Opinión Migración 050423
Frentes políticos
El horno no está para bollos. El Instituto Nacional de Migración (INM), liderado por Francisco Garduño, debería tomar nota. Luego del incendio en una estación migratoria en Ciudad Juárez que dejó 40 muertos, ahora en un video se ve cómo migrantes son agredidos por agentes del INM en Chiapas. Es hora de un cambio radical. Quienes cometieron estos atropellos deben rendir cuentas, y el INM tiene que fortalecer sus protocolos y formación. La pregunta clave es: ¿cuántos episodios más serán necesarios antes de que la dignidad y el respeto sean la norma en materia migratoria? Ya es suficiente: es tiempo de actuar y construir un sistema migratorio con estándares internacionales. ¿Pueden? (Excélsior, Nacional, p. 7)
En privado // La nueva nacionalización
Retales
OCULTO. Así como nunca dio la cara Florencia Serranía, la directora del Metro cuando la tragedia de la Línea 12, 3 mayo de 2021, también se ha ocultado el director del INM, Francisco Garduño, tras el criminal incendio en sus instalaciones de Ciudad Juárez en las que murieron quemados cuarenta migrantes (Joaquín López Dóriga, Milenio Diario, Al frente, p. 3)
Rozones
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Pues con la novedad de que el padre Alejandro Solalinde ayer se anotó un punto al anticipar antes que nadie el visto bueno que dio del Gobierno al proyecto de desaparecer el Instituto Nacional de Migración, y en su lugar crear la Coordinación Nacional de Asuntos Migratorios y Extranjería. Lo hizo después de reunirse en Palacio precisamente con el Presidente. Es sabido que el encargado del albergue Hermanos en el Camino ha sido crítico de Francisco Garduño, actual comisionado del hoy sacudido y rumbo a la extinción INM, de quien, por cierto, anticipó que no se consideraría para la nueva etapa de la política migratoria. Lo cierto es que ahora muchos aún se preguntan si Solalinde podrá lograr que se cambie toda la política de contención, de la que también es crítico. Se verá entonces si logra el 2-0… o se le anula el punto. (La Razón, La dos, p. 2)
La gran evasión
La tragedia de Ciudad Juárez tiene su origen en la reticencia a reconocer que el crimen organizado tiene el control de las fronteras y es un factor central tras las migraciones.
En la “Declaración sobre Migración y Protección” de junio de 2022 México, Estados Unidos, Canadá, Brasil y otros 17 países del hemisferio se comprometieron a luchar por el tránsito “seguro” y “digno” para los migrantes, y prometieron combatir a “quienes abusan de ellos” y “violan [sus] derechos humanos”. Incluyeron de pasada y sin entusiasmo el peso del crimen organizado en el fenómeno migratorio.
La negación de la 4T a admitirlo es absurda porque meses antes había aparecido el Índice Global de Crimen Organizado 2021 que detalla el poder alcanzado por los criminales en 193 países. Un reconocimiento tácito de la importancia del tema es que el estudio haya sido financiado por el Departamento de Estado estadounidense y la Unión Europea. De acuerdo con el Índice, México es el cuarto país más afectado por el crimen organizado, que tiene en la trata de personas una de sus actividades más lucrativas (los tres primeros son el Congo, Colombia y Birmania).
México es ferviente negacionista. En las reacciones oficiales jamás se mencionó el factor criminal que aparece con frecuencia en los documentos hackeados a la Sedena. Uno, particularmente claridoso, es de agosto de 2022. Lo elaboró el Centro Nacional de Fusión de Inteligencia-Sureste y es sobre Veracruz. Identifica con nombres y apodos a una banda que trafica con migrantes y señala en particular a dos comandantes y un agente de la Guardia Nacional que dan “el libre tránsito a los traficantes de indocumentados” que conocen la “clave” utilizada por delincuentes y autoridades. Supongo que en algún recoveco del ciberespacio está un mapa más completo de esta vertiente delincuencial.
Es añejo el maltrato y extorsión a migrantes y la corrupción de autoridades municipales, estatales y federales. Lo novedoso en el siglo XXI es lo masivo del éxodo y el peso de los criminales. Esto se debe a la cantidad de dinero en juego. Quienes lo han estudiado estiman que la delincuencia organizada obtiene siete mil millones de dólares anuales por traficar con migrantes.
Lo sórdido de la migración por México salió a la luz con el incendio de Ciudad Juárez. Reconfirmamos las noticias dispersas sobre la ineptitud, el desorden y la corrupción del Instituto Nacional de Migración. Su comisionado, Francisco Garduño, se ha negado a dar explicaciones y debería estar detenido; sigue en el cargo porque disfruta de la impunidad que le dispensa la amistad del Presidente.
La reacción de Andrés Manuel López Obrador ha sido lamentable e insensible. Me detengo en el hecho que confirma el desdén mostrado a las víctimas en sus cuatro años en el cargo. Desde antes del incendio tenía programada una visita a Ciudad Juárez para reunirse con el personal de la Secretaría del Bienestar. Mantuvo el viaje, pero se negó a dialogar con quienes protestaban por la tragedia, menospreció a una activista y no visitó a los heridos que convalecen en los hospitales de la ciudad.
La tragedia también exhibió la responsabilidad de Estados Unidos y los miedos de los organismos multilaterales humanitarios que ni han sido capaces de defender a los migrantes ni han impulsado una discusión de alto nivel sobre los millones de personas que deambulan por el mundo huyendo de las violencias.
La magnitud de la victoria de Morena en el 2018 se explica, en parte, por el voto humanitario. Creímos en sus promesas de una revolución ética que erradicaría la corrupción y la violencia. Ciudad Juárez saca a la luz la podredumbre del Inami, el enorme poder de las bandas criminales protegidas por funcionarios de los tres niveles de gobierno y un Presidente que dispara regaños en lugar de hechos. Entretanto, la franja decente de la 4T está sumida en un mutismo que degrada nuestra transición democrática.
En momentos como este, nos llega desde el siglo XX una frase del filósofo Antonio Gramsci. La escribió cuando padecía, enfermo y marginado, los rigores de una cárcel del fascismo italiano: “El viejo mundo se muere. El nuevo tarda en aparecer. Y en ese claroscuro surgen los monstruos”. (Sergio Aguayo, Reforma, Opinión, p. 9)
La tragedia de los migrantes en Ciudad Juárez
La noche del lunes 27 de abril hubo una tragedia en las instalaciones del Instituto Nacional de Migración (Inami), en Ciudad Juárez. Esa tragedia pudo ser evitada. Hubo un incendio donde estaban confinados migrantes de seis nacionalidades distintas; los migrantes habían sido detenidos y puestos en cuartos con cadenas y candados.
Aunque los custodios pudieron abrir los candados y permitir que los extranjeros detenidos salvaran la vida, no lo hicieron; los dejaron morir asfixiados o calcinados. (Hay un video que comenzó a circular en las redes sociales al día siguiente, martes 28 de abril, en el que se ve a guardias del centro migratorio dejando a los migrantes encerrados, mientras las llamas y el humo se tragan la imagen, Pablo Ferri, El País, 28/04/2023).
En total, fueron 39 personas las que perdieron la vida entre las llamas. Hubo 28 heridos, algunos de gravedad. Andrés Manuel López Obrador declaró, en la mañanera del martes, que los migrantes “se enteraron de que iban a ser deportados. Como protesta, en la puerta del albergue pusieron colchonetas y les prendieron fuego.”
El Secretario General de Naciones Unidas, António Guterres, exigió una investigación “exhaustiva” sobre lo ocurrido en ese centro migratorio. Rachel Schmidtke, abogada senior de la organización Refugees International dijo: “El Inami tiene una larga historia de abusos hacia los migrantes en México, y una mayor rendición de cuentas por esos abusos podría haber evitado esta tragedia.”
El punto fundamental es que esos migrantes estaban a cargo del Estado mexicano: el Inami depende de la Secretaría de Gobernación. Esa instancia, como he mos dicho, es la encargada de la estación migratoria de Ciudad Juárez, situada en el Puente Internacional Stanton-Lerdo, a menos de un kilómetro de la frontera con Estados Unidos.
Un dato importante es que en esa estación no sólo trabajaba personal del Inami, sino también gente de una empresa privada. Aunque las autoridades se han negado a decir el nombre de esa compañía privada, el periodista Carlos Loret de Mola afirmó que se trata de la empresa Servicios Especializados de Investigación y Custodia S.A. de CV. (SEICSA), propiedad del cónsul honorario de Nicaragua, Elías Gerardo Valdés Cabrera. Este individuo recibió ese cargo bajo el gobierno de Daniel Ortega.
De acuerdo con Latinus, Valdés Cabre ra ha obtenido contratos del gobierno de López Obrador por una cantidad que supera los tres mil millones de pesos: “Esto, a través de los servicios de seguridad y espionaje industrial que SEICSA habría ofrecido a una veintena de dependencias federales, entre ellas la FGR, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) o el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
Todos estos pactos se habrían consolidado a pesar de que la empresa ha sido denunciada en reiteradas ocasiones por violar los derechos de los migrantes” (Infoabe, 30/03/2023). Cinco de los empleados de SEICSA fueron llamados a declarar ante la FGR: habrían aparecido en el video que muestra el inicio del incendio y cómo ese personal no hace nada para salvar a los migrantes: los mantuvieron encerrados, pese a que ya había iniciado el incendio y, además, se registró una explosión.
Pero parece que al nicaragiiense Elías Gerardo Valdés Cabrera, colaborador de Daniel Ortega, se le acabó la suerte: de acuerdo con lo dicho por Rosa Icela Rodríguez, Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) la compañía privada SEICSA ya no podrá ofrecer sus servicios en México tras la tragedia en el centro migratorio de Ciudad Juárez: “La empresa tendrá que enfrentar la ley… Adelantándonos, ya no podrá dar servicios esta empresa en México después de esto. Y las investigaciones van a llegar hasta donde tengan que llegar.” Ojalá se le finquen responsabilidades al dueño.
La Secretaria de Seguridad declaró que esa empresa también será investigada respecto del cumplimiento de los requisitos y la documentación para laborar en dicho centro migratorio: “Se va a hacer la revisión de la empresa, si estaban cumpliendo con los requisitos, con los permisos. .. También cuáles eran las capacitaciones que se ve que no tenían ninguna capacitación estos guardias contratados por migración”. (Idem).
Es correcta la actuación de la Secretaria de Seguridad: que se castigue a los responsables. De otra parte, y eso es competencia de otras instancias gubernamentales, me parece que el tema de la migración no se ha visto en toda su magnitud: en los últimos años y más aún en los últimos meses, el flujo de personas provenientes del Caribe, Centro y Sud América se ha disparado: en 2022 fueron detenidas en la frontera 2,76 millones de personas. Según las cifras registradas en el primer trimestre de 2023 y la tendencia que muestran, esa cifra será rebasada este año.
Lo que queda claro es que el gobierno mexicano tiene que hacer una profunda revisión de su política migratoria y, sobre todo, de la manera en que trata a los migrantes. Bajo ningún motivo puede repetirse la tragedia ocurrida el 27 de marzo en Ciudad Juárez. El Comisionado del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, debe ser removido de su cargo.
En el plano internacional, el gobierno mexicano debe trabajar con el gobierno norteamericano para que se anule el ominoso título 42, que permite a Estados Unidos enviar a México a migrantes detenidos en Norteamérica.
Pero también debe trabajar con las naciones expulsoras de migrantes: Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Venezuela, Colombia, Haití y Ecuador. La violencia delictiva, el crimen organizado, la presencia de gobiernos represivos, la falta de oportunidades y sociedades en descomposición son algunas de las causas que mueven a la gente a abandonar sus lugares de origen, y arriesgar sus vidas en la búsqueda de mejores horizontes.
Aventuras que a veces terminan en dolorosas e inhumanas tragedias. (José Fernández Santillán, La Crónica de Hoy, Columnistas, p. 4)
Bajo reserva
Nos cuentan activistas y defensores de derechos humanos que hay dos versiones del padre Alejandro Solalinde en la defensa de los migrantes: la del aguerrido que denunciaba cualquier delito por menor que fuera contra los centroamericanos, lo mismo la masacre de San Fernando a manos de cárteles, abusos de agentes del Instituto Nacional de Migración o militares y el apoyador del presidente López Obrador que mantiene un silencio ante casos como la masacre de Camargo, donde criminales quemaron a 17 guatemaltecos y un salvadoreño, con la complicidad de policías locales y algunos con responsabilidad administrativa de elementos del INM; o la corrupción de agentes y militares en el accidente de un tráiler con 55 muertos en Chiapas; o el incendio en el centro de detención migratoria de Ciudad Juárez, que ha dejado hasta ahora 40 muertos. Sobre esta segunda versión, lo que sí se sabe es que, según él, dará consejos al Presidente. (El Universal, Nación, p. 2)
Sube y baja
Baja
Andrés Alfonso Ramírez Silva, Coordinador General de la COMAR
En medio de la crisis de refugiados, la COMAR decide tomarse sus vacaciones de Semana Santa, dejando varados a los solicitantes. En los primero dos meses del año se llegó a los 24 mil migrantes en tránsito por México, cifra récord. (La Crónica de Hoy, La Dos, p. 2)
¿Será?
Sin diplomacia
Nos dicen que se abrirá un nuevo frente internacional entre El Salvador y México, pues ante la muerte de 40 migrantes en una estación migratoria de Ciudad Juárez, el país vecino acusó los hechos como crimen de Estado. Además, El Salvador reprochó que las autoridades de ese país se enteraran de lo ocurrido primero por redes sociales y no por una comunicación oficial de las autoridades mexicanas. Ya dicen que el presidente Andrés Manuel López Obrador negó las acusaciones y justificó que para eso es la Mañanera, que la vean ¿Será? (Diario 24 Horas, La dos, p. 2)
Astillero
Y, MIENTRAS EL presbítero Alejandro Solalinde ha anunciado, luego de una reunión en Palacio Nacional, que desaparecerá el Instituto Nacional de Migración y entraría en funciones una Coordinación con nuevo enfoque en el que ningún militar estaría a cargo de políticas migratorias, ¡hasta mañana, con el presidente López Obrador asegurando a la única integrante del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que el gobierno federal tiene la intención de “intentar destrabar” los obstáculos y cerrazón de militares para avanzar en el esclarecimiento del caso de los 43! (Julio Hernández López, La Jornada, Política, p. 10)
No cerrar los ojos ante la tragedia
Lo que se vivió en la estación migratoria de Ciudad Juárez la semana pasada es una muy dolorosa tragedia humanitaria ante la cual no podemos cerrar los ojos. Los 40 migrantes que murieron quemados o intoxicados por el humo —registrados hasta el día de hoy—, y los demás que aún luchan por su vida en hospitales de la ciudad, se encontraban en nuestro país resguardados por el gobierno de México en instalaciones del gobierno mexicano. Los culpables de la tragedia deben ser castigados. No más impunidad.
Los mexicanos no podemos cerrar los ojos ante la crisis humanitaria que viven en nuestro país miles de migrantes indocumentados que están llegando de muy distintos lugares, principalmente de países hermanos de Centroamérica y el Caribe. Los migrantes que ingresan a nuestro país vienen en precarias condiciones, buscan llegar a los Estados Unidos y están urgidos de apoyo. Se sienten amenazados y desprotegidos (y lo están). Llegan a México porque en sus lugares de origen la están pasando muy mal. Merecen y deben ser tratados como seres humanos.
No podemos ignorar que la migración ilegal es un asunto complejo que encierra en sí mismo un grave problema para México y los Estados Unidos, es un asunto sumamente complicado y de responsabilidad compartida. Debe abordarse de manera bilateral, con visión regional en la que el impulso y la mejora de las economías juegue un papel fundamental. Pero siempre, con absoluto respeto a los derechos humanos de los migrantes que se encuentran en situación de riesgo. Por eso no deja de llamar la atención que, en reuniones del más alto nivel, como la que se llevó a cabo recientemente en nuestro país entre los jefes de Estado de México, Estados Unidos y Canadá, fue un tema olvidado o, por lo menos, en comunicados oficiales no aparece entre los temas abordados en dicho encuentro.
El asunto de la migración ilegal es un tema complejo, encierra en sí mismo un conflicto de fondo para muchas naciones. Pero lo que no podemos olvidar es que, cuando hablamos de migración ilegal, estamos hablando de seres humanos que se han visto en la necesidad de buscar mejores condiciones de vida. Dejan atrás su país de origen en busca de un futuro por demás incierto. Estamos más que obligados a garantizar sus derechos humanos.
Por otra parte, es indispensable que el gobierno mexicano ponga el foco de atención en nuestra frontera sur. Difícilmente en el mundo desarrollado se puede encontrar una frontera más vulnerable. Por ahí pasa de todo sin ningún problema. Respecto a personas, durante muchos años fue utilizada sólo por ciudadanos de los países vecinos de Centroamérica. Hoy en día —en gran medida por lo vulnerable que es— también la utilizan migrantes que provienen de otras partes del mundo: del Caribe, de Sudamérica, de África y de muchos otros lugares. Los traficantes de personas se han multiplicado en la región y muy poco se hace para combatirlos.
Al gobierno de México le urge implementar una política pública que ayude a resolver la crisis humanitaria que viven los migrantes que llegan a nuestro país y evitar que vuelvan a ocurrir hechos tan dolorosos como el de la semana pasada en Ciudad Juárez. El dolor de los migrantes debe ser también nuestro dolor. (José González Morfín, El Universal, Opinión, p. 16)
Los tres viajeros de Tucupido
A finales de noviembre, Banamex hizo un evento por los 70 años del Premio Banamex de Economía, en el Centro. De vuelta, caminé sobre Madero para regresar a mi departamento en la Colonia Guerrero. Me detuve en un lugar donde venden pizza por rebanada, y se me acercaron dos muchachos con acento del Caribe. Me explicaron que llevaban días viajando y que no tenían qué comer. Les pedí que me esperaran, y cambié mi orden de rebanada de pizza por una pizza completa con refresco, y nos sentamos a comer en el local y platicar. Los muchachos me pidieron que con mi celular, le escribiera a un tercero que estaba cerca para que él también pudiera comer algo.
Uno, abogado; el otro, albañil; el tercero, cocinero, artesano, vendedor. Gastón, Pepe, y Boris, les diremos. No tenían dónde quedarse. Se quedaron varados en la Ciudad de México camino a la frontera, y pensaban que era posible que por el Título 42 de los Estados Unidos, no pudieran cruzar la frontera.
Del título 42 yo sabía poco o nada; pero sí sabía lo que significa estar con poco dinero en una ciudad desconocida. Mi familia normalmente está en Puebla, y tenía espacio en el departamento de la Guerrero, así que los invité a quedarse unos días.
Una de las cosas que les preocupaba era solicitar asilo en México, y que luego no los dejaran cruzar a los Estados Unidos. Realmente, creo que su preocupación era infundada. Les sugerí que pidieran asilo, y les ayudé a conseguir las direcciones de los lugares donde tendrían que hacerlo. No lo hicieron.
Me llamó mucho la atención que el menos avispado de los tres era Gastón, el abogado. Ser perito en las leyes de un país como la República Boliviariana de Venezuela, es como ser perito en Narnia o doctor en zoroastrismo. Gastón estaba muy inclinado a pensar en cosas poco prácticas, como la metafísica, el origen del cristianismo o las conspiraciones globales. Sin embargo, desde que llegó a la casa, tomó una escoba y un recogedor y barría cada par de horas. Él y el albañil, Pepe, acabaron regresando a Venezuela en un avión que el gobierno de ese país tiene para retornar venezolanos que decidan repatriarse.
Los tres ya llevaban años migrando. Gastón en Chile; Pepe y Boris en Colombia, donde este último tenía una hija y un matrimonio fallido. Había estado trabajando en la cocina de un restaurante en Medellín, pero decidió que había que irse. Llevaba cuentas de lo que le había costado su aventura por tierra, desde la Antioquia colombiana hasta Panamá, cruzando el Darién, Centroamérica y México. El número exacto se me escapa, pero hablamos de unos dos mil dólares. Le pregunté que si no hubiera sido mejor tomar un avión a Estados Unidos o Canadá y pedir asilo. Me explicó que conseguir un pasaporte en Venezuela no es trivial. Es algo que puede tomar un par de años, y que requiere sobornos de unos 800 dólares.
Los muchachos, un poco mayores que mis hijos, no tenían nada. Les regalé ropa, comida, una colchoneta. Se quedaron una semana conmigo, en la cual encontraron trabajo en Coyoacán con un haitiano que estaba poniendo un negocio allá. El haitiano no les dio más de uno o dos días de trabajo, entonces buscaron más. Alguien los puso a acondicionar y pintar un local, y cuando terminaron, no les pagó. Ya no estaban en mi casa, pero supe.
Ya les perdí la pista. Seguramente Boris no quiso regresar. Probándose ropa, vi que tenía el torso lleno de cicatrices. Me contó que todas eran heridas de bala, recibidas en un tiroteo en su natal Tucupido a los 14 años. Cuando él cumplió 17, le mataron a balazos a un hermano un poco mayor. Por eso, a los 18 años, decidió que tenía que irse de ahí.
Un día, cuando ya no estén los bolivarianos, tendré que visitar Tucupido, la patria chica de mis amigos venezolanos; al igual que visitaré La Habana cuando ya no estén los comunistas; ni un minuto antes.
Sí, el Estado mexicano es responsable de los 39 muertos de Juárez, pero también los mexicanos nos hemos hecho responsables de otros miles que tienen que huir. Sí, la policía migratoria mexicana del INM es inhumana y debería desaparecer; y sí, la política migratoria de los estadounidenses es un desastre. Pero la verdadera causa de esta crisis humanitaria son gobiernos como el de Venezuela, cleptocracias militares autoritarias que no dejan esperanza a nadie en sus países. Es preferible la ayuda de Estados Unidos para construir una Latinoamérica de instituciones libres, que para absorber a los desamparados de países donde la caquistocracia lo destruyó todo. (Manuel Molano, El Financiero, Opinión, p. 26)
Estado indolente
Esta vez los migrantes no murieron quemados en el desierto de Arizona a causa del abandono de un pollero miserable. Tampoco murieron mutilados al caer de La Bestia que los lleva desde Chiapas hasta Chihuahua. Esta vez, murieron de descuido, olvido y de la desidia de un gobierno federal que ha mostrado, una vez más, que la justicia sólo es válida si aporta a la causa de su movimiento. Porque cuestionar al Presidente parece un acto de traición, porque exigir respuestas a los secretarios de Estado se convierte en un circo de omisiones y culpas ajenas.
“Me partió el alma”, nos dijo el Presidente en su mañanera, para luego arremeter contra Estados Unidos por no apoyar económicamente el desarrollo de Latinoamérica, luego culpó a los migrantes mismos de causar la tragedia. Al tiempo, el secretario de Gobernación decidió lavarse las manos y depositar la responsabilidad en el secretario de Relaciones Exteriores. Vaya exhibición de inoperancia del Estado mexicano en menos de 24 horas. Vaya insensibilidad pública disfrazada de narrativa para atemperar la tragedia.
De acuerdo con la Organización Internacional de las Migraciones (OIM), en 2022 murieron en México 468 migrantes en su camino hacia Estados Unidos; es decir, que el incendio de la estación migratoria de Juárez representó —al menos— 9% del total de decesos anuales. De esa dimensión es la incapacidad y la retórica.
Culpar a Estados Unidos de la falta de apoyos es desnudar de tajo una realidad nacional: el flujo migratorio no se detiene en México porque las condiciones socioeconómicas no lo permiten, porque en nuestro país hay retos que no hemos superado, porque el combate a la pobreza hace agua y la posibilidad de brindar un bienestar generalizado aún está muy lejana. Es más fácil criticar al vecino rico, que administrar mejor nuestra casa. Es mejor decir que ellos son los egoístas.
Mientras tanto en nuestro país se tolera la incapacidad de la política pública. La incapacidad del Instituto Nacional de Migración (INM) para contar con mejores protocolos de atención y resguardo de migrantes deportados. La incapacidad de la Federación para construir un acuerdo más humano con Estados Unidos que vaya más allá de un simple convenio de expulsión-recepción de ciudadanos latinoamericanos en nuestra frontera norte.
La incapacidad para resolver el problema de la población flotante ilegal que ha invadido las calles de Tijuana, Ciudad Juárez o Matamoros tras ser regresados desde Texas, Arizona o California. La incapacidad —incluso— de los ciudadanos de dichas zonas fronterizas para comprender que esas personas que ven en cada esquina pidiendo limosna viven una condición de inhumanidad forzada.
No debemos esperar una acción de justicia expedita. Para la Federación el caso estará cerrado cuando se procese al ciudadano venezolano que supuestamente inició el incendio. Tampoco esperemos un compromiso profundo de reformulación del acuerdo migratorio con Estados Unidos, ni que de un día para otro cambie la política que rige el actuar de los centros de retención de migrantes a cargo del INM.
Lo que sí podemos hacer es comenzar a cambiar el discurso desde nuestras propias casas. Si creemos en lo positivo de la llegada de los “nómadas digitales” a nuestro país y en su tracción de divisas, conocimientos y rentas, podemos creer en darle ese mismo valor a un trabajador agrícola o de oficios que también aporta a la economía. Como dice Yuval Noah Harari, si continuamos invirtiendo mucho en Inteligencia Artificial y poco en conciencia humana, pronto veremos cómo “se potencia nuestra estupidez”.
Lo que sí podemos hacer es construir mayores niveles de conciencia y compasión hacia millones de historias de migración de centro y sudamericanos, caribeños y africanos que, huyendo de terribles realidades, han decidido emprender el reto de migrar. Migrar no es un delito, sino un acto de fuerte desesperación y de alta responsabilidad familiar. Migrar es humano. Tomemos conciencia. (Lorena Jiménez Salcedo, Excélsior, Nacional, p. 10)
Viñetas latinoamericanas // Abrir el diálogo migratorio
En días de duelo por la muerte de migrantes en Ciudad Juárez y crisis de la política migratoria mexicana, es frecuente escuchar el argumento compensatorio de que México se caracteriza por su tradición de asilo en Iberoamérica. Para no ir al siglo XIX, también lleno de ejemplos, vienen a la mente los exilios de los republicanos españoles en los años 30 y 40, los de los revolucionarios centroamericanos y caribeños en los años 50 y los de los perseguidos por las dictaduras militares de la Guerra Fría, entre los 60 y los 80.
Esa trayectoria es innegable. Como son innegables la Doctrina Estrada, los asilos de Modotti, Trotski, Serge, Buñuel o Matsumoto, el rechazo de México a la expulsión de Cuba de la OEA y al embargo comercial, la solidaridad con el gobierno de Salvador Allende en Chile y contra la dictadura de Augusto Pinochet, el respaldo a la Revolución sandinista en Nicaragua, la creación del Grupo Contadora a principios de los 80 y los Acuerdos de Paz de Chapultepec en los 90.
Paralela a esa tradición, corre otra de racismo y xenofobia en la política migratoria mexicana, como han documentado ampliamente historiadores como Erika Pani, Daniela Gleizer y Pablo Yankelevich, entre otros. Dicha tradición arranca con el artículo 33 de la Constitución de 1917 y arraiga en las regulaciones para el internamiento, residencia o naturalización de extranjeros de múltiples procedencias nacionales y étnicas.
En las primeras décadas de la Revolución mexicana se produjeron masacres contra poblaciones chinas en Torreón, Coahuila, y se aplicaron leyes contra inmigrantes asiáticos y árabes en el estado de Sonora. En su estudio de las leyes migratorias de 1909, 1926, 1934 y 1947, y su aplicación, los académicos han encontrado una serie de continuidades, relacionadas con dispositivos de restricción al internamiento, aplicados contra judíos y eslavos, africanos y árabes, centroamericanos y caribeños.
Muchas de aquellas restricciones, que incentivan maltratos y abusos, han prevalecido hasta hoy y se intensifican con los acuerdos migratorios más recientes entre Estados Unidos y México. La política migratoria mexicana ha acabado subordinada a Estados Unidos, especialmente, desde el periodo de ascenso del racismo y la xenofobia de la administración de Donald Trump, que no ha tenido una verdadera reversión durante el gobierno de Joe Biden, más allá de la templanza discursiva.
En las conversaciones que pronto establecerá el gobierno de México con otros de América Latina y el Caribe, sobre asuntos migratorios, es importante que el tema no quede circunscrito a un enfoque bilateral entre Estados Unidos y su vecino del Sur. México tiene la oportunidad de plantear la urgencia de una estrategia regional propia para desarrollar un tránsito de personas y familias, basado en el respeto a los derechos humanos, que involucre, especialmente a los países del Triángulo Norte: Nicaragua, Venezuela, Colombia, Cuba y Haití. (Rafael Rojas, La razón, México, p. 4)
Itinerarios // Las cinco plagas de Estados Unidos
Y vino la plaga del alcohol y fueron los inmigrantes italianos los culpables. Y luego la de la heroína y tocó a los asiáticos cargar con la culpa. Luego vino el crack y a los afroamericanos se les consideró responsables de esa plaga.
Después inundó la cocaína las calles de las ciudades estadunidenses y en el punto de mira quedaron los colombianos.
Ahora, con el fentanilo, quieren, en Washington, ponernos, a las y los mexicanos, en la picota.
Siempre miran los estadounidenses al capo extranjero en el ojo ajeno e ignoran a los cárteles de la droga locales en el propio. Siempre buscan, entre los inmigrantes o mejor aún, más allá de sus fronteras, a los culpables de esas plagas que —en tanto les son necesarias para mantener el control doméstico del imperio— ellos mismos financian y fomentan.
Droga, política, comercio, guerra, dominación y xenofobia van en los Estados Unidos siempre de la mano.
No tengo memoria de político norteamericano alguno, de instituciones gubernamentales o académicas, de periodistas o de medios de comunicación que, en los Estados Unidos, se atrevieran a mirarse seria, sistemática y honestamente en el espejo y a preguntarse por el grado de responsabilidad que, como sociedad y como gobierno, tienen en cada una de estas plagas que los han golpeado en el siglo XX y en lo que va del XXI.
Los norteamericanos siempre miran hacia afuera; siempre son “los otros” los culpables.
Tampoco tengo memoria, más allá del esfuerzo de algunos intelectuales estadounidenses a los que los medios se encargan de sepultar de inmediato en el olvido, de un intento de reflexión profunda para entender las consecuencias sangrientas y terribles que, esta obsesión patológica de culpar a “los otros”, ha provocado fuera de esas fronteras que, con muro o sin él, mantienen cerradas pero, solo de sur a norte, para que, contra ellas, se estrellan los migrantes y para que, a través de ellas y gracias a la complicidad de las autoridades de todos los niveles, la droga cruce su territorio y llegue a sus grandes ciudades sin problemas.
Como, sin problemas se venden allá y pasan luego hacia acá, las decenas de miles de armas de guerra con la que los sicarios asesinan a mansalva.
Les duelen sus muertos, los que caen víctimas de la plaga del fentanilo y reclaman para ellos venganza, pero no les inquieta en absoluto, ni se preguntan tampoco por el rastro de sangre que, en otros países, dejan sus armas, su dinero, su ambición de dominio, su afán desmedido de hacer negocios a cualquier costo. Allá, a causa de la droga, mueren decenas de miles de personas; fuera de sus fronteras mueren centenares de miles.
A quienes caen víctimas del fentanilo —como antes cayeron otros por la heroína o el crack—, no los atiende allá un estado omiso e irresponsable que no ataca las causas de la descomposición social, ni trata las adicciones como lo que son, un problema de salud pública. A quienes caen en nuestros países por la guerra contra la droga Washington ni siquiera los toma en cuenta.
Son, somos para ellos, desechables.
Que ahora amenacen con invadirnos no solo es un despropósito; es también una mentira, una provocación, una bravata.
Suelen imponer la guerra —se valen de traidores como Felipe Calderón o Genaro García Luna para hacerlo— pero no están en condiciones de comprometer y empantanar, otra vez, sus fuerzas en el extranjero.
Quieren seguir poniendo los dólares y las armas para que nosotros sigamos, dócilmente, asumiendo una culpa que no nos corresponde y poniendo los muertos, pero eso, en este país que se transforma pacífica y democráticamente, no volverá a ocurrir jamás. (Epigmenio Ibarra, Milenio Diario, Política, p. 6)
Remesas y narcotráfico
Las remesas son muestra del gran amor de los migrantes hacia sus seres queridos. Los recursos que envían son para que no falte alimento en los hogares que tuvieron que abandonar, son para que sus hijos vayan uniformados a la escuela, son para surtir los medicamentos de sus adultos mayores.
Tan sólo de 2019 a 2022, las remesas enviadas a México se incrementaron 39%, colocando a nuestro país como el segundo receptor a nivel mundial. Este crecimiento ha servido, por una parte, para reafirmar el gran impacto que tienen los recursos que generan los migrantes. Pero, por otro lado, ha causado que la sombra de la sospecha caiga sobre estos números históricos: algunos especulan que el crimen organizado lava dinero a través de las remesas. Los expertos que yo leo dicen que es ridículo pensar que el dinero del narcotráfico se lave con envíos de 300 ó 400 dólares al mes. Todos tenemos algún familiar, amigo o conocido migrante que ha enviado dinero para reconstruir un templo, pavimentar calles e, incluso, para salvar vidas, no para ayudar a narcotraficantes a esconder su dinero.
Hace un año escribí mi primera colaboración para esta casa editorial y el tema fue: Las remesas, un bálsamo para la economía y el dolor. En aquella ocasión, la idea era destacar cómo estos envíos apoyaron a mitigar los estragos provocados por la pandemia de Covid-19. Como sabemos, los migrantes no sólo enviaron cantidades nunca antes vistas de dinero para sacar adelante a sus seres queridos, sino que, además, ayudaron a reactivar la economía local. Por si fuera poco, lo hicieron cumpliendo con trabajos peligrosos, como los son las actividades esenciales.
Hoy, algunos afirman que de los 58 mil millones de dólares que enviaron los migrantes mexicanos en 2022, el 8% (4.4 mil millones aproximadamente) podría estar vinculado al crimen organizado. Alegan que el envío de remesas ha aumentado, sobre todo en municipios que no se caracterizan por la migración, pero que sí son dominados por el narco.
Si bien cada vez son más frontales estos señalamientos (se habla de una posible investigación por parte de los Estados Unidos al Banco del Bienestar por posibles “fallas” en sus protocolos contra el lavado de dinero), existen otras voces que afirman lo contrario.
En su artículo Las remesas no son del narco, Viri Ríos, colaboradora de El País, destaca: “La pandemia cambió la manera en la que se envía el dinero. El cierre de la frontera en 2020 impidió temporalmente que los migrantes pasaran su dinero con mecanismos informales. Esto ocasionó una explosión en el uso de remesadoras y, probablemente, un cambio permanente cuando el migrante descubrió la seguridad del servicio formal”.
Así mismo, Pablo DeFilippi, vicepresidente Ejecutivo de la Red de Inclusiv y fundador de la Asociación Nacional de Uniones de Crédito y Profesionales Latinos en los Estados Unidos, opina: “La industria de remesas es altamente regulada tanto por agencias públicas como por las instituciones financieras.
La realidad es que la gran mayoría de las remesas son transferencias pequeñas, por lo general menores a los 400 dólares, las cuales no conforman el perfil para operaciones de lavado de dinero. Así mismo, el Banco Mundial y los Bancos Centrales buscan mecanismos para facilitar estos flujos, bajar sus costos y, al mismo tiempo, reducir su posible uso ilegal. Este último punto es de especial importancia y por el cual existe un consenso generalizado de que las remesas representan un bajo riesgo de lavado de dinero”.
Aunado a lo anterior, en 2002 el diputado federal de la Unión Americana, Henry Cuellar, y su servidor, con el apoyo de los presidentes de México, Vicente Fox Quesada y de Estados Unidos, George W. Bush, fomentamos el uso de la Matrícula Consular Mexicana para que los bancos Wells Fargo y Bank of America, así como la Asociación Nacional de Uniones de Crédito, la usaran como identificación para abrir cuentas bancarias. Hoy en día muchas instituciones financieras dan servicio a los migrantes y para nada han comentado que los 400 dólares en promedio que se envían sean del lavado de dinero.
Mientras la polémica sobre el origen de las remesas se resuelve, en Guanajuato nos enfocamos en estudiar su comportamiento. En la Secretaría del Migrante y Enlace Internacional hemos elaborado una serie de libros, entre ellos el titulado Las remesas migrantes durante la pandemia, en el cual documentamos el impacto que han tenido en las comunidades de origen y nos ha servido para generar un efecto multiplicador que beneficie a las familias de los migrantes.
Esta labor de investigación es en cumplimiento a la visión del gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, quien creó la Secretaría del Migrante y Enlace Internacional no sólo para estar de cerca con los migrantes y sus familias, sino, además, para ser epicentro del análisis migratorio, como las Naciones Unidas ya reconoce a Guanajuato.
Para finalizar esta colaboración, no puedo ser ajeno al dolor que provocó la tragedia ocurrida en Ciudad Juárez, Chihuahua, en la que murieron al menos 39 migrantes. No olvidemos que la migración es un derecho y que, como tal, en los estados de la República debemos procurar que se realice de manera segura, organizada y normalizada, tarea que realizamos desde la Coordinación Nacional de Oficinas de Atención a Migrantes (Conofam).
Lamentablemente, lo ocurrido en Ciudad Juárez visibiliza la crisis migratoria que se vive en todo el mundo. (Cada semana vemos en los medios de comunicación tragedias de igual o mayor magnitud, como los 59 migrantes que se ahogaron en las costas italianas el mes pasado.) Lo que nos debe quedar, más allá del amor, la sospecha o el dolor, es la certeza de que aún podemos mejorar la vida de los migrantes y esa, al menos para un servidor, es una misión de vida.
Los migrantes no son parte del crimen organizado. Son nuestros parientes y amigos que están luchando porque México salga adelante a pesar de las grandes sombras hoy día en nuestro país.
Y tú, ¿qué opinas? (Juan Hernández, Secretario del Migrante y Enlace Internacional de Guanajuato, El Sol de México, Análisis, p. 12)
Dimensionar amenazas
En las semanas anteriores, algunos diputados y senadores estadounidenses, tanto republicanos como demócratas, han llamado la atención sobre la amenaza que para su país representan los grupos delincuenciales ligados al narcotráfico que operan en México. Llaman a designarlos como organizaciones terroristas, e incluso a que se permita a tropas de su país combatirlas en nuestro territorio.
Esas declaraciones han hecho mucho ruido, pero difícilmente tendrán mayor repercusión. Lo primero a considerar es que fueron emitidas por unos cuantos de los 100 senadores y 435 representantes que hay en el Congreso.
Se produjeron, además, en el periodo en que, como cada año, acuden a rendir cuentas los funcionarios del Ejecutivo. La costumbre es interrogarlos agresivamente y obligarlos a dar respuestas comprometedoras. En particular los cuestionan sobre los errores e insuficiencias que han mostrado. A ellos lo que más les preocupa es que no les recorten el presupuesto o les pongan barreras a sus programas.
Obviamente, en ambos lados hay una intención política. El partido en la oposición exagera el mal desempeño del partido en el gobierno. Ellos, a su vez, exaltan lo que pudieron hacer bien y soslayan sus yerros.
Por otra parte, la actual administración no parece estar muy interesada por ese tema. Cumpliendo con su obligación legal, en octubre pasado presentó su estrategia de seguridad nacional para este año.
Si observamos el orden en que se presentan las regiones del planeta que les preocupan, nos daremos cuenta de que lo que ellos llaman hemisferio occidental (América Latina y el Caribe) está en penúltimo lugar, antes de África. Y dentro de los asuntos que allí consideran amenazas, hasta el final está el de las organizaciones criminales trasnacionales. Antes pusieron a la migración indocumentada, las pandemias, la debilidad económica, el cambio climático y la fragilidad democrática.
Además, lo que realmente les inquieta es que esas organizaciones faciliten el establecimiento en la región de equipos militares o de inteligencia de sus adversarios (notablemente de China y Rusia). Por eso, para enfrentarlas, se limitan a lo que ha sido tradicional: compartir información y asistir a los países del continente para que mejoren sus cuerpos policiacos y refuercen sus sistemas judiciales.
En otro documento, la evaluación anual de amenazas, elaborado por la comunidad de inteligencia (febrero 2023), se informa al Congreso cuáles son las asechanzas más serias y directas para la nación. Luego de China, Rusia, Irán y Corea del Norte, se enlistan el cambio climático, las pandemias, el atraso tecnológico, los ciberataques, la proliferación de armas nucleares, la migración descontrolada y el terrorismo.
Hasta el final quedó el crimen trasnacional. Y dentro de ese rubro, lo que los pone más nerviosos no son la producción y tráfico de sustancias ilícitas o el efecto sobre la salud de su población.
Ponen el acento, más bien, en el lavado de dinero, que socava la integridad del sistema financiero internacional y de su país. Detallan cómo se utilizan empresas fantasma para mover grandes cantidades de efectivo, enviar remesas, hacer transferencias, comprar propiedades o hacer depósitos estructurados.
Y, nuevamente, ven en ese fenómeno el riesgo de que permita el avance de los intereses de sus adversarios (China y Rusia) en la región.
Aseguran que los cárteles mexicanos son los productores y proveedores dominantes de las drogas (heroína, metanfetaminas, cocaína sudamericana y fentanilo) que inundan su mercado. En el caso del fentanilo especifican que los cárteles obtienen precursores químicos aquí, porque hay muchas sustancias de uso dual que están mal reguladas, o de China, que llegan etiquetados de otra forma a puertos del Pacífico.
La poderosa oficina de contabilidad gubernamental (GAO) del Congreso también produce un análisis de amenazas a la seguridad nacional, con información de los departamentos de Estado, Defensa y Seguridad interior, además del directorado nacional de inteligencia.
Su lista es más amplia que las anteriores. Incluye temas como el exagerado poder de las corporaciones, las operaciones de desinformación, la inteligencia artificial descontrolada, los gobiernos inestables, los drones o los misiles hipersónicos. Sorprendentemente, el crimen trasnacional casi no aparece.
La opinión pública americana tampoco concede mucha atención a los cárteles mexicanos. En la última encuesta publicada por Statista, son China, Rusia, Irán y Corea del Norte (otra vez) los que les quitan el sueño. Temen más a los avances tecnológicos que a los narcotraficantes del sur. (Alejandro Gil Recasens, El Financiero, Mundo, p. 25)
Remesa Paisano
De la operación de la red de satélites y la oferta de servicios de telecomunicaciones para las agencias gubernamentales encargadas de la seguridad, la educación y la salud, pocos se acuerdan. Menos, de Telecomm.
La Secretaría de Infraestructura ya traspasó esa instancia a la Secretaría de Hacienda, donde apegados a una legislación anacrónica habilitaron las antiguas sucursales de Telégrafos de México y dieron paso a la Financiera del Bienestar, institución enfocada a cerrar las brechas digitales… y captar dólares enviados por la comunidad migrante radicada en la Unión Americana.
La fidelización de clientes radicados en localidades con menos de 50,000 habitantes, es su principal objetivo. Y una tarjeta de débito para acceder a la red de más de 1,700 sucursales —ubicadas en más de 50% de los municipios del país, permitiría a sus usuarios cobrar su dinero en efectivo en 292 con municipios con ninguna otra presencia bancaria y 192 municipios considerados de alta marginación.
La expansión de FinaBien, imparable. Tan sólo en el 2022, los paisanos enviaron 58,000 millones de dólares y este año —de acuerdo con las estimaciones más conservadoras— rebasarán los 60,000 millones de dólares. Además de la cobertura en zonas geográficas donde otras remesadoras no tienen tanta presencia, FinaBien tiene otros elementos diferenciadores: cero comisiones a personas beneficiarias por recibir remesas; horarios flexibles de acuerdo con las necesidades de las comunidades; el monto máximo de pago hasta por 7,499 dólares, el más alto del mercado, y el mejor tipo de cambio y que fomenta la inversión de las remesas en proyectos de inversión y esquemas de ahorro, entre otros.
Con el programa Remesa Paisano, la promesa presidencial, en ciernes. La inclusión financiera para las familias más aisladas será posible a través del servicio de envío y pago de dinero foráneo, de productos de ahorro popular con los máximos rendimientos posibles, el acceso a créditos para el consumo y el financiamiento de actividades productivas.
Su enfoque no necesariamente aplica a los grupos vulnerables de las comunidades más aisladas del país. El Estado de México —enclavado en una región prioritaria para la FinaBien— recibió 3,000 millones de dólares en el 2022.
Tan sólo en Ecatepec fueron alojados 276 millones de dólares, el año pasado. Los municipios rurales que mayor cantidad de remesas reciben son Tejupilco, Acambay y Temascalcingo; Ecatepec, Nezahualcóyotl y Naucalpan, en la zona metropolitana del Valle de México, y Tianguistenco, Almoloya del Río y Xalatlaco, de la Zona Metropolitana del Valle de Toluca
El Bajío, pero sobre todo Oaxaca, son otras zonas prioritarias.
Adiós al modelo de conectividad digital —incluida la fibra óptica— y los servicios satelitales de Telecom. La nueva FinaBien podría absorber funciones actualmente a cargo del Instituto Fonacot y de la Financiera Nacional para el Desarrollo Rural. Este nuevo sistema financiero quedará complementado con la plena habilitación del Banco del Bienestar, a finales de este 2023.
Efectos secundarios
RETORNO. El exsecretario de Educación, Esteban Moctezuma Barragán, recibirá la semana de pascua en la Ciudad de México. Embajador ante el gobierno de Joe Biden, el funcionario tendrá una actividad pública dentro de dos semanas, con los socios de la Americas Society, con los que celebrará el bicentenario de las relaciones diplomáticas entre México y Estados Unidos. (Alberto Aguirre, el Economista, Sociedad y Política, p. 47)
Cartones
(Falcón, La Crónica de Hoy, La dos, p. 2)
(Rocha, La Jornada, Política, p. 9)
- Autor:
- Instituto Nacional de Migración
- Fecha de Publicación:
- 4/04/2023