados Unidos y Latinoamérica.
Estos desafíos, de naturaleza compleja, requerirán de una respuesta integral y coordinada para garantizar el bienestar, la seguridad y, sobre todo, el respeto integral de los derechos de las personas migrantes.
En este contexto, el Departamento de Defensa de Estados Unidos anunció el envío de 1,500 soldados a la frontera sur de su país, debido a que se espera la llegada de una nueva ola de migrantes, principalmente de Centro y Sudamérica.
Lo anterior, ha vuelto a convertir a la política migratoria de Joe Biden en objeto de atención y críticas, lo que ocurrió desde que asumió la presidencia de Estados Unidos. A pesar de que durante su campaña prometió una reforma migratoria, ésta aún no se implementó, debido a la falta de apoyo bipartidista en el Congreso de ese país.
En cambio, su Gobierno mantiene vigentes algunas medidas polémicas de la anterior administración, como es el caso del Título 42; sin embargo, lo verdaderamente importante consistiría en dilucidar las causas del fenómeno migratorio, y abordarlas para reducir la necesidad de su repetición.
La administración Biden declaró que busca invertir en Centroamérica y trabajar con países de origen y tránsito de migrantes, para mejorar la seguridad, economía y gobernanza en la región, visión con la que muestra concordancia el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.
No obstante, nuestro país también enfrenta importantes retos en materia migratoria, incluyendo el respeto y la protección de los derechos humanos de las personas migrantes, la provisión de atención médica y asistencia humanitaria para éstas, la seguridad en la frontera sur y la gestión de la presión política de Estados Unidos.
La más reciente caravana de migrantes, que partió desde el sur de nuestro país hacia la Ciudad de México, así como las que se han registrado en años recientes —sin olvidar los lamentables hechos ocurridos en la estación migratoria de Ciudad Juárez en marzo pasado—, son una clara muestra de que es impostergable poner manos a la obra de manera integral.
De aquí en adelante, el manejo adecuado de estos desafíos requerirá de políticas claras, coordinación entre Gobiernos y, en particular, una visión humanitaria y respetuosa de los derechos humanos de las y los migrantes. (Ricardo Monreal, 24 Horas, Estados, p. 10)
Qué daría Estados Unidos por tener una relación de cooperación con México como la que tiene con la Unión Europea (UE) en lo que a combate al crimen organizado se refiere. Resulta que nuestro vecino y la policía europea, Europol, desmantelaron una red internacional de venta de drogas que operaba a través de la “dark web”.
Arrestaron a 288 maleantes en diversos países, de los cuales 153 son estadounidenses; lo comento porque nuestro presidente dice que EUA no hace nada en contra de los narcos gringos.
El inquilino de Palacio Nacional ha reiterado que México sí va a cooperar, pero no dice cuándo ni cómo; por ello, EUA ya tiene planes muy avanzados para apretarnos las tuercas.
La directora de la DEA, Anne Milgram, ayer amplió su información sobre las fuerzas de tarea con las que cuenta para enfrentar al Cártel Jalisco Nueva Generación y a “Los Chapitos”. Esta última narcobanda tiene tentáculos en 40 países, pero no lo ve como un obstáculo infranqueable, pues da por descontada la cooperación de los gobiernos de dichas naciones. Dudo que México esté incluido en la lista de cooperantes…
Tras advertencia, no hay engaño. De hecho, ya hay una iniciativa en la Cámara de Representantes -Ley 2023 de Justicia contra promotores de fentanilo ilícito-, la cual toma como corresponsables a “los países que de forma consciente o imprudente, provean de apoyo material o recursos de forma directa o indirecta a las organizaciones criminales que trafican fentanilo.” Así que nuestro país puede ser llevado ante una Corte estadounidense a efecto de reparar el daño ocasionado por la droga a las personas demandantes.
Por descabellada que nos parezca la iniciativa, todo indica que diversos hechos están contribuyendo a darle viabilidad; Tamaulipas es la más reciente señal de alarma en la frontera. Por más que AMLO afirme que los bloqueos fueron promovidos por los adversarios del gobernador morenista Américo Villarreal, el propio mandatario estatal reconoció que se trata de enfrentamientos entre dos cárteles en disputa por la zona.
Y más alarma debe causar a los gringos que Villarreal pida a los tamaulipecos no hacer ruido sobre los narcobloqueos y balaceras, porque se daña la imagen de su estado. Ha de creer que si no se habla del megaproblema, éste no se notará. Por lo pronto, la Fiscalía Estatal y la SEMAR detuvieron en Tamaulipas a una banda involucrada en el tráfico de armamento y se redobló el número de elementos de la Guardia Nacional y de la Guardia Estatal.
No se trata de bailar al son que nos toquen los EUA; se trata de que al país se lo come el crimen organizado. No solo es Tamaulipas; balaceras y enfrentamientos ocurren con demasiada frecuencica en Quintana Roo, Guanajuato, Zacatecas, Colima, Michoacán y Guerrero, por solo mencionar a los más violentos.
Por si esto fuera poco, están los migrantes. La administración Biden ordenó el despliegue de mil 500 militares en la frontera con México para colaborar con el Departamento de Seguridad Interna y la Guardia Nacional estadounidenses en lo relativo a la entrada de migrantes. EUA espera un flujo diario de 10 mil personas, tan pronto como el Título 42 fenezca el próximo 12 de mayo. Todo augura que la cosa se va a poner color de hormiga en ambos lados de la frontera, con migrantes desesperados por llegar a lo que consideran su destino.
Mientras todo esto sucede, don Andrés está muy “amuinado” porque el Departamento de Estado y la agencia USAid darán apoyo a organizaciones de la sociedad civil mexicanas, dedicadas a la defensa de la democracia, la libertad de prensa, los derechos humanos y la igualdad.
Este tipo de apoyos tienen largo rato de ser otorgados y ningún gobierno mexicano, de ningún color, ha caído por culpa de las ONGs. No me hace feliz que las organizaciones mexicanas reciban dineros gringos, pero tampoco veo cómo la organización Artículo 19 pueda considerarse golpista y enemigo del gobierno lopezobradorista.
Así las cosas, me pregunto a qué le da importancia el presidente. Me temo que lo único que le preocupa es cómo ganar puntos con los pejelovers y dejar un entramado que le permita un maximato… Lo demás es secundario. (Leopoldo Mendívil, La Crónica de Hoy, Nacional, p. 10)
En los 12 meses que componen el “año fiscal” estadunidense (octubre-septiembre) de 2022, la autoridad fronteriza estadunidense confiscó en la frontera con México 6 mil 300 kilogramos de cocaína. En los seis meses que van de este año (octubre-marzo) llevan 5 mil 900 kilos.
La cifra de 2022 fue cuatro veces mayor a la de 2020.
El promedio por cada evento de confiscación es de 10 kilos y en lo que va de estos últimos seis meses se da un promedio de tres confiscaciones diarias.
Por mucho bla bla bla de ambos gobiernos, muchos señalamientos sobre supuestas responsabilidades, que si los chinos, que si los mexicanos, que si los americanos adictos, la verdad es que estamos viendo un fenómeno que sigue creciendo y causando muerte y desesperación en Estados Unidos y violencia e inseguridad en varios estados mexicanos.
En los primeros seis meses de este “año fiscal” van 1 millón 223 mil “encuentros” —como les llaman ellos— con migrantes en la frontera norte mexicana y sur estadunidense. Al mismo ritmo que el año pasado, muy por encima de 2021 y 2020.
Por cierto, de esos 382 mil son mexicanos también por encima de 2021 y 2020, mismo ritmo que el año anterior. Por aquello que los de aquí ya no quieren irse, que se dice a veces en la mañanera.
El final del Título 42 el próximo 11 de mayo, las concentraciones de migrantes en ciudades del norte esperando esa fecha, solo harán que los números empeoren en el verano.
Los republicanos han insistido —gracias a Trump— que son los migrantes quienes hacen el tráfico de fentanilo. Es una enorme mentira. En 2021, ocho de cada 10 convictos en EU por tráfico de fentanilo eran estadunidenses. Solo el 0.02 de indocumentados en la frontera traían fentanilo. Hay una lógica, por supuesto, los migrantes legales más los estadunidenses son sujetos a menos revisiones, son mejores traficantes.
Pero en estos tiempos la realidad importa poco.
Basta escuchar a la jefa de la DEA obsesionada con lo que sucede fuera de su territorio, ver la disputa por el territorio en las ciudades fronterizas de Tamaulipas o recetarse los discursos del Presidente en la mañana.
No hay asuntos más trágicos en la relación bilateral. Víctimas allá por el consumo, aquí por la guerra para ver quién distribuye más y en medio los migrantes buscando una vida mejor.
Son tiempos electorales, poco mejorará. (Carlos Puig, Milenio Diario, Al frente, p. 2)