La terrible muerte de un ciudadano guatemalteco por la reacción errónea de un soldado del Ejército nos debe recordar que el Estado mexicano enfrenta un fenómeno extremadamente complejo que requiere la atención de este problema como un asunto de seguridad nacional.
La agenda de seguridad nacional no está por encima de los derechos humanos y ver este problema con esta perspectiva no es negativa, por el contario, significa que el Estado debe asignar recursos extraordinarios para su atención.
El General Secretario de la Defensa Nacional Luis Crescencio Sandoval inmediatamente lamentó lo sucedido e informó que el soldado involucrado se encuentra a disposición de las autoridades. Sabemos que la Fiscalía de Chiapas y la FGR ya investigan este caso y no hay duda que la Sedena colaborará en esclarecer este lamentable deceso.
En este momento observamos una nueva oleada migratoria de mexicanos, centroamericanos y nacionales de muchos otros países y continentes porque el gobierno del presidente Joe Biden creo una expectativa positiva para el arribo de cientos de miles de personas que huyen de situaciones de extrema precariedad económica y de seguridad. Esta expectativa positiva está animada por la perspectiva de recuperación económica y vacunación universal en Estados Unidos.
Hablamos de “fenómeno migratorio” porque este tiene múltiples expresiones, actores legales e ilegales involucrados, gobiernos nacionales, así como organizaciones internacionales con mandatos que cumplir.
Si estuviéramos en el mejor de los mundos tendríamos una migración segura, ordena y regular como lo mandata el Pacto Mundial de Marrakech. Esto no solo sucede en América del Norte sino en regiones como África, el Mediterráneo, Medio Oriente y Asia.
Un alto funcionario del gobierno de Estados Unidos reconoció en 2019, en un encuentro privado con académicos en la CDMX, que México y su país no son los únicos que han desplegado en su momento a sus respectivas guardias nacionales para la protección de sus fronteras y atender fenómenos migratorios complejos.
Este diplomático recordó que países democráticos europeos han tenido que recurrir también a sus fuerzas armadas en el Mediterráneo y al interior de sus fronteras nacionales.
Es importante recordar que la Guardia Nacional (GN) puede realizar, en coordinación con el INAMI, la inspección de documentos migratorios de extranjeros, con el fin de verificar su estancia regular.
Asimismo, es una obligación para la GN apoyar en los aseguramientos que realice el INAMI y a petición del mismo, resguardar las estaciones migratorias y a los extranjeros que en ellas se encuentren.
Asimismo, nuestras fuerzas armadas tienen la obligación de proteger nuestras fronteras. En este sentido, el fenómeno migratorio lamentablemente se ha vinculado con la trata y tráfico de personas, lavado de dinero, narcotráfico, robo de combustibles y en menor medida el terrorismo.
Las fuerzas armadas están participando en atender un fenómeno muy complejo e imposible de solucionar por completo. (Gerardo Rodríguez, El Heraldo de México, País, p. 7)
Florian Tudor podría parecer una figura menor dentro del panorama de la delincuencia en México. En cierto sentido lo es. La mafia rumana, que se dice encabeza, no tiene una participación importante ni en el tráfico trasnacional de drogas ni en el huachicol. Tampoco tiene a su disposición una milicia privada comparable a los brazos armados del Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación o el Cártel del Noreste.
Sin embargo, el perfil de Florian Tudor destaca por otro motivo: no es un fugitivo (al menos no de la justicia de nuestro país). A pesar de los incontables señalamientos que en él recaen –en particular el de encabezar la banda de la Riviera Maya, una organización que opera un sofisticado esquema de clonación de tarjetas de crédito que genera varios millones de dólares al año–, no hay, a la fecha, una orden de aprehensión firme en su contra (al menos no en México). Por lo mismo, puede moverse con soltura entre la clase política y los medios de comunicación.
Hace algunos días Tudor logró que lo recibiera la misma secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno federal, Rosa Icela Rodríguez. Poco después, Tudor concedió una larga entrevista para una emisión de Radio Fórmula, desde la comodidad de su casa en Cancún. Durante la entrevista se omitió cualquier pregunta que pudiera dejar en entredicho la reputación de Florian Tudor (por ejemplo, sobre el origen de su evidente fortuna). En contraste, el entrevistado pudo explayarse en una serie de denuncias contra distintos funcionarios y presentarse como un padre de familia consternado ante los abusos de la autoridad. En particular, Tudor hizo referencia a una serie de robos, excesos y amenazas que ocurrieron durante un cateo que la FGR practicó en su domicilio en 2019.
La narrativa de Tudor es, de primera intención, sumamente eficaz. Cualquiera que haya pisado una agencia del Ministerio Público sabe que las amenazas y los abusos que dice haber padecido durante el cateo a su casa son perfectamente creíbles en México. De hecho, una investigación de la propia Fiscalía de Asuntos Internos de la FGR parece corroborar que estos señalamientos son, al menos en parte, ciertos. Tudor sabe bien que muchos mexicanos podrán identificarse con él en su condición de víctima frente a esos atropellos.
Sin embargo, es todavía difícil comprar completa la historia de que Tudor es una blanca paloma. Si verdaderamente no tuviera nada que ver con la clonación de tarjetas, ni con ninguna otra actividad ilícita, no queda claro cuál podría ser el interés o la intención del secretario de Seguridad de Quintana Roo, del gobernador de dicho estado, de la Unidad de Inteligencia Financiera, las autoridades de su propio país (que sí emitieron una orden de arresto contra Tudor), y hasta del FBI, para ir tras él.
Mi intuición es que el problema es precisamente que la corrupción y la falta de capacidades de la Fiscalía General de la República para conducir la investigación contra Tudor es la que ha empantanado el caso. Tampoco me extrañaría que el principal activo del presunto líder de la Banda de la Riviera Maya sea precisamente la red de contactos y complicidades que a lo largo de los años construyó en las instituciones de seguridad y procuración de justicia. Sobre todo tomando en cuenta que, como el propio Tudor ha reconocido, tiene el hábito de grabar sus conversaciones. Lo mismo ha pasado antes con otros criminales de alto perfil. Al final del día nadie se anima a actuar contra ellos por temor a abrir la Caja Pandora.
La trama de Florian Tudor también nos alerta sobre el riesgo que conlleva la imagen de tierra sin ley que México tiene en el mundo. Con la globalización las fronteras se vuelven tenues. Las personas y los negocios emigran ahí donde encuentran condiciones favorables para prosperar. Sin lugar a dudas, la histórica corrupción del aparato de procuración e impartición de justicia (por no hablar del Instituto Nacional de Migración) hacen de México un destino muy atractivo para desarrollar actividades delictivas. Es cierto que hay grandes organizaciones domésticas que ya buscan controlar el narcotráfico. Sin embargo, las puertas están abiertas para quienes quieran desarrollar delitos “de nicho”. Florian Tudor y su banda de clonadores rumanos podrían ser sólo el inicio de una larga serie de grupos criminales extranjeros que vengan a probar suerte al país. (Eduardo Guerrero Gutiérrez, El Financiero, Nacional, Política y Sociedad, p. 46)
Todos nos indignamos cuando conocimos la historia de Victoria Esperanza Salazar Arriaza, la mujer salvadoreña que se encontraba en México con el estatus de refugiada y que el Instituto Nacional de Migración le había otorgado el permiso por razones humanitarias.
Una exigencia común
La imagen es terrible, Victoria en el piso, sometida bajo la rodilla de una policía del municipio de Tulum, Quintana Roo, el pasado 27 de marzo.
Según la necropsia, a Victoria la asesinaron tras someterla contra el piso con un uso excesivo de fuerza. Esto provocó fractura en las vértebras del cuello. Hoy su caso es tratado como feminicidio, los cuatro policías involucrados están vinculados a proceso: Miguel “C”, Juan “C”, Raúl “L” y Verónica “V”.
La realidad es que Victoria murió porque fue detenida y asesinada por una policía municipal con poca preparación como tenemos miles en todo el país.
Hoy, muchas policías municipales carecen de protocolos para tratar al ciudadano. Son ellos, los más cercanos a la ciudadanía, los que deberían de ser los más próximos a entender y resolver los problemas de seguridad, pero no saben hacerlo y además pueden, como lo vimos en el caso de Victoria, poner en riesgo a los detenidos.
Se supone que los policías municipales son los primeros respondientes, los que acuden para mantener el orden de la vida cotidiana con un mínimo uso de la fuerza, atienden situaciones de violencia intrafamiliar, riñas, problemas con el alcohol, vandalismo, hechos de tránsito, entre otros.
Según el último informe revelado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública indica que, de los dos mil 457 municipios en México, 650 carece de fuerza de seguridad local. Hablamos de municipios como Camargo, Tampico, Acayucan, Zongolica y Calakmul. Otros municipios como Cosalá, Choix, Madera y Urique sólo cuentan con un máximo de 15 uniformados.
Es decir, que el 4 por ciento de la población no cuenta con un policía. Mientras que el resto cuenta con 339 mil 60 elementos, que no están repartidos de manera equitativa.
A menor población, menos policías, pero eso no implica que exista menor índice delincuencial, como ocurre en Zacatecas, que actualmente tiene un repunte de homicidios dolosos, y es uno de los municipios que cuenta con pocos uniformados.
De acuerdo con reportes oficiales, en ayuntamientos con 100 mil o 500 mil habitantes el promedio es de 1.36 policías, mientras que debajo de 100 mil personas, el promedio es de 1.2 policías.
Aunado a la mala distribución policial, para este 2021 quedaron eliminados programas que fortalecían las capacidades de los policías municipales.
Es decir, de los policías municipales que se tienen, la gran mayoría no cuenta con entrenamiento y mucho menos con las pruebas de control y confianza que son indispensables.
El Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, el mayor en cuanto a recursos en materia de seguridad, FASP, tuvo una reducción del 0.02%, a pesar de los altos índices delictivos. Mientras que el fondo de aportaciones para el fortalecimiento de los municipios, Fortamun, fue reducido 4.5%.
Además, se eliminó del Presupuesto el Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg) destinado a municipios. Los recursos de este programa estaban dedicados a cubrir aspectos de evaluación de control de confianza de las policías municipales, su capacitación, profesionalización, equipamiento y mejora de sus condiciones laborales.
Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en todo el país hay 288 mil policías a nivel local, entre policías estatales, municipales y ministeriales, pero de ellos sólo uno de cada cuatro está certificado con el Certificado Único Policial, que es precisamente el que certifica formación, capacidades y confiabilidad.
Hoy muchos policías municipales no tienen la preparación para poder trabajar y brindar seguridad a la población, se necesita construir policías eficientes y efectivas en todos los órdenes de gobierno. Cualquier policía requiere de una capacitación inicial y actualizaciones, protocolos claros para cumplir su labor, recursos, condiciones laborales dignas, esquemas para el crecimiento profesional y atención psicológica.
Según la organización Causa en Común, el 54% de los policías en México dice sentirse discriminado por los ciudadanos, mientras que el Inegi señala que el 65% de la población desconfía de los policías.
Y es que la preparación de los policías de proximidad es muy dispar en toda la república.
Desde el 2017, el Gobierno federal buscó realizar cambios en las policías municipales a través del Modelo Óptimo de la Función Policial, donde establecen metas, buenas prácticas y áreas de oportunidad de las instituciones policiales por entidad. El diagnóstico emanado de este Modelo1 reveló que el 6.4% de los policías evaluados no aprobó los controles de confianza.
Mientras que la encuesta más reciente Envipe reveló que la ciudadanía ha manifestado que su percepción de confianza hacia la policía municipal es de 52.8%, siendo ésta la segunda institución peor calificada en esta encuesta.
Se tiene que preparar mejor a los policías, sobre todo aquellos que están cerca de la gente. Yo soy de las que estoy convencida que debe de haber un mando único en los estados, para poder preparar a los policías.
Hoy los cuatro policías que detuvieron a Victoria en Tulum permanecerán en la prisión de Playa del Carmen por cuatro meses, el tiempo fijado por un juez para que se presenten pruebas tanto de los abogados defensores como de la fiscalía estatal, pero nadie le va a devolver la vida a Victoria, como tampoco a todas las personas que han perdido la vida en situaciones similares, y todo por caer en manos de policías sin preparación. (Bibiana Belsasso, La Razón, México, p. 9)
La muerte de Victoria Salazar, la mujer salvadoreña refugiada en México y asesinada por policías en Tulum, es una de las escenas más dolorosas de los últimos tiempos. Y no es que en México hagan falta imágenes que rompen el corazón, pero los detalles de la muerte de Salazar son particularmente difíciles de digerir. En los videos que se dieron a conocer después de las primeras imágenes de la muerte queda claro que la mujer atravesaba por angustia y desesperación. Se le ve abrir y cerrar las puertas de la tienda donde finalmente fue detenida. Algo le perturbaba gravemente. Lo que necesitaba era ayuda; lo que encontró fue la muerte.
Por si la muerte de una mujer indefensa y, de acuerdo con los reportes posteriores, víctima de abuso, no fuera vergüenza suficiente, tenemos también la reacción de la sociedad mexicana y la prensa. Porque a diferencia de lo que ha ocurrido en otros sitios con escenas parecidas (pienso en la enorme reacción a la muerte de George Floyd, en circunstancias casi idénticas), en México la muerte de victoria mereció sólo unas horas de indignación y luego a otra cosa. Y no se trató, insisto, de cualquier escándalo. El mismo presidente de El Salvador se involucró denunciando los hechos y exigiendo justicia plena. Ni siquiera eso logró conmover a la prensa mexicana y a la sociedad en su conjunto. Esto no quiere decir que no hubo cobertura de los hechos. Por supuesto que la hubo. La pregunta es si la cobertura fue suficiente. A mi juicio no lo fue. La siguiente pregunta obligada es aún más dolorosa: ¿la reacción de la opinión pública mexicana estuvo a la altura de lo ocurrido? No, no lo estuvo.
¿Por qué? ¿Qué explica esto? Habrá quien diga, quizá con razón, que México ya se ha acostumbrado a la violencia y a la impunidad. Llevamos tantos años de escuchar y ver historias de horror que una más no sacude las conciencias. Puede ser… pero, aunque esto explica la indolencia, ciertamente no la justifica. Algo está mal si de verdad nos hemos vuelto inmunes al dolor. Por desgracia, sospecho que la explicación verdadera está en otro lado, y revela algo aún más grave de la sociedad mexicana.
Hace un par de años, el diario Washington Post publicó una encuesta sobre las opiniones de los mexicanos frente a la migración y, específicamente, la presencia de los migrantes en México. Los resultados me sorprendieron y decepcionaron. Seis de cada diez mexicanos veían con malos ojos la presencia de los inmigrantes en el país y un porcentaje similar decía estar en favor de la deportación. Estos son números superiores a los que se registran en Estados Unidos sobre el mismo tema. Temo que la reacción a la muerte de Victoria Salazar tenga que ver con esta lamentable xenofobia.
Pero ahí no termina la deuda mexicana con Victoria Salazar y otros inmigrantes. La prensa estadounidense incurre frecuentemente en un vicio cuando se trata de cubrir el fenómeno migratorio: le importa muy poco lo que sucede al sur de su frontera con México. La migración importa por lo que ocurre en Estados Unidos, desde los niños detenidos en instalaciones estadounidenses, las consecuencias de la migración en la economía del país y un largo etcétera, pero lo que sucede en México o Centroamérica importa muy poco. Rara vez merece cobertura y mucho menos amplia difusión.
¿Y en México?
Le pregunto, lector: ¿cuántas historias ha leído usted sobre la experiencia de los inmigrantes salvadoreños, hondureños y guatemaltecos en el país? ¿Cuántos reportajes desde dentro de los albergues? ¿Cuántas historias contando las vidas como la que tuviera Victoria Salazar en los noticieros de la noche en televisión? ¿Cuánta indignación por el maltrato cotidiano, las violaciones, los secuestros, las extorsiones? Seamos francos: muy pocas.
No sugiero que la indolencia sea absoluta en la prensa nacional. No lo es. Hay ejemplos de trabajos extraordinarios. Pero la norma es la indiferencia. Entre los periodistas y entre la sociedad. Aunque resulte inconfesable, nos importa muy poco el destino de los inmigrantes que pasan por México o los refugiados que deciden quedarse a hacer una vida aquí. No los protegemos ni los cuidamos ni tampoco contamos sus historias como merecerían ser contadas. Y eso es inaceptable. Y lo es porque los mexicanos llevamos décadas exigiendo, con toda justicia, un trato digno para nuestros paisanos en Estados Unidos. Exigimos que nuestros invisibles sean visibles en tierra estadounidense. Y tenemos razón en hacerlo. Pero la triste verdad es que nosotros no pagamos con la misma moneda a los inmigrantes centroamericanos en México. No sólo son invisibles: son casi, digamos, inexistentes y eso los hace profundamente vulnerables. Nunca sabremos qué tan invisible se sentía Victoria Salazar en México, o qué tan vulnerable. Pero en muchos sentidos no necesitamos saberlo. Es evidente: el país en el que buscó refugio le correspondió con abuso, indiferencia, y al final, la muerte.
Vaya vergüenza. (León Krauze, El Universal, Nación, p. A8)
LA VIDA NO VALE NADA PARA LOS MIGRANTES
Miles de migrantes centroamericanos que se arriesgan a cruzar nuestro país hacia Estados Unidos en busca de mejores condiciones para ellos y sus familias, han demostrado que para ellos la vida no vale nada porque no les importa los riesgos que pueden correr en su travesía. Apenas el sábado reciente la Guardia Nacional localizó en una carretera de China, Nuevo León a 61 centroamericanos que viajaban hacinados en un camión de carga, 33 niños entre ellos, y en malas condiciones de salud. El conflicto crece sin que se vea solución y agréguele los miles de mexicanos indocumentados que también quieren pasarse al otro lado. (Redacción, Contraréplica, Tiraditos, Online)
La migración continúa y en gran medida obedece a la ausencia de desarrollo local y de bienestar en las comunidades. El Gobierno de México no se equivoca en su apuesta por desarrollar la prosperidad en los ejidos, en los barrios, en las poblaciones de menores ingresos.
La migración debería ser opcional, pero se ha convertido en la última opción para mujeres y hombres que buscan un mejor presente para sus hijos. Los migrantes atraviesan países en medio de la incertidumbre, la melancolía y la violencia, en la búsqueda de mejores condiciones de vida que pocas veces se cumplen.
Estados Unidos registró en el mes de marzo 171 mil migrantes en su frontera, siendo la más grande cifra en los últimos 15 años. Lo más delicado y sorprendente de este número radica en la cifra de niños y niñas que no acompañados emprenden un viaje repleto de sueños y plagado de carencias. ¿Te imaginas a más de 18 mil menores de edad que llegan a la frontera de Estados Unidos solos? ¿Qué significa esa dolorosa cifra? Miles de familias desintegradas, miles de jóvenes que buscan ganar una apuesta con todas las condiciones en contra.
Al conversar con algunas mujeres en los albergues dispuestos por el Gobierno de México en ciertos municipios de nuestro país, ellas coinciden en que la incertidumbre de caminar miles de kilómetros es mucho más esperanzadora y alentadora que permanecer en el barrio, donde la familia se juega la vida, en medio de la carencia y la pobreza.
El presidente Joe Biden ha manifestado que resulta absolutamente inaceptable la situación que viven los niños en su frontera. Sin embargo, se atienden, como suele suceder, los efectos dejando para después las causas de la crisis migratoria en la región.
El centro de la discusión no se encuentra en los detalles de cómo llegan, cómo arriesgan su vida en el tránsito y cruce, y como son tratados en el proceso al llegar a Estados Unidos. El centro de la discusión se encuentra en cómo logramos juntos, países que exportamos migrantes y aquellos que los importan, condiciones de prosperidad y bienestar en las regiones más necesitadas, elevando así la apuesta a la migración, generando ecosistemas en los cuales los posibles migrantes prefieran permanecer en su tierra en lugar de aventurarse en una travesía con muy pocas posibilidades de éxito.
El Covid-19 ha generado una crisis económica para distintos pueblos que desemboca en una crisis social que agudizará la migración. Hoy más que nunca resulta imperativo que en lugar de fortalecer nuestras fronteras nos esforcemos por fortalecer los procesos productivos que permitan generar riqueza en aquellas zonas donde no la hay. Si no lo hacemos, estaremos destinados a tener que fortalecer más y más los límites geográficos, esfuerzo que difícilmente rendirá frutos. La solución a la migración se encuentra en el bienestar. En invertir en aquellos sitios que más lo necesitan. Ésa es la apuesta, ésa es la esperanza. Ésa es la única opción en la región. (David E. León Romero, La Razón, México, p. 8)
MIAMI, FL.- Desde el 24 de marzo Kamala Harris prácticamente no ha salido del John F. Kennedy Conference Room (el cuarto de guerra de la Casa Blanca), por el que desfilan los más altos funcionarios del Departamento de Estado, de inteligencia y seguridad nacional, con información sobre México y Centroamérica.
Joe Biden le encargó solucionar la crisis en la frontera sur y atacar las causas de la migración en los países que la originan.
¿Cómo cree el presidente Biden que va a resolver la crisis de México y la del Triángulo del Norte (Guatemala, El Salvador y Honduras)?
“Kamala, aquí hay 4 mil millones de dólares y soluciona las causas por las que emigra la gente de esos cuatro países”.
Es una misión imposible que puede derrumbar las aspiraciones futuras de una gran mujer, la vicepresidenta negra, hija de india y jamaiquino.
Kamala Harris sólo podrá –y no es algo menor– acabar con la condición inhumana en que se encuentran los migrantes retenidos en la frontera con México y en la de México con Guatemala.
De ahí en adelante, nada.
Nada, porque las políticas internas de México, Guatemala, Honduras y El Salvador, las fijan sus gobiernos.
Tan sólo el costo por no terminar el Nuevo Aeropuerto y destruirlo es (dando como ciertas las cifras del gobierno) de 6 mil millones de dólares. Es decir, 50 por ciento más de lo que Harris trae en la bolsa para los cuatro países juntos.
Los proyectos de infraestructura de México son incompatibles con la agenda verde de Biden.
¿O EU va a poner dinero para ayudar a construir una refinería de crudo que cuesta entre 8 y 12 mil millones de dólares?
En México hay rechazo a la inversión privada y brusca caída en inversión pública (ver columna de Enrique Quintana https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/enrique-quintana/2021/03/31/amlo-una-realidad-paralela/ ).
¿Qué causa de la migración va a resolver, así, Estados Unidos?
En Honduras el presidente es narco, señalan las agencias de este país. ¿Le van a dar dinero?
Orlando Hernández, presidente de Honduras, seguramente vendrá a Estados Unidos en enero próximo, al término de su mandato, y no será como huésped distinguido.
Vendrá en calidad de detenido, acusado por fiscales federales de recibir sobornos de grupos narcotraficantes.
¿Con ese personaje van a acometer tareas para que los hondureños no huyan de su país por causa de la violencia criminal?
El Salvador es gobernado por un autócrata, Nayib Bukele, que se hizo de todo el poder al controlar el Congreso y los Departamentos en las elecciones del 28 de febrero.
Las ganó a fuerza de aplastar a sus contendientes con el peso de la presidencia.
Aplastaron, como lo explicó The New York Times el 3 de marzo, “los que hicieron campaña con la foto de Bukele y prometieron fidelidad a su líder. Para atraer el voto, el partido llenó el país de enormes espectaculares que sólo contenían un fondo celeste y una enorme N (de Nayib) blanca al medio. La N del todopoderoso”.
La democracia se esfuma de ese país y el poder se ejerce sin contrapesos.
Aquí en Miami se les ve gastar pacas de dólares a sus más altos funcionarios.
¿Les van a dar dinero, porque ellos van a resolver las causas profundas de la migración en El Salvador?
Por ese lado la iniciativa de Biden no tiene futuro porque carece de aliados en la región.
Kamala Harris puede dar un gran paso si rebaja las expectativas y se enfoca en cambiar lo que ocurre en las fronteras, porque es indigno.
Reporteros de AP que obtuvieron permiso para ver el campamento Apen Donna, en Texas, citados por The Washington Post, informaron que en “burbujas” de detención para 32 personas (con la distancia social que impone la pandemia) hay 516 menores encerrados.
En otras dos, con igual capacidad, hay 657 y 570 niños y adolescentes apretujados, respectivamente.
Ahí se hacinan 3 mil 400 menores junto a 700 familias de migrantes retenidos. Y es el centro de detención que les permitieron ver. ¿Cómo estarán los otros?
En el sur de México ya hemos visto las imágenes con detenidos, y las condiciones son iguales de degradantes.
El problema va a crecer: en marzo fueron detenidos 175 mil migrantes en la frontera sur de Estados Unidos, que es la cifra más alta en 15 años.
Kamala Harris –informó The Washington Post– recibe “un intensivo curso de aprendizaje. Funcionarios del Consejo de Seguridad Nacional y del Departamento de Estado dijeron que le han estado informando, en la Sala de Situaciones, sobre México y temas regionales. Le han presentado memorándums diarios y celebrado prolongadas reuniones”.
Qué bueno que estudie el sur, pero no le vendría mal una dosis de pragmatismo. Con lo que hay, no va a llegar a ningún lado.
Con humanizar las fronteras se daría un buen avance, en el contexto de una situación extraordinaria: no hay políticas de desarrollo en los países del sur, y la crisis por la pandemia y la violencia expulsa a personas de su tierra.
Más le vale al gobierno de Biden construir albergues decentes para los detenidos, y darle dinero a México para que haga lo mismo en Chiapas.
Sí, apoyarlo con dinero, porque si bien México, por seguridad nacional, necesita una frontera sur bajo control, también es cierto que los retenidos –miles– no van a México ni quieren estar en México, sino que vienen a Estados Unidos.
Las expectativas que ha creado el gobierno de Biden en cuanto a una “solución integral” al tema de la migración ilícita son demasiado altas y, dadas las condiciones, incumplibles.
Aunque legalice a 11 millones de indocumentados que ya están aquí, estamos en la pendiente de un caos humanitario mayúsculo y Biden puede pasar a la historia, de manera injusta, como el presidente antiinmigrante.
El problema para encontrar soluciones de fondo estriba en que al sur de la frontera no tiene interlocutores para promover el desarrollo.
Kamala Harris lo va a comprobar pronto.
Albergues sí, siempre y cuando los pague Estados Unidos.
¿Atenuar las causas de la inmigración? Por ahora, es un sueño imposible. (Pablo Hiriart, El Financiero, Nacional, Política y Sociedad, p. 38)
El cambio de gobierno en Estados Unidos se distinguió con claras intenciones de construir una mejor relación bilateral; la estatua de César Chávez (campesino y activista de origen mexicano que luchó por los derechos humanos y civiles de los trabajadores migrantes) que adorna la oficina del presidente Joe Biden es un mensaje claro, y los decretos con el que se detuvo la construcción del muro, y con el que se busca dar ciudadanía a los dreamers fueron acciones contundentes. Pero los arrestos de migrantes en la frontera que compartimos se han incrementado de forma constante desde hace 10 meses.
De acuerdo con el Pew Research Center, durante el primer bimestre de este año, 42% de las personas detenidas por la patrulla fronteriza fueron mexicanos, es decir cuatro de cada 10. Además, 20% de los capturados viajaba en familia y 10 fueron menores no acompañados. Esas cifras no se habían registrado desde 2019, año en el que los nacionales de El Salvador, Honduras y Guatemala representaban las mayores detenciones.
El problema responde a diversos factores, como las políticas migratorias del gobierno anterior de EU con las que separaron familias, la fuerte crisis económica que vive México, y la sanitaria, que provocó el cierre de la frontera terrestre; estos factores sólo agravaron una situación que es permanente y a la que hay que buscar soluciones.
El verdadero reto es consolidar una comunidad de América del Norte como lo desarrolló y expresó en sus obras Robert Pastor, y como lo propone Acción Nacional; apuntalando una mundialización por encima de una globalización donde sólo caben términos económicos. Hoy nos unen fuertes vínculos de vecindad y comerciales, pero nuestra interdependencia va mucho más allá.
En palabras de Robert Pastor: “La idea de una integración de América del Norte es de un espíritu de comunidad basado en la interdependencia […] por lo que se debe generar apoyo para las instituciones y políticas que serán necesarias para estimular la economía colectiva, lidiar con los problemas transnacionales de forma efectiva y proveer mayor seguridad […] el reto de la utopía es hacerla realidad”.
Esa comunidad ya es una realidad. 38 millones de ciudadanos norteamericanos son de origen mexicano, 12 millones tienen nacionalidad mexicana y son 52 millones de hispanohablantes. Hay más personas de origen mexicano en Estados Unidos que canadienses (en total), y hay más hispanohablantes que en la Península Ibérica. En términos de mercado, 8 de cada 10 productos que exportamos son consumidos en EU y más de la mitad de la Inversión Extranjera Directa que hay en México es de capital norteamericano.
Quienes vivimos y crecimos en estados de alta migración conocemos la realidad de lo que sucede en la diáspora mexicana. La frontera es un límite territorial que no divide al alma, ni a las familias, ni a las comunidades. Es tiempo de apuntar a una integración mayor a partir de reconocer nuestra interdependencia. (Juan Carlos Romero Hicks, El Heraldo de México, LA2, p. 2)
Al presidente Andrés Manuel López Obrador ya no le está gustando lo que ve en Washington. El informe sobre derechos humanos que anualmente publica el Departamento de Estado, donde revisa el respeto a las garantías individuales en el mundo y da una guía al Congreso para la aprobación o rechazo de la asistencia del gobierno a muchos países, lo indignó. Pero al mismo tiempo, lo que sucede no es unilateral, sino resultado de su actitud y del diseño de la nueva relación con Estados Unidos. Su estrategia no será construir puentes con el gobierno de Joe Biden, sino radicalizar la agenda.
Esta estrategia, descrita por colaboradores de López Obrador, nace del odio que tiene contra los demócratas, porque considera que les gusta entrometerse en los asuntos internos de otros países y que temas como el de derechos humanos son invención de ellos. Que una vez más se deje llevar por el hígado, no es una sorpresa. Tampoco su maniqueísmo. El respeto a los derechos humanos no lo inventaron los demócratas. La primera Asamblea Constituyente de la Revolución Francesa aprobó la Declaración de los Derechos del Hombre y los Ciudadanos en 1789, y la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948.
Lo que sí hicieron los demócratas en 1977, en el gobierno del presidente James Carter, fue difundir el primer reporte anual sobre derechos humanos, preparado por el Departamento de Estado. Carter tomó como prioridad el tema, y uno de sus objetivos fue el cono sur americano, donde combatió la Doctrina de Seguridad Nacional emprendida por las dictaduras militares, que asesinaron a miles y encarcelaron a muchos más. Esa lucha de los demócratas por los derechos humanos fue mantenida por los republicanos, y los únicos que se sintieron afectados fueron los dictadores.
A los gobiernos no les gusta que les enseñen sus violaciones a las garantías individuales, lo que puede explicar la actitud de López Obrador, aderezada por sus fobias contra los demócratas, que genera una premisa errónea en la elaboración de sus directrices para la relación bilateral. La declaración de que él no critica las violaciones a los derechos humanos en ese país parece más un berrinche, que podría rebatirse fácilmente. En Estados Unidos, las violaciones a los derechos humanos son castigadas por la ley, a nivel federal y local. Incluso a nivel presidencial, romper la Constitución lleva al desafuero y a la destitución. Richard Nixon, el mejor ejemplo, optó por la renuncia antes de que lo destituyera la Suprema Corte, sin pensar siquiera en cambiar la ley para que lo protegiera, o amenazar a los ministros.
Pero el odio de López Obrador contra los demócratas va más allá, y ayuda a entender su reacción ante la victoria de Biden en las elecciones, la nunca aceptación directa de su victoria, y su silencio cuando se produjo el asalto al Capitolio, corazón de la democracia estadounidense, que nunca mereció su condena. Paradójicamente, el reporte sobre derechos humanos que difundió la semana pasada el Departamento de Estado no es muy diferente en su capítulo sobre México a los informes durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, José López Portillo o Miguel de la Madrid, cuyo secretario de Gobernación, y, por tanto, responsable jerárquico de las violaciones a derechos humanos, era Manuel Bartlett. Lo que hace radicalmente distinto este documento, es que López Obrador dice respetar las libertades y que ha acabado con la impunidad, lo que el Departamento de Estado contradijo con numerosos ejemplos. El Presidente, como es su costumbre, no argumentó en contra, y enmarcó todo en la dialéctica del conflicto doméstico.
La posición de López Obrador no va a cambiar. Desde que acusó a la DEA de intromisión y amenazó con expulsar a sus agentes por la captura del general Salvador Cienfuegos, el entonces embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau, cortó todos los enlaces de seguridad e inteligencia de la Embajada con el gobierno mexicano. Pero él aceleró. Cuando ofreció asilo a Julian Assange, buscado por el gobierno de Estados Unidos por haber filtrado miles de documentos secretos, Landau llamó al secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, para hacerle un extrañamiento. Landau desconocía que Ebrard se había enterado del ofrecimiento al mismo tiempo que él, en una mañanera, tras la cual, muy molesto, vio al Presidente para plantear lo que esta acción significaría. El Presidente lo ignoró.
Este tipo de actitudes no llevan a ningún lado, pero son señales de enemistad hacia republicanos y demócratas en Estados Unidos. López Obrador piensa, a decir de colaboradores, que puede endurecer la agenda con Estados Unidos –como ya hace con el tema de la migración– y ganar. Cómo lo hará, no se sabe. Su nuevo amorío con Rusia y China pudieran ser las cartas que considere tener en la mano, pero aun si ese delirio –visto desde la óptica de la dependencia económica de México y su gobierno de Estados Unidos– fuera su razón, en la Casa Blanca están viendo las cosas de diferente manera.
El problema de fondo con los demócratas es que también tienen grandes rencores contra Donald Trump y contra aquellos presidentes que jugaron con él hasta el final. La persona que mejor representa esa línea de pensamiento revanchista es Juan González, responsable de América Latina en el Consejo Nacional de Seguridad de la Casa Blanca, que habla al oído de Biden sobre México y la región. González, de acuerdo con diplomáticos, ya está castigando a algunos gobiernos latinoamericanos que respaldaron a Trump.
México aún no figura en esa primera lista, pero no hay duda de que la enemistad que tiene López Obrador por Biden, está bien correspondida. Ya vemos los síntomas de lo que viene, derechos humanos y violaciones al acuerdo comercial. Adelante vendrán las revelaciones sobre corrupción presidencial. Si López Obrador va a jugar duro con Biden, que se prepare, porque harán lo mismo con él. (Raymundo Riva Palacio, El Financiero, Nacional, Política y Sociedad, p. 40)
Si se revisan bien las argumentaciones, el debate sobre la llamada militarización se refiere a las funciones operativas de las fuerzas armadas en áreas presuntamente diferentes a las de seguridad. Pero en ninguno de los casos se hace referencia a la parte delicada del debate: los militares nada tienen que ver con definiciones de Gobierno o con la conducción del Estado o con la interferencia en labores políticas.
La primera diferencia es clave: la seguridad nacional y la seguridad interior que justifican el uso de las fuerzas amadas y el apoyo a obras de prioridad nacional del Estado nada tienen que ver con el concepto sudamericano –impuesto por la CIA– de labores militares de contrainsurgencia o lucha ideológica contra la izquierda socialista. En tareas de seguridad, las fuerzas armadas apoyan, pero no deciden líneas estratégicas.
Dos temas son esenciales para el debate
1.- La seguridad nacional es definida en la ley respectiva en función de cinco objetivos: defender la república ante amenazas y riesgos, preservación de la soberanía, garantizar la independencia y el territorio, mantener el orden constitucional y fortalecer las instituciones democráticas, además de la unidad de la república, la integridad territorial de la república.
2.- Y la doctrina militar de seguridad interior también es clara: “Condición que proporciona el Estado mexicano para salvaguardar la seguridad de sus ciudadanos y el desarrollo nacional mediante el mantenimiento del Estado de Derecho y la gobernabilidad democrática en todo el territorio nacional”.
Los militares tienen, dicen, casi treinta funciones ajenas a la seguridad, pero ninguna de definición de Gobierno o de militarización de la política del Estado. México es una república civil y democrática.
Por lo tanto, la militarización es una falacia.
Zona Zero
Parece que el Gobierno mexicano no cayó en la provocación de la Casa Blanca con la designación de la vicepresidenta Kamala Harris como responsable de la frontera con México, la funcionaria se pasa el tiempo vigilando al presidente Biden para cubrir sus deslices de tercera edad. Y la embajadora Roberta Jacobson sigue sin entender a México, a pesar de haber representado a Obama y a Trump en la embajada de Reforma. (Carlos Ramírez, 24 Horas, México, p. 7)
Más poder a las Fuerzas Armadas.
Ya les dieron la seguridad pública nacional.
Les encargaron la vigilancia de los puertos del país y la vigilancia aduanal, los primeros a Marina y los segundos a la Defensa Nacional.
Asimismo, los comisionaron para construir el aeropuerto de Santa Lucía, el Tren Maya, las sucursales del Banco del Bienestar y gran parte de la infraestructura.
Pero les viene una nueva encomienda.
Tendrán a su cargo la supervisión de las comandancias de los aeropuertos del país, forma eufemística de poner bajo su tutela a las autoridades civiles.
Estarán por encima, por ejemplo, de la SCT de Jorge Arganis y de un organismo tradicionalmente civil, la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC).
EL NARCO COMO RAZÓN
De hecho ya se dio el primer paso.
Fue la designación de Carlos Antonio Rodríguez Munguía como titular de la AFAC, antes conocida como Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).
Al menos no es improvisado: tiene conocimiento del sector, pues es piloto aviador, y miembro de la Fuerza Aérea Mexicana (FAM).
Desde el poder se encuentran razones para dar este nuevo paso de militarización: la seguridad interior, cada vez más expuesta.
Se revisan, por ejemplo, las constantes operaciones de aviones privados: salen de una terminal oficial, viajan a un pueblo desconocido y luego cambian de itinerario… si no aparecen destruidos en algún lugar.
Más claro: se trataría de combatir el narcotráfico y el uso de aeronaves para trasladar droga, mercancía prohibida y hasta migrantes.
Nadie, ni el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) ni otros cuerpos de seguridad, encuentran explicación a esta permisividad de autoridades aeroportuarias para esos traslados.
Pero el CNI de Audomaro Martínez, en quien muchos ven el supra poder castrense sexenal, opina en la elaboración de las reformas de ley.
Reformas con posibilidad de alcanzar a la Constitución, lo cual calificará Julio Scherer Ibarra, director jurídico de la Presidencia.
Tal vez sea necesario para no contravenir normas internacionales, pues los ejércitos no pueden intervenir en el espacio aéreo -Corea del Norte es caso aparte- según el Convenio de Chicago.
DE OBISPO A DIPUTADO
1.- Fue famoso por su habilidad para hacer negocios.
Lo suficientemente hábil para ser socio, ayeres ha, del magnate Carlos Slim.
Sin retirarse del todo fue seminarista y sacerdote hasta llegar a obispo titular de Ecatepec.
Hoy el siempre afable y sonriente Onésimo Cepeda va por otro objetivo: diputado federal al amparo de Fuerza por México de Pedro Haces, un senador suplente de mala fama.
2.- Otro que será diputado es el empresario Humberto Obet Montiel, quien fundó y es dirigente de la Fundación Nacional de Autismo.
Participará en Quintana Roo y también impulsado por Fuerza por México.
3.- Emociona, sin eufemismo, ver a Oaxaca en el primer lugar en recuperación económica durante la pandemia.
Sin duda un logro de Alejandro Murat.
Atrás vienen Sinaloa de Quirino Ordaz y Baja California de Jaime Bonilla.
Y 4.- En Sonora, donde gobierna Claudia Pavlovich, hay otra medición: tiene un crecimiento de 17% en contratación.
Creación de empleos, pues. (José Ureña, 24 Horas, México, p. 3)
Joe Biden ha declarado que America is back en el escenario mundial, después de cuatro años de la mirada insular y provinciana de Donald Trump basada en su lema America first. Pero para los pueblos del mundo este retorno al supuesto liderazgo internacional de Estados Unidos se vive más bien como una renovación del intervencionismo y el imperialismo de Washington.
Durante los primeros meses de su gestión, el gobierno de Biden ya ha bombardeado Siria, acusado a Vladimir Putin de ser un asesino y provocado la ira de los chinos al iniciar su primer encuentro bilateral con torpes reclamos de parte del canciller Anthony Blinken sobre el respeto a los derechos humanos en aquella nación asiática.
En América Latina las cosas no pintan mejor. Al más puro estilo trumpista, la semana pasada Blinken recurrió a su cuenta de Twitter para defender a la golpista ex presidenta Jeanine Áñez y acusar al nuevo gobierno de Luis Arce de tener un comportamiento antidemocrático por la supuesta politización del sistema judicial (https://bit.ly/3rQW7OX).
En el mismo tenor, la OEA de Luis Almagro, fiel sirviente de Washington, emitió hace unas semanas un comunicado también condenando el supuesto abuso de mecanismos judiciales que nuevamente se han transformado en instrumentos represivos del partido de gobierno en el contexto de la detención de Áñez (https://bit.ly/3muX2Uh).
Una de las estrategias más socorridas por los gobiernos emanados del Partido Demócrata, como Biden, Obama y Clinton, es el uso hipócrita del discurso de los derechos humanos para encubrir y supuestamente justificar un renovado intervencionismo internacional.
Por ejemplo, el nuevo Informe global sobre derechos humanos publicado hace unos días por la Secretaría de Estado del gobierno de Estados Unidos (https://bit.ly/2PYImAd) repite las mismas mentiras y exageraciones de siempre sobre el supuesto peligro de Nicolás Maduro, Daniel Ortega y Miguel Díaz-Canel para la democracia y la estabilidad de América Latina.
Sobre México en particular, con enorme hipocresía, el informe critica las lamentables violaciones a los derechos humanos de migrantes en México, muchas de las cuales son resultado directo de las presiones, los chantajes y las políticas impuestas por Washington. El documento también lanza críticas gratuitas tanto hacia la Secretaría de la Función Pública, encabezada por la doctora Irma Eréndira Sandoval, como a Sanjuana Martínez, la directora general de Notimex.
Respecto de Notimex, el informe no hace otra cosa que reproducir las especulaciones de Artículo 19 y Signa Lab sobre un supuesto acoso en redes dirigido por Martínez, sin hacer ningún esfuerzo de verificación o comprobación de la información proporcionada. El informe también menciona solicitudes para remover contenido de Internet realizadas en realidad durante el gobierno de Enrique Peña Nietocon el fin de dar la impresión de que el gobierno de López Obrador también hubiera incurrido en esta práctica.
Queda claro que lo que busca el gobierno de Biden no es documentar de manera rigurosa la realidad y mucho menos defender los derechos humanos, sino sólo recoger chismes que en su momento podrían ser utilizados para chantajear o presionar al gobierno de López Obrador.
Se confirma la hipótesis que ya hemos comentado en estas páginas respecto de la histórica falta de compromiso de Biden con los principios democráticos a lo largo de su carrera política (https://bit.ly/2PxQM1P). Como senador fue uno de los principales promotores del asesino Plan Colombia, de Bill Clinton, así como audaz porrista de la guerras de George W. Bush en Afganistán e Irak. Como vicepresidente con Barack Obama, Biden avaló el golpe de Estado contra el presidente de Honduras Manuel Zelaya y declaró al gobierno venezolano como amenaza a la seguridad nacional.
En general, Estados Unidos no tiene ninguna autoridad moral para calificar o exigir nada en materia de derechos humanos. El encarcelamiento de menores migrantes, la operación de la prisión de Guantánamo, la permanente violencia de fuerzas policiacas contra afroestadunidenses, las constantes masacres perpetradas por ciudadanos contra grupos raciales minoritarios y los recientes bombardeos en Siria son sólo algunos de los ejemplos más recientes del permanente desprecio de Washington hacia los derechos humanos en el mundo.
Si Artículo 19 fuera una organización realmente independiente, estaría profundamente indignada y escandalizada por la evidente utilización política de sus investigaciones por la oficina de Blinken. Su silencio cómplice en este tema confirma las dudas fundadas con respecto a la falta de autonomía plena de esta organización de los intereses de quienes financian sus investigaciones (https://articulo19.org/sobre-a19/financiamientos/). (John M. Ackerman, La Jornada, Política, p. 16)
Como tantas veces antes los árboles no dejan ver el bosque. Entregados a la dictadura de la contingencia en un mundo maniqueo dominado por rígidos alineamientos en bloques ideológicos (amigo/enemigo, democracia/comunismo, mundo libre/eje del mal), en la actual coyuntura esa frase a modo de proverbio se ajusta a una realidad ayuna de visiones de contexto y largo plazo signadas por la lucha de clases e intereses geopolíticos. La relación bilateral Estados Unidos-México no escapa a esa lógica dicotómica.
Como hace cada año, el país que arrojó las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki y descargó toneladas de napalm sobre el pueblo vietnamita; que prohijó las dictaduras de Somoza, Duvalier, Pinochet, Videla, Bánzer, Bordaberry y un largo etcétera, incluida la aventura cívico-policial-militar de la golpista Jeanine Áñez en Bolivia; que sometió a guerras de destrucción masiva a Irak y Siria, y a ilegales bloqueos coercitivos unilaterales a Cuba y Venezuela bajo los gobiernos demócratas de Clinton y Obama, acaba de difundir su Informe anual sobre prácticas de derechos humanos 2020, elaborado por el Departamento de Estado.
Al presentarlo, el secretario de Estado, Antony Blinken, dijo que la administración Biden se ha comprometido a poner los derechos humanos de regreso en el centro de la política exterior estadunidense. En lenguaje orwelliano, significa que usará los derechos humanos como una herramienta más de su política injerencista de doble rasero contra determinados enemigos. No es casual que México, país aliado de EU, aparezca en la lista junto a China, Rusia, Siria, Venezuela, Nicaragua y Cuba.
El informe incluye evidencias sobre México, incluida la práctica de la tortura, las ejecuciones sumarias extrajudiciales y la desaparición forzada de personas, con su deriva necropolítica bajo el gobierno de la Cuarta Transformación, pero omite decir que la guerra de exterminio por territorios y recursos geoestratégicos en la era del capitalismo criminal, en la que participaron las instituciones armadas con sus aparatos paramilitares y/o de autodefensa (ver Plan de Campaña Chiapas 94 de la Sedena), las más de las veces en colusión o cohabitación con grupos de la economía criminal, incubaron y cobraron fuerza durante los gobiernos de Carlos Salinas y Ernesto Zedillo, y se profundizaron en el marco de la Iniciativa Mérida y la guerra a las drogas impuestas por el Pentágono a Felipe Calderón.
En ese contexto, con una retórica propia de la guerra fría, el pasado 17 de marzo los jefes de los comandos Norte y Sur del Pentágono, general Glen Van Herck y almirante Craig Faller, deslizaron la tesis para nada inocente, de que organizaciones criminales trasnacionales, Rusia y el Partido Comunista de China tienen al hemisferio occidental bajo asalto, afectando la seguridad nacional de EU; lo que requiere una acción inmediata del dúo Biden/Kamala Harris para mantener seguro al vecindario. México fue incluido en esa lógica bajo el supuesto de que los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, que presuntamente operan en zonas no gobernadas en un tercio del territorio nacional, junto con la pandemia del Covid-19 y la crisis económica están generando inestabilidad política, lo que es explotado por China y Rusia.
En el marco de una crisis estructural del sistema, y tras los cuatro años de la administración Trump en la Casa Blanca, el mundo actual ha sufrido una recomposición geopolítica con eje en la tríada EU, China, Rusia, de signo incierto y que según algunos pronósticos podría derivar hacia 2030 en una confrontación armada por la hegemonía. Desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, la hegemonía de EU se ha basado en el dominio de las rutas marítimas y su superioridad tecnológica. Según fuentes del Pentágono citadas por el periódico inglés The Times, con base en unos juegos de guerra simulados en 2030, EU perdería una guerra naval con China en el Pacífico. El análisis concluía que todas las bases de EU en la región del Comando Indo-Pacífico serían abrumadas por los misiles balísticos de alcance medio chinos, incluida la isla de Guam, principal base de los bombarderos estratégicos B-2 Spirit.
A su vez, la actual guerra por el liderazgo digital del mundo, con sus columnas centrales: la inteligencia artificial, el Internet de las cosas, las redes 5G y el big data cobrarán un nuevo impulso en clave geopolítica. Y como antes de la irrupción del coronavirus, la disputa sobre cuál sociedad digitalizada y bajo qué modelo seguirá siendo librada entre EU y China.
México, junto a Venezuela y Bolivia, ricos en hidrocarburos, litio, tierras raras, agua e infraestructura, son territorios en disputa entre las potencias. En su fase de decadencia, el imperio, en alianza con la plutocracia local mediante el tratado de libre comercio, no puede permitir que México −pieza clave en su zona de influencia natural, incluida la cultural/ideológica a través de los grandes medios cartelizados y ONG financiadas por la Agencia Internacional para el Desarrollo de Estados Unidos, la Open Society, de George Soros, Freedom House y la Fundación Nacional para la Democracia, patrocinadoras de golpes suaves y acciones encubiertas de cambio de régimen− intente desarrollar una política de intervencionismo estatal de corte nacionalista en sectores clave de la economía como Pemex (hidrocarburos) y la CFE (electricidad), limitando el acceso de las corporaciones y los fondos de inversión extranjeros a los recursos geoestratégicos de la nación, ni, mucho menos, impulsar unas instituciones armadas autónomas en cuanto a la doctrina y al equipamiento militar estadunidense; ergo, fuera del control del Comando Norte del Pentágono. (Carlos Fazio, La Jornada, Política, p. 15)