En recientes días, acabamos de vivir dos lamentables hechos vinculados con el ámbito migratorio: las muertes de Victoria Salazar y de Elvin Mazariegos provocadas por miembros de la policía de Tulum y del ejército mexicano, respectivamente. Diversos colegas han puesto de relieve que, tanto en ellos como en otros cuerpos con similares características, es común la falta de capacitación y la ausencia de protocolos para el uso de la fuerza.
Con independencia que desde mayo de 2019 se publicó la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza y cuya constitucionalidad debe resolver la Suprema Corte, las corporaciones de seguridad no han emitido los manuales para la legítima aplicación del monopolio de la violencia que posee el Estado. Por ejemplo, el de la fuerza armada permanente data de mayo de 2014 y no se ajusta a las disposiciones de la Ley Nacional en vigor.
Al margen de la nula atención que nuestras autoridades han puesto al tema del uso de la fuerza, su ejercicio les genera a ellas y a nuestro país responsabilidades de diversa índole. Especialmente cuando se trata de personas que han decidido internarse en el territorio nacional. Más allá de si este acto es lícito o ilícito, diversas disposiciones constitucionales, convencionales y legales les confieren derechos a quienes están en el espacio geográfico mexicano.
¿Qué pasa cuando las autoridades nacionales son las que lastiman o privan de la vida a algún extranjero? Para efectos del orden jurídico nacional, los participantes deberán ser sometidos a proceso por la probable comisión de los respectivos delitos. En cuanto al orden jurídico interamericano o del internacional, la responsabilidad no recae sobre los funcionarios participantes, ni sobre sus comandantes o las correspondientes autoridades federales o locales, sino estrictamente sobre el propio Estado mexicano.
Hasta ahora, la condición jurídica de los migrantes en territorio nacional se ha visto como un asunto propio de cada uno de los cuerpos de seguridad o, más ampliamente, como una cuestión vinculada con cada una de las entidades federativas o, inclusive, de los municipios que conforman nuestro sistema federal. Ello ha provocado una especie de desinterés sobre las condiciones de funcionamiento de cada una de las partes del todo o, lo que todavía es más grave, una especie de egoísmo nacional para que cada cual enfrente sus problemas y pague sus platos rotos.
Lo que esta visión reduccionista propicia es la asignación de responsabilidades internacionales, no a la entidad federativa X o Y, ni al municipio P o Q, o a la fuerza armada o de seguridad de tal o cual naturaleza. Las obligaciones fallidas en materia migratoria, que han sido tan pobres de entender y paupérrimas al operar, arrojarán la sujeción de México, y de sus autoridades, a algún tipo de consecuencias.
En ese ámbito de la discusión deja de ser relevante quién hizo qué en una situación específica. Comienza la polémica, además de ello, de quién no hizo qué, quién estaba a cargo de qué y cuál era la cadena de mando o de investigación. El espectro de posibilidades para revisar las actuaciones se abre considerablemente en tanto deja de actuarse con los consabidos referentes locales que, más que enfrentar los problemas, buscan ocultarlos, cuando no de plano derivarlos.
En la materia migratoria es preciso comenzar una acción integral y coordinada. Es necesario dejar de mirar el tema de forma fragmentada. También dejar la visión de que va a solucionarse cerrando una frontera en sí misma abierta. Así, una vez mirado el problema desde el ámbito internacional, quien participa en el fenómeno migratorio es México. Por lo mismo, es éste, desde luego en su conformación jurídica, el único que puede actuar. (José Ramón Cossío Díaz, El Universal, Opinión, p. 10)
“¿Está respirando?” “Sí, ¡ya! ¡ya! ¡ya!… Sí está respirando, mire… Movió la boca”.
La vida de Victoria Salazar se extinguió a consecuencia del uso excesivo de la fuerza por parte de policías municipales de Tulum. La tragedia logró entrar al debate público gracias a la existencia de varios videos, uno tomado por el establecimiento en donde ocurrieron los hechos y otros grabados por testigos en la calle.
Entre los audios e imágenes, se encuentra la conversación de los policías alrededor del cuerpo inmóvil y descalzo de Victoria, quien falleció al rompérsele dos vértebras cuando una mujer policía la prensó largamente contra el piso usando su rodilla. Otro video muestra cómo policías lanzan sin respeto el cuerpo sin vida de Victoria en la parte trasera de una pick up oficial.
Los documentos visuales, en su conjunto, forman un manojo de hilos desde los que se prenden los deudos de Victoria; los necesitan para salir del laberinto del sistema penal mexicano con un resultado de justicia.
Las cámaras captaron hechos que son clave para el caso concreto, pero que evocan también debilidades generalizadas en la policía de primer piso de nuestro país.
Desde una perspectiva amplia, el caso de Victoria nos coloca en la dolorosa realidad de vivir en un país sin policía. Sería muy útil que la indignación que muestran nuestras autoridades se tradujese en acelerar la construcción de policías en México, desde sus bases. Quien crea que la responsabilidad de esta tragedia la portan policías mal entrenados y mal pagados, está equivocado. La responsabilidad de la tragedia de Victoria la lleva puesta el propio Estado mexicano. (Layda Negrete, El Universal, Opinión, p. 11)
La muerte de Victoria no fue un accidente, fue un asesinato. Su vida transcurrió y concluyó en la tragedia. En su memoria y por los 72 migrantes masacrados en San Fernando; por los 16 guatemaltecos calcinados; por todos los que cruzan nuestro territorio y son víctimas de la violencia, demandamos justicia.
Visibilizar el éxodo de los migrantes centroamericanos quienes buscan una mejor vida y la genuina ilusión de salir adelante, es narrar la cotidiana vejación a sus derechos humanos, particularmente por las fuerzas de seguridad y las autoridades migratorias. Sin embargo, en esa larga travesía, muchos de ellos son asesinados, secuestrados, violados o desaparecidos. Amnistía Internacional calcula que siete de diez mujeres y niñas migrantes sufren algún tipo de abuso sexual en su paso por nuestro país.
El pasado 15 de diciembre presente ante el pleno del Senado de la República diversas reformas a fin de prohibir la discriminación a cualquier persona por su estatus migratorio. De igual forma, he propuesto que se reconozcan los derechos y garantías contemplados en nuestra Constitución y los establecidos en los tratados internacionales.
La propuesta de ley también busca prohibir la detención de cualquier migrante por un plazo mayor a 72 horas en caso de no existir mandamiento judicial; reconoce el derecho de las personas extranjeras y migrantes para acceder a mecanismos de acceso a la justicia pronta y expedita; privilegiar la unidad familiar e inhibir la detención de los menores de edad con situación migratoria irregular. En suma, garantizar los derechos humanos de las y los migrantes.
La migración es la historia de la humanidad, de la riqueza étnica y la diversidad cultural. A través de los siglos, la migración ha consolidado la existencia de diversas naciones. Sin embargo, cuando ignoramos sus raíces y las razones de su movilidad, florece la xenofobia exacerbada.
No debemos catalogar a las personas de primera o segunda categoría, incluido cualquier ciudadano del mundo. Debemos abolir las ficticias castas sociales. Cuando logremos esa igualdad sustantiva, nunca más se volverá a repetir una tragedia como la de Victoria. (Geovanna Bañuelos, El Sol de México, Análisis, p.15)
A dos semanas de que una delegación de alto nivel del gobierno de Estados Unidos visitara México para subrayar un mensaje de urgencia ante la convulsión que vive la frontera común, existe un amargo sabor de boca en ambas partes, por la falta de niveles mínimos de entendimiento. La diferencia parece radicar en que Palacio Nacional busca ganar tiempo, mientras que la administración Biden luce exasperada. Se trata de un coctel explosivo.
En contraste con lo que ocurre en la nación vecina —donde se acumula una agenda de desencuentros con la llamada 4T—, el gobierno López Obrador da la espalda en los hechos a los temas binacionales. El agudo olfato político del presidente López Obrador no estaría funcionando en este caso. Al parecer le impide entender que es mucho lo que no entiende.
Esta contingencia sobre las espaldas del gobierno Biden ensombrece la posibilidad de que el Congreso estadounidense apruebe su propuesta de abrir una ruta hacia la nacionalidad para 11 millones de indocumentados actuales, muchos de ellos mexicanos.
Los funcionarios visitantes, Roberta Jacobson, Juan González y Ricardo Zúñiga, integran un equipo de consejeros de alto nivel con acceso pleno a la Casa Blanca, que quizá por vez primera en la historia, colocan en el Salón Oval los temas de la región, la cual conocen a profundidad, por su trayectoria en el Departamento de Estado o en el Consejo Nacional de Seguridad, incluso en la embajada en México —como ocurrió con Jacobson y Zúñiga. La mirada de Biden se ha perfeccionado desde que en 2014 fue designado por Barack Obama —ahora repite el modelo con Kamala Harris— para atender la crisis de las sucesivas oleadas migratorias desde territorio mexicano.
Un punto sobre el que ya están a la vista las discrepancias es la estrategia para Centroamérica, en particular Guatemala, El Salvador y Honduras. Un informe publicado a finales del año pasado bajo la firma del citado Ricardo Zúñiga, entre otros autores, ubica a la corrupción galopante en el llamado Triángulo del Norte como el principal factor que ha impedido el avance de los programas de ayuda, y llama a fortalecer a organismos de la sociedad civil y agrupaciones empresariales en la zona para liderar una nueva etapa.
Como alerta Andrew Selee, ampliamente conocido en México y quien encabeza el independiente Instituto de Política Migratoria, hay por lo menos tres crisis fronterizas: el flujo incesante de niños migrantes no acompañados —18 mil están en territorio norteamericano, en refugios irregulares y aun ilegales. Por otro lado, el sistema de asilo tarda hasta dos años y medio en resolver una solicitud; hoy, tras el gobierno Trump, que virtualmente suspendió este recurso, están acumuladas 1.3 millones de ellas, un tercio más que con Obama.
De acuerdo con información oficial, las presiones de Trump orillaron al gobierno mexicano a albergar indefinidamente a 70 mil de estos solicitantes, bajo los llamados Protocolos de Protección Migrante. El gobierno Biden está expulsando hoy al menos a 40% de las familias solicitantes de asilo, y a casi la totalidad de los individuos solteros que hacen ese reclamo, al sostener la política de Trump llamada Título 42.
La tercera crisis son las expulsiones. Durante el último año hubo más de 500 mil, la mayor parte de ellas son centroamericanos, pero el porcentaje de mexicanos es cada vez mayor. La carga económica y social de este fenómeno sobre los estados fronterizos mexicanos es enorme. El mayor flujo actual de expulsiones es sobre Tamaulipas. Frente a este panorama ominoso, aquí parecemos seguir entendiendo al mundo mirándonos el ombligo. (Roberto Rock, El Universal, Nación, p. 5)
Si viajar solo es peligroso, imagínese para un menor de 18 años. Son las niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados los que diariamente se enfrentan a experiencias inimaginables en busca del sueño americano, un sueño que en ocasiones se convierte en pesadilla.
Son el sector más vulnerable y las presas más fáciles para la trata de personas, la explotación y prostitución infantil, el turismo sexual, la desaparición forzada, entre otros; son los menores migrantes no acompañados los que la delincuencia organizada ha reclutado a la fuerza para engrosar sus filas o para abusar de ellos.
El diario El País reportó que cifras oficiales de Estados Unidos señalan que en marzo arribaron a esta nación18 mil menores, un fenómeno que no se había visto de tal dimensión desde mayo de 2019; y que en seis meses han ingresado 47 mil 729 menores no acompañados, una cifra que supera el total de arribos durante 2020.
UNICEF ha señalado que para los niños en tránsito, el Covid-19 está empeorando aún más la situación, pues la discriminación y los ataques se suman a las amenazas que ya existían antes, como la violencia que les llevó a huir.
CNN noticias reportó que hasta marzo más de 4 mil niños migrantes no acompañados están bajo la custodia de la Patrulla Fronteriza, lo que marca otro aumento en la cantidad de menores detenidos en instalaciones fronterizas, hasta que los funcionarios puedan acomodarlos en refugios adecuados para ellos.
“Mami, te tengo una mala noticia. No llores, fíjate que me agarró la migración de México”, recuerda haberle dicho a su madre por teléfono Elizabeth, una niña hondureña de 13 años, ubicada en uno de los refugios mexicanos ubicados en Ciudad Juárez, Chihuahua, narró The New York Times.
Elizabeth contó al diario estadounidense que al enterarse su madre de su detención, rompió a llorar al otro lado del teléfono. “Le dije que se tranquilizara. Si Dios quiere nos volveremos a ver”, sostuvo.
Las niñas, niños y adolescentes migrantes cargan las tragedias de sus padres y de sus propias vidas, también los sueños de miles de familias que los empujan a esta travesía sabiendo que en su lugar de origen sólo tienen como destino la miseria, la violencia y, en muchos casos, la muerte.
Tuve la oportunidad de conocer en San Pedro Sula, Honduras, a sor Valdet Willeman, hermana misionera católica scalabriniana de origen brasileño y cofundadora del Centro de Atención al Migrante Retornado (CAMR), quien hace una extraordinaria labor con las personas deportadas; ella afirma que en el tránsito de la deportación se reportan un cierto número de niñas y niños retornados, pero que a la llegada a su país de origen el número se reduce considerablemente, por lo que se desconoce qué pasa con todas esas niñas y niños que se pierden en el proceso de deportación, lo más seguro es que caen en manos del crimen organizado.
Por lo anterior, es que requerimos de una política pública enfocada a la atención de niñas, niños y adolescentes retornados, atendiendo su cuidado y vigilancia en el proceso; así como un esfuerzo internacional para crear campañas de prevención entre Estados Unidos, México y el llamado Triángulo Norte de Centroamérica (Guatemala, El Salvador y Honduras). (Josefina Vázquez Mota, La Razón, México, p. 9)
Si bien ni en lo que va de la administración Biden ni en los periodos de Obama se vieron escenas de niños migrantes enjaulados, se ha generado una falsa impresión de que el nuevo presidente de EU representa una carta blanca a la migración.
Esta percepción se debe más bien a la crudeza vivida con Trump, recordemos que separó familias y que aún hoy hay padres desesperados en busca de sus hijos. Sin embargo, esta ilusión es falsa y los miles de migrantes que se han propuesto cruzar la frontera se están topando con una realidad adversa.
Biden no lo ha ocultado, ha dicho con todas sus letras “no vengan”. Las deportaciones, como en la era de Obama, han continuado y continuarán. Las peticiones de asilo siguen procesándose a cuentagotas y con las probabilidades en contra. Biden no ha abierto ni abrirá la frontera, simplemente no es brutal como lo era su antecesor. Sin embargo, esta falsa idea ha provocado un aumento en la migración desde nuestra frontera sur y mucho movimiento en la frontera norte.
Para Biden, este repunte ha sido desastroso en su imagen. Necesita urgentemente cambiar esa percepción sin caer en el salvajismo que tanto criticó a Trump. El plan es claro: hacer que México sea el que se ensucie las manos. Ahí tenemos el par de millones de vacunas que nos ha prestado y la conveniente coincidencia del refuerzo en las medidas de contención migratoria en nuestra frontera con Guatemala. También se notó el cambio ante la negativa de aceptar en México a los migrantes que estén en espera de la resolución de su petición de asilo. Las escenas de brutalidad, los campos de retención de migrantes y las violaciones a los derechos humanos no se verán en territorio estadounidense. Todo a cambio de unas cuantas vacunas y de mantener la tan necesaria buena relación con el vecino, que será clave ahora que nos enfrentamos a una crisis prolongada.
Biden le ha dado la vuelta a la crisis sanitaria que heredó, pero arriesga mucho capital político en el tema migratorio. No puede mostrarse blando, no puede permitir que siga aumentando el número de menores no acompañados —que crean un verdadero dilema ético y político en el sistema—, no puede darle al Partido Republicano nuevas balas para refrendar el argumento de que votar demócrata es hundir al país en el caos y la ilegalidad.
La migración es el combustible de la base trumpista. Si Biden no controla este tema, veremos una segunda ola poderosa de candidatos que aglutinan votantes al proferir insultos, difundir el miedo y fomentar la división social. Esperemos que Biden encuentre una mejor forma de cooperar con México y Centroamérica para frenar la causa de la migración y no acuda a los viejos remedios que implican “barrer la basura” bajo la alfombra mexicana. (Montserrat Salomón, La Razón, Mundo, p. 18)
Con el propósito de comprender la riqueza de las relaciones de la región de Norteamérica, vale mucho la pena entender el peso de las relaciones entre México y Canadá. Los vínculos entre ambos países son longevos y obedecen a dinámicas propias de dos países fuertemente interconectados, tanto a nivel bilateral como regional.
La proyección internacional de México y Canadá nos conecta a dos bloques comerciales fundamentales a nivel global. Por un lado, ambos formamos parte del T-MEC. Por otro lado, México y Canadá son miembros del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica que vincula a once países de la Cuenca del Pacífico, desde Chile hasta Singapur pasando por Japón y Perú. La defensa del multilateralismo es otra causa internacional compartida de nuestras visiones diplomáticas que también son complementarias: México es una puerta de entrada natural para América Latina, mientras que Canadá nos permite tener mejor acceso a los grupos de la Commonwealth y de la OTAN, por ejemplo.
El comercio con Canadá es muy relevante para la economía de nuestro país. El mercado canadiense es sumamente significativo para nuestras exportaciones, por encima de cualquier país europeo o asiático y sólo por detrás de Estados Unidos. Los flujos comerciales totales entre México y Canadá se han multiplicado en 782% desde la entrada en vigor del TLCAN, según datos del Banco de México y del Inegi. Para dimensionarlo más claramente: las exportaciones mexicanas que llegan a Canadá superan las que llegan a toda América Latina. En materia de inversión extranjera observamos un patrón muy similar: la inyección de capital canadiense en el 2020 superó en magnitud a la de todos los demás países, salvo Estados Unidos.
México tiene seis representaciones en Canadá: los consulados en Vancouver, Leamington, Calgary, Toronto y Montreal, además de nuestra embajada en Ottawa. Fuera de EU, México no tiene una red diplomático-consular tan extensa en ningún otro país del mundo. El rango de la agenda es amplio, desde la cooperación cultural con el mundo francófono en Montreal, hasta la protección de los derechos de las personas trabajadoras en Leamington. Como lo muestra la reunión anual de la Alianza México-Canadá, nuestra cooperación pasa por ocho ejes: agronegocios; bosques; comercio, inversión e innovación; cultura y creatividad; energía; medio ambiente; capital humano y minería.
La evolución de la agenda también es clara. Actualmente, destacaría tres áreas clave para la cooperación entre ambos países. En primer lugar, está el Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales México-Canadá (PTAT). Si bien se trata de un acuerdo cuyo origen se remonta a 1974, es un programa ejemplar, pues demuestra la posibilidad de gestionar flujos migratorios ordenados, seguros y regulares que benefician al mercado laboral canadiense y también a nuestros connacionales. El contrato laboral estipula un alojamiento adecuado, jornadas de ocho horas y un seguro médico —condiciones que son verificadas periódicamente por nuestros funcionarios consulares. Además, en la última reunión anual, incluimos compromisos para la protección de nuestros connacionales frente a la pandemia.
Vale la pena también enfatizar que avanzamos de manera conjunta en dos temas de particular importancia para ambos países: la igualdad de género y el fortalecimiento de la agenda de jóvenes. En materia de equidad de género, avanzamos en la política exterior feminista que ambos países hemos suscrito, particularmente a través del Compromiso de Género firmado por nuestras representaciones diplomáticas el año pasado. Por otro lado, México y Canadá impulsamos la participación de la juventud en la construcción de la agenda bilateral, mediante el programa piloto Can-Mex Lab. Como reflejan estos proyectos comunes, ambos gobiernos compartimos la visión en defensa de la pluralidad, la igualdad y la inclusión.
Por último, aunque no menos importante, vale la pena subrayar la importancia de afianzar nuestra cooperación norteamericana. Por ejemplo, es indispensable aprovechar las oportunidades que brinda el T-MEC para impulsar una recuperación económica igualitaria, así como seguir construyendo alternativas para hacer frente de manera conjunta a los estragos del covid-19. México y Canadá podemos aprovechar la complementariedad de nuestras economías y los valores compartidos. Si bien los retos por venir serán de gran complejidad, los resultados de las últimas décadas son alentadores. (Roberto Velasco, Excélsior, Nacional, p. 12)