Las más recientes cifras oficiales indican que el tema migratorio en el país se encuentra desbordado, con un escenario incierto para las personas que llegan procedentes de otras naciones y con un desafío para las autoridades mexicanas en el sentido de si podrán darle el cauce correcto al descomunal desafío.
En los primeros 11 meses de 2021, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) recibió más de 123 mil solicitudes de refugio. Para dar cuenta de la magnitud, el número es tres veces mayor al registrado para el mismo periodo de 2020 y 70% superior al de 2019, cuando se contabilizaron 41 mil y 70 mil solicitudes, respectivamente. El crecimiento explosivo también es evidente si se compara con el año 2003 cuando solo se procesaron 1,296 solicitudes.
La estadística revela además que Tapachula es el foco del problema. La delegación de la Comar de esa ciudad chiapaneca ha recibido 84 mil de las 123 mil solicitudes, poco más de las dos terceras partes.
¿Existe la capacidad administrativa para procesar esa cantidad de peticiones? La Comar ha sufrido recortes presupuestales en los últimos años, que la mantienen laborando con personal insuficiente. Las peticiones de mayores recursos no han sido atendidas de manera plena por el Congreso de la Unión.
A la situación de migrantes desesperados por la lenta atención de sus casos, reflejada en las exigencias para que se acelere su proceso, y en su deambular por calles y plazas de Tapachula, se sumará a partir de esta semana otro foco de atención en el norte del país con el regreso del programa Quédate en México, con el cual nuestro país deberá acoger temporalmente a quienes soliciten asilo en oficinas estadounidenses.
El programa estuvo vigente en el gobierno de Donald Trump, pero la justicia estadounidense lo frenó, pero ahora es la misma justicia de esa nación, la que lo revive.
Hechos e imágenes de los últimos meses revelan que el tema migratorio por momentos ha rebasado a las autoridades. En el futuro inmediato no se vislumbra una mejoría, sino lo contrario. Se vuelve urgente la intervención de agencias de la ONU y de organizaciones de la sociedad civil para ayudar a quienes solo buscan una mejor calidad de vida. Pero más importante es la voluntad gubernamental de ofrecer trato digno a quienes se encuentran en esa situación. Sin esto último, todo lo demás será infructuoso. (Editorial, El Universal, Opinión, p. A20)
A partir de este lunes se va a reanudar el programa “Quédate en México”. Se trata de una política que obliga a los solicitantes de asilo en los Estados Unidos a esperar su proceso legal en territorio mexicano. Esta medida empezó a aplicarse en 2019 durante la administración de Donald Trump y generó una importante crisis en muchas de las ciudades fronterizas de nuestro país. Si bien se dio por terminada con la llegada de Biden, una decisión judicial hará que sea reinstalada.
Esta política es reprobada por la Organización Internacional de las Migraciones. Su vocero, Alberto Cabezas, me dijo contundente en entrevista que “se trata de un programa inhumano que va en contra del derecho internacional”. En la OIM trabajaron en su finalización desde febrero hasta agosto de este año. Su planteamiento es que “Quédate en México” tendría que desaparecer pronto y de manera definitiva. Ven con frustración que, luego de todo el esfuerzo, los atropellos empezarán de nuevo, y ya se preparan para apoyar a las personas que serán expulsadas desde Estados Unidos en los próximos meses.
Albergar a los solicitantes de asilo es apenas una de las muchas aristas que tiene este fenómeno. El informe sobre migraciones 2022 muestra que los dos países del mundo que más personas expulsan son India y México. Las dificultades para nuestro país son enormes. El mismo Alberto Cabezas explica que “es lugar de origen, tránsito, destino y retorno. Está en la ruta migratoria muy importante, la del corredor Mesoamérica-Norteamérica.”
Muchos de los migrantes en nuestro territorio no son extranjeros. Hay cada vez más mexicanos que se van a otros estados huyendo de la violencia o de la pobreza en sus entidades de origen. Eso también se destaca en el mencionado informe. En términos globales ha habido un importante aumento del desplazamiento interno. Hemos pasado de tener 84 millones de personas a 89 millones en esa situación. Es una cifra récord que, de acuerdo a la Organización Internacional para las Migraciones, necesita de atención humanitaria urgente.
Otro de los focos rojos está en la frontera sur. Hay en ella una creciente concentración de personas y no existen las condiciones para albergarlas. Eso genera que la tensión con las autoridades y con la población local vaya en aumento. El Instituto Nacional de Migración está adoptando medidas temporales que no representan una solución de fondo. Una de ellas consiste en trasladar a los migrantes desde Tapachula a otras ciudades. Con ello reducen la presión en esa frontera que lleva meses saturada. El problema es que solamente los dispersan. Hay ahora haitianos y centroamericanos en varios estados del país pidiendo dinero en las calles. Viven en campamentos improvisados sin trabajo y sin ningún tipo de seguridad social. Al parecer la apuesta es que las autoridades municipales se encarguen. Por lo pronto, lo que ha ocurrido es que es la gente quien los ayuda. Hay entre los migrantes niños y mujeres embarazadas. Quienes pueden, les dan unos pesos conmovidos por su vulnerabilidad. En otros casos, ha sido la sociedad civil organizada la que les ha brindado albergue y alimentación.
El pronóstico es que la migración aumentará más y más. Si ya hoy la autoridad parece rebasada, asusta pensar lo que podría ocurrir en el futuro. Es importante que se adopten medidas más eficaces con el apoyo de organizaciones internacionales. Es un tema prioritario y que requiere de atención urgente. (Paola Rojas, El Universal, Nacional, p. A20)
Lo he dicho antes, pero vale la pena repetirlo: de todas las medidas inhumanas de Donald Trump, ninguna hizo tanto daño a tanta gente como el programa “Permanezca en México”, en el que, con la colaboración del gobierno mexicano, Trump envió a decenas de miles de refugiados potenciales, en su mayoría centroamericanos, a esperar en México su proceso de asilo en Estados Unidos. Para muchos, esa espera fue un espejismo: las cortes migratorias estadounidenses están tan saturadas y Trump hizo tan poco para agilizar los procesos de solicitud de refugio que “Permanezca en México” se volvió una sentencia a sufrir el peligroso limbo de la frontera norte de México. ¿Qué tan riesgoso? El catálogo de abusos que sufrió la comunidad de alrededor de 60 mil inmigrantes obligados a esperar en México es muy largo. Los reportes de Human Rights Watch y Amnistía Internacional revelan un desamparo vergonzoso de miles de familias expuestas a las vejaciones del crimen organizado en México.
Todo esto, de nuevo, está documentado. Más allá de las cifras, están las historias. Y los testimonios de los migrantes hacinados en México son estremecedores. Expulsados sin miramientos por Estados Unidos e ignorados cruelmente por el gobierno mexicano, que faltó a prácticamente todas sus promesas de apoyo y resguardo, los migrantes hablan de un infierno: extorsiones, secuestros, violaciones, robos, golpizas. De manera dramática, muchos optaron por aguantar el infierno antes que soltar la ilusión del refugio en Estados Unidos. Aferrados a la esperanza, vivieron (es un decir) por meses debajo de puentes, en tiendas de campaña improvisada, o bajo carpas detenidas por palos o ramas, en el frío del norte mexicano.
Ante el horror, Joe Biden prometió acabar con el programa “Permanezca en México”. Así lo intentó en los primeros meses de su presidencia. Ahora, sin embargo, una orden judicial ha obligado al gobierno de Biden a reiniciarlo. Para ello, Estados Unidos ha solicitado de nuevo la colaboración mexicana. El gobierno de México condicionó su anuencia a la adopción de una serie de mejoras al programa. Sin que haya garantía alguna de que las condiciones de verdad mejorarán, “Permanezca en México” volverá a aplicarse en los próximos días.
Es la crónica de una nueva tragedia anunciada.
El gobierno mexicano ha dicho que ahora sí protegerá a los migrantes obligados a permanecer en México. “Trabajamos para garantizar un proceso gradual y ordenado, en apego a los derechos humanos de las personas migrantes”, tuiteó la semana pasada Roberto Velasco, encargado de América del Norte en la Cancillería. La intención podrá ser buena, pero los antecedentes son terribles. México ya se había comprometido a proteger a la comunidad migrante afectada por el “Permanezca en México”. En la práctica, la protección ha sido casi nula. No hay inversión en infraestructura de albergues y la Comar, la entidad encargada de la atención a refugiados, está rebasada. La realidad es que el gobierno de México no está dispuesto a invertir lo que hay que invertir para proteger de verdad a esos miles de inmigrantes que esperarán, en condiciones terribles, un proceso que tardará meses o años en llegar. La Cancillería podrá prometer que las cosas ahora serán diferentes, pero la historia hasta ahora ha sido de crueldad y desamparo. Una vergüenza histórica que debería ser un escándalo mucho mayor del que es.
Y ahí radica parte de la explicación de por qué el gobierno mexicano se ha permitido volver a colaborar en un programa a todas luces inhumano. Los años de Trump han revelado una verdad incómoda y dolorosa sobre México. El gobierno de López Obrador ha optado por volverse la policía migratoria de Estados Unidos porque a los mexicanos les importa muy poco el destino de los migrantes. Si los mexicanos nos indignáramos con las historias de abuso brutal que sufren los migrantes, quizá el gobierno lo pensaría dos veces antes de prestarse a programas crueles de contención migratoria. Pero a nadie le importan los migrantes, realmente. Al contrario: en encuesta tras encuesta, los mexicanos dicen respaldar la mano dura contra quien cruza México o quien espera en la frontera una vida mejor. Resulta que somos xenófobos, nativistas y racistas. Tan trumpistas como Trump. Vaya desgracia moral…(León Krauze, El Universal, Nación, p. A14)
En algún momento de los próximos días Estados Unidos reactivará el programa “Remain in México” que devuelve a los migrantes que piden asilo en aquel país a México a la espera de sus citas frente a una corte migratoria.
El programa fue una creación del gobierno de Trump que México aceptó bajo la amenaza de imponer aranceles a las exportaciones mexicanas. Los resultados para los derechos de los migrantes fueron tan desastrosos que dejaron en muchas ciudades fronterizas mexicanas a miles de migrantes viviendo en condiciones inaceptables.
El gobierno de Biden quiso terminar con el programa pero un juez, nombrado en tiempos de Trump, lo obligó a reponerlo. Esa decisión está siendo combatida en tribunales pero por lo pronto el gobierno de Biden tiene que cumplir la ley.
Lo que sucederá en estos días son, junto con la normalización de la presencia de la DEA en México suspendida después del arresto del ex secretario de la Defensa, los primeros resultados concretos de las más recientes reuniones entre los representantes de ambos gobiernos.
En el caso de “Remain in México”, los gobiernos han querido darle una barnizada de decencia a un programa que no lo es.
Límites al tiempo de la estancia, mayor financiamiento a organizaciones que apoyan albergues, atención médica y vacunas covid, asesoría legal y procedimientos más rápidos, los menores no acompañados no serán parte del programa, entre otras cosas.
La reposición del programa llega, además, en tiempos en que el número de migrantes intentando llegar a Estados Unidos sigue en máximos niveles históricos, con caravanas que han intentado atravesar México y la situación en países expulsores que no mejora.
El mismo Alejandro Mayorkas, secretario de Seguridad Interior de Estados Unidos, lo dijo así hace poco: “He llegado a la conclusión de que hay problemas inherentes con el programa que ninguna cantidad de recursos puede solucionar lo suficiente”.
Así que lo más probable es que, mientras no se revierta la decisión en el poder judicial estadounidense, en los próximos meses volvamos a ver las escenas de vergüenza de campamentos desbordados en condiciones infrahumanas.
Y veremos y escucharemos también a ambos gobiernos insistir en que están muy preocupados por la situación sin ofrecer nuevas ideas y políticas públicas que funcionen. (Carlos Puig, Milenio, Al Frente, p. 2)
De poco sirvió la Cumbre de Líderes de América del Norte a la que acudió el presidente Andrés Manuel López Obrador en la Casa Blanca. Los acuerdos torales logrados ahí se escapan como arena entre las manos. Los costos son para México. Al menos cuatro focos rojos han surgido desde entonces, y los cuatro reflejan deterioro inmediato tras la visita de AMLO a Biden.
El primero es el manejo de la variante Ómicron, que saltó a la luz pública pocos días después. En la cumbre, los países se comprometieron a usar el Plan Norteamericano para Influenza Pandémica y Animal, un mecanismo de coordinación trinacional lanzado por Obama, Calderón y Harper, y que implica tener sistemas interconectados de vigilancia y alertas tempranas; así como asistencia mutua durante la respuesta a la amenaza epidemiológica. Esto claramente no ha ocurrido con Ómicron. Biden reforzó sus medidas para viajes a ese país, incluyendo una prueba de COVID con antigüedad máxima de un día, mientras que AMLO minimizó la gravedad de la nueva variante. Son respuestas totalmente dispares ante la nueva amenaza pública.
El segundo es el tema automotriz. El jueves la Secretaría de Economía alertó que México tomará represalias si EUA insiste en otorgar créditos fiscales por Dlls. $12,500 para la compra de vehículos eléctricos, abaratando 30 por ciento los autos fabricados allá y poniendo en severa ventaja las exportaciones mexicanas. Este choque frontal, que parece inevitable, una de dos, o va contra los “mecanismos de coordinación” que se comprometieron los tres países a perseguir para las industrias esenciales; o más bien exhibe las prioridades de Biden y las desvincula de la realidad manufacturera automotriz mexicana.
El tercero es la reactivación del programa migratorio Quédate en México para inmigrantes que solicitan asilo en EUA. En la CLAN se habló de crear un plan regional para migración para las Américas, pero finalmente todo terminó siendo la reactivación del programa impulsado por el expresidente Donald Trump.
Y si a lo anterior sumamos que no se movió ni un mes la expectativa para que México recupere con mayor anticipación la clasificación a Categoría 1 de la Federal Aviation Administration (originalmente pensada para que regrese en mayo o junio de 2022), las cosas empeoran. ¿No ayudó nada la cumbre para adelantar esa clasificación a enero o febrero?
Así que tan sólo tres semanas después de llevarse a cabo, es claro que la cumbre sólo sirvió para la foto y para que Biden estirara más la liga a México.
Etiquetado de alimentos
Ya surgió otra ocurrencia contra la industria alimentaria. La diputada Celeste Sánchez del PT quiere que los alimentos que contengan insumos genéticamente modificados incluyan un nuevo símbolo: un triángulo amarillo con la letra T, para identificarlos como transgénicos. (Carlos Mota, El Heraldo de México, Merk-2, p. 20)
RESQUICIOS
Por las razones que se quiera, el presente gobierno ha detenido a más migrantes que en pasadas administraciones. Con la renovación del “Quédate en México” investigadores y estudiosos ven venir más problemas y más riesgos para los migrantes, seguimos bajo estrategias reactivas. (Javier Solórzano Zinser, La Razón, La Dos, p. 2)
Análisis superior / De uno hagamos más
Mientras la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, y la iniciativa privada han conformado un frente común para proteger la industria automotriz nacional ante cambios que se están realizando en el Congreso de EU, que no sólo violan el T-MEC, sino que sería ruinoso para la industria nacional y los empleos que de ella emanan, el Presidente de la República sigue abriendo la puerta para los llamados autos chocolate, que tienen más perjuicios que soluciones.
Hagamos análisis superior:
1.- Los legisladores en Estados Unidos plantean cambios a la ley que benefician a los consumidores de vehículos eléctricos fabricados en aquel país.
2.- México considera que es violatorio al acuerdo comercial, tanto por la cantidad de contenido local como el daño que causará a la industria.
3.- Está pendiente por aprobarse en el Senado de EU y México amenaza con imponer sanciones comerciales.
4.- La posición de México es correcta desde el punto de vista de lo acordado y el interés nacional.
5.- Desde el punto de vista del mejor interés para el planeta, deben construirse cada vez más autos eléctricos y menos de combustión interna. Noruega anunció que el año que entra construirán el último que se impulse con combustible fósil. Esta es la tendencia mundial.
6.- México va muy retrasado en esta tendencia mundial y sigue apostando a combustibles fósiles. De hecho, el gobierno quiere por extraer más petróleo y producir más gasolina.
REMATE ALTERNATIVO
7.- Así se explica que el Presidente de la República considere que es un “regalo” o una forma de agradecer a los migrantes poder introducir autos chocolate, ya no sólo en la frontera norte, sino ahora también en Michoacán.
8.- ¿De qué van este tipo de vehículos? Son autos de desecho en Estados Unidos, la mayoría de ellos profundamente contaminantes y que, por experiencia de otras legalizaciones, son autos que, al involucrarse en incidentes de tránsito o actos delictivos, no cuentan con los debidos seguros o identificación que permita hacerlos responsables de sus actos.
9.- El mejor premio para los migrantes sería que pudieran regresar al país (para dejar de vivir, en la mayoría de los casos, de forma ilegal, indocumentada dicen los que buscan esconder en palabras la realidad) y aquí tener acceso a comprarse automóviles y contribuir directamente en el desarrollo de sus familias utilizando su fuerza de trabajo a favor del país.
10.- Si el país no está en condiciones de dar las oportunidades dentro de la nación que estos mexicanos merecen, pues entonces se debería trabajar en esquemas de crédito para que los migrantes puedan hacerse de vehículos nuevos, fabricados en México, con lo que se beneficiaría a muchos mexicanos. El fabricante, el vendedor y el comprador… sin duda, una posición mucho más nacionalista.
11.- Para cumplir ese objetivo está la banca, el gremio que encabeza Daniel Becker no sólo aceptaría un adecuado programa de financiamiento, sino que podrían encabezar un programa de renovación vehicular, un cuarto grupo de mexicanos se beneficiaría con los que trabajan en la banca, que podrían aumentar el monto de crédito colocado. La semana pasada, Fundef publicó un estudio en el que deja claro que durante la pandemia la banca ha sufrido por baja demanda.
REMATE CONCLUSIÓN
Primera.- Hacen bien Economía y empresarios en crear un frente común ante las violaciones que EU pretende al T-MEC. Debe estar dispuestos a sanciones comerciales.
Segunda.- Los autos chocolate, lejos de ser una solución, son un problema mayor.
Tercera.- Sería mejor un programa de créditos a través de intermediarios legales, lo que beneficiaría a los consumidores con vehículos en mejores condiciones, al medio ambiente, a la seguridad. Con un programa así no sólo ganarían ellos, sino también los productores, distribuidores y las agencias automotrices.
Cuarta.- Lo óptimo sería que, en lugar de estar dando premios a los migrantes, estuviéramos todos construyendo un país donde ellos no tuvieran que dejar sus tierras no sólo para que tuvieran una mejor condición de vida, sino para que su probada capacidad de trabajo contribuyera, primero, al bienestar de los suyos y, después, al crecimiento de México. (David Páramo, Excélsior, Dinero, p. 3)