Concluyó la visita a México del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU. El Comité es un órgano de expertos independientes que supervisa la aplicación por los Estados Parte de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.
Se trata de la primera vez que el Comité visita un país desde su creación en 2010, la cual se realizó por invitación del Estado mexicano, tras el reconocimiento de la competencia del Comité para conocer de quejas individuales en 2020; una demanda histórica de las familias de víctimas de desaparición.
El Comité visitó 13 entidades federativas; sostuvo reuniones con 80 autoridades de los tres Poderes de la Unión, así como con órganos autónomos y familiares y colectivos de las víctimas. Ello incluyó reuniones con 10 gobernadores, con las secretarías de Gobernación, Seguridad y Protección Ciudadana, Defensa Nacional, Marina y Relaciones Exteriores, la Comisión Nacional de Búsqueda, el Instituto Nacional de Migración, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, el Sistema Nacional de Búsqueda, el Mecanismo de Protección a Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, así como las Comisiones de Ayotzinapa y Guerra Sucia. Al igual que con distintos órganos autónomos: FGR, CNDH, INE e INAI.
Resaltan los encuentros que sostuvo con 33 colectivos y el acompañamiento en tres búsquedas y una exhumación. Participó en dos visitas a centros de identificación humana, dos visitas a centros de resguardo de cuerpos, así como a cuatro prisiones y tres estaciones migratorias.
Se prevé que el informe de la visita sea presentado ante el Pleno del Comité en marzo de 2022, el cual incluirá recomendaciones a diversas autoridades, que ayudarán a enfrentar la crisis de desaparición e identificación humana que vive el país.
El Comité reconoció la apertura del Estado mexicano y que el Gobierno de México haya asumido como prioridad la atención al grave problema de desaparición de personas, así como los avances registrados: el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, el Protocolo Homologado de Búsqueda, el Fortalecimiento de las capacidades de búsqueda, la creación del Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense, los centros de resguardo e identificación humana, así como las Comisiones de Ayotzinapa y Guerra Sucia y el Mecanismo de búsqueda de migrantes. También reconoció la resolución de la SCJN en favor del carácter vinculante de las Acciones Urgentes del Comité.
Fueron múltiples los temas que probablemente serán incluidos en su informe, como la impunidad que prevalece en la procuración e impartición de justicia, la falta de coordinación entre fiscalías, autoridades y familiares de las víctimas, y el que las fiscalías no asumen su responsabilidad en la búsqueda por una errónea concepción de su autonomía, lo que limita el acceso a la justicia de las víctimas.
Observó que la desaparición de personas prevalece como una práctica asociada a la delincuencia organizada, así como a la actuación de agentes del Estado, en especial en el ámbito municipal, y que el modelo de investigación para la procuración de justicia debe ser replanteado, a partir de realizar análisis de contexto e investigación de macrocasos.
Remarcó la necesidad de fortalecer las capacidades e infraestructura forense, ya que las fiscalías no cuentan con capacidades para resguardar cuerpos no identificados ni con capacidades para su identificación, destacando la necesidad de contar con una base nacional de datos genéticos y con una cedula única de identidad para toda la población.
Además, el Comité adelantó que recomendará que mejoren las políticas de prevención del delito de desaparición, se construyan mecanismos de protección a funcionarios y familiares que realizan búsquedas y se promueva un Plan Nacional de Reparaciones.
El informe será atendido puntualmente, pues como lo ha demostrado el reconocimiento de la competencia del Comité y la invitación a visitar nuestro país, el Gobierno de México da cuenta de su apertura al escrutinio internacional y de su decisión de encarar esta dolorosa situación. (Alejandro Encinas, El Universal, Opinión, p. 16)
Retales
CESIÓN. El gobierno de López Obrador aceptó el programa Quédate en México, por el cual los migrantes no mexicanos que soliciten asilo en EU permanecerán en México los meses que tarde la decisión judicial de dárselos o no. Son decenas de miles de migrantes que se hacinarán en las ciudades fronterizas mexicanas sin ningún apoyo del gobierno de EU ni del de López Obrador, que deja esa carga a estados y municipios. (Joaquín López Dóriga, Milenio Diario, Al frente, p. 3)
Quédate en el caos
El programa de los Estados Unidos para controlar la migración conocido como “Quédate en México” es cruel para los migrantes y abusivo para México, que tiene que dedicar tiempo, dinero y esfuerzo para no afectar la comodidad de los norteamericanos.
El programa fue lanzando por Donald Trump y ha sido retomado por Joe Biden que se tuvo que comer sus propias palabras.
Por lo pronto en los principales puntos fronterizos entre ambos países impera el caos. Los encargados de garitas y albergues se quejan de falta de información oficial, y sobre todo de falta de claridad en los apoyos para mantener a miles de migrantes desesperados.
El resultado es que nadie sabe bien a bien qué hacer. Se olvida que lo que está en juego es la vida de seres humanos que arriban a la frontera en desamparo total.
Urge establecer un principio de orden y que se conozcan nombres y apellidos de los funcionarios que estarán al cargo. (La Crónica de Hoy, Nacional, p. 9)
Iglesia se manifiesta en contra
Con gran decepción, nos comentan, la Conferencia del Episcopado Mexicano recibió la noticia de que nuestro país aceptó que se reactive el programa Quédate en México (MPP, por sus siglas en inglés), ya que, acusó, viola múltiples principios internacionales en materia de refugio y asilo, como el derecho al debido proceso y la no devolución. Así que, tras lo anterior, exhortó a las autoridades federales a cumplir con los compromisos para la protección y promoción de los derechos de las personas solicitantes. La Iglesia católica se dijo dispuesta a entablar un diálogo para crear propuestas “efectivas” que beneficien a los migrantes, solicitantes de refugio. Sólo falta ver si su palabra será escuchada o quedará como un llamado a misa. Uf. (La Razón, La dos, p. 2)
Iglesia cuestiona política migratoria
Donde no cayó bien la noticia sobre la reanudación del Quédate en México fue en la Iglesia católica. A través de la Conferencia del Episcopado Mexicano, condenó que México implemente este programa que no garantiza derechos fundamentales de los refugiados. Agregó que a ello se suma que la 4T implementa una política “confusa” e “ineficaz” con los migrantes en Chiapas, donde aletargan trámites para darles condiciones de refugiados. Ante el caso, la jerarquía eclesiástica reafirmó su compromiso de mantener apoyo humanitario a las personas en tránsito. (Confidencial, El Financiero, p. 33)
El pasado 2 de diciembre, la Secretaría de Relaciones Exteriores informó que el programa Quédate en México, que comenzó en la administración del ex presidente Donald Trump en 2019 y fuera cancelado por el mandatario Joe Biden al iniciar su gobierno, se reiniciaría.
¿Qué implica esta decisión? Que el gobierno mexicano deberá recibir a las personas migrantes que esperan saber si les será otorgado asilo o no en Estados Unidos. Se trata de una situación compleja, pues mientras estuvo en curso, el programa registró a aproximadamente 70 mil solicitantes, reduciendo, de acuerdo con la administración Biden, los flujos migratorios, pero a un costo humanitario injustificable.
¿Por qué reiniciar un programa que no funcionó? La reactivación, que fue ordenada por un juez federal de Estados Unidos a la Casa Blanca, ha provocado preocupaciones fundadas, dado su desarrollo previo, pero a diferencia del pasado, esta vez el gobierno de ese país, al igual que el del nuestro, ha mostrado un talante humanitario y solidario. Esto cambia por completo la concepción del programa, pues lo que nació como un instrumento coercitivo se puede convertir en un mecanismo eficiente para mitigar algunos problemas que genera la migración.
¿A que se compromete cada país? Este nuevo paradigma inicia con el compromiso del gobierno estadunidense a destinar mayores recursos para albergues, para la protección de grupos vulnerables y para la aplicación de medidas anti covid-19. No obstante, se debe reconocer que se trata de un escenario igualmente complicado.
Por su parte, México ha sido, y debe seguir siendo, tierra generosa y hospitalaria para quienes no tienen más opción que dejar sus países de origen por motivos de pobreza, inseguridad, violencia, persecución política u otras causas de fuerza mayor. Ofrecer garantías para la seguridad personal y familiar de las personas migrantes que cruzan por nuestro territorio para ir a Estados Unidos es compromiso del gobierno del presidente López Obrador.
Pero la humanidad y la solidaridad no deben dar paso a omisiones. La pandemia aún no cede, la nueva variante ómicron representa un nuevo reto para los gobiernos, y la mayoría de las personas migrantes proviene de países con tasas bajas de vacunación. Se debe asegurar la existencia de protocolos claros, que puedan garantizar la salud la población migrante así como de la residente en las ciudades receptoras.
Por eso, en el Senado de la República convocaremos a las autoridades correspondientes a contar con la información completa y detallada del impacto que tendrá la decisión del gobierno estadunidense en la vida diaria de nuestras ciudades de la frontera norte, y sobre las medidas que se adoptarán para atender a los miles de personas migrantes internacionales y a compatriotas que sean devueltos a México. En la Cámara alta queremos contribuir a las mejores soluciones para proteger los derechos humanos de todas y todos, y garantizar su seguridad y tranquilidad. (Ricardo Monreal, Milenio Diario, Política, p. 13)
El secretario de Relaciones Exteriores anunció que nuestro país permitirá la deportación de migrantes a partir de este lunes.
Ya se fue Donald Trump, pero continúan sus políticas migratorias. El presidente Joe Biden ha tenido que lidiar con el creciente flujo de migrantes en la frontera sur de Estados Unidos. Aunque una de sus promesas electorales era implementar una estrategia migratoria más humana y digna, ha mantenido ciertas medidas de su antecesor para frenar el ingreso de miles de personas al país. El objetivo principal de la Casa Blanca es evitar que los republicanos utilicen la crisis fronteriza como un arma política en las elecciones intermedias del próximo año, en las cuales los demócratas podrán perder la mayoría débil que tienen en ambas del Congreso.
Para México, convertirse en el muro fronterizo de su vecino representa la expansión con financiamiento estadounidense de los programas Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro al sur del país y a Centroamérica, un logro que se anunció durante la reunión entre el presidente López Obrador y Joe Biden en el marco de la Cumbre de Líderes de América del Norte.
En agosto, un juez federal de Texas ordenó a la Casa Blanca que restaure el programa “Permanezcan en México”, que obligaba a los indocumentados que solicitaban asilo en la frontera sur de EU a esperar en el país vecino hasta su fecha de audiencia en cortes migratorias estadounidenses. El fallo fue un revés para Biden, quien en su primer día al cargo suspendió el programa, impulsado en 2019 por su predecesor y por el que Estados Unidos envió a más de 70 mil indocumentados que cruzaron la frontera a que permanezcan en México, debido al retraso de peticiones que existen en las cortes.
Durante meses, se llevaron a cabo negociaciones entre la Casa Blanca y el gobierno mexicano para definir las condiciones en las que se restablecería el programa.
El secretario de Relaciones Exteriores anunció que México permitirá la deportación de migrantes a partir de este lunes, ya que EU se comprometió a atender las preocupaciones del gobierno de la Cuarta Transformación.
La posibilidad de que Estados Unidos reactivará el “Quédate en México” provocó que el gobierno mexicano solicitara a la administración Biden recursos adicionales para albergues y apoyo a organismos internacionales. México puso sobre la mesa algunas cuestiones humanitarias, entre ellas la necesidad de mejorar las condiciones para las personas migrantes, de modo que cuenten con mejor asesoría legal en sus procesos y que transcurran de la forma más expedita posible. De igual forma, exigió que los migrantes contaran con acceso a atención médica y vacunación contra el COVID-19.
El regreso del programa presenta varios desafíos. El presidente Biden y el partido demócrata tendrán que desarrollar una estrategia para contrarrestar los argumentos de los republicanos de que la única manera que la actual administración logró frenar la migración fue gracias a las políticas de Trump, como el Título 42 y el “Permanece en México”. Es decir, las medidas de mano dura que tanto criticaron los demócratas ahora son un eje central de su política migratoria.
Por su parte, la presencia de miles de personas deportadas a territorio nacional se convertirá en una crisis humanitaria para México. Los migrantes corren el riesgo de caer víctimas del crimen organizado. También, el país se esta convirtiendo en un destino para los migrantes. Según datos de la Comar, el gobierno de México recibió de enero a octubre de este año 108 mil 195 peticiones de refugio, lo que representa un aumento de 73% en comparación a los primeros 10 meses de 2019.
AMLO se cuelga la medalla de fortalecer sus programas sociales, pero eso de ya no ser el patio trasero de Estados Unidos deja mucho que desear. (Lila Abed, El Heraldo de México, Editorial, p. 14)
El infierno de la migración de nuestros días es extremo. Mujeres y hombres, con frecuencia con hijos, o niños sin padres, enfrentan los obstáculos sociales, políticos, climáticos, geográficos, delictivos, más brutales, marchan por caminos inacabables en selvas y llanos, y les esperan en el camino, o en el país de su destino, soldados que los devuelven al principio de cada hazaña, que pudo haberles tomado años cumplir, para iniciarla de nuevo: lo que quieren dejar atrás es peor. La implicación es terrible: los que no migraron o no pudieron hacerlo permanecen en un infierno más profundo. Migrantes y no migrantes son las dos caras de uno de los procesos sociales masivos más inhumanos que constituyen al sistema colonial capitalista.
El caleidoscopio social de los colonizados, con su opresión continua, construye seres humanos con una suma de arrojo, capacidad de trabajo, resiliencia y potencialidad de desarrollo, que los haría fuerza de trabajo altamente deseada y demandada. Pero en el país de destino elegido, si no son rechazados, les esperan los salarios más bajos, la falta de derechos, el hacinamiento como vivienda, la discriminación racial sistemática, el trato policiaco más artero. Durante más de un siglo, los empleadores del centro imperial contrataron esa fuerza de trabajo o la rechazaron, según la fase –ascenso o descenso– del ciclo económico. La globalización neoliberal trajo consigo el estancamiento secular y, ahora, esa fuerza productiva no hace falta, el capitalismo no puede crearle empleo en ninguna parte.
Los migrantes hacinados en la frontera de Bielorrusia con Polonia, o en la de México con Estados Unidos (EU), no están ahí por su decisión, sino porque sobran. La globalización neoliberal fue construida para despejar de estorbos a la expansión del capital, y una de sus primeras reglas dispuso: libertad de movimiento al capital, no a la fuerza de trabajo. La no libertad transfronteriza de la fuerza de trabajo es otro recurso de los empresarios.
Los miles de migrantes –kurdos la mayoría– apiñados en la frontera con Polonia, en medio de un invierno feroz, que intentan llegar a la Unión Europea, casi todos son del Kurdistán iraquí y no ignoran lo que ocurrió en su país. La invasión militar extranjera a partir de 2003 dirigida por EU y apoyada por Europa hizo de Irak tierra arrasada. El supuesto respaldo de Hussein a los terroristas del 11-S y la fabricación de armas de destrucción masiva que planeaba utilizar contra EU, fueron mentiras flagrantes. Pero la infraestructura económica fue demolida y gran parte de la vivienda de la población civil fue derribada mediante bombardeos. De esa devastación nació la posibilidad de Lukashenko, presidente de Bielorrusia, de manipular a miles de desamparados, para sus fines geopolíticos. Que Lukashenko intente usar a los kurdos como moneda de cambio, no les borra a esos menesterosos su condición de migrantes, como quiere el gobierno de extrema derecha que gobierna Polonia.
Igual ocurrió en Afganistán o en Libia. Masacres de civiles, destrozo de la infraestructura, incluidos los servicios públicos, destrucción sistemática de la naturaleza, robo por los invasores de las riquezas que hallaron a su paso. Crearon así una muchedumbre que huye y continuará huyendo de sus países porque sus tierras fueron arrasadas.
Haití, el país más pobre de América, ha vivido en un caos político provocado por los poderes imperiales. Pobreza desorbitada y caos social producen emigración compulsiva. Pero hay más fuerzas que la impusan: el caos político dio lugar al caos de las bandas delictivas que asuelan al país. Los patrones actuales de la migración haitiana comenzaron a configurarse en 2004, cuando, debido a un golpe de estado, la ONU envió una misión que fue encabezada por Brasil y Chile. Los haitianos más pobres fueron reclutados para trabajar en la construcción de los estadios de la Copa del Mundo: se volvieron la mano de obra más barata de Brasil. Luego fueron despedidos y se convirtieron en fuerza de trabajo sin papeles, pero se asentaron en ese país. Y ello produjo una corriente de nuevos migrantes haitianos que, desde 2018, buscaron entrar a EU.
En 2010 un terremoto produjo su cuota de migrantes y, en ese año, de la mano de Hillary Clinton se creó un gobierno haitiano neoliberal cuyo programa produjo nuevas corrientes migratorias. De acuerdo con la activista y académica haitiana Mamyrah Dougé-Prosper, entrevistada por Leticia Garziglia, de ALAI, el plan de desarrollo de ese gobierno tenía cuatro ejes: turismo, grandes plantaciones, agroindustria, y parques industriales y minería; los cuatro ejes requerían tierras. Así que resultó imperativo “desplazar a la gente de sus tierras; parte de la migración forzada está relacionada con el despojo de tierras… Uno se ve obligado a abandonar su tierra, ya sea porque le han engañado para que la venda… o porque le han echado de la tierra aunque no quiera venderla”.
La vida inicua de los migrantes. (José Blanco, La Jornada, Opinión, p. 19)
La “Guerra Fría 2.0” resulta cada vez más cercana, tanto que de hecho, los países latinoamericanos y los de la región mesoamericana, en particular, son parte de ella.
Parecería una verdad de Perogrullo: después de todo, Estados Unidos y la República Popular China llevan ya tiempo en unas “vencidas” simbólicas que a veces incluye fintas militares, pero más frecuentemente maniobras económico-políticas.
Es una situación en la que algunos creen que existen posibilidades de ganancia. Para el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag), que formalmente da asesoría política y de economía a gobiernos y grupos de izquierda regionales, el neoliberalismo se encuentra en una crisis que se refleja particularmente en Estados Unidos y sus crecientes pugnas internas.
Para Celag, eso configura “un ordenamiento geopolítico inestable en el que otras potencias mundiales, principalmente China, adquieren cada vez más peso en la definición de las reglas de juego en el espacio global”.
Así, en su opinión, se asoma “un incipiente reequilibrio donde no hay un único actor en el liderazgo internacional, sino múltiples polos de poder que compiten por inclinar la correlación de fuerzas a su favor”.
Para Celag, el otro nombre es Rusia. Moscú parece tener una relación cercana con Cuba, Nicaragua y Venezuela, pero algunos latinoamericanos creen que la competencia real puede salir de China. La imagen, después de todo, es de recursos económicos y disposición a usarlos, sobre todo en proyectos de infraestructura que faciliten su comercio o su influencia.
Para algunos analistas estadounidenses, los países del “Triángulo Norte”, o sea Guatemala, Honduras y El Salvador, tienen un papel importante en ese sentido, debido precisamente a su situación.
Las naciones de la región “saben” que Estados Unidos los necesita en su campo porque perderlos significa perder el control de la capacidad de proyectar el poder más lejos.
“También saben que China (correctamente) los ve como un puente entre el Pacífico y el Atlántico cuyos ejes marítimos y de transporte facilitan el acceso de China a los mercados mundiales. También ayudan a Beijing a vigilar más de cerca las actividades estadounidenses”, afirmó Allison Fedirka, una especialista del grupo privado Geopolitical Futures.
En ese sentido, Estados Unidos ha buscado una alianza con México para controlar la llegada de grupos indocumentados desde Centroamérica, uno de sus principales problemas de política doméstica, y para formular y prometer financiamiento de programas de desarrollo que alivien las presiones que provocan la migración.
La República Popular China, por su parte, parece buscar mejores relaciones con El Salvador, donde ya invierte en el puerto de La Unión, y en Honduras, donde la nueva presidenta Xiomara Castro parece deseosa de poner algunas distancias con Washington. (José Carreño, El Heraldo de México, Orbe, p. 27)
Remesas: alimentos, salud, educación // Mes tras mes rompen récord en México // AL: 21.6% de incremento
El monto de las remesas ha crecido como la espuma: de acuerdo con el Banco de México, el total acumulado entre enero y octubre de 2021 fue mayor al registrado en todo 2020, al sumar 42 mil 168 millones de dólares, récord para un mismo periodo y para todo un año desde que el primer registro en 1993.
El organismo financiero multilateral reseña que, por segundo año consecutivo, se prevé que las remesas a los países de ingresos bajo y mediano (sin incluir a China) superen la suma de la inversión extranjera directa y la asistencia externa para el desarrollo, lo que destaca la importancia de las remesas como medio de sustento vital que permite a los hogares cubrir sus gastos esenciales relacionados con alimentación, salud y educación durante los períodos de dificultades económicas en las naciones de origen de los migrantes.
El Banco Mundial subraya que las remesas de los migrantes han sido un complemento fundamental de los programas públicos de transferencia de efectivo, que buscan ayudar a las familias que enfrentan dificultades económicas durante la crisis. Facilitar los flujos a fin de brindar alivio a los ajustados presupuestos de los hogares debería ser un componente fundamental de las políticas públicas para propiciar la recuperación mundial.
En la mayoría de las regiones aumentó el monto de remesas: 21.6 por ciento en América Latina y el Caribe; 9.7 en Oriente Medio y Norte de África; 8 en Asia meridional; 6.2 en África subsahariana; y 5.3 en Europa y Asia central. En cambio, en Asia oriental y el Pacífico disminuyeron 4 por ciento, aunque si se excluye a China registraron un aumento de 1.4 en la región.
En América Latina y el Caribe el crecimiento fue sumamente sólido, debido a la recuperación económica en Estados Unidos y a otros factores, entre ellos la respuesta de los migrantes ante los desastres naturales en sus países de origen.
Los flujos de remesas con destino a América Latina y el Caribe probablemente alcancen un nuevo máximo de 126 mil millones de dólares en 2021, lo que representa un sólido crecimiento de 21.6 por ciento con respecto a 2020, detalla el banco Mundial. México, el principal receptor de remesas de la región, recibió 42 por ciento del total regional. El valor de las remesas como porcentaje del PIB excede 20 por ciento en varias de las economías más pequeñas: El Salvador (26.2), Honduras (26.6), Jamaica (23.6) y Guatemala (18).
El Banco Mundial estima que en 2022 el monto de remesas aumentaría 2.6 por ciento en comparación con el presente año, en consonancia con las previsiones macroeconómicas mundiales; un resurgimiento de los casos de Covid-19 y la imposición de nuevas restricciones a la movilidad plantean los principales riesgos de que las perspectivas referidas al crecimiento mundial, el empleo y los flujos de remesas a los países en desarrollo no se materialicen. El paulatino desmantelamiento de los paquetes de estímulos fiscales y de promoción del empleo, en un contexto de recuperación económica, también podría perjudicar los flujos de remesas. (Carlos Fernández Vega, La Jornada, Opinión, p. 24)
La organización y desarrollo de los procesos electorales tanto federales como locales en nuestro país son ejercicios democráticos, confiables y certeros, pero costosos por la forma en que se han venido desarrollando desde hace muchos años y la cantidad de reglas y requisitos para llevarlas a cabo. Por ello, el Instituto Nacional Electoral (INE) debe buscar la implementación de diversos instrumentos electrónicos que, además de hacer más eficientes diversos procesos, los hagan menos onerosos.
Uno de estos proyectos es el voto electrónico por internet. El primer antecedente que encontramos se registró por parte del otrora Instituto Electoral del Distrito Federal que, en 2012 lo implementó para que las y los ciudadanos del Distrito Federal residentes en el extranjero pudieran votar por la jefatura de gobierno.
Con la reforma constitucional en materia político electoral de 2014, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales determinó que las y los ciudadanos que residen en el extranjero podrán ejercer su derecho al voto para la elección de Presidente de la República y senadores, así como para la renovación del ejecutivo local si así lo determinan las legislaciones electorales locales, y de la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Con esta disposición determinó que la emisión del sufragio podría realizarse por correo o, en su caso, por vía electrónica para lo cual el INE debía emitir los lineamientos respectivos que aseguren total certidumbre y seguridad en este tipo de mecanismo.
El voto por internet, bajo este marco legal, se instrumentó por primera vez en el pasado proceso electoral de junio pasado en donde en 9 entidades federativas sus connacionales pudieron participar para elegir al ejecutivo local en Baja California Sur, Chihuahua, Colima, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Querétaro, San Luis Potosí y Zacatecas. En tanto en Jalisco lo hicieron por una diputación de representación proporcional y en la ciudad de México por una diputación migrante.
Apenas el pasado 5 de diciembre el INE organizó una elección extraordinaria para la elección de una senaduría en el estado de Nayarit y en la que las y los mexicanos residentes en el extranjero pudieron utilizar, por primera vez para una elección federal, el voto por internet en dicho proceso electivo.
Para 2022 las y los mexicanos residentes en el exterior podrán utilizar este mecanismo de votación para la renovación de las gubernaturas en Aguascalientes, Durango, Oaxaca, Tamaulipas y diputaciones migrantes en Guanajuato.
Estos resultados han demostrado que el voto por internet no solamente ha sido eficaz, sino también que ha sido aceptado por la población para emitir su derecho al sufragio en procesos electorales federales y locales.
En este sentido, el INE se encuentra realizando estudios para ver los alcances del voto por internet que, como hemos visto, solo es usado para las y los mexicanos que residen en el exterior. Entre los aspectos de análisis se encuentran los siguientes:
La posibilidad de que este mecanismo pueda implementarse de manera gradual en los procesos electorales tanto federales como locales al interior de la República. Para ello, podría probarse en un primer momento, como un mecanismo para las y los electores que no pueden asistir a la casilla el día de la elección: personas de la tercera edad, personas con alguna discapacidad, personal médico, entre otras.
En otro momento, puede ampliarse para que toda la ciudadanía pueda ejercer su voto ya sea presencialmente en la casilla el día de la jornada electoral, o bien, votar por internet desde cualquier lugar del país en donde se encuentre, por los cargos de elección popular que correspondan a su domicilio de conformidad con la sección electoral en la que se encuentre registrada.
Estos alcances le darían a nuestro país muchos beneficios, el principal: un ahorro presupuestal importante de manera gradual conforme se vaya implementando este mecanismo de votación: menor impresión de documentación y material electoral, evitar costos por su distribución en todo el país, capacitación de personas funcionarias de mesas directivas de casilla, entre otros. También, el uso del internet podría abrir el espacio para el voto anticipado, es decir, que no necesariamente el sistema se habrá solo el día de la elección sino algunos días previos, como ya se hace con el voto por internet desde el extranjero, ampliando la participación de las y los electores en nuestros comicios con lo que se fortalecería nuestra democracia.
Las tecnologías de la información y comunicación pueden abrirnos importantes espacios para que cada vez más ciudadanos y ciudadanos participen en los procesos electorales y de participación ciudadana, así como a abatir costos y eficientar las labores que se llevan a cabo para organizar estos ejercicios. (Carla Humphrey, El Universal, Nación, p. 17)