Opinión Migración 051125

Trascendió Puebla

Que debido a las elecciones que se llevaron a cabo en Nueva York y Nueva Jersey, el gobierno estatal dispuso, a través del Instituto Poblano de Atención al Migrante, el apoyo legal para los paisanos ante posibles redadas; vale la pena recordar que medio millón de poblanos reside en esa región. Además, se enviarán recursos a las Casas de Representación para instalar al menos tres comedores populares en ambas ciudades, con el fin de brindar asistencia alimentaria a los afectados por los operativos. (Trascendió Puebla, Milenio Puebla, Online)

Desde el Biopoder / Década dorada de remesas

Los migrantes poblanos, en este 2025 y en medio de las complicaciones en Estados Unidos, se encuentran en camino a establecer una década de registros históricos en el envío de remesas hacia sus comunidades de origen.

El estado de Puebla recibió, en el periodo comprendido entre enero y septiembre de este año, 2 mil 553.3 millones de dólares, unos 47 mil 874 millones de pesos, a un tipo de cambio de 18.75 pesos por dólar.

La llegada de dólares al territorio poblano durante los primeros nueve meses de este año, aumentó 1.9 por ciento, es decir, la entidad recibió 47.9 millones de dólares más con respecto a los 2 mil 505.4 millones de dólares que ingresaron de enero a septiembre de 2024.

Con el ritmo actual de la llagada de remesas y, tomando en cuenta el historial, los migrantes poblanos se perfilan para establecer por décimo año consecutivo un récord en materia de envío de dólares.

De acuerdo con datos del Banco de México (Banxico), los migrantes poblanos, en su mayoría radicados en Estados Unidos, a partir del año 2016, comenzaron a mandar una mayor cantidad de remesas en comparación con el año anterior.

Durante el año 2015, Puebla captó mil 335.6 millones de dólares; mientras que, para 2016, llegaron mil 456 millones de dólares, es decir, comenzó una tendencia que se mantiene este año.

No se puede perder de vista que, en momentos de crisis, los flujos de remesas aumentan. En 2017, año marcado por los sismos del 7 y del 19 de septiembre, los migrantes mandaron mil 614 millones de dólares, es decir, se superó lo enviado un año antes.

De la misma forma, los migrantes, personas comprometidas con sus familias y comunidades, ante el inicio de la pandemia por la covid-19, en el año 2020, volvieron a registrar envíos históricos. Hace un lustro, Puebla recibió un total de mil 872 millones de dólares por concepto de remesas; mientras que, en 2021, recibió dos mil 138.1 millones de dólares.

A lo largo del año pasado, los paisanos poblanos mandaron 3 mil 366.7 millones de dólares, monto con el que establecieron un nuevo máximo de remesas. Al ritmo actual, Puebla recibirá en este 2025, un monto mayor al de 2024 y los migrantes seguirán haciendo historia apoyando a sus comunidades. (Jaime Zambrano, Milenio Puebla, Online)

Desde Afuera / La “Doctrina Donroe”

Para el presidente Donald Trump, el Hemisferio Occidental “pertenece” a Estados Unidos y las mayores amenazas son “la avalancha de inmigrantes que cruzan las fronteras del país y las sobredosis de drogas que causan la muerte de decenas de miles de personas”, escribe Ivo Daalder, exembajador de Estados Unidos ante la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y actual investigador principal del Centro Belfer de la Universidad de Harvard.

Y en ese marco, “su verdadero objetivo es dominar todo el hemisferio occidental –desde el Polo Norte hasta el Polo Sur– utilizando la superioridad militar y económica de Estados Unidos para derrotar a todos los “enemigos”, tanto extranjeros como nacionales”, escribió Daalder en el diario cibernético Politico. Es lo que la propia publicación definió como la “Doctrina Donroe”, al combinar el primer nombre del actual mandatario, Donald, con la Doctrina Monroe, dictada por el presidente James Monroe en 1824 y famosamente definida como “América para los americanos”.

De acuerdo con su visión, las propuestas de Trump “significan una ruptura mucho más profunda y generalizada con el pensamiento moderno establecido en materia de seguridad nacional”.

Históricamente, Trump es el primer presidente desde Franklin D. Roosevelt (1932-1944) que cree que las principales amenazas para EU se encuentran en su propio país, representados por inmigrantes y drogas.

Pero Trump va más allá. Su visión, según Daalder, está más fija en mandatarios del siglo XIX, como William McKinley, quien según Trump “enriqueció enormemente a nuestro país mediante aranceles”; Teddy Roosevelt, quien “logró grandes hazañas”, como la construcción del Canal de Panamá; y James Monroe, quien estableció la política de rechazo a “la injerencia de naciones extranjeras en este hemisferio y en nuestros propios asuntos”.

El resultado es una política antiinmigrante que de entrada está fijada en la expulsión de hasta once millones de residentes indocumentados, pero también tiene como consecuencia que la tasa de llegada de migrantes sea negativa por primera vez en un siglo y que, significativamente, la única cuota para refugiados sea para sudafricanos blancos que según el gobierno Trump son víctimas de genocidio.

El tema central ahora es el de las drogas: por un lado, Trump considera que hay demasiado trasiego en el hemisferio y “muchos cárteles”, a los que definió ya como “organizaciones terroristas” para combatirlos y poder adoptar medidas que parecen extremas: “Creo que simplemente vamos a matar a quienes introducen drogas en nuestro país.

¿De acuerdo? Vamos a matarlos. Ya saben, van a estar muertos”, dijo Trump, según cita de Daalder. Esa consideración ha permitido que Trump despliegue la mayor fuerza naval-militar estadounidense en el hemisferio desde 1962. “La verdadera razón para desplegar semejante poderío militar es que Trump intimide a los líderes y regímenes que le desagradan, si no que los obligue a dimitir. Las drogas son solo la excusa para facilitar tales acciones”, concluyó Daalder. (José Carreño Figueras, El Heraldo de México, Orbe, p. 33)

Rayuela

Rayuela El triunfo de un inmigrante puede signifi car un vuelco en EU. (La Jornada, Cp)

Una historia de raíces compartidas, tensiones y reconciliación

La reciente declaración del canciller español José Manuel Albares, en la que reconoció que “hubo dolor e injusticia hacia los pueblos originarios” durante la Conquista, desató una oleada de reacciones a ambos lados del Atlántico. En España, sectores conservadores lo acusaron de ceder ante el revisionismo histórico y hubo incluso quienes pidieron su dimisión. En México, en cambio, no faltaron voces que vieron en sus palabras un primer gesto hacia la solicitud de perdón que el gobierno mexicano hizo a la Corona española hace unos años.

Sin embargo, ni unos ni otros parecen tener del todo la razón. Las palabras del canciller, si bien constituyen un guiño simbólico, fueron pronunciadas en un contexto cultural —la inauguración de la exposición La mitad del mundo. La mujer en el México indígena en el Instituto Cervantes de Madrid—, no en un acto de representación oficial. Más allá de la polémica, sus palabras invitan a reflexionar sobre la naturaleza de nuestras relaciones con aquellas naciones con las que compartimos raíces históricas, culturales y económicas profundas. En ese mismo contexto, la presidenta Claudia Sheinbaum ha sabido proyectar una imagen sólida según la prensa española, particularmente tras su reciente encuentro con sesenta directores ejecutivos del Foro Económico Mundial.

La historia de los desencuentros y las reconciliaciones con España es larga. México interrumpió sus relaciones diplomáticas durante 37 años, después de que el gobierno del general Lázaro Cárdenas apoyara a la República durante la Guerra Civil Española. No fue sino hasta después de la muerte de Francisco Franco y el inicio de la transición democrática en 1975, cuando ambos países consideraron que existían condiciones para normalizar sus vínculos.

Algo similar ocurrió con la Santa Sede. Desde el siglo XIX, las relaciones entre México y el Vaticano han estado marcadas por la tensión entre el Estado laico y el poder eclesiástico. Tras la Independencia, México mantuvo relaciones diplomáticas con El Vaticano, pero pronto surgieron conflictos por la influencia de la Iglesia en la educación, la propiedad y la política. Las Leyes de Reforma, impulsadas por Benito Juárez, nacionalizaron los bienes del clero y establecieron la separación entre Iglesia y Estado, lo que llevó a la ruptura diplomática en 1874.

Durante más de un siglo no existieron relaciones oficiales, aunque el diálogo informal nunca desapareció. La Constitución de 1917 reafirmó el carácter laico del Estado y limitó la participación del clero en los asuntos públicos. Con el paso del tiempo, las tensiones se atenuaron y, en 1992, en el marco de la modernización política del país, se restablecieron formalmente las relaciones diplomáticas y se reconoció la personalidad jurídica de las Iglesias.

Nuestra historia con Estados Unidos es aún más compleja. Más de 40 millones de personas de origen mexicano viven hoy en aquel país, y la relación bilateral oscila entre la cooperación y la dependencia. En el actual reacomodo de las cadenas de suministro globales, provocado por las diferencias entre Washington y Beijing, México se ha convertido en un destino estratégico para la relocalización industrial. La cercanía geográfica, los costos competitivos y los tratados comerciales colocan al país en una posición privilegiada, aunque persisten desafíos en materia de infraestructura, seguridad, regulación y condiciones laborales. México enfrenta una compleja coyuntura: el regreso de Donald Trump con su agenda de aranceles y el creciente interés —y recelo— de China ante el reposicionamiento de México.

Con Guatemala —nación entrañable y hermana— compartimos un pasado mesoamericano, pero también desafíos contemporáneos en materia de seguridad, medio ambiente, intercambios comerciales y salud pública. Más allá de los problemas coyunturales, nos une un reto común: el desarrollo. Nuestra independencia real se medirá por la capacidad de generar empleos dignos y retener el talento que hoy emigra en busca del sueño americano. Sólo estrechando los lazos de cooperación regional podremos transformar la frontera sur en un espacio de crecimiento compartido y no de expulsión de capital humano.

Mientras tanto, en Chiapas, a once meses de iniciado su gobierno, Eduardo Ramírez trabaja por consolidar un nuevo pacto social basado en la paz duradera, la justicia, el bienestar y el desarrollo sustentable. Con una visión humanista y cercana a su pueblo, recupera la confianza ciudadana mediante el fortalecimiento institucional, el combate a la corrupción y una política social incluyente que atienda las desigualdades históricas más profundas.

En un mundo convulso, donde los fantasmas del pasado se entrelazan con los desafíos del presente, México está llamado a reafirmar su voz: la de una nación con historia, con heridas, pero también con la madurez necesaria para tender puentes, reconciliar y construir un futuro compartido con quienes alguna vez fueron adversarios, pero hoy significan parte esencial de nuestras raíces. (Juan Carlos Gómez Aranda, Excélsior, Nacional, p. 15)

Carta desde Washington / Un efecto dominó en la Corte Suprema

Tal y como apuntó el periodista, analista y ex operador político Demócrata Sydney Blumenthal, pareciera que Ronald Reagan, cual fantasma en la víspera de Halloween, salió a rondar y atormentar a Donald Trump. Y es que un anuncio televisivo del gobierno provincial de Ontario emitido durante el primer partido de la Serie Mundial de beisbol que incluía extractos de un mensaje radiofónico de Reagan en 1987, en el cual explicaba el autogol que implica para su país entrar en una guerra comercial, generó una reacción furibunda del presidente. Pareciera que Trump teme que las palabras de Reagan -quien siempre lo detestó- se tornasen en admonición a la Corte Suprema de Estados Unidos para que falle en su contra en el caso en el cual hoy se expondrán los argumentos centrales con respecto a la demanda presentada sobre la legalidad del uso de aranceles como un arma diplomática y comercial más.

El caso no solo es la enésima prueba de lealtad de una Corte Suprema conservadora con Trump; es un fallo (podría emitirlo en cualquier momento antes de que termine el año) que tendrá reverberaciones en todos los ámbitos: para el gangsterismo arancelario del mandatario y la relación comercial y la política exterior con México -y con decenas de países afectados por los aranceles; para la separación de poderes y los pesos y contrapesos de la democracia estadounidense; y para determinar si lo que veremos los próximos tres años -y quizá más que eso, por el efecto dominó que el eventual fallo podría detonar- es una presidencia imperial en EE.UU.

Y es que la Corte se enfrenta hoy a una potencial crisis constitucional disfrazada de política comercial, pero si la historia reciente sirve de guía, la mayoría conservadora de los magistrados encontrarán alguna forma ingeniosa de esquivar su deber. La instrumentalización de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA, por sus siglas en inglés) por parte de Trump para imponer aranceles no es solo una política cuestionable, sino una descarada usurpación de la autoridad del Congreso. Seamos claros sobre el propósito de la IEEPA. Cuando el Congreso la aprobó en 1977 en las postrimerías de la revolución iraní que derrocó al Sha, los legisladores buscaban darle atribuciones al titular del Ejecutivo para congelar activos iraníes. El que hoy Trump califique los déficits comerciales con distintas naciones como una “amenaza inusual y extraordinaria” que requiere poderes de emergencia, o recurra a ella como arma diplomática o para darle la vuelta al Congreso, no es más que una manipulación constitucional. Hoy, esos aranceles de Trump bajo IEEPA abarcan, en términos generales, tres categorías: aranceles por fentanilo y migración aplicados a Canadá, México y China; aranceles recíprocos para corregir los desequilibrios entre EU y otros socios comerciales; y un arancel base universal del 10%.

El argumento de los demandantes -bufetes de abogados libertarios y fiscales generales de estados Demócratas- es sencillo: la IEEPA no permite la imposición de aranceles, solo de sanciones económicas o financieras. En ello, además, la Constitución es inequívoca; su Artículo I otorga al Congreso -no al presidente- la facultad de “establecer y recaudar impuestos, aranceles, contribuciones y gravámenes especiales” y de “regular el comercio con naciones extranjeras”. Y si el Congreso bien puede haber delegado facultades arancelarias en numerosas ocasiones mediante diversas leyes a lo largo del último siglo, incluyendo la Autoridad de Promoción Comercial (TPA, coloquialmente conocida como “fast track”, para la negociación de acuerdos comerciales internacionales), las Secciones 232 (aranceles de seguridad nacional/económica específicos), 301 (aranceles específicos para países por prácticas desleales) y 122 (aranceles a balanza de pagos), los litigantes argumentan que la IEEPA no es una de ellas. Además, si los déficits comerciales crónicos que han existido durante décadas constituyen emergencias nacionales que justifican recurrir a la IEEPA, entonces cualquier desafío económico se convierte en una emergencia. ¿Inflación? Emergencia. ¿Desempleo? Emergencia. ¿Volatilidad del mercado de valores? Emergencia. Bajo esa tesitura, la palabra pierde todo significado y el presidente se convierte en un dictador económico que opera bajo una autoridad permanente en situaciones de crisis.

Indudablemente, el Congreso también tiene parte de la culpa. Durante buen rato, legislaturas pusilánimes han renunciado a sus poderes constitucionales porque tomar decisiones difíciles conlleva riesgos políticos. ¿Para qué votar sobre aranceles controvertidos si se puede dejar que el presidente lo haga y luego apoyar o denunciar el resultado según la reacción de los votantes? Esto ha creado el monstruo al que nos enfrentamos ahora: un poder Ejecutivo que apenas se molesta en fingir que necesita la aprobación del Congreso para políticas económicas -y de otra índole, sea dicho de paso- trascendentales.

Desde un punto de vista puramente jurídico, el caso parecería apuntar a una clara victoria para los demandantes, dado el reciente énfasis de esta Corte Suprema en la doctrina de las “cuestiones fundamentales”, que exige una autorización legal expresa para los usos novedosos de la ley por parte del poder Ejecutivo. Sin embargo, hasta el momento, el tribunal se ha mostrado reacio a fallar en contra de la Administración Trump en asuntos clave. El problema es que si bien la mayoría conservadora de la Corte se deleita con disertaciones sobre el “textualismo” y “originalismo” de los redactores de la Constitución, cuando se trata de limitar al Ejecutivo de maneras que podrían resultar impopulares políticamente con el actual inquilino de la Casa Blanca o su base, sus principios se vuelven repentinamente flexibles. ¿Por qué? Porque anular los aranceles presidenciales requeriría una valentía que esta mayoría conservadora y cooptada en la Corte no posee. Significaría decirle a un presidente -que nombró a tres de ellos- que se ha extralimitado en sus funciones. Por ello, no sería improbable que el eventual fallo de la Corte, en un posible voto 6-3, se abstenga de frenar al presidente una vez más, escudándose en doctrinas de deferencia, cuestiones políticas o tecnicismos de legitimación procesal. Y para rematar, Trump amagó (no lo hará) con que podría asistir en persona a los alegatos orales de hoy, convirtiéndose así en el primer presidente en funciones en presenciar un caso ante la Corte; aparentemente, no le preocupa empañar la percepción de la objetividad o legitimidad del tribunal supremo.

Pero también hay otro escenario, uno en el cual la Corte podría estar más dispuesta a anular los aranceles bajo IEEPA debido a que la administración cuenta con otras vías legales para reemplazarlos, como las mencionadas Sección 232 y 301 y el pretexto conveniente que faculte a la mayoría conservadora señalar que no está afirmando que el presidente carece de autoridad arancelaria delegada sino simplemente que la IEEPA en sí misma no constituye una autoridad arancelaria delegada, permitiéndole así demostrar independencia ante la administración sin impactar las prioridades políticas MAGA con otros casos de alto perfil que probablemente lleguen a la Corte: casos sobre inmigración, el despliegue de tropas al interior del país o sobre facultades y poder del Ejecutivo. Claro está, esta decisión aún podría desencadenar una nueva ola de litigios sobre los reembolsos de los miles de millones de dólares en aranceles bajo IEEPA que los importadores ya han pagado, en un contexto en el cual la administración además ha indicado que defenderá a capa y espada su derecho a recurrir a la IEEPA en su política comercial.

Al final del día, es probable que la Corte capturada por la derecha conservadora emitirá un fallo limitado que no resolverá el tema de fondo y permitirá a futuros presidentes cocinar nuevas “emergencias” que justifiquen acciones unilaterales y potencialmente anticonstitucionales. Y el marco legal que diseñaron los llamados “Padres Fundadores” -con su cuidadosa separación de poderes y la supremacía legislativa sobre la política impositiva- se desvanecerá aún más, reemplazado por una presidencia imperial con una Corte Suprema que carece del valor para limitarla y constreñirla. (Arturo Sarukhan, El Financiero, Mundo, p. 33)

Ricos y poderosos / Remesas, ¿otro motor que se apaga?

Remesas, el valor

¿Cuánto importan las remesas para la economía mexicana?

En 2024, las remesas alcanzaron los 64,745 millones de dólares y representaron más o menos el 3.5% del PIB nacional y alrededor del 39% de las principales fuentes de divisas, superando turismo, IED y petróleo.

Aunque en este año 2025 las remesas se estima caerán a un estimado de 61,000 millones: -5.8%, siguen siendo la segunda fuente principal tras exportaciones agroalimentarias.

Las remesas familiares enviadas a México desde Estados Unidos tienen una importancia fundamental para la economía mexicana, por su impacto directo en el consumo, la estabilidad macroeconómica y la reducción de la pobreza.

Incluso tienen un impacto en la balanza de pagos porque fortalecen la cuenta corriente, ayudan a financiar importaciones y a estabilizar reservas internacionales.

Las remesas son un pilar fundamental para el consumo de las familias.

Cubren hasta el 30% del ingreso en los hogares receptores y hay varias entidades de la República Mexicana en las que ayudan a cubrir las necesidades básicas de los receptores.

Incluso llegan a hacer la diferencia entre familias que están en la pobreza extrema y las que no, en virtud de estos ingresos, de acuerdo con análisis de BBVA y Banamex.

Entre las causas de ésta disminución, se mencionan los cambios en las políticas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la competencia en el mercado laboral de ese país, en donde migrantes de otros países, aceptan trabajos por menores remuneraciones y las crecientes presiones migratorias.

Es un cambio estructural el que se está registrando, afirman los especialistas.

La tendencia a la baja en las remesas que llegan a México podría agravarse, lo aconsejable es que el gobierno mexicano, tome sus precauciones. Al tiempo. (Marco A. Mares, El Economista, Empresas y Negocios, p. 36)

Ruiz-Healy Times / El Plan Michoacán debe dar resultados concretos

Michoacán vive una contradicción permanente: es uno de los estados más productivos del país y, al mismo tiempo, uno de los más violentos. Su aguacate, limón y berries llegan a todo el mundo, pero en los municipios donde se cultivan, la pobreza, la extorsión y el miedo son parte de la vida diaria. En ese contexto, el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, anunciado ayer por la presidenta Claudia Sheinbaum, representa un paso indispensable para devolverle gobernabilidad y esperanza a un territorio castigado por décadas de abandono.

El anuncio llega tras el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, que exhibió el riesgo que enfrentan las autoridades locales y la fragilidad institucional del Estado. La respuesta federal, al vincular seguridad con justicia y desarrollo, busca romper con el viejo modelo militar que fracasó en devolver la paz.

El plan se sostiene en tres ejes: Seguridad y Justicia, con unidades conjuntas de la Guardia Nacional, la SSPC y la fiscalía estatal, una fiscalía de alto impacto, mesas de seguridad quincenales y un sistema de alerta para alcaldes; Desarrollo Económico con Justicia, que busca salarios dignos, infraestructura rural y Polos de Desarrollo Económico (Podecobi), y; Educación y Cultura para la Paz, con escuelas, becas, deporte comunitario y una red de casas de cultura segura.

El espíritu del plan es claro: la seguridad no se sostiene con guerras, sino con justicia, desarrollo y respeto a la vida. La presidenta busca construirlo con participación social, integrando a pueblos originarios, mujeres, jóvenes, autoridades, víctimas y familias. Pero su éxito dependerá de que esas metas se traduzcan en resultados: reducir homicidios y extorsión, coordinar instituciones y transparentar avances. Con su liderazgo, participación ciudadana y rendición de cuentas, puede transformarse en una estrategia sostenible.

El contexto es grave. En el primer cuatrimestre de 2025 se registraron 474 homicidios dolosos, aunque 17% menos que en 2024. El 45% de los michoacanos vive en pobreza y la informalidad laboral alcanza 63 por ciento. La economía agrícola mantiene al estado a flote: concentra 75% del aguacate nacional, con un valor de 32,000 millones de pesos en 2024 y exportaciones por más de 3,500 millones de dólares, pero las extorsiones pueden absorber hasta 40% de los ingresos. Las remesas —5,646 millones de dólares en 2024— han caído 4% en lo que va de este año, y miles de personas retornadas de Estados Unidos enfrentan desempleo. Violencia, pobreza y migración forman un círculo vicioso que el plan intenta romper.

Aunque el comunicado oficial no detalla todo, es razonable suponer que el diseño del plan contempla metas medibles, cooperación entre el SAT, la UIF y la FGR para golpear las finanzas criminales, participación de productores y migrantes en los Podecobi, y medidas de protección a alcaldes y funcionarios en municipios de alto riesgo. Si además se garantiza continuidad a los centros culturales y deportivos y transparencia en los avances, la confianza pública podrá reconstruirse.

Michoacán necesita paz, pero sobre todo justicia y confianza. El plan es bienvenido; ahora toca que todos gobierno, empresarios y sociedad lo hagan funcionar. (Eduardo Ruiz-Healy, El Economista, Política y Sociedad, p. 49)

El Espectador / Trata en México: más investigaciones, menos justicia

La polaroid más reciente sobre la trata de personas en México se oculta debajo de una alfombra. Hay más operativos y víctimas detectadas, pero menos condenas firmes, mientras el crimen organizado perfecciona un negocio que mezcla explotación sexual, trabajos forzados, secuestro, extorsión y reclutamiento de niños. Así lo documenta el Informe 2025 sobre Trata de Personas del Departamento de Estado de EU.

México se mantiene en el Nivel 2 —hace esfuerzos, pero no cumple los estándares mínimos— y no adoptó un nuevo plan nacional para este año.

Los números cuentan una historia incómoda para el gobierno humanista, de los abrazos, no balazos. En 2024 se abrieron 661 investigaciones y se procesó a 162 presuntos tratantes, más que un año antes; pero las condenas cayeron a 98, casi la mitad de las 182 de 2023.

El Estado de México, encabezado por la maestra Delfina Gómez, que en 2023 lideró pesquisas, no reportó investigaciones. La mezcla es elocuente: más ruido institucional, menos resultados reales.

Chihuahua logró su primera sentencia por trabajo forzoso (10 años de prisión y una reparación simbólica de poco menos de 60 mil pesos), mientras Tlaxcala obtuvo 33 años contra un policía cómplice de trata. Guerrero volvió a no conseguir ninguna condena. El mapa elaborado por los del norte deja ver islas de procuración de justicia en medio de territorios sin castigo.

Las víctimas crecen, pero la protección no alcanza. Las autoridades identificaron 860 víctimas en 2024 —frente a 467 en 2023—, aunque disminuyó drásticamente la detección de casos de trabajo forzoso y persistieron fallas en los filtros para migrantes, niñas, niños y adolescentes.

El informe dibuja cómo los cárteles y sus socios convierten a la trata en un engranaje de la economía criminal: reclutan a menores para delitos; secuestran migrantes para extorsionar familias y endeudar víctimas; usan centros de llamadas clandestinos —documentados en Jalisco— para estafas de “timeshare” con trabajadores captados bajo engaño y sometidos con amenazas.

En Chiapas, los choques entre organizaciones han desplazado comunidades, ampliando el mercado de la explotación. La desaparición de mujeres se entrelaza con la trata, según legisladores y especialistas citados en el reporte.

El Estado llega tarde al trabajo forzoso. Con solo 510 inspectores laborales y avisos de 24 horas antes de inspecciones, la fiscalización es predecible, dicen los de EU.

La figura del “enganchador” —reclutadores informales que cobran cuotas y endeudan a jornaleros— opera con impunidad, especialmente en el campo. Resultado: en 2024 sólo cuatro víctimas fueron identificadas por inspección laboral.

El reporte insiste: quienes cruzan México —incluidos menores no acompañados— quedan a merced de coyotes y cárteles que los secuestra-explotan para saldar deudas ficticias. La extorsión se recicla en esclavitud por deudas. En paralelo, el gobierno multiplicó la contratación de trabajadores cubanos (de 800 a tres mil 650) y paga al régimen directamente; hay indicios de trabajo forzoso por confiscación de salarios y restricciones de movimiento, dice EU.

La trata prospera cuando el Estado llega tarde, o llega corrupto.

El mismo informe recomienda investigar y sancionar con penas efectivas a tratantes y funcionarios cómplices, incrementar servicios, blindar a niñas y niños frente al reclutamiento criminal, desmantelar a los enganchadores y prohibir importaciones hechas con trabajo forzoso. No es una lista de un mundo ideal: es la línea roja entre un país que reacciona y otro que normaliza la violencia. (Hiroshi Takahashi, El Sol de México, República, p. 5)

Baja la migración, caen las remesas

En el primer aniversario de la victoria electoral de Donald Trump, es un hecho que el panorama migratorio ha cambiado radicalmente. Cumpliendo su promesa insignia de campaña, mantiene los operativos para ubicar y expulsar a migrantes en ciudades con fuerte presencia hispana.

En Los Ángeles, Washington, Chicago y Portland patrullan efectivos de agencias federales, del servicio de inmigración (ICE, CBP) y soldados de la Guardia Nacional con la orden de detener a personas indocumentadas en fábricas, parques, estacionamientos de centros comerciales o avenidas principales, a plena luz del día.

El miedo parece tener efecto. La secretaria de Seguridad Interior afirmó en agosto que más de un millón de migrantes se fueron por su cuenta de Estados Unidos desde que Trump regresó al poder.

Las cifras oficiales confirman una tendencia a la baja en la detención de migrantes en la frontera: de 653 mil mexicanos capturados en el año fiscal 2024, el número cayó a 177 mil en el año fiscal 2025, menos de una tercera parte según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza.

Lo ratifica la Organización Internacional para las Migraciones que en octubre informó que los cruces en la frontera entre EU y México alcanzaron su nivel más bajo en más de 50 años y que el número de personas que volvieron tras largas estancias en EU (más de 20 años) se ha incrementado. El promedio diario de retornos se sitúa en 853, el nivel más alto registrado en 2025.

Entre redadas, autodeportaciones y expulsiones, el envío de remesas familiares a México muestra una caída sostenida. En diez de los últimos trece meses desde septiembre de 2024, las remesas han registrado bajas. Entre las razones que explican ese comportamiento están la cautela de los trabajadores ante su situación migratoria como la desconfianza por el futuro de la economía estadounidense.

Las cifras de inflación, desempleo y PIB publicadas antes del cierre del gobierno o las consecuencias de las políticas arancelarias mantienen en vilo a familias enteras de connacionales que lo piensan dos veces antes de enviar dinero.

Según el Banco de México, el monto acumulado de remesas entre enero y septiembre de 2025 fue de 45,681 millones de dólares, una caída anual de 5.5%. Además, acumulan seis meses consecutivos a la baja desde abril.

El clima de angustia que provocan las imágenes de las redadas ha calado hondo en áreas de fuerte presencia latina, en su mayoría mexicanas. Varias compañías reportan ausentismo y abandono por parte de trabajadores temporales y sectores como el de la agricultura están acusando una baja en la producción ante la falta de mano de obra.

En su cruzada contra la inmigración irregular, Donald Trump abandonó los planes de construcción del “gran y bello muro” en la frontera como estrategia de contención y disuasión. Su Administración encontró una fórmula más efectiva con la persecución y arresto de migrantes en las calles que termina separando familias.

La sacudida es notoria. Los trámites para solicitantes de asilo fueron suspendidos; los albergues ubicados en la franja fronteriza tienen menos personas que hace un año y las caravanas de migrantes que partían de Chiapas, se extinguieron.

Este es el nuevo paradigma de los flujos migratorios que impacta también en la economía doméstica. Deseamos que cambie esta atmósfera en ambos lados de la frontera sin socavar el derecho humano al trabajo digno. (Claudia Corichi, El Sol de México, Análisis, p. 22)

Bitácora del director / ¿A quién dar refugio? El dilema ético de la política exterior

La decisión del gobierno mexicano de conceder asilo a la exprimera ministra peruana Betssy Chávez ha cristalizado una profunda crisis diplomática, culminando en la ruptura de relaciones por parte de Perú. Este caso pone sobre la mesa el eterno debate sobre el derecho de asilo en América Latina: la soberanía jurídica frente a la coherencia ética.

No cabe duda que México actúa sobre base legal. La Convención de Caracas de 1954, suscrita por ambos países, es clara: el Estado asilante —en este caso, México— tiene el derecho soberano de admitir a quienes juzgue conveniente. Esta prerrogativa excluye la posibilidad de reclamo por parte de Perú, limitándolo a respetar la decisión y, eventualmente, conceder el salvoconducto, un proceso que Lima ha indicado estar evaluando conforme a derecho.

No obstante, en su ejercicio, México incurre en una selectividad ideológica que socava su autoridad moral y la noble tradición que ha enarbolado. La justificación moral del asilo a Chávez se debate en una zona gris. Contrariamente a la sugerencia de que no tiene causas pendientes, Chávez sigue procesada por presuntos delitos de corrupción y se le impuso un impedimento de salida del país.

Pero el error más profundo del gobierno mexicano se encuentra en su insistencia en prejuzgar los procesos internos peruanos, particularmente en el caso del expresidente Pedro Castillo. Éste fue destituido tras intentar disolver el Congreso en diciembre de 2022, un acto que las instituciones peruanas, desde el Tribunal Constitucional hasta el Congreso, catalogaron como un “autogolpe de Estado” y un evidente “resquebrajamiento del orden democrático constitucional”. Al etiquetar a Castillo como “preso político”, México interfiere en la soberanía judicial peruana, deslegitimando la respuesta democrática coordinada de las instituciones que actuaron precisamente para evitar la concreción de un quiebre institucional.

El gobierno mexicano ha defendido su “vocación humanista” y calificó la respuesta peruana de romper relaciones como “desproporcionada”. Pero si la política exterior mexicana es genuinamente humanista, debe aplicarse sin sesgos, protegiendo a los disidentes que sufren persecución sistemática y no sólo a aliados políticos.

México debería considerar el asilo para presas políticas latinoamericanas cuyo estatus de perseguidas está ampliamente documentado por organismos multilaterales y de derechos humanos, y no sólo para figuras de su espectro ideológico.

Tal es el caso de la venezolana Rocío San Miguel Sosa, directora de Control Ciudadano, una organización que vigila la actuación de las corporaciones de seguridad y el sector militar, detenida arbitrariamente en febrero de 2024, acusada de terrorismo y conspiración, encarcelada en El Helicoide, la prisión del servicio de inteligencia de Venezuela, y a quien se ha negado el acceso a su defensa. Está la cubana Mayelín Rodríguez Prado, una joven detenida en agosto de 2022 y condenada a 15 años de prisión por “sedición” y “propaganda enemiga”, simplemente por transmitir protestas antigubernamentales a través de Facebook, recluida en la prisión de Granja 5, en Camagüey. Y la nicaragüense Fabiola Tercero Castro, periodista, promotora de la lectura, y activista feminista, detenida en julio de 2024 por su trabajo en materia de derechos humanos, cuyo paradero no ha revelado el gobierno de ese país.

Extender el asilo a figuras como San Miguel Sosa, Rodríguez Prado, Tercero Castro sería la prueba irrefutable de que México utiliza la Convención de Caracas por motivos de humanidad y no como una herramienta de política de bloques.

Si aspira a ser líder moral en la defensa de los derechos humanos en el continente, México debe cesar la calificación ideológica de los procesos judiciales legítimos de otros países (como el de Castillo) y demostrar que su política humanista es universal y consistente. La coherencia en el asilo es el único camino para que la noble tradición mexicana no se vea reducida a una mera herramienta de realineamiento político continental. (Pascal Beltrán del Río, Nacional, p. 2)

¿Alguien evade el registro de remesas?

La incapacidad material de la CNBV para realizar las funciones encomendadas es mínima.

Un dato que ha brincado al Departamento del Tesoro de Estados Unidos, y en especial ahora que están en una revisión exhaustiva en el FinCEN, es el hecho de que, en México, desde el pasado mes de abril, se ha registrado una caída en las remesas enviadas desde EU, mientras que los envíos de dinero a El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Colombia, han aumentado en el mismo lapso que cae en México (marzo-septiembre).

El dato es relevante porque son alrededor de 3 mil millones de dólares menos acumulados en el saldo anual y comparado con 2024 y, anualizado, considerando la tendencia que trae, serían alrededor de 5 mil millones de dólares.

Le digo que hay atención del otro lado de la frontera, que bien harían el secretario de Hacienda, Edgar Amador, y la gobernadora del Banco de México, Victoria Rodríguez, en revisar, pues parece que el subregistro está ligado a una opción nueva para el envío de remesas utilizando el registro de transferencias nacionales del SPEI (el 01), en lugar del 035 o 036, exigido por la regulación para transmisores de remesas desde el exterior por la CNBV.

No le digo que lo revise la CNBV, que es el supervisor primario para evitar lavado de dinero, porque, aunque han cambiado de presidente, su incapacidad material para realizar las funciones encomendadas es mínima. No tienen ni sistemas ni personal para lograrlo y tampoco destacan por su transparencia informativa.

De hecho, este fenómeno ha sido comentado en algunos medios, pero si tan sólo pusieran atención al sistema de registro, se darían cuenta de que los envíos de fintechs de pago (IFPE), ligadas a STP o Argus, e inclusive switches como el de Visa, están traspasando, pasando por los rieles del SPEI, que administra el Banxico, sin ser reportados o regulados como remesas, al grado de que los envíos que he visto usan nombres ficticios, como el de un superhéroe, o el de Juan Escutia o Mickey Mouse, y la remesa pasa porque lo único que requiere es una clave válida, sin verificación de quién envía desde Estados Unidos y quién recibe en México.

El corredor USA-Mex, como le denominan en el medio de transmisión de dinero a través de la frontera, ha tenido caídas constantes y, de hecho, en septiembre (el último dato publicado por Banxico) reporta 2.4%, la menor en el lapso abril-mayo. Esas caídas han sido justificadas por el reforzamiento de la política de inmigración en los Estados Unidos desde la llegada del presidente Trump, pero si fuera el caso, se reportaría una tendencia similar en los países que le señalé. Sólo El Salvador registra un aumento del 19% en ese lapso y, en el caso de Guatemala, de casi 10%.

Las caídas de poco a poco es lo que marca tendencia, y es lo que ha estado mostrando un patrón que se justifica con la reducción de comisiones en el servicio, ligada a IFPE o switches como los que le mostré, pero no por el ajuste de precio en envío digital, sino por el cambio de códigos en el envío, dado que al pasar por SPEI se reduce la carga regulatoria que tiene un trasmisor como Money Gramm o Western Union.

La apertura a la competencia ha dado acceso también a entidades reguladas que, no siendo fintech, bancos o sofipos, pueden conectarse al SPEI vía STP o Argus, y ofrecen el servicio a entidades reguladas, con la promesa evidente de aumentar el flujo por intermediación en el negocio de remesas transfronterizas.

Éstos ofrecen la conexión y el servicio de dispersión en México porque se le considera dispersión local a precio muy bajo y no incluye el monitoreo ni el reporte como remesa transfronteriza exigida por la norma de la CNBV, como en Estados Unidos por la BSA y las autoridades estatales que son las que expiden las licencias. A nivel federal es el FinCEN.

Después de lo ocurrido en julio pasado, se supone que en la CNBV se ha realizado un barrido de transmisores y, de hecho, las nuevas solicitudes se han detenido, pero si existe una vulnerabilidad como la que parece observarse, siempre hay oportunidad para subsanarla y poner remedio, pues los que están intermediando estiman que entre 8% y 10% no están siendo reportadas como remesas y pasan como transacciones nacionales. Cinco IFPE están en la mira. (Alicia Salgado, Excélsior, Omline)

Desde afuera / La “Doctrina Donroe”

Y en ese marco, “su verdadero objetivo es dominar todo el hemisferio occidental –desde el Polo Norte hasta el Polo Sur– utilizando la superioridad militar y económica de Estados Unidos para derrotar a todos los “enemigos”, tanto extranjeros como nacionales”, escribió Daalder en el diario cibernético Politico. Es lo que la propia publicación definió como la “Doctrina Donroe”, al combinar el primer nombre del actual mandatario, Donald, con la Doctrina Monroe, dictada por el presidente James Monroe en 1824 y famosamente definida como “América para los americanos”.

De acuerdo con su visión, las propuestas de Trump “significan una ruptura mucho más profunda y generalizada con el pensamiento moderno establecido en materia de seguridad nacional”.

Cartones

Camacho

(Camacho, Reforma, Opinión, p. 9)

New York, New York

(Llera, Excélsior, Nacional, p. 14)

Calavera De Trump

(El Fisgón, La Jornada, Política, p. 4)

Autor:: Instituto Nacional de Migración
Fecha de Publicación:: 4/11/2025