A pesar del covid, ayer se conoció que en Honduras se prepara la organización y salida de nuevas caravanas de migrantes que tendrán como destino la frontera mexicana con Estados Unidos. Hace ya más de dos años que decenas de miles de hondureños, a los que se sumaron guatemaltecos y salvadoreños, se vieron obligados a dejar sus pueblos ante la incapacidad de generar un mínimo de ingresos para mantener a sus familias. La pobreza extrema, aunada a la violencia sistemática de las bandas criminales que azotan esa región, es la explicación básica.
Enfrentarán hoy un escenario igual de complicado y peligroso que el que prevalecía en 2018, cuando Donald Trump los utilizó políticamente diciendo que su llegada era una amenaza a la seguridad nacional de su país y ordenó el despliegue a la frontera con México de miles de agentes de su Guardia Nacional para evitar esa “invasión”.
Amenazó al gobierno mexicano de imponer tarifas arancelarias si no los deteníamos. El gobierno mexicano aceptó cerrar la frontera sur, aceptó la devolución de decenas de miles de migrantes a nuestras ciudades fronterizas donde muchos de ellos continúan sin haber recibido un mínimo apoyo financiero o logístico de Estados Unidos. ¿Qué ha pasado con esas familias? ¿Regresaron sus lugares de origen? ¿Se instalaron en Ciudad Juárez, Reynosa, Matamoros, Tijuana, Mexicali? ¿Qué estatus migratorio tienen? ¿Están indocumentados y, con ello, vulnerables a todo tipo de abusos? (Gustavo Mohar, Excélsior, Nacional, p. 16)
Desde hace diez meses María se encuentra viviendo en la calle. Ella, una inmigrante hondureña que llegó a México fue secuestrada por un grupo que operaba un centro nocturno, le quitaron sus papeles y la obligaron a trabajar todas las noches, pero a raíz de la pandemia el lugar tuvo que cerrar operaciones y desalojo a las mujeres que explotaba y vivían en los cuartos de la azotea del bar. Ahora, habiendo sido víctima de trata, se encuentra en una situación más vulnerable de la que cuando cruzó la frontera por el río Suchiate.
Este es tan solo un ejemplo de cómo la pandemia ha puesto en una situación de vulnerabilidad a las víctimas de un delito con múltiples aristas: la trata de personas. Un delito que, de acuerdo con cifras de Naciones Unidas, en América Latina y el Caribe concentra el 70% de sus víctimas en explotación sexual y el resto en trabajo forzado y otros propósitos como tráfico de órganos. Lamentablemente, el impacto del COVID-19 también se refleja en otros ámbitos como lo son el del aumento de la conectividad o la suspensión y disminución de actividades por parte de servicios esenciales para las víctimas. De acuerdo con el proveedor de servicios de internet y ciberseguridad, Cloudfare, desde marzo se empezaron a notar incrementos en el uso de internet, vinculados a los diversos niveles de contingencia que se implementaban. Por ejemplo, en México se observan un pico, que posteriormente se convierte en la nueva normalidad, a partir del 20 de marzo, cuando se declara la fase 2 de la pandemia. Lo anterior, facilitó que algunos delitos, que antes se cometían de manera presencial, ahora pasaran al mundo digital, y la trata de personas no ha sido la excepción. Ha incrementado el número de sitios web, tanto en la red profunda como en el internet abierto, dedicados a transmisiones en vivo por parte de modelos que se ha descubierto son víctimas de trata. (Gustavo Mauricio Bastién Olvera, El Universal, Online)
Pero una cosa es responder y otra, muy distinta, actuar. En la reciente presentación del texto México y Centroamérica: encuentro postergado*, el connotado líder mundial en materia de migración Demetrios Papademetriou hizo dos comentarios que son especialmente relevantes para el momento actual. Primero, refiriéndose a la migración, pero implicando a toda la complejidad que hoy caracteriza al mundo, dijo que los problemas que hoy enfrenta el mundo son solubles, pero su resolución requiere la cooperación entre gobiernos y, para eso, es necesario que las partes compartan una mínima confianza mutua. El problema, prosiguió, es que en la actualidad ningún gobierno cuenta con la confianza de su población y mucho menos hay confianza entre los propios gobiernos.
Para ningún mexicano es noticia que, en el asunto migratorio, México ha subordinado principios y prácticas añejas (algunas loables, otras menos) en aras de preservar objetivos superiores, como la viabilidad económica, cuando el presidente Trump amenazó con imponer aranceles a las exportaciones si no limitaba el flujo de migrantes centroamericanos. A pesar de las críticas, el gobierno actuó de la única manera en que se podía y lo hizo menos por el hecho mismo de la asimetría de poder que por las potenciales consecuencias para las exportaciones y el mercado cambiario, que habrían destruido la estabilidad en un instante. (Luis Rubio, Reforma, Opinión, p. 11)
A casi dos décadas de la Conferencia del Cairo y como parte del seguimiento a los compromisos asumidos en la misma, se llevó a cabo el Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe en 2013, en la que se ratificaron los principales compromisos internacionales en materia de población y desarrollo y se establecieron una serie de medidas sobre ocho temas identificados como prioritarios. Los temas prioritarios incluyeron los derechos de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes; el envejecimiento y su protección social; el acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva; la igualdad de género; la migración internacional y la protección de los migrantes; la desigualdad territorial, la movilidad espacial y la vulnerabilidad ambiental; los pueblos indígenas y los afrodescendientes, sus derechos y el combate a la discriminación racial. (Rodolfo Torres, La Crónica de Hoy, Opinión, p. 3)