Rocha sin fuero; lejos de Morena, 4T y vulnerable
La situación de Rubén Rocha Moya en Sinaloa ha generado una fuerte división dentro de Morena y la 4T, con un debate sobre si respaldarlo o tomar distancia. Aunque inicialmente se reportó un posible blindaje, ahora persisten informes sobre presión interna para que deje el cargo sin retorno, e incluso se incluyen peticiones de figuras de su propio partido al más alto nivel.
*Recordemos el contexto de la acusación a Rocha Moya, que proviene del Departamento de Justicia de los EE. UU. por presuntos nexos con el narcotráfico y algunos delitos relacionados con armas.*
El hasta ahora gobernador con licencia, que originalmente rechazó las acusaciones que le señalan, afirmando estar limpio y negando buscar licencia bajo el argumento de que las acusaciones carecían de pruebas, terminó el fin de semana pasado solicitando licencia bajo el argumento de estar limpio y facilitar la investigación.
Lo cierto es que, al cruzarse en el camino del VIII Congreso Nacional Extraordinario de Morena –los días 2 y 3 de mayo en la CDMX–, se han registrado cambios clave en la dirigencia nacional del partido, y también la suerte de Rocha Moya entró a un “debate” sobre si la 4T debe cerrar filas en defensa de la soberanía o si el partido toma distancia para evitar la caída de otras figuras.
De entrada, han sido figuras de la 4T –eso dicen algunos medios– quienes empujaron la figura de la licencia, dejando Rocha la gubernatura.
Hay otras voces que aseguran que el Gobierno Federal brinda protección a Rocha, en razón de su condición de gobernador.
La situación de Rocha y los colaboradores señalados es desafiante, pues pone en una cuerda floja la unidad del partido de gobierno, de cara a la elección concurrente de 2027.
El INE e instituciones locales electorales –OPLE en Veracruz– han comenzado a definir fechas, cargos en disputa y aspectos logísticos que deben atender tanto partidos como la ciudadanía, y las elecciones están programadas para el domingo 6 de junio de 2027, en un horario de 8:00 a 18:00 horas.
En esas elecciones se habrá de votar por 500 diputados federales que integrarán la Cámara de Diputados de la LXVII Legislatura, así como la renovación de 17 gubernaturas, congresos locales y más de 1,000 ayuntamientos, sin descontar la elección de cargos del Poder Judicial federal y local que quedaron pendientes tras los comicios judiciales de 2025, como parte de la reforma judicial. Aunque el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ha planteado que las elecciones judiciales programadas para 2027 deben realizarse en una fecha distinta a los comicios políticos, es decir, no coincidir en la misma jornada.
Incluso, se ha planteado la realización de la consulta para la revocación de mandato de la presidenta Claudia Sheinbaum.
DE SOBREMESA
La incertidumbre por el actual paradero y las sospechas de una posible fuga de Rocha Moya persisten; hasta el momento, autoridades federales mexicanas no han confirmado alguna orden de aprehensión activa ni alerta migratoria en su contra.
La licencia por más de 30 días ha desatado incertidumbre sobre su ubicación, con reportes que especulan sobre su salida de México ante las acusaciones de EE. UU.
Existen versiones sobre una posible alerta migratoria emitida por autoridades del INM, pero se considera difícil una fuga debido a la vigilancia y a los procesos formales de extradición, además de que una situación así podría agravar la relación bilateral entre Estados Unidos y México de manera innecesaria.
UN CAFÉ CON DOBLE CARGA
“Facilitar las investigaciones” es una maniobra política que abre paso a operaciones de la FGR y conlleva riesgos de inestabilidad para otras fuerzas. Veremos qué sigue en ese sentido en relación a Rubén Rocha.
UN CAFÉ LECHERO LIGHT
Las promociones de servidores públicos en relación con partidos políticos y sus dirigentes son actos fuera de la norma.
Son conductas violatorias de las normas electorales y vulneran la imparcialidad en vísperas de los procesos; algo deberán hacer los contralores internos de las oficinas públicas federales para inhibir acciones de naturaleza político-electoral en días y horarios hábiles de trabajo.
¡ES CUANTO! (Entorno Político, José Luis Enríquez Ambell, Opinión)
Todas las familias son emigrantes. Cada hogar añora a alguien que salió hacia lo desconocido: abuelos, tíos, hijos o sobrinos. Ante la catarata de discursos xenófobos que nos anegan, entremos en su piel y su angustia: la lucha por la supervivencia, la lejanía de los seres más queridos, las barreras del idioma y el acento, las leyes hostiles, el rechazo racista, la indefensión, la soledad y el fantasma del fracaso.
Los psiquiatras han denominado “síndrome de Ulises” a los trastornos de salud que padecen los inmigrantes a causa de la ansiedad prolongada. Según los cálculos, en sus manifestaciones extremas, afecta a más de 50 millones de personas en los horizontes de todo el mundo. Debe su nombre a Ulises, el héroe griego que luchó durante una década en la guerra de Troya y después vagabundeó de costa a costa durante otros 10 años. Lejos de Ítaca, afrontó todos los peligros imaginables, invadido siempre por la nostalgia de Penélope y su hijo Telémaco. Perdió el rumbo muchas veces, sufrió agresiones, naufragios, pérdidas, y a menudo pareció que su destino era extraviarse sin remedio. Homero cuenta que la diosa de la inteligencia, Atenea, siempre estuvo de su parte y acudía a infundirle esperanza en sus momentos de desconsuelo. La divinidad más sabia nos diría hoy que atemorizar al inmigrante resquebraja nuestra propia seguridad. (Irene Vallejo, Milenio, Cultura, p. 23)
REHILETE.
Especialistas en la Cámara de Diputados alertaron que México ha dejado de ser solo un país de tránsito para convertirse en destino: en 2025, el 66% de los migrantes optó por establecerse en el país ante el endurecimiento de las políticas en EU. Durante el foro Migración y Derechos Humanos: Retos y perspectivas contemporáneas, denunciaron la saturación de la Comar y urgieron a actualizar leyes que reconozcan el desplazamiento por cambio climático y violencia criminal, advirtiendo que la impunidad fomenta abusos sistémicos contra los derechos humanos. (El Economista, El Foro, p. 54)
Confidencial
Se asoma un periodo extra
Cuentan en la Jucopo de Diputados que los coordinadores parlamentarios “van muy avanzados en favor de convocar a un periodo extraordinario de sesiones” del Congreso de la Unión. Incluso, aseguran que “en el Senado también hay consenso”. Ya hasta tienen los temas, según dicen: seguros y fianzas, el buró de crédito, inteligencia artificial y una nueva ley de migración, entre otros. Sin embargo, admiten que para hacer cambios a la reforma al Poder Judicial “aún no hay luz verde” de Palacio Nacional. Todo debe decidirse “en cuestión de horas”, anticipan. Veremos. (Confidencial, El Financiero, Nacional, Política y Sociedad, p. 33)
El lunes le decía que mi impresión es que, para Estados Unidos, México se ha convertido en una amenaza a la seguridad nacional, y por eso han modificado su estrategia. Ese mismo día, la Casa Blanca publicó su Estrategia Nacional de Control de Drogas, en la que detalla parte de esa transformación.
No es que sea adivino o tenga información privilegiada. Como bien dice Christian Ehrlich, experto en seguridad, en este documento no hay mucho más que en las estrategias de seguridad nacional y militar que se publicaron en meses pasados. De hecho, el cambio en el terreno puede fecharse mucho antes, con el gobierno de Biden, bajo el cual ocurrió la extracción de El Mayo Zambada. Si fuese poco, la creación de la Fuerza de Trabajo Conjunta Interagencias del Comando Norte del ejército de Estados Unidos, ocurrida a inicios de año, apuntaba claramente a lo que hoy vemos.
Esta información nos permite confirmar que no estamos frente a un arrebato de Trump, aunque sin duda él haya aprobado este proceso, y seguramente intentará utilizarlo en su beneficio. El cambio es institucional, es una política de Estado, y me parece que responde a la transformación que ha sufrido el crimen organizado en México.
En primer lugar, conviene no olvidar que los cárteles mexicanos se encuentran entre los grupos criminales más importantes del mundo. Frecuentemente aparecen entre los cinco más poderosos, superando por mucho a otros latinoamericanos. No en balde ha crecido la preocupación en varios países sudamericanos por la presencia de elementos de Sinaloa o Jalisco.
Segundo, estos grupos han sufrido una transformación notable en los últimos 15 años. Por un lado, su mercado cambió, con la legalización de mariguana en Estados Unidos, pero también con la epidemia de opioides. De ahí la conexión con grupos chinos e indios para producir fentanilo en México e introducirlo a Estados Unidos. Por otra parte, la presión de las fuerzas de seguridad, tanto en México como en Estados Unidos, les obligó a buscar otras fuentes de ingreso. Por esas razones, vemos tanto la transnacionalización de los grupos como la ampliación de su portafolio de negocios.
Con el triunfo de López, estos dos fenómenos tuvieron un crecimiento notable. Del lado trasnacional, basta recordar la insistencia de ese señor acerca de la inexistencia de laboratorios de fentanilo en México; del lado interno, la expansión territorial que permitió un incremento notable de la extorsión, pero también la ampliación de los grupos criminales a la trata de personas, aprovechando los márgenes que les dieron las políticas anti-inmigrantes de Estados Unidos y el papel de México como “tercer país seguro” en los hechos.
Por todo lo anterior, referirnos a los grupos criminales como narcotraficantes es anacrónico. Sin duda siguen en ese negocio, pero ya no es el único, y en muchas ocasiones ni siquiera es el principal. Por otra parte, ya no se trata de que la policía mexicana se haga de la vista gorda frente a sembradíos o trasiego. El crimen organizado, al ampliarse transnacionalmente y al diversificar sus negocios vía la expansión territorial, en los hechos inició un proceso de reemplazo del Estado. Son ellos los que garantizan seguridad pública, imparten justicia, controlan bienes públicos, sea directamente o mediante testaferros a quienes pusieron en el poder.
Si lo ve de esta manera, entenderá por qué para Estados Unidos ya no es un tema de “guerra contra las drogas”, al menos no únicamente. Y si esta interpretación es correcta, el dilema que enfrenta el gobierno mexicano es totalmente distinto al de hace dos o tres sexenios. Ya no es un asunto de reclamarle a los vecinos que dejen de consumir y con eso se arreglará todo. La amenaza para ellos, que es la misma para nosotros, es que México esté gobernado por grupos criminales. Esa debe ser la discusión. (Macario Schettino , El Financiero, Nacional, Política y Sociedad, p. 34)
El gobierno ha tomado la decisión de no detener de manera provisional, mientras se analiza su extradición o no a Estados Unidos, al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. Los señuelos de que no tiene fuero y podría ser llamado a declarar fueron alimento para las sobremesas. Rocha Moya es un asunto de Estado. El régimen en su totalidad lo respalda, lo exoneran –pese a contar con pruebas documentales de sus actos ilegales– y, para que no quede duda, la Guardia Nacional lo está cuidando. Protegido. Blindado. Después de todo, es la llave que abre la puerta del oscuro santuario de Andrés Manuel López Obrador.
Vale el exgobernador no por él, sino por lo que sabe: las extrañas desapariciones del expresidente en su compañía para adentrarse en la Sierra Madre Occidental, donde estaba el refugio de Ismael El Mayo Zambada; los arreglos con el exlíder del Cártel de Sinaloa, en nombre de su jefe de Palacio, sobre quiénes serían los candidatos a puestos de elección popular, y en cuáles municipios; las razones por las que López Obrador ordenó la liberación de Ovidio Guzmán cuando lo detuvieron; los 150 millones de pesos en efectivo que aportó a la campaña presidencial de 2024. El exgobernador tiene mucha información y ya amenazó: si me hundo, no me voy solo.
El mensaje llegó a su destinataria en Palacio Nacional, pero la presidenta Claudia Sheinbaum no puede hacer mucho, salvo acuerparlo: es una bomba devastadora para el régimen como para dejarlo en la intemperie. Es tan importante Rocha Moya como uno de los pilares del morenismo –por su vínculo con López Obrador–, que camina hacia un choque de trenes con el presidente Donald Trump por protegerlo. El inicio de esta loca carrera fue la petición de captura con fines de detención, que fue negada durante días por falta de pruebas, hasta que entendieron de qué se trataba el Tratado de Extradición y movieron su rechazo apoyados en una frase del artículo 11: “en caso de urgencia…”. Es un artilugio.
Como no hay urgencia documentada, es el argumento, que cada quien esté tranquilo o, para que luego no nos digamos sorprendidos, tengan tiempo para esconderse en algún lugar del mundo o, viendo lo inevitable, negocien ser testigos cooperantes de la Fiscalía en la Corte del Distrito Sur de Manhattan, el poderoso tribunal que está lejos de ser una mera oficina del Departamento de Justicia, como describió la presidenta. La negativa mexicana contradice el espíritu del tratado firmado en 1978 y hace lo mismo con el artículo 119 de nuestra Constitución, que dice que cada estado se compromete a entregar “sin demora” a los criminales.
Rocha Moya y otros nueve sinaloenses no serán criminales hasta que lo determine un juez, pero esto no podrá hacerse hasta que México respete el tratado y los detenga por un máximo de 60 días, límite para que la fiscalía estadounidense presente las pruebas y un juez en México determine sus méritos, para que entonces, la Secretaría de Relaciones Exteriores decida si los extradita o no. Esto, hoy, no va a suceder, porque como anticipó el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, no existe ningún señalamiento, menos aún denuncia, de que Rocha Moya anduviera en malos pasos. Por lo tanto, no abrirán ninguna investigación en su contra. Ni siquiera se tomarán las denuncias públicas y ante la autoridad en 2021 sobre la participación de Los Chapitos en la manipulación de las elecciones donde Rocha Moya obtuvo la gubernatura, que es el eje de la acusación en Manhattan, porque lo que está en firme es el encubrimiento.
El garantismo tramposo con el que tratan ahora a Rocha Moya contrasta con la borrachera de felicidad bailando sobre la suerte del exsecretario Genaro García Luna en la corte de Brooklyn, y la forma ilegal y atrabiliaria con la que desterraron a casi un centenar de narcotraficantes, violando el debido proceso –que hoy se quejan hizo Estados Unidos con el exgobernador–, el derecho de amparo –que varios tenían para evitar la extradición–, y el invocado artículo 5 de la Ley de Seguridad Nacional, que utilizaron para la expatriación –que no contempla ninguna ley en México–.
La respuesta de Estados Unidos va a venir. Podrían denunciar el tratado (con 60 días de aviso), que es una forma jurídico-diplomática de proceder. Pero también, simultáneamente con la solicitud de detención con fines de extradición, hacer la acusación formal y presentar las pruebas. Estas sí contarían con la máxima secrecía, pero como no hay credibilidad y respeto en un Poder Judicial controlado por el obradorismo, la posibilidad de que aparezcan en la primera plana de los principales diarios estadounidenses, es grande.
No son las únicas opciones que tiene Washington. El Departamento de Justicia tiene prácticamente listas otras acusaciones contra gobernadores y líderes de Morena por vínculos con el crimen organizado. Mandar cazarecompensas por narcopolíticos, para disfrazar las operaciones de sus comandos de élite como la extracción de Zambada, es una alternativa de las fuerzas especiales. El acuerdo comercial norteamericano es otra pistola sobre la cabeza de la presidenta para lastimar la economía. Un nuevo banco al que tres párrafos de un comunicado del Departamento del Tesoro sepulte, golpearía la certidumbre. Gravar remesas, le da directamente a la gente.
La presidenta insistió en el discurso de la soberanía, pero ella misma la ha entregado cada vez que quiere apaciguar a Trump. Lo hizo con los capos desterrados. Lo hizo aceptando, sobre hechos consumados, el vuelo de aviones espía de la CIA sobre territorio mexicano. No tiene un poder simétrico y las palabras están empezando a escucharse huecas por tantas contradicciones y vaivenes en su gestión presidencial. Las voces del régimen dicen que sí tiene opciones, la carta de migración. Actualmente no parece poderosa.
Sheinbaum ha planteado una fuga hacia adelante. Escalar el conflicto le funciona muy bien con el ala dura del obradorismo, pero fuera del régimen va en picada. Javier Tejado lo demostró en su artículo semanal en El Universal, al revelar que la conversación digital sobre Rocha Moya tuvo un alcance de mil 800 millones de personas, con un humor negativo de 75%, que también arrastró a la presidenta con un idéntico porcentaje negativo.
Es una incógnita hasta cuándo mantendrá a Rocha como un asunto de Estado, porque antes tiene que resolver, aunque lo niegue, su dilema: ella o su mentor. (Raymundo Riva Palacio, El Financiero, Nacional, Política y Sociedad, p. 36)
El gobierno mexicano se queja y demanda que Estados Unidos presente pruebas “contundentes” para apoyar su demanda de extradición contra el gobernador de Sinaloa (con permiso), Rubén Rocha.
La administración mexicana parece recurrir a una mezcla de argumentos presuntamente legalistas (necesitamos pruebas) y patrióticos (nadie nos va a gobernar), pero también hace pensar en máxima resistencia para luego ceder ante el peso de las pruebas… y las presiones.
La exigencia del gobierno mexicano no carece de validez, pero no parece conjugar con los usos y la reglas de la extradición: se comunica la solicitud y luego hay un plazo de hasta 60 días para presentar las pruebas conducentes.
Pero el problema es lo que ocurrirá si presentan esas pruebas en el plazo prescrito, como es posible y hasta probable.
La postura del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum parece lógica desde una posición de presuntas formulaciones nacionalistas, pero para mal, también alimentan la imagen de un gobierno que protege a posibles cómplices del narcotráfico.
Las acusaciones no se dan en un vacío.
Al margen de que una serie de rumores sean ciertos o no, como la presunta intervención del narcotráfico en las elecciones estatales de 2021 en favor del gobernador, hay demasiadas coincidencias y menciones con nombres como Mayo Zambada en el contexto.
Y peor todavía, las versiones no son recientes y se dan en medio de otras respecto a más políticos y dirigentes del partido en el poder.
Se trata, como dice la embajadora eminente Martha Bárcena, de un escenario en el que la inacción del gobierno mexicano puede dar al estadounidense el pretexto para desencadenar acciones con alcances y formas dañinas para México.
Porque la verdad es que México es un país que ha sido el “villano ideal” para Trump: símbolo del libre comercio tan detestado, pero tan aprovechado por sus votantes y seguidores, fuente de inmigrantes, legales e indocumentados, que por los puros números incluyen, a gustar o no, algunos elementos delictivos, paso casi obligado para miles de migrantes desde Centro y Sudamérica, eje de organismos delictivos dedicados al tráfico de drogas y de personas, y para complicar más las cosas, un vecino y socio que busca siempre compensar con posturas políticas para la audiencia doméstica su cercanía económica y social con Estados Unidos.
Ciertamente la tesis de los contrapesos funcionó durante décadas, pero estamos en 2026 y ni el mundo ni los gobiernos de Estados Unidos y México son los mismos. De entrada, no se había clasificado a los cárteles mexicanos como terroristas, ni se había señalado abiertamente al gobierno mexicano como aliado de narcotraficantes.
La presidenta Sheinbaum está en una situación delicada. Ya no es, no puede seguir siendo, la “Trump Whisperer”, capaz de disuadir a un mandatario caprichoso llevado de sus impulsos y necesidades electorales.
La estrategia aparente es de desviar, demorar, desviar, cuestionar.
Pero eso sirvió con gobiernos estadounidenses que requerían una buena relación con México y el mundo: Trump cree que merece acatamiento y obediencia. (José Carreño Figueras, El Heraldo de México, Orbe, p. 33)
Ahora sí, el sistema político mexicano está en un momento de descomposición acelerada. La regresión autoritaria iniciada por el Presidente López Obrador, abrió la exposición política del poder presidencial. En la medida que se fueron dinamitando los mecanismos de control de legalidad de los actos de autoridad, en esa medida las reglas dejaron de proteger al ejercicio del poder. Resulta claro que la recomposición del régimen político mexicano pasó por tolerar altos niveles de corrupción. La transacción de impunidad a cambio de obediencia, tarde que temprano iba a reflejar una deslegitimación del poder público.
La Presidenta Sheinbaum hoy se ve atrapada en una lógica perversa. Por una parte, el gabinete de seguridad viene combatiendo la paulatina descomposición que ha implicado la penetración de la delincuencia organizada en la operación electoral del partido en el poder. Hoy, los grupos políticos beneficiados por tales acuerdos, amenazan con revelarse ante las agencias de la autoridad si son perseguidos. La tolerancia del gobierno anterior a estos pactos de protección hoy se le revierten. Este desorden sólo escala la violencia al reproducirse sin control.
Aquí entran las presiones internacionales. El tráfico de drogas -especialmente el fentanilo- y la migración ilegal, son fenómenos a los que la Administración Trump señala como factores de ingobernabilidad y violencia en la sociedad norteamericana. Aun cuando la cifra negra sea un factor difícil de cuantificar por su propia naturaleza, resulta claro que el carácter torvo y corruptor de las organizaciones criminales, las vuelve candidatos idóneos de la descalificación. The usual suspects funcionan perfectamente como receptores del enojo y temor de una sociedad expuesta a la polarización política y al aumento de la violencia social.
La corrupción política en México aparece como una fuente de riesgo en la agenda de seguridad nacional de los americanos. No están locos. Especialmente en la frontera, se vive esta tensión entre dos regímenes políticos que van apareciendo como antagónicos. No es una simplificación inaceptable aducir que hoy, la Presidenta Sheinbaum se mueve entre dos voluntades políticas que amenazan con rebasarla.
Por una parte, aparece el Patriarcado de López Obrador como líder indiscutible de un movimiento político que es la base de sustentación del presente gobierno. Por otra, aparece la cada vez más beligerante presión del gobierno de Trump respecto a cualquier gobierno extranjero que ponga en riesgo los intereses norteamericanos. Basta que lo tilde de corrupto, autoritario y débil para enfrentar a la delincuencia
Un gobierno democrático que funciona a través de instituciones legítimas y reglas legales claras, tiene la capacidad de distinguir las presiones legítimas de las ilegítimas. Este no es el caso de un gobierno que exclusivamente funciona bajo presiones de los factores reales de poder. La incapacidad de este gobierno para someter a muchos grupos políticos a las reglas del juego democrático, hoy lo ponen a la deriva.
La justicia legal americana, aquélla que de manera tan “convincente” persiguió a funcionarios como García Luna, hoy reclama a nuevas víctimas propiciatorias. Oponer a estas presiones un discurso de la soberanía que descansa exclusivamente en la voluntad política presidencial, expone a la Presidenta a asumir los costos de cualquier resistencia.
Ya no alcanza a dividir al país en buenos y malos, o entre neoliberales y patriotas. Tampoco alcanza para incendiar las diferencias sociales entre “chairos” y “fifis”. El control político de la gestión de la pobreza entra en riesgo. Es disfuncional cuando se trata de proteger los pactos de corrupción. Es momento de reconstruir la legitimidad política en el país.
Frente a las demandas de López Obrador y de Trump, a este gobierno le queda la salida de una soberanía fundada en instituciones justas y leyes democráticas. (Fernando Gómez Mont, El Universal, Opinión, A15)
No ha gustado a Estados Unidos.
Y específicamente al presidente Donald Trump, la protección de Estado brindada al defenestrado gobernador de Sinaloa.
Porque atrás de Rubén Rocha Moya están en fila de investigación por el Departamento de Justicia al menos ocho colegas suyos más.
Y como adelantamos el lunes pasado, sus nombres aparecerán en línea con cargos específicos por nexos con el crimen, corrupción u otros delitos.
No hay, de momento, la pretensión de operativos para venir por ellos a fin de llevarlos a juicio, pero quizá escale la estrategia.
Una posibilidad: para Rubén Rocha Moya se pidió la detención con fines de extradición, proceso administrativo tras el cual vendría la presentación de cargos y el proceso en sí.
Pero para otros, en especial dos del norte de la república, podría emitirse una orden de aprehensión con su consecuente ficha roja a fin de buscarlos por el mundo.
DE REAGAN A TRUMP
Los signos apuntan hacia una confrontación.
Mayor inclusive a la registrada en 1985, cuando tras el crimen del agente Enrique Kiki Camarena Salazar el gobierno de Miguel de la Madrid se negó a enviar a funcionarios acusados.
Al menos recordamos al sospechoso mayor: era el secretario de Gobernación Manuel Bartlett Díaz, quien desde entonces tiene vedado el ingreso a Estados Unidos.
¿Cuál fue la reacción del presidente Ronald Reagan?
Cierre de fronteras, mayor control migratorio, embargo de varios productos como el camarón y distintas medidas dañinas para el país.
Fue necesario el arribo de Carlos Salinas para normalizar las relaciones con George Herbert Walker Bush y pasar a la siguiente fase, la negociación del Tratado de Libre Comercio, primero conocido como TLC y luego como TLCAN.
Hoy el enojo es bilateral y de mayor riesgo, pues Donald Trump es menos tolerante.
Abiertamente su gobierno ha emitido la Estrategia Nacional de Control de Drogas con 31 severas advertencias y condicionamientos de ayuda para México en el combate del narcotráfico.
Y la presidenta Claudia Sheinbaum contestó en la Puebla de Alejandro Armenta, en el aniversario de la gesta del general Ignacio Zaragoza: “Ninguna potencia extranjera nos va a decir a los mexicanos cómo nos gobernamos, somos libres”.
Las cartas están abiertas.
ENEMIGOS INTERNOS
1.- La crítica presidencial de ayer alcanzó a la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega.
Ella es anfitriona de la presidenta de Madrid, la derechista Isabel Díaz Ayuso, cuando el gobierno multiplica los ataques a la panista Maru Campos por la presencia de agentes de la CIA en Chihuahua.
En ese ambiente y acusaciones de narcopolíticos a varios morenistas, Claudia Sheinbaum habló de los conservadores por supuestamente ver con simpatía injerencias externas, estilo Hernán Cortés “y sus atrocidades”.
Y 2.- El dirigente cetemista Tereso Medina tuvo un detalle: asistió a Saltillo para conmemorar el Día del Trabajo con el gobernador Manolo Jiménez.
Ambos destacaron a Coahuila como ejemplo de estabilidad laboral, fruto de la coordinación entre los tres órdenes de gobierno con empresarios y trabajadores.
Es un mensaje de unidad y nueva relación con el poder público tras el distanciamiento marcado el sexenio pasado por el presidente de Macuspana con el sindicalismo mexicano. (José Ureña, 24 Horas, México, p. 4)