Quién sabe dónde andaba. En su reaparición brilló como nunca reprimiendo a migrantes. ¿No que la Ciudad de México era un santuario? (La Jornada, Contraportada)
Entre la noche del miércoles y la madrugada de ayer, personal del Instituto Nacional de Migración (INM), apoyado por elementos de la Guardia Nacional y de la policía de la Ciudad de México, desalojó a los 432 migrantes que mantenían un campamento en la plaza Giordano Bruno de la colonia Juárez, acción celebrada por los vecinos que desde meses atrás exigían el retiro de los extranjeros, pero cuestionada por las fallas de fondo y forma en el respeto a los derechos humanos de los acampantes. Al apersonarse en el sitio para felicitar a sus subordinados por cumplir con la misión que tenían encomendada, el comisionado del INM, Francisco Garduño, hizo declaraciones que denotaron falta de sensibilidad hacia la situación de los migrantes, así como un total desinterés por su suerte.
Al divulgarse lo ocurrido y después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador instruyó al INM ofrecer detalles sobre el operativo, el organismo aseguró que se realizaron labores de convencimiento para trasladar a los migrantes a albergues y otros espacios con el objetivo de atender sus necesidades, así como para regularizar su situación migratoria. Autoridades capitalinas coincidieron en que no se trató de un desalojo, sino de un retiro consensuado. Estas versiones quedan en entredicho no sólo porque el despliegue de fuerzas del orden difícilmente se justifica en un escenario de consenso, sino por los testimonios de los propios afectados, quienes señalaron sentirse intimidados y desconocer adónde se les conduciría.
En lo inmediato, es urgente esclarecer el paradero de todas las personas que pernoctaban en la plaza referida, tanto quienes abordaron autobuses del INM como quienes aceptaron recibir tarjeta de visitante por razones humanitarias (TVRH) y las que, a decir del instituto, se marcharon por su propio pie porque ya contaban con documentos que acreditan su condición regular en el país. También es necesario aclarar los protocolos que se siguieron al abordar a los migrantes (en su mayoría haitianos y venezolanos) y sancionar cualquier violación a sus derechos humanos que haya podido cometerse en el curso del dispositivo de desalojo o retiro voluntario.
De manera más amplia, la admisión de que los migrantes fueron expulsados en respuesta a las protestas de los vecinos –quienes camuflan su hostilidad clasista y xenófoba contra centroamericanos y caribeños en un discurso de presunta preocupación por su bienestar– son un recordatorio de que la única medida humanitaria y eficaz para facilitar la estancia de los refugiados en México consiste en agilizar la regularización de su estatus migratorio, sin importar que algunos grupos tengan el propósito de permanecer aquí y otros estén de paso en su trayecto hacia territorio estadunidense. Mantenerlos en un limbo jurídico potencia su vulnerabilidad a inadmisibles expresiones de odio y les dificulta ganar el sustento que requieren para sí mismos y sus familias, lo cual añade penalidades innecesarias a las que ya han sufrido en su desplazamiento. (Editorial, La Jornada, p.2)
Esta semana, tras felicitar por su triunfo a la virtual presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, el presidente Joe Biden firmó una Acción Ejecutiva antinmigrante que ha generado gran revuelo. El texto, que responsabiliza al Congreso del supuesto fracaso para abordar el tema migratorio, limita la posibilidad de que los inmigrantes que crucen ilegalmente puedan solicitar el refugio, pues establece la suspensión y limitación de entrada a los no ciudadanos estadounidenses cuando las detenciones en un periodo de siete días consecutivos superen las 2500 personas. Dicha suspensión, será interrumpida cuando durante 14 días el promedio de detenciones semanales sea menor a 1,500 personas. La realidad es que, tan solo en abril, hubo semanas con hasta 4,000 detenciones diarias, y que, a finales de 2023, alcanzaron 10 mil y hasta 12 mil detenciones diarias, por lo que muy probablemente la medida se mantenga generalmente activa.
Esta acción ejecutiva se da en el contexto de las elecciones en Estados Unidos, y está dirigida a atraer a un electorado que ha criticado la tibieza de Biden en el tema migratorio, en contraste con Donald Trump. Sin embargo, los principales afectados con la medida son la población migrante, y México, que sufrirá las consecuencias directas de la deportación a su territorio personas de Haití, Cuba, Nicaragua y Venezuela. Si bien la medida exenta a poblaciones como la niñez no acompañada, no considera a los menores que viajan en unidades familiares que, desde hace un par de años, son la mayoría. Tan sólo en lo que va de 2024 cerca de 500 mil familias han sido detenidas por la patrulla fronteriza.
El uso sostenido del territorio mexicano para el retorno de personas de terceros países, sin llegar a un acuerdo con nuestro país, sin coordinación, ni recursos para la atención de estas poblaciones, vulnera sus derechos tal y como sucedió con el Título 42 en su momento, cuando, con el pretexto de la pandemia, retornaron a territorio mexicano a personas de 7 países diferentes. Como ya lo ha manifestado el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, las medidas estadounidenses que obstaculizan la solicitud y eventual obtención de esta figura humanitaria, contravienen las leyes estadounidenses y el derecho internacional. A pesar del incremento de solicitudes de los últimos años, Biden ha otorgado la mitad del número de refugios que Obama y solo 22% más que Trump.
Los republicanos posicionaron de manera exitosa el tema migratorio como una de las principales preocupaciones de los estadunidenses de cara a las elecciones, infundiendo de manera efectiva en medios y en el electorado la idea de que Biden ha implementado una política de puertas abiertas en la frontera.
El presidente López Obrador, tras la llamada con su homólogo de Estados Unidos, dijo que no se cerrará la frontera y que ambos países continuarán hasta el fin de su mandato con la relación cordial y de cooperación que han mantenido. Una vez más parece haber información que se queda en las conversaciones privadas entre ambos mandatarios, pues los comunicados emitidos por ambos países no son claros en los temas que más pudieran afectar a México y a las personas en movilidad.
Del lado estadounidense, organizaciones promigrantes han impugnado la medida por atentar contra los derechos humanos de las personas migrantes, por lo que seguramente seguirá su camino en las cortes de ese país; sin embargo, en el corto plazo, le servirá a Biden para mandar un mensaje claro y contundente a los electores, al tiempo de generar miedo y posiblemente disuadir a parte de los migrantes que pretenden ingresar a Estados Unidos.
Esta medida es una muestra de los retos que en materia migratoria tendrá que enfrentar nuestra próxima presidenta. Ojalá sepa anticiparse y con asertividad y un equipo experimentado logre mejorar las condiciones y acuerdos con nuestros vecinos del norte. (Eunice Rendón, El Universal, Nación, p. A10)
Que cada día decenas de migrantes llegan a la colonia Juárez de Ciudad de México en busca de iniciar un proceso ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, pero ya tiene más de una semana que esa instancia cerró sus oficinas en la capital, canceló su traslado a la alcaldía Miguel Hidalgo y no ha podido encontrar una nueva sede, aunque entre enero y mayo atendió a 6 mil 499 migrantes. (Trascendió, Milenio, Al Frente, p. 2)

(Llera, Excélsior, Nacional, p. 10)