Opinión Migración 040626

Fuera De Agenda // Guiño Al Espionaje Ruso

Vigilar a los agentes de la inteligencia rusa en México ha sido una misión compleja y en algunos casos “imposible”, de acuerdo con un radiograma de la primera zona militar con sede en la Ciudad de México enviado a la sección segunda —inteligencia militar— del Estado Mayor Conjunto de la Defensa Nacional, fechado a finales de marzo del 2022. El documento señala que se desconocía el número de ciudadanos rusos que se habían asentado en la capital, citaba al Instituto Nacional de Migración que reportó que de enero del 2018 a febrero del 2022 habían ingresado al país 288 mil 38 ciudadanos originarios de la Federación Rusa. “En 2020 llegaron a la república mexicana 30 mil 600 Rusos; en el 2021, 75 mil 446, y en enero del 2022, 16 mil 172; sin embargo, se desconoce el número de personas de nacionalidad rusa asentadas en la Ciudad de México”.

El documento cita la vigilancia a empresas con ligas comerciales con aquel país, iglesias ortodoxas, restaurantes, cafés y centros culturales sin que se reportara algo “relevante”. La petición se hizo a otras zonas militares del país días después de que el entonces jefe del Comando Norte estadounidense, el general Glen VanHerck, declaró en una comparecencia en el congreso que “la mayor concentración de personal de inteligencia ruso del mundo” estaba en México.

El documento localizado entre los correos hackeados por el colectivo Guacamaya, es parte de la alerta que el Comando Norte envió a los altos mandos militares y navales en México sobre el incremento de las operaciones del GRU, como se conoce a la inteligencia militar rusa, y de los agentes del SVR (Servicio de Inteligencia Exterior) ruso.

De enero de 2022 hasta abril de 2024, más de 166 mil ciudadanos rusos entraron al país, un incremento arriba del 60 por ciento comparado con años anteriores. De ellos, al menos 73 mil cruzaron la frontera estadounidense de forma ilegal. “Algunas investigaciones revelaron que al menos 13 agentes identificados del GRU se infiltraron en estos flujos migratorios, 107 a menudo viajando por la ruta Moscú-Estambul-Cancún”, según el informe “Alianzas en la sombra: poderes autoritarios y el nexo de la guerra híbrida en América Latina”, comentado en este espacio la semana pasada.

El radiograma militar reflejaba el diagnóstico que se tiene sobre México, considerado un país con “escasas capacidades de contrainteligencia” para detectar operaciones de servicios de inteligencia extranjeros. El atractivo para los rusos es la cercanía geográfica con Estados Unidos, sus relaciones bilaterales, sumado a una política exterior “no intervencionista”, lo que lo vuelven una “base ideal”.

El análisis señala que el número de diplomáticos rusos en México aumentó desde el sexenio pasado llegando a unos 86 funcionarios acreditados. No se habla de los “agentes ilegales” aquellos de los que el Estado receptor no es informado. Esta cantidad de “agentes legales” va más allá de las necesidades diplomáticas, “y se cree que muchas de estas personas son agentes del GRU y agentes de desinformación”.

Su misión es incidir en la opinión pública con estrategias de desinformación, tiene canales como RT y “personas de interés” ligados al régimen morenista que les son funcionales. Abonan en escenarios de desestabilización buscando favorecer intereses que afecten al “enemigo americano”, donde la manipulación y polarización son su hábitat natural. (Juan Veledíaz, El Sol de México, República, p. 5)

Rozones

  • Otra desvisada

Y en otro capítulo de la serie Me arrebataron la visa, llamó la atención que en medio de tanta efervescencia por el retiro de visados estadounidenses a personajes de la vida pública del país, la presidenta estatal de Morena en Chihuahua, Brighite Granados, ofreció una explicación de por qué ella ya no es bienvenida en Estados Unidos.

“Al llegar al puerto de entrada, se me indicó que pasaría por una segunda revisión. Y ya en las oficinas, se me informó que mi visa sería cancelada debido a una infracción de tránsito ocurrida hace aproximadamente 10 años en Nuevo México”.

¿En serio nada más por eso? Nos dicen que el argumento de Brighite tiene doble alineación cósmica, primero, porque surgió después de que su colega, la dirigente del PAN en ese estado, Daniela Álvarez, la quemó ante la sociedad por ser impedida para cruzar al otro lado por el documento retirado. Y, segundo, se supo el dato el mismo día del reporte de Los Angeles Times sobre el retiro de visas a gobernadores mexicanos.

Los que siempre andan pensando mal comentan que es complicado no ver en esta justificación —de que por cualquier cosa te quitan la visa— una manera de bajar la temperatura sobre otros casos que implican a personajes también afiliados al partido guinda. Uf. (Rozones, La Razón, LA DOS, p. 2)

Las remesas

Las remesas en dólares que envían los trabajadores mexicanos a sus familias es el resultado de la migración hacia Estados Unidos para buscar trabajo. Cuando lo encuentran lo hacen en la agroindustria, la construcción, la hotelería, entre otras actividades. Esas remesas representan para las familias que las reciben en México un importante ingreso familiar. Son alrededor de 10 millones de familias las que se benefician de esos ingresos.

En los estados de Chiapas, Guerrero, Michoacán y Oaxaca, las remesas son una parte importante del PIB estatal. Han sido una forma de salvavidas.

Ahora las remesas están en peligro por la decisión del gobierno de EU de endurecer las reglas de identificación para su envío y para las solicitudes de créditos. Según Gabriela Siller del Banco Base, estas medidas podrían afectar el envío de remesas debido a que 35% de los trabajadores mexicanos en aquel país no tienen las características legales para emplearse.

Las medidas tienen un plazo de 160 días para iniciar su operación, por lo que se estima que los migrantes harán envíos anticipados. Y será en septiembre en que las remesas disminuirán.

La explicación de estas decisiones obedece a una política migratoria más restrictiva, al control de los bancos y a evitar el envío de dinero por parte del crimen organizado.

A nuestro país la disminución de las remesas le afectará. Ha recibido alrededor de 60,000 millones de dólares anuales y ha sido el soporte de muchas familias que sin esos recursos agudizarán su pobreza.

Pero también afectará a la economía de Estados Unidos. La presidenta de México dijo recientemente: “Los migrantes que llegan a Estados Unidos sin documentos contribuyen con 13 mil millones de dólares al año al Seguro Social de Estados Unidos (…) Debido a que la mayoría no reclama beneficios, 92% de ese dinero termina beneficiando a los estadounidenses, además de que los connacionales son más jóvenes que la población nativa, lo que mejora la pirámide poblacional”.

En Estados Unidos viven 65 millones de personas de origen latino y dentro de 30 años serán 100 millones. Esta población influye en la economía, en la política, en la música y en la comida, pero no tiene representación en el Congreso.

Los problemas migratorios son muchos y el gobierno de EU ha evitado resolverlos. El que ofreció una reforma migratoria fue el expresidente Obama, pero no cumplió. En el balance, las bases de la victoria de Obama fueron las víctimas de la incapacidad de su mandato. Además, fue el campeón de las deportaciones, de 2.4 millones de personas, el más alto realizado. Política y socialmente el gobierno de Obama disparó una respuesta reaccionaria. (Sergio Mota Marín, El Economista, E Foro, p. 46)

Antes del Fin // La frontera financiera de Trump

Durante años, millones de migrantes aprendieron la misma lección: si trabajaban, debían pagar impuestos; si querían seguridad, debían abrir una cuenta; si enviaban dinero a sus familias, debían hacerlo por canales formales; si querían demostrar que no eran una amenaza, debían dejar rastro.

Rastro fiscal.

Rastro bancario.

Rastro laboral.

Rastro de obediencia.

El mensaje parecía claro: salir de las sombras era una virtud. Hoy esas mismas huellas empiezan a verse con otros ojos.

La nueva orden ejecutiva firmada por Donald Trump no ordena cerrar cuentas bancarias ni prohíbe expresamente que una persona migrante acceda al sistema financiero.

Hace algo más sofisticado: instruye al Departamento del Tesoro y a reguladores financieros a tratar ciertos vínculos entre migración, empleo, crédito, cuentas bancarias y transferencias como posibles factores de riesgo.

El punto más sensible está en el ITIN, Número de Identificación Personal del Contribuyente que emite el IRS, la autoridad fiscal de Estados Unidos.

Lo usan personas que deben declarar o pagar impuestos, pero no pueden obtener un número de Seguro Social. No otorga residencia, permiso de trabajo ni regulariza a nadie. Sirve para cumplir con el fisco.

Durante décadas fue una puerta mínima hacia la formalidad. Ahora, la orden abre la posibilidad de que su uso, combinado con falta de estatus migratorio o autorización laboral verificable, sea leído como señal de riesgo bancario.

También aparece otro documento clave para México: la matrícula consular, identificación que emiten los consulados mexicanos para acreditar identidad y nacionalidad de connacionales.

Para muchas personas ha sido la llave para abrir una cuenta, cobrar un cheque, rentar vivienda, enviar dinero o existir administrativamente en un país que necesita su trabajo, pero discute su presencia.

¡Ahí está la contradicción!

Estados Unidos les dijo durante años: paguen impuestos, usen bancos, no se escondan en el efectivo, formalicen sus remesas, construyan historial.

Y ahora empieza a mirar esas huellas como posibles señales de sospecha.

La comunidad mexicana en Estados Unidos supera los 38 millones de personas entre migrantes, hijos y nietos de migrantes.

Cerca de 11 millones nacieron en México. Comparten barrios, cuentas, créditos, negocios, remesas y familias, sin que la línea entre ciudadanos, residentes y personas sin autorización siempre coincida con la vida cotidiana.

Por eso, reducir el tema a una cifra sería un error. La población directamente expuesta puede ubicarse entre los 4 y 5 millones de mexicanos sin autorización migratoria.

Pero el impacto potencial toca una red más amplia: hogares mixtos, hijos ciudadanos, empleadores, bancos comunitarios, remesadoras y consulados.

Durante décadas, Estados Unidos necesitó las manos de esa comunidad para cosechar alimentos, construir viviendas, mover mercancías y sostener sectores enteros de servicios.

Al mismo tiempo, le pidió integrarse financieramente: pagar impuestos, usar bancos, abandonar el efectivo, dejar constancia.

La nueva orden no cuestiona únicamente una condición migratoria. Introduce sospecha sobre algunas de las herramientas que hicieron posible esa integración.

El migrante más expuesto no sería necesariamente el invisible. Sería el trazable: el que declaró con ITIN, abrió una cuenta con matrícula consular, recibió depósitos, pidió un crédito o envió dinero por canales formales.

Lo que está en juego es si Estados Unidos empieza a construir una nueva frontera: una frontera financiera.

Una que ya no se ubica solo en el desierto, el río o el muro, sino en la ventanilla bancaria, en el formulario de crédito, en el número fiscal y en la identificación consular.

La medida todavía necesita desarrollo regulatorio. La política migratoria estadounidense está entrando en otra etapa.

Ya no opera únicamente mediante deportación, detención o vigilancia fronteriza. También puede operar mediante el acceso al dinero.

Durante años, la promesa fue sencilla: quien trabajara, pagara impuestos y respetara las reglas encontraría un lugar dentro de la economía formal. La nueva frontera financiera no rompe esa promesa de manera abierta.

Hace algo más inquietante: obliga a preguntarse si las huellas dejadas para demostrar pertenencia pueden terminar convirtiéndose en evidencia de sospecha.

Y cuando una sociedad comienza a desconfiar de quienes siguieron sus propias reglas, el problema ya no es únicamente migratorio. Es una crisis de confianza. (Nadine Cortés, El Financiero, Opinión, p. 32)

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(Xolo, 24 Horas, Página 2, p. 2)