El 11 de junio de 2019 comenzó la militarización de la política migratoria en México. El autor intelectual fue Donald Trump y el ejecutor el gobierno de la 4T, por intermedio de Marcelo Ebrad, que llegó a un acuerdo para conjurar el chantaje de los aranceles.
Dos reportes recientes, dan cuenta de este proceso: Bajo la Bota (2022) de la Fundación para la justicia, la Red de periodistas de a pie y otras instituciones y, el más reciente, de la Universidad Iberoamericana, La militarización del Instituto Nacional de Migración y sus implicaciones en las violaciones a derechos humanos de las personas migrantes (2024).
Ambos reportes coinciden en afirmar que la doctrina de la seguridad nacional se impone para definir las políticas migratorias. En Estados Unidos empezó antes, en 1994, con la Operación Guardián, el muro y la militarización de la frontera. Recordemos que en los años 80 la frontera era propiamente una línea, imaginaria en muchos casos, marcada solamente por una malla de alambre en algunas ciudades del oeste como Tijuana y Mexicali y por el este la frontera era el Río Bravo.
En México, la política de seguridad fronteriza empezó a definirse con el gobierno de Vicente Fox, con el Plan Sur (2001), que incluyó a los tres órdenes de gobierno y los militares en la vigilancia fronteriza. También fue en respuesta a un nuevo patrón migratorio de tránsito, que implica a migrantes centroamericanos de bajos recursos, que se hacen visibles al viajar en el lomo de los vagones del ferrocarril, en lo que se conoce como La Bestia.
Luego, el Programa Frontera Sur (2014) respondió, otra vez, a la crisis migratoria y humanitaria en la frontera durante el gobierno de Obama. El programa se llevó a cabo por parte del Instituto Nacional de Migración (INM) y el aumento significativo de detenciones y deportaciones.
En 2018, el gobierno de Peña Nieto se enfrentó a un nuevo patrón migratorio masivo y mediático, la caravana que se enfrentó en puente del río Suchiate y que forzó la entrada y llegó, con gran apoyo de la ciudadanía, hasta Tijuana. Al año siguiente, el INM abrió la puerta a otra caravana, la cual pasó tranquilamente la frontera y sólo se detuvo para registrarse en los módulos del INM y recibir una credencial que les permitía transitar. Y le siguieron otras tantas, pero menos numerosas y mediáticas que la de 2018.
La 4T enfrentó un panorama totalmente inédito del fenómeno migratorio, por su magnitud, la diversidad de nacionalidades, entre las que destacan Haití, Cuba, Venezuela y Nicaragua, que antes no figuraban en el escenario anterior.
El gobierno de Trump se vio favorecido con la pandemia y el cierre de fronteras, que detuvo el tránsito a nivel continental. Pero le tocó a Joe Biden enfrentar un panorama muy complicado, en el frente externo, con la aplicación de medidas para controlar la frontera y llegar a acuerdos con México. En el frente interno, tuvo que encarar a la oposición republicana, que se niega a negociar cualquier acuerdo, y la beligerancia de Texas.
En este contexto, se da la militarización del INM, la cual se apoya en la guardia nacional, el Ejército y la Marina para realizar sus operativos. El más contundente de éstos fue el de junio de 2019, con la participación de 20 mil miembros de la Guardia Nacional (GN) para detener el flujo migratorio y conjurar el chantaje de los aranceles por parte de Donald Trump y allanar el camino a la firma del nuevo tratado de libre comercio.
Según el reporte de la Universidad Iberoamericana, casi la mitad de las oficinas del INM en los estados son dirigidas por personal con estudios o formación militar (47 por ciento) y también hay personal con pasado militar en tres cargos de titulares del INM, que a su vez ha contratado cursos de formación militar para su personal.
Otro tema relevante es el uso de armas de alto poder en operativos que lleva a cabo el INM con apoyo de la GN y los militares. Si bien no se han dado casos de accidentes o incidentes, el protocolo aplicado no deja de ser intimidante para los migrantes.
En el reporte se afirma que sí hay un discurso muy potente dentro de Instituto Nacional de Migración de que los migrantes son malos, de que los migrantes son delincuentes, que ellos están haciendo labores un poco como de procuración de justicia, y ese es un discurso muy poderoso que justifica que haya tratos muy malos en contra de los migrantes.
De hecho, la Comisión Nacional de Derechos Humanos reporta que 73 por ciento de las denuncias se refieren al INM y 9 por ciento a la Guardia Nacional.
Finalmente, es ineludible mencionar la corrupción de los funcionarios del INM, algo ya sabido y denunciado, pero que en esta institución aquello de cero corrupción y cero impunidad pasó de noche.
Ahora se viene otro acuerdo firmado entre López Obrador y Joe Biden para aplicar la política de seguridad nacional en ambas fronteras y proporcionar un salvavidas a Biden en las próximas elecciones. (Jorge Durand, La Jornada, Opinión, p. 12)
MIRAR
En los debates previos a las elecciones del próximo 2 de junio, escuchamos verdades y medias verdades. Por ejemplo, se dice que hemos mejorado en el país. Eso es verdad en algunos aspectos, pero en otros estamos muy mal. Esto no lo quieren reconocer quienes sólo resaltan los logros actuales. Cierto que no se pueden negar los avances alcanzados en algunos rubros, pero éstos no son conquista de un solo sexenio o de un partido, sino de muchos factores que se han conjugado, sobre todo del trabajo de los mismos mexicanos, además de los esfuerzos del gobierno en turno.
Estuve en Chiapas de 1991 a 2018, un Estado con altos índices de marginación y pobreza, incluso extrema, particularmente en zonas indígenas. Pero desde aquellos años, sobre todo a raíz del alzamiento zapatista y con diferentes partidos en el poder federal y estatal, fui testigo de que mejoraron carreteras y se hicieron nuevas, llegó la luz eléctrica a casi todas las comunidades, incluso de la selva; se proveyó a más poblaciones de clínicas de salud y de escuelas, también con universidades para indígenas. Muchísimas casas, que antes eran de bajereque o de madera, se transformaron con otros materiales más sólidos, también con agua al menos entubada. Muchas mujeres indígenas han asistido cada vez más a universidades, algunas con doctorados y otras especialidades, pues son muy capaces e inteligentes. Todo esto se ha logrado con diversos apoyos gubernamentales en los diferentes sexenios, y sobre todo a tanta gente tan trabajadora que hay; muchos han emigrado al interior del país o al extranjero, y sus remesas hay ayudado mucho al progreso social.
En mi región, parece que todo está en paz y que las elecciones pueden realizarse sin temor. Esto es sólo media verdad, porque la verdad completa es que la delincuencia organizada es la que decide quién compite, por ejemplo, para presidente municipal. Si gana, su victoria se la debe a ellos. Si pierde, el ganador debe negociar con ellos; de lo contrario, no lo dejan gobernar o lo amenazan si no accede a sus exigencias. Los criminales han ordenado quitar todas las cámaras de vigilancia que los vecinos tenían en sus casas, para que no haya constancia. Esto no son inventos, sino verdades que estamos viviendo en muchos lugares del país. Cuando pasan por allí la Guardia Nacional o el Ejército, el reporte que dan a sus jefes es que todo está tranquilo, sin novedad; y esos son los datos amañados que le llegan al Presidente; por ello, éste afirma que vamos muy bien y que el país está tranquilo. No es verdad.
DISCERNIR
Los obispos mexicanos, en nuestro Proyecto Global de Pastoral 2031+2033, decimos:
“Reconocemos y damos gracias a Dios porque nuestra patria ha ido caminando poco a poco, con avances importantes y grandes esfuerzos, hacia una patria más floreciente y generosa para sus hijos. Por supuesto, no podemos estar satisfechos con los avances que se han realizado hasta el momento, porque estamos muy lejos de que esta nueva etapa haya traído bienestar, seguridad, paz, justicia y equidad a la mayoría de nuestro pueblo”.
ACTUAR
Sepamos analizar lo positivo y lo negativo de la realidad y de los sucesivos gobiernos, para no emitir nuestro voto ciegamente por quien actualmente nos da más dinero, sino por quienes tienen la capacidad y la experiencia de seguir mejorando nuestra patria en todos los sentidos. De nuestro voto, libre y razonado, depende en gran parte el presente y el futuro. Animémonos, apoyados en la oración y en la responsabilidad personal y familiar. (Felipe Arizmendi, El Sol de México, Análisis, p. 15)
El representante del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) informó que más de 22 millones de personas padecen desplazamiento forzado en el continente americano. De esta población, 7 millones (una tercera parte) son venezolanos, mientras otro tercio corresponde a personas de Colombia, El Salvador y Honduras. Esta situación ha impactado de lleno a México, que hoy se encuentra entre las cinco naciones con el mayor número de solicitudes de asilo: sólo en 2023 se recibieron 273 mil nuevas peticiones de ciudadanos de más de 100 países, entre los que destacan Haití, Cuba, Venezuela y Nicaragua.
Esta crisis es de una gran complejidad y responde a múltiples factores, pero es posible encontrar un hilo conductor en los desastres que obligan a millones de seres humanos a abandonar sus lugares de origen: el papel de Estados Unidos en la región. En efecto, todos los países que se encuentran en la lista de mayores expulsores de personas cargan con un historial de intervenciones armadas, instalación de gobiernos títeres corruptos y violentos, sanciones, injerencismo, rapiña corporativa y otras agresiones por parte de la superpotencia.
Haití fue invadido militarmente y su muy precaria economía fue devastada por la imposición del dogma neoliberal sobre una sociedad agraria que no contaba con ningún elemento para hacer frente a la competencia desleal de las multinacionales. Cuando la apertura económica se saldó con un previsible fracaso, las empresas extranjeras se limitaron a hacer las maletas, dejando tras de sí un yermo en el que se habían desmontado las unidades productivas locales y no existía ninguna fuente de divisas para adquirir bienes del exterior. Honduras fue reducida a la condición de gigantesca base militar del Pentágono y la CIA para la coordinación de sus crímenes de guerra contra Nicaragua, que a su vez fue destruida por la osadía de sacudirse la dictadura somocista leal a Washington. El Salvador quedó marcado por casi tres lustros de guerra civil, la cual se prolongó por el empeño de la Casa Blanca de conservar en el poder a un régimen oligárquico y brutal. Guatemala, no mencionada en el recuento anterior, fue víctima de procesos similares al salvadoreño, que además conllevaron ataques genocidas contra los pueblos indígenas para despojarlos de sus tierras.
Es imposible hablar de los estropicios de Washington en América Latina sin referir los casos de Cuba y Venezuela. Por décadas, ha patrocinado a los grupos anticubanos instalados en su territorio, ha organizado operaciones de sabotaje, ha formado a células terroristas y ha intentado sin éxito poner en marcha una insurrección que le entregue la isla para someterla al mismo destino de Puerto Rico. En su afán por derrocar al fallecido presidente Fidel Castro, la CIA se hizo acreedora del dudoso título de haber conspirado más veces (y fracasado en todas ellas) para perpetrar un magnicidio. En Venezuela, Estados Unidos ha sido un notorio organizador y financista de intentonas golpistas contra el chavismo, y llegó al extremo de crear un gobierno ficticio, esperpento que acabó por diluirse, pero le sirvió de pretexto para robar miles de millones de dólares en activos de la nación petrolera. Tanto a La Habana como a Caracas las ha oprimido con los más crueles e ilegales bloqueos comerciales, políticos, financieros y diplomáticos, además, se ha mantenido impávido ante el abrumador rechazo de la comunidad internacional a sus medidas de tortura económica.
Como se ve, Washington tiene recursos ilimitados para destruir países. Sin embargo, no se siente obligado a dar un dólar para revertir los daños ocasionados por dos siglos de imperialismo. Como mayor potencia económica del hemisferio y principal responsable de las condiciones actuales de la región, Estados Unidos puede y debe abordar la crisis del desplazamiento forzado con acciones de dos tipos: por una parte, levantando las sanciones ilegales que mantiene contra los países que no se pliegan a sus dictados y, por otra, aportando los fondos para atajar la pobreza, la inequidad, la violencia y la corrupción, fenómenos que son los principales generadores de refugiados. (Editorial, La Jornada, p. 2)