Opinión Migración 070525
Bajo Reserva
El cártel de Texas
Nos hacen ver que el tema del combustible robado a Pemex por los cárteles de las drogas y vendido a empresas de Estados Unidos, es un tema que demuestra que los grupos criminales, o como el gobierno estadounidense los ha designado, “organizaciones terroristas”, operan con comodidad y hacen grandes negocios dentro de aquella nación, en especial en Texas, donde el gobernador Greg Abbott está más preocupado por perseguir a trabajadores migrantes que en impedir el empoderamiento de los grupos criminales que no solo llevan fentanilo y otras drogas a las calles texanas, sino que, además, surten a algunas de sus refinerías, y con ello, nutren sus finanzas y se vuelvan más poderosos. El negocio es tan jugoso que, según el gobierno federal estadounidense, es ya la segunda fuente de ingresos de los cárteles. ¿Será que pronto se pueda hablar del cártel de Texas?
Buscadoras no, funcionarios sí
La que por fin reapareció fue la presidenta de la CNDH, Rosario Piedra Ibarra. Luego de desairar las ocho reuniones del gobierno federal con colectivos de búsqueda de desaparecidos que viajaron hasta la capital del país, a la ombudsperson, que lleva 7 años al frente de la comisión, le tomó sólo dos días recibir al nuevo comisionado nacional de Migración, Sergio Salomón Céspedes. No es de extrañar que le parezca más importante recibir a un nuevo funcionario que a los familiares de personas desaparecidas, luego de que ha negado que exista una crisis en el país por ese doloroso tema. “Vivos se los llevaron, vivos los queremos”, clamó la legendaria Rosario Ibarra de Piedra durante décadas. Pero su hija parece conformarse con “buscadoras no, funcionarios sí”. (Bajo Reserva, El Universal, p. A2)
A la Sombra
La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, informó que el programa de Movilidad Humana, basado en 10 compromisos establecidos en diciembre de 2024, ha alcanzado un avance del 85 por ciento en su primer objetivo: que ninguna persona migrante viva en las calles. “Lo primero que hicimos fue definir e instalar la Coordinación General de Atención a la Movilidad Humana”, dijo Brugada, quien detalló que se han ampliado los albergues Vasco de Quiroga y González Bocanegra para recibir hasta 500 personas. El coordinador Temístocles Villanueva precisó que de las 3 mil personas que vivían en tres campamentos, hoy sólo permanecen 450, y destacó que los traslados han sido voluntarios. Además, se habilitó un nuevo complejo en Peralvillo, alcaldía Cuauhtémoc, que funcionará como Centro Multiservicios para migrantes. (A la Sombra, El Sol de México, Nacional, p. 2)
Perversa recompensa a migrantes
La cruzada antiinmigrante de Donald Trump se intensifica con anuncios y promociones. Su administración ofrece ahora mil dólares a aquellos migrantes indocumentados que decidan salir voluntariamente del país y lo notifiquen a través de una aplicación. El dinero les será transferido cuando se encuentren de vuelta en su país de origen.
Esta nueva medida ocurre en medio de la indignación que sigue provocando el traslado de unos 200 migrantes a El Salvador acusados de pertenecer a una organización criminal venezolana sin que hubiera una decisión judicial que autorizara el envío. Al mismo tiempo se suceden los casos en California, Florida o Texas de separación de familias mediante la expulsión de la madre o el padre que deben abandonar a sus hijas e hijos.
La ofensiva antiinmigrante no ha dejado los números esperados. El gobierno norteamericano reporta la expulsión de 142 mil personas en sus primeros 100 días, muy lejos de la meta de un millón de deportaciones anuales. Las redadas tienen lugar en fábricas, edificios en construcción y centros de ocio como bares y discotecas.
Por su parte, el despliegue de efectivos militares y de la Guardia Nacional en la frontera sur de Estados Unidos sí ha logrado disminuir los cruces irregulares. Por ejemplo, en el primer trimestre de 2025 se detuvo a 35,241 personas de origen mexicano, mientras que en el mismo periodo del año pasado fueron detenidas 188,841 personas.
A finales de abril el presidente norteamericano firmó otra orden ejecutiva en materia migratoria que busca presionar a las llamadas ciudades santuario para que sus cuerpos de seguridad detengan a personas en situación irregular. Se estima que en toda la nación existen más de 500 ciudades y condados considerados santuario, que se resisten a cooperar con las agencias federales de inmigración.
Mediante la orden ejecutiva, Trump solicita al Departamento de Justicia la lista de estados y ciudades santuario y que emprenda acciones legales contra aquellas autoridades locales que se niegan a colaborar. La advertencia debe tomarse con seriedad luego de la detención por parte del FBI de una jueza de Wisconsin acusada de obstruir la detención de un migrante mexicano.
Las deportaciones forzadas sin el debido proceso y la confrontación con el poder judicial mantienen enfrentados a la Casa Blanca con decenas de jueces federales progresistas. Abundan los casos de migrantes que han sido detenidos con violencia, encerrados en centros de detención temporal sin acceso a abogados ni posibilidad de hablar con familiares, buscando mandar mensajes de miedo entre las comunidades.
Un caso reciente que ha sacudido a la comunidad cubana en Florida es el de Heydi Sánchez que vivía desde hace 5 años en Tampa. Heydi acudió a una cita migratoria de rutina, pero fue detenida y deportada en menos de una semana a La Habana, dejando atrás a su esposo y a su hija lactante de año y medio.
El estímulo económico a la autodeportación equivalente a 20 mil pesos puede resultar un fracaso. Habría que preguntarse qué persona se registrará en una aplicación para informar de su estatus como indocumentado con el perjuicio que eso puede acarrear a familiares o amistades cercanas, pues daría pistas de su ubicación, una medida que sería similar a la empleada por delatores fascistas. (Claudia Corichi, El Sol de México, Análisis, p. 28)
Tiempo Nuevo / Piso para migrantes
Son personas con historias, decisiones y derechos, en condiciones de movilidad humana. Migran por razones múltiples: pobreza, violencia, desastres naturales, persecución política, cambios climáticos o sueños de una vida mejor. Desajustan la vida cotidiana y/o dan oportunidad de ennoblecer a una comunidad receptora.
Imposible negar, al mismo tiempo, el hecho paradójico según el cual algunas comunidades democráticas reivindican derechos de los migrantes y en general de los seres humanos, aunque la mayoría o segmentos muy importantes prefieren apartarlos de su camino o que los refugios para migrantes se construyan, sí, pero “en otra colonia”.
De acuerdo con estimaciones de la Agencia de la ONU para los Refugiados más de 117 millones de personas son migrantes. Las acciones humanitarias —comida, cobijo, atención médica— son tan necesarias como insuficientes.
La protección a todas las personas dentro del territorio, sin importar nacionalidad, estatus migratorio o trayecto, implica reconocer el derecho humano a migrar y crear condiciones reales de acogida que dignifiquen la experiencia del tránsito o del asentamiento.
Uno de los grandes fracasos de las políticas migratorias tradicionales ha sido su incapacidad de articularse desde la lógica de integración. Predominan incentivos y estrategias de persecución o expulsión como los demostrados con las medidas anti inmigratorias del vecino del norte. Para debatir, está la evidencia del éxito de Donald Trump, en la lógica de su propia agenda y el vínculo con su base social, de haber disminuido la migración indocumentada en más de 90 por ciento en menos de seis meses y el respaldo ganado mientras lo pierde por las medidas económicas erráticas.
El trabajo humanitario requiere evolucionar. Ni mera caridad ni pura contención. En la CDMX, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, impulsa un modelo de integración al núcleo social. El objetivo: ninguna persona obligada a vivir en las calles.
La Coordinación General de Atención a la Movilidad Humana de la capital nacional, a cargo de Temístocles Villanueva, ha establecido un sensible protocolo para la atención de asentamientos en espacios públicos. A la fecha más de 2 mil 500 personas han sido reubicadas en espacios dignos.
El modelo clásico de albergues —un cuarto con colchonetas, baños insuficientes y una olla común— alivia. Es necesaria, además, la gestión de espacios con servicios básicos garantizados, seguridad jurídica, rutas claras para la regularización, convivencia multifamiliar y alguna privacidad y mecanismos efectivos de protección contra violencias.
No basta con dar techo, hay que ofrecer piso para volver a proyectar la vida. Cierto que la pregunta de los connacionales no desaparece: ¿tendrían más oportunidad de trabajo formal los migrantes que los más vulnerables locales de la calle? (Salvador Guerrero Chiprés, 24 Horas, CDMX, p. 8)
Quebradero / Mil dólares
Muy a la manera de Donald Trump ha ofrecido a los migrantes mil dólares por “autodeportarse”.
Un ciudadano hondureño fue el primero que aceptó la oferta. En cualquier momento llegará a su país, sin que se sepa cómo le entregarán el dinero y cuándo, lo que incluye el viaje de regreso.
Para los migrantes que tienen poco tiempo en EU quizá la oferta les pueda parecer medianamente atractiva, pero es obvio que para quienes llevan mucho tiempo en la Unión Americana no tiene sentido aceptar el ofrecimiento, porque, por mucho, es más lo que van a perder que los mil dólares que bajo las muchas necesidades en las que viven muy probablemente serán efímeros.
La migración, ciertamente, se ha reducido. Sin embargo, está lejos de lo que quiere Trump. En el primer trimestre de este año, la CBP (Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza) reportó la cifra más baja de detenciones para un mes, marzo. Concentró 11 mil 017 capturas en su frontera con México; de este total, un poco más del 80% son mexicanos que se han quedado en el intento de cruzar la línea.
Se calcula que en EU viven alrededor de 50 millones de migrantes de los cuales 11 millones son indocumentados. Imaginemos la cantidad de dinero que necesitaría EU en caso de que un alto número de migrantes tomara la decisión de autodeportarse. No hay indicio de que esto pudiera suceder, porque a los migrantes no les conviene y porque las promesas de Trump como llegan se van, pero insistimos en que no hay incentivo alguno en esto.
Lo que sigue siendo un enigma es que con tantos proyectos que tiene Trump de inversión, de ofrecimientos y ocurrencias, es de dónde va a sacar el dinero para cumplir con todo ello, siendo que al interior del país van creciendo las adversidades entre los ciudadanos.
La propuesta de Trump es un elemento más que evidencia el erróneo diagnóstico que tiene sobre la migración. El presidente está tomando medidas al límite y se ha metido en una narrativa en donde va dando tumbos, no quedan del todo claros sus diagnósticos sobre las cosas.
Ayer le comentábamos sobre su expresión en el sentido de que la Presidenta mexicana le tiene “miedo” a los cárteles. Resumir de esta manera una problemática tan compleja como la del narcotráfico que es multilateral y marcadamente bilateral, es la prueba de que se quieren tomar medidas cortoplacistas, las cuales no van a resolver ni por asomo el problema de fondo.
El ofrecimiento de Trump deja en claro que no está entendiendo o no le interesan las razones de la migración. El factor económico siempre estará presente, pero en los últimos años la migración creció, porque muchos ciudadanos salieron huyendo de sus países por las condiciones bajo las cuales estaban viviendo.
Muchas familias son parte del drama. Huyen de sus países por la persecución en sus comunidades o de parte de los gobiernos estatales y federal. En otros casos, los padres son quienes les piden a los hijos que dejen sus países antes de que sean reclutados violentamente por las bandas delincuenciales, esto ha venido sucediendo en El Salvador, Honduras, Guatemala y Nicaragua.
En medio de estos escenarios tenemos que asumir en nuestro país que, si bien seguimos siendo centro de expulsión y tránsito, hemos venido pasando a ser destino. Muchos migrantes han optado por quedarse en México y no pareciera que el Gobierno esté tomando conciencia plena de ello en cuanto lo que le responsabiliza y obliga.
El pasado gobierno y el actual siguen con la política de contención. No es fácil negociar con los vecinos, pero la política migratoria mexicana sigue siendo de reacción más que de acción.
Las cosas ya cambiaron. Trump, como en el Viejo Oeste, ofrece un “puñado de dólares”.
RESQUICIOS
El huachicol sólo desapareció en las promesas de López Obrador. Aseguró que terminaría, pero no, sólo no se frenó, sino que se incrementó, lo que incluye este sexenio, está entre nosotros y además con decomisos de millones de galones; ahora resulta que aparece hasta en India. (Javier Solórzano Zinser, La Razón, La Dos, p. 2)
Desde el biopoder / Celebración poblana en EUA
La conmemoración de la Batalla de Puebla de 1862 se convirtió en una fiesta de la comunidad migrante en Estados Unidos, en el día en el que se reconoció la fuerza de la identidad latina.
Más de 2.8 millones de poblanos, entre ellos, los que viven en California, así como los que se encuentran en Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut, junto a la comunidad mexicana y de otras nacionalidades, se unieron, de alguna forma, a las ceremonias y festejos con motivo del 5 de Mayo.
Mole, quesadillas, chalupas, tamales, pozole, tacos, cemitas y otros alimentos, estuvieron presentes en las celebraciones en las que el espíritu latino estuvo por encima de los miedos y las amenazas, así como de los límites fronterizos.
De manera especial, las celebraciones con mayor sabor poblano se realizaron en la llamada área triestatal de Estados Unidos, que se integra por Nueva York o Puebla York como se le conoce entre la comunidad migrante, Nueva Jersey y Connecticut. De acuerdo con estimaciones del gobierno de Puebla, en el área triestatal viven más de un millón y medio de poblanos que se reunieron con orgullo para fortalecer su identidad.
En medio de la celebración del 5 de Mayo, en Manhattan se organizaron festivales gastronómicos, culturales y musicales, actividades que permitieron a la comunidad migrante recordar sus lugares de origen.
A la par, en Passaic, Nueva Jersey, se realizó una ceremonia cívica y se depositó una ofrenda floral dirigida al General Ignacio Zaragoza, quien estuvo al frente del Ejército Mexicano en la victoria de 1862 sobre la representación francesa, considerada en sus tiempos como la mejor del mundo.
Por cierto, Passaic, una ciudad que se originó de un asentamiento holandés sobre el río del mismo nombre, en 1678, en la actualidad, cuenta con más de 70 mil habitantes, de los cuales, seis de cada 10 son latinos y, entre ellos, una gran cantidad con sangre poblana.
Al final, a pesar de las amenazas de deportaciones masivas realizadas en los últimos meses por parte del gobierno norteamericano, las fiestas con sabor a México, se realizaron en diferentes puntos de Estados Unidos y se convirtieron en un reconocimiento a la identidad latina. (Jaime Zambrano, Milenio Puebla)
Trump frente a la inmigración y los tribunales
No hay duda de que la administración del presidente Donald Trump está estirando las facultades que el poder ejecutivo en Estados Unidos tiene en materia de migración. Han expulsado a migrantes indocumentados a terceros países, como Panamá, Costa Rica y El Salvador, enviado a otros más a la base militar en Guantánamo y resucitado una ley de más de dos cientos años de edad para usar en algunos de estos casos. Mientras tanto, han tratado de terminar los permisos humanitarios que tienen muchos migrantes que entraron legalmente al país durante la pasada administración, para que ellos también sean sujetos a la deportación.
Hay dos tendencias visibles más una gran incógnita en este proceso. La primera tendencia es que la administración actúa en todos estos esfuerzos con suma rapidez, desafiando a los tribunales a intervenir. No les preocupa a los asesores de Trump que haya demandas legales contra las medidas que implementan, porque su intención es justamente mostrar que pueden actuar rápido y en muchos tableros al mismo tiempo, y que su velocidad excede siempre la capacidad de los tribunales para responder.
La segunda tendencia evidente es que hay mucho escepticismo de los tribunales hacia estas medidas migratorias. Hay amparos vigentes impuestos por distintos jueces que están limitando el uso de la facultad de expulsión, basada en la ley de “enemigos extranjeros”, aprobada en 1798, y que otros que no permiten la cancelación del estatus legal de cientos de miles de migrantes con permisos humanitarios. Hasta ahora, estas medidas más extremas de la administración están encontrando resistencia de parte de jueces liberales y conservadores, cortes distritales y de apelación y, en un caso sonado, hasta de los magistrados de la Suprema Corte.
El ritmo está establecido. La administración toma una acción inesperada y desafía a los tribunales, que tardan en responder, pero que en algún momento finalmente llegan a dictar un amparo para detener las acciones de la administración. Pero aquí está la gran incógnita. En la mayoría de los casos, las decisiones contrarias a la administración están basadas en temas procedimentales y no todavía en decisiones sobre los méritos en el fondo de las acciones. Hay que ver cómo vienen las siguientes decisiones de las mismas instancias judiciales y, al final, qué dictamina la Suprema Corte en estos casos cuando lleguen en algún momento a la instancia máxima de la justicia estadounidense.
Estoy seguro de que la administración Trump quiere ganar estos casos, pero también están usando estas medidas más extremas para ganar tiempo. Ha sido muy difícil para ellos echar a andar la maquinaria de deportación, por cuestiones logísticas. Faltan recursos, agentes, centros de detención y, sobre todo, información sobre el paradero de los indocumentados. Pero todo esto puede cambiarse con el paso del tiempo. El Congreso está por asignar nuevos recursos a las agencias a cargo de las deportaciones y la administración está empezando a conectar las bases de datos existentes en el gobierno para localizar a las personas que pueden ser sujetas a deportación.
Sin duda, la administración Trump quiere estirar las facultades que tienen para detener y expulsar a los migrantes indocumentados, pero también les ha servido de forma simbólica en los primeros meses de la administración para mostrar dureza mientras logran aceitar los procesos regulares que permiten encontrar, detener y deportar a los migrantes indocumentados. Puede ser que la administración pierda en muchos de estos casos, pero que al final también logre sus metas con el paso del tiempo. (Andrew Selee, El Universal, Opinión, p. A21)
Nudo gordiano / El pacto de El Ratón
La declaración de culpabilidad de Ovidio Guzmán López ante un tribunal federal de Chicago marca un punto de inflexión en la compleja relación entre México y Estados Unidos, donde la lucha contra el narcotráfico se entrelaza con una crisis migratoria, aranceles de 25% y una diplomacia global fracturada. Este movimiento no es sólo un giro judicial, sino una jugada estratégica en el tablero geopolítico bilateral.
Para Washington, el acuerdo —que incluye la revelación de operaciones de tráfico de fentanilo y nombres de cómplices— representa una victoria táctica. Refuerza la narrativa de “mano dura” de la administración Trump contra los cárteles, justifica los aranceles impuestos como presión efectiva y proyecta la imagen de un gobierno que cumple promesas ante su base electoral.
Sin embargo, detrás del triunfalismo hay un cálculo más oscuro: la información que Ovidio podría proporcionar sobre las redes de corrupción en México, incluyendo presuntos vínculos con funcionarios de Morena, ofrece a Estados Unidos una palanca adicional en futuras negociaciones, especialmente en un contexto donde la crisis migratoria y los aranceles comerciales han tensado la relación al límite.
En México, el pacto resuena como una amenaza de doble filo. Aunque el gobierno de Claudia Sheinbaum ha colaborado en extradiciones y operativos conjuntos, la posibilidad de que las declaraciones de Ovidio expongan a actores políticos o funcionarios cercanos al poder podría desestabilizar su administración.
La reciente detención de Alberto Granados, alcalde de Matamoros vinculado al Cártel del Golfo, ya demostró la voluntad de Estados Unidos de señalar conexiones entre el narco y figuras políticas mexicanas. Este escenario se agrava mientras México enfrenta aranceles que podrían costarle más de 10,000 millones de dólares anuales y exigencias migratorias cada vez más agresivas, como el despliegue de la Guardia Nacional en la frontera sur para contener flujos de Centroamérica.
El timing del proceso judicial no es casual: la audiencia de Ovidio se reprogramó para julio, el mismo mes en que Trump ha amenazado con intensificar los aranceles si no hay “resultados concretos” en el control migratorio. La declaración de culpabilidad funciona así como moneda de cambio en una negociación asimétrica. Estados Unidos exhibe éxitos antinarcóticos para legitimar su política de coerción económica, mientras que México intenta evitar sanciones demostrando colaboración judicial y operativa.
Pero este trueque implica riesgos monumentales. Para Sheinbaum, cualquier revelación de Ovidio (sea verdad o mentira) que implique a su gabinete sería catastrófica, pues alimentaría la narrativa de que los gobiernos de la 4T toleran la infiltración del crimen organizado. Para Trump, reducir la pena de un narcotraficante condenado por distribuir fentanilo —responsable de decenas de miles de muertes anuales en EU— podría criticarse como hipocresía, aunque su base electoral probablemente celebrará el gesto como un triunfo contra “enemigos externos”.
Este caso sienta un precedente peligroso: la justicia estadunidense se consolida como herramienta de presión geopolítica. Al ofrecer acuerdos a capos a cambio de datos que debiliten a gobiernos incómodos, Estados Unidos redefine las reglas de injerencia selectiva.
México, por su parte, queda atrapado entre la espada de los aranceles y la pared de la soberanía judicial. La crisis bilateral ya no se limita a disputas sobre tratados o muros fronterizos: ahora se libra en tribunales extranjeros, donde sentencias y confesiones pueden alterar presupuestos nacionales, elecciones y equilibrios de poder. Mientras Ovidio Guzmán negocia su condena desde una celda en Illinois, ambos países aprenden que, en el siglo XXI, hasta los narcotraficantes son peones en la guerra por el dominio global. (Yuriria Sierra, Excélsior, Nacional, p. 12)
CARTONES
Exportaciones
(Magú, La Jornada, Política, p. 3)
- Autor:
- Instituto Nacional de Migración
- Fecha de Publicación:
- 6/05/2025