Opinión Migración 051024
Garduño duerme tranquilo y con esperanza de ratificación
Nos cuentan que a Francisco Garduño, director del Instituto Nacional de Migración, nada le quita el sueño, como él mismo lo declaró tras ser indiciado por su responsabilidad en la muerte de 40 migrantes encerrados en la estación de Ciudad Juárez en marzo de 2023. Don Francisco tiene que ir a firmar cada quince días a los juzgados de esa ciudad fronteriza, y lo hace con cargo al erario, claro está. Para los que se indignaron porque fue mantenido en su cargo pese al proceso judicial que enfrenta, nos hacen ver que ya se fue su amigo el expresidente Andrés Manuel López Obrador, pero él no se mueve de su silla. De hecho, el mismo día de la toma de posesión de la presidenta Claudia Sheinbaum, a Garduño le tocó ir a firmar y al salir les dijo a los reporteros: “sigo siendo director”. ¿Será que en verdad lo ratificará la nueva administración? (Bajo Reserva, El Universal, p. A2)
Tiroteo a migrantes: esclarecimiento y justicia
La presidenta Claudia Sheinbaum condenó ayer el incidente en que dos militares abrieron fuego contra un camión de redilas en el que viajaban 33 migrantes, matando a seis de ellos e hiriendo a otros 10. Tras confirmar que los involucrados fueron separados de sus cargos y denunciados por la propia Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y que ya se encuentran a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), la mandataria calificó los sucesos como un hecho lamentable que debe ser investigado y sancionado; una situación que no puede repetirse y ante la cual se están tomando las medidas
La institución castrense ha difundido al menos dos versiones sobre lo ocurrido: primero se afirmó que los vehículos sospechosos fueron detectados durante un patrullaje y que los uniformados oyeron disparos, pero en un comunicado oficial se dijo que los soldados los buscaron e interceptaron tras recibir reportes de personas armadas en la zona fronteriza entre Tapachula y Tecún Umán, Guatemala, y que dispararon en respuesta a una agresión previa. Está claro, por lo tanto, que el primer paso en las indagatorias exige establecer cuál de las versiones es correcta, o si ninguna de ellas corresponde a la verdad.
Asimismo, es necesario aclarar si se trató de un error puntual de los elementos señalados o si hubo fallas en la cadena de mando que llevaran a ese lamentable desenlace. Más allá de la ineludible justicia para las víctimas, este caso constituye un llamado de atención para que se revisen a fondo los protocolos de actuación de las fuerzas armadas y se refuerce su capacitación a fin de que continúen desempeñando sus tareas en estricto apego a la ley y a los derechos humanos.
Por otra parte, las nacionalidades de las personas fallecidas, heridas y de quienes fueron aseguradas ilesas, entre quienes había ciudadanos de Cuba, Honduras y Perú, pero también de Egipto, India, Nepal y Pakistán, muestran hasta qué punto se ha complejizado el fenómeno migratorio en México y, por lo tanto, de la urgencia de desarrollar estrategias de manejo de los flujos humanos que tengan en cuenta los disímiles orígenes y realidades de quienes llegan al país, sea para establecerse o en su ruta hacia Estados Unidos.
Se ha hecho evidente que la época de México como país meramente expulsor de personas quedó atrás, y que hoy es necesario gestionar el tránsito y la estadía de quienes llegan desde las regiones más remotas en busca de oportunidades laborales, educativas o de ponerse a salvo de conflictos armados. Tales estrategias irían en consonancia con el compromiso manifestado por la presidenta Sheinbaum para brindar trabajo y protección a los migrantes que se encuentran en territorio mexicano, por lo que cabe esperar que se presente a la brevedad un plan integral en la materia. (La Jornada, Editorial, p. 2)
Los de abajo / Cambios en la política migratoria
Sucedió durante el primer día del actual gobierno, un día antes de que se conmemorara la masacre de estudiantes por parte del Ejército del 2 de octubre de 1968, y cinco días después de que las madres y los padres de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa volvieran a reclamar la información que los militares les esconden sobre el paradero de sus hijos. Ocurrió en el estado más militarizado desde el 9 de febrero de 1995, el mismo en el que desde hace años se niega la guerra contra los pueblos por parte de gobiernos y crimen organizado. Ahí, en Villa Comaltitlán, Chiapas, integrantes del Ejército tiraron a matar a una camioneta en la que viajaban 33 personas de distintas nacionalidades. Mataron a seis e hirieron a 10.
No hay garantía de que las personas migrantes sobrevivientes y familias de los fallecidos reciban justicia y reparación del daño, así lo han demostrado las diferentes masacres contra dicha población y los casos donde elementos del Ejército están involucrados, denunciaron organizaciones de derechos humanos, luego del asesinato reconocido en un comunicado de la Secretaría de la Defensa Nacional y confirmado por el gobierno federal.
Los soldados involucrados están bajo investigación, dijeron. No se volverá a repetir, aseguraron. ¿Quién lo garantiza? Nadie, pues es sabido que no es la primera vez que la política de contención y militarización del control migratorio termina con la vida de población en movilidad.
Las justificaciones para acribillar a las personas en tránsito son las mismas que en el pasado. Dicen que eran sospechosas y que el Ejército repelió agresiones, pero más indefensas no podían estar cuando los soldados abrieron fuego contra la camioneta que tendría que dirigirlos a un mejor destino.
Las organizaciones de derechos humanos van al fondo: La actual política migratoria de contención y la militarización de las revisiones migratorias matan y dejan en desprotección a todas y todos, perpetúan la impunidad y la injusticia.
Los perdones no bastan. Los arrestos de los militares no implican justicia. Terminar con una aberrante política migratoria es lo que se debería plantear en un país de derechos. (Gloria Muñoz Ramírez, La Jornada, Política, p. 6)
Apuntes de la aldea global / Federación y frontera
Hace doscientos años entró en vigor la primera Constitución federal de la República mexicana. Con rigor histórico no podría sostenerse, como se lee en algunos medios, que el federalismo mexicano cumple dos siglos, ya que aquel pacto, más confederal que federal, fue interrumpido en 1835, recuperado en 1846, vuelto interrumpir en la última dictadura de Santa Anna y el imperio de Maximiliano, y transformado durante los procesos de cambio constitucional que van de la Reforma a la Revolución.
Sin embargo, hay algunas constantes institucionales que se han mantenido en estos dos siglos y que provienen de la adopción de la forma republicana de gobierno, en contra del sistema monárquico que existió hasta el imperio de Iturbide, y también de la necesidad de crear un equilibrio de competencias entre el gobierno central y los nuevos estados regionales. Los constituyentes del 24 pensaban que el federalismo podía dotar de una flexibilidad territorial a la nueva república, aprovechable, sobre todo, para asegurar las fronteras centroamericana y caribeña.
Durante mucho tiempo, el criterio predominante en los análisis de la Constitución del 24, estuvo marcado por la visión de sus propios actores o protagonistas. Estuviesen a favor o en contra de aquel sistema organizativo, Lorenzo de Zavala y Fray Servando Teresa de Mier, José María Luis Mora y Carlos María de Bustamante, coincidieron en que el mayor referente del texto constitucional había sido la Constitución de Estados Unidos de 1787.
En la segunda mitad del siglo XX, comenzaron a surgir, sobre todo, en la historiografía académica estadounidense, lecturas críticas o revisionistas, como las de Nettie Lee Benson y Charles Hale, que llamaban la atención sobre el peso de la Constitución de Cádiz en el nuevo diseño republicano. La definición de la nación, su unidad territorial y su religión “perpetuamente católica, apostólica y romana”, con “prohibición del ejercicio de cualquier otra”, provenían del liberalismo gaditano e, incluso, de antes, del imperio borbónico.
El propio sistema federal adoptado, como anotarían luego otros historiadores como Josefina Zoraida Vázquez y Marcello Carmagnani, sería más confederal que federal, jeffersoniano, dotando a los estados de amplia soberanía. Cuando los constituyentes del 24 afirmaban que la “nación mexicana adoptaba para su gobierno la forma republicana representativa popular federal” se acogían más a las ideas de los Artículos de la Confederación (1877) de Franklin y Jefferson que a las de los Papeles federalistas (1788) de Hamilton, Madison y Jay.
Más allá de los matices, algo que resulta indudable y renovadamente válido, en el contexto de la integración de México a América del Norte, que arrancó a fines del siglo XX, es que entonces, como ahora, el federalismo mexicano estaba relacionado con una manera de lidiar con las fronteras con otra república poderosa y con una gran capacidad de expansión territorial.
Los centralistas del 35 y, luego, Lucas Alamán y no pocos conservadores, responsabilizarían al federalismo de la fragmentación nacional y de la pérdida de más de la mitad del suelo, tras la guerra con Estados Unidos. Lo cierto es que la vuelta a la república federal se produjo en medio de un conflicto acelerado luego de la anexión de Texas, en 1845, que tuvo lugar bajo los gobiernos centralistas de José Joaquín Herrera y Mariano Paredes y Arrillaga.
Hoy, aquella conexión entre federalismo y frontera adquiere una actualidad apremiante. La guerra aparece otra vez en el horizonte, no como consecuencia de un conflicto militar directo entre dos naciones que, supuestamente, comparten una misma estrategia de seguridad, sino como efecto de las disputas territoriales de los cárteles de la droga, los dilemas del éxodo y el control migratorio y las tensiones entre los estados fronterizos binacionales y las de éstos con sus gobiernos centrales. (Rafael Rojas, La Razón, Informativa, p. 5)
Zurda/ Ser o no ser. ¿Dilema presidencial?
Así comenzó su primer día de trabajo la presidenta Claudia Sheinbaum, con el pie izquierdo, no por publicar un decreto para conmemorar el 2 de octubre de1968, sino por los hechos violentos protagonizados la noche anterior (el mismo día que tomó protesta) por la Guardia Nacional en la comunidad de Tila, Chiapas, en donde le dispararon a un camión de migrantes y murieron seis de ellos y, al menos, otros cuatro se encuentran hospitalizados.
Aunque puede ser creíble la versión de que la camioneta en la que viajaban migrantes de Nepal, India, Egipto, Arabia Saudita, Perú, El Salvador y Cuba, haya intentado evadir a la Guardia Nacional, como lo dio a conocer la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), no es plausible el señalamiento de que los migrantes pudieran haber disparado primero. Este lamentable hecho se suma al ambiente de violencia que ya es cotidiano para los pobladores de Tila, que desde hace varios meses viven bajo el asedio de los grupos criminales que mantienen el control de ese territorio y que los ha obligado a huir de sus viviendas (más de 4 mil desplazados).
Paradójicamente, la problemática de violencia cotidiana de Tila sirve para que el gobierno federal justifique la militarización de la Guardia Nacional, pero, después de la matanza de migrantes, también representa el ejemplo perfecto de por qué la seguridad pública debe regresar a ser civil. Mientras que los militares son entrenados bajo una estrategia ofensiva, que es justificable para combatir enemigos, los cuerpos especializados en seguridad pública lo están para prevenir la comisión de delitos y/o de reaccionar ante la adversidad.
Lamentablemente, la primera Presidenta de México, sin elocuencia, niega que la reforma constitucional con la que la Guardia Nacional pasó a manos de las Fuerzas Armadas sea una militarización de la seguridad pública, con ello, se contradice y se niega a sí misma, porque por una parte dice que nunca va a recurrir al Ejército para reprimir, pero la Guardia Nacional, que ya depende formalmente de las Fuerzas Armadas, no necesita de su permiso para actuar bajo los únicos protocolos que aprendieron como soldados; por otra parte, ella sabe que, lo que si funcionó en materia de seguridad pública y ciudadana, fue la estrategia encabezada por García Harfuch en la CDMX, cuando ella era la jefa de Gobierno. Luego entonces ¿por qué opta por lo incorrecto? (Ruth Zavaleta Salgado, Excélsior, Nacional, p. 7)
Claudia: beneficio de la duda
Migración. En Estados Unidos hay un creciente sentimiento antiinmigrante y, gane quien gane la elección del 5 de noviembre, la nueva Presidenta tiene que salir en defensa de millones de mexicanos que corren el peligro de ser deportados. Durante el sexenio de AMLO, México se convirtió en la policía migratoria y en la sala de espera de Estados Unidos.
La mayoría de los 10 u 11 millones de indocumentados en Estados Unidos son mexicanos. Y si Trump gana ha prometido las mayores deportaciones en la historia del país. Claudia Sheinbaum tiene que dejar muy claro que México no va a cooperar con una operación de ese tipo que separaría a miles de padres y madres de sus hijos nacidos en Estados Unidos. (Jorge Ramos Ávalos, Reforma, Opinión, p. 8)
Cartones
En Algún lugar de Chiapas
(Fer, El Universal, Opinión, A17)
- Autor:
- Instituto Nacional de Migración
- Fecha de Publicación:
- 4/10/2024