El largo adiós de Trump incluye la intención de ejecutar a cinco personas, cuatro de ellos afroestadunidenses, jugar con la idea de imponer una especie de ley marcial para revertir la elección, mantener secuestrados a cientos de niños migrantes, dejar contagiados a millones y matar a otros cientos de miles (incluidos miles de mexicanos) al ignorar la peor crisis de salud pública en un siglo y abandonar a millones de desempleados. De aquí a que salga de la Casa Blanca el 20 de enero Estados Unidos está atrapado entre la farsa y la barbaridad.
Mientras, el rebrote de la pandemia está llevando a lo que el director de los Centros de Control de Enfermedades pronostica como el periodo más grave de salud pública en la historia de Estados Unidos. Pero Trump y su equipo no sólo han decidido ignorar esta crisis, sino están dispuestos a matar a más al rehusar implementar medidas para enfrentarla. El distinguido doctor Atul Gawande, integrante del equipo designado por el presidente electo Joe Biden, en entrevista para el New Yorker, señala que la ausencia de una estrategia nacional y un mensaje oficial claro desde principios de este año son las razones principales por las dimensiones aterradoras de esta emergencia de salud pública, subrayando que ni se promovió la recomendación más básica y sencilla de exigir el uso de cubrebocas, una de las herramientas más importantes que tenemos para limitar la transmisión del Covid-19.
En tanto, las consecuencias económicas del manejo irresponsable de la pandemia está generado un nivel de sufrimiento no visto desde la Gran Depresión, señala el senador Bernie Sanders. (David Brooks, La Jornada, Opinión, p.35)
Tal vez uno de los principales problemas que tendrá Joseph Biden en su intento de zanjar la división que erosiona cada vez más las bases de la sociedad es ¿cómo hacerlo? Si se piensa que el problema ha sido exclusivamente la perniciosa forma en que Donald Trump gobernó, se caerá en cuenta que él solamente aprovechó esa división en beneficio propio. Detrás de su falta de ética y moral no hay ninguna ideología; se montó en una ola que venía de lejos y la convirtió en tsunami.
En cambio, la ideología sí fue el germen para la formación del Tea Party, una corriente del Partido Republicano, a la que se adhirieron otras aún más intolerantes y radicales. Fue la repuesta de algunos republicanos a los llamados de Barack Obama para dar un respiro a un régimen que hace agua por doquier. Creyó necesario ampliar el acceso al sistema público de salud para resolver las carencias de millones en ese rubro; propuso una reforma migratoria, incluido el DACA, pensando en la justicia elemental para millones de migrantes que habían llegado al país en busca de refugio a sus carencias, pero también para subsanar las necesidades de la industria, el comercio y los servicios. Por esa razón, propuso una reforma que les otorgara la protección de la ley como a cualquier estadunidense. Fueron medidas que estaban en sincronía con las aspiraciones demócratas del New Deal y The Great Society de los años 40 y 60, no socialistas radicales, como gustan proclamar las corrientes extremas que se han adscrito al Partido Republicano e insisten en preservar exclusiones sociales propias del siglo XVI. Su negativa a que el gobierno aplique las leyes que garantizan igualdad de derechos y convivencia civilizada la confunden erróneamente con el Big Brother ilustrado por Orwell. Un ejemplo es la necia oposición de ciertos grupos sociales a las medidas que los especialistas recomiendan para evitar la propagación del Covid. En ese contexto, asusta que la Suprema Corte haya desestimado la prohibición del gobierno de Nueva York para hacer reuniones masivas en iglesias y sinagogas. Los ministros que la suscribieron antepusieron sus creencias religiosas, disfrazándolas con un supuesto ataque a la libertad de expresión. (Arturo Balderas Rodríguez, La Jornada, Opinión, p.23)
Interesado desde hace años en los derechos humanos de las personas migrantes, me llama la atención el siguiente escenario: imagine usted que nuestros paisanos que traen a México dólares en efectivo no puedan cambiarlos por pesos porque los bancos en nuestro país no compran dólares.
En este hipotético escenario, los millones de dólares en efectivo que traen al país los migrantes cada año (374 millones, en 2019, y alrededor de 400, en 2020), no les servirían a sus familiares ni llegarían a sus comunidades.
Esta circunstancia, hoy hipotética, podría ser real debido a una historia que viene tejiéndose desde 2012, cuando Estados Unidos empezó a imponer restricciones al retorno de dólares desde
Interesado desde hace años en los derechos humanos de las personas migrantes, me llama la atención el siguiente escenario: imagine usted que nuestros paisanos que traen a México dólares en efectivo no puedan cambiarlos por pesos porque los bancos en nuestro país no compran dólares.
En este hipotético escenario, los millones de dólares en efectivo que traen al país los migrantes cada año (374 millones, en 2019, y alrededor de 400, en 2020), no les servirían a sus familiares ni llegarían a sus comunidades.
Esta circunstancia, hoy hipotética, podría ser real debido a una historia que viene tejiéndose desde 2012, cuando Estados Unidos empezó a imponer restricciones al retorno de dólares desde México con el argumento de impedir operaciones con recursos de procedencia ilícita. (Mauricio Farah, El Heraldo de México, Opinión, p.17)
Uno de los activos más importantes de un país es su capital humano. Los países como Israel y Japón crecieron principalmente gracias a eso, sobre todo porque los recursos naturales con los que cuentan son muy escasos.
En Israel, por ejemplo, lograron transformar, primero un desierto en tierras fértiles y luego llegar a ser uno de los países que más tecnología genera per cápita. Por otro lado, México enfrenta un “déficit de empleo calificado”. Cada año crece la cantidad de jóvenes que se gradúan de universidades destacadas y el país no genera suficientes empleos califica – dos, bien remunerados y satisfactorios para esta población.
Los graduados universitarios, de maestría y doctorado se encuentran con mayor frecuencia sobrecalificados para las pocas vacantes que encuentran. Según el Migration Policy Institute: “La oferta de personas educadas en México está creciendo cinco veces más rápido que la población, pero las oportunidades laborales para los profesionales no se están expandiendo tan rápido”. La falta de oportunidades, bajos salarios y la pequeña cantidad de espacios disponibles para que los jóvenes trabajen en sus campos de especialización han generado frustración entre las nuevas generaciones.
El clima de inseguridad y violencia que ha afectado al país en los últimos años se ha con – vertido en uno de los mayores alicientes para que los educa – dos emigren. Los más prepara – dos son los más informados y sensibles al tema de la inseguridad. Los adultos jóvenes se sienten decepcionados, asustados, frustrados y cansados. Están perdiendo la esperanza y se sienten traicionados por sus gobernantes. Sienten que su país no puede brindarles lo que merecen y que tienen derecho a sentirse seguros.
Según el Conacyt alrededor de 1.2 millones de mexicanos con títulos universitarios y de posgrado salieron en busca de mejores oportunidades entre 1990 y 2015 (altísimo considerando que prácticamente el 80% de la población no cuenta con estudios universitarios, OCDE 2020).
La emigración calificada combina diferentes perfiles, incluye estudiantes, científicos y académicos; también los que se desempeñan en ocupaciones ejecutivas y de gestión, así como técnicos y profesionales que no encuentran empleo y que incluso bus – can insertarse en ocupaciones no profesionales en EU u otros países. En 2009 el entonces subsecretario de Educación Superior, Rodolfo Tuirán declaró que el éxodo de talentos mexicanos le ha costado al país más de 100 mil millones de pesos.
Muchos estadounidenses tienen una imagen equivocada de la migración de México a Esta – dos Unidos, creen que solo son trabajadores agrícolas que cosechan todo tipo de verduras y frutas o las niñeras que cuidan a los niños, ambos únicamente con educación básica. Pero en los últimos años ha surgido una tendencia que complementa esta imagen. Un porcentaje creciente de inmigrantes mexica – nos con nivel universitario y de postgrado. (Jacques Rogozinski, El Financiero, Economía, p.15)
A dos años del gobierno del presidente López Obrador, la mayoría de los análisis compara este arranque con los números de gobiernos anteriores. Pero hace falta compararlo con la propuesta de la coalición que quedó en segundo lugar, la de Por México al Frente. ¿Cuál estrategia social habría soportado mejor el choque de la pandemia?
La del actual gobierno partía de dos premisas: adelantarse a evitar la furia del presidente Trump e incluso agradarlo, mediante una estrategia de “cortinas” que desalentara la migración hacia el vecino del norte. En vez del muro trumpiano, habría nuevamente zonas libres y doble salario mínimo en la frontera norte. En segundo lugar, transferencias directas de dinero con criterios cada vez más segmentados, al estilo tutti frutti, y siempre con prioridad en las zonas rurales más pobres. La estrategia social de Por México al Frente estaba basada en la implementación del Ingreso Básico Universal; dada la debilidad presupuestal en tanto no diera frutos una profunda reforma fiscal, el desarrollo del IBU se haría en forma paulatina, comenzando por los estados más pobres, concentrados en el sur del país, conservando y ampliando algunos programas diferenciados como el de Estancias Infantiles para apoyar a madres que trabajan. Ambos enfoques, el del partido triunfador y el de Por México al Frente, coincidían en una política salarial progresista, de aumentos consistentes y paulatinos del salario mínimo y desaparición de la retrógrada Comisión Nacional de Salarios Mínimos. Es importante recordar que la corriente política y económica que dio la batalla cultural para desaparecer el freno institucional a la recuperación del salario mínimo, es decir, la homologación de éste con más de dos mil pagos diferentes desde multas hasta créditos, no fue la que triunfó en las elecciones. La coalición que postuló a Anaya no tenía como prioridad agradar a Trump, así que no propuso ni regresar al régimen de zonas libres ni favorecer salarialmente al norte cuando la pobreza lacera con especial crueldad al sur. (Cecilia Soto, Excélsior, Nacional, p.24)