―Perdón por la tardanza… pero no quiso ese hijoeputa, ¿sí te dijo tu cuate?
―Ajá.
―No me pudo prestar más de dos varos.
―… Pero nosotros también tenemos que dar a nuestros…
―Güey, le supliqué a ese güey.
―Van a decir: son ustedes pura mamada, ustedes se están clavando un billete, ¿me entiendes?
―Échame la mano, güey, como le dije a tu compañero, ya le supliqué a ese hijo de p… le dije: manda a alguien a que me traiga el dinero…
―¿Cuánto conseguiste?
―Dos varos me depositó.
―¿Nada más?
―Sí, cabrón.
―Vale.
Era el diálogo que sostenían un chofer de Uber y un elemento de la Guardia Nacional de apellido Pérez en el aeropuerto de Mérida, Yucatán, a principios de octubre de este año.
Pérez le entregó al chofer unas hojas blancas para que colocara el soborno dentro de estas, le pasó el pequeño fajo de billetes a su compañero y se despidió con un “sale, pues”, antes de abordar la patrulla que llevaba en las puertas los logos de la corporación.
La extorsión fue grabada y pasó a formar parte del abultado álbum de imágenes que documentan en redes sociales actos de extorsión por parte de elementos de la Guardia Nacional.
La Guardia Nacional acababa de debutar como flamante ocurrencia de la 4T cuando se viralizó un video en el que dos de sus elementos, con el rostro cubierto con cubrebocas y pasamontañas, realizaban una extorsión en una narcotienda:
“¿Vas a negociar o qué… O te tumbo todo. Rápido, ¿cuánto tienes?… Cuánto traes, cuánto tienes, o dame el producto…”, apuraba uno de los efectivos a uno de los encargados, quien finalmente le entregó un pequeño envoltorio, no se sabe si de billetes o drogas.
Hace un mes, choferes de combi que cubren la ruta Villa Comaltitlán-Escuintla, en Chiapas, denunciaron a elementos de la Guardia Nacional que les imponen cuotas de entre 200 y 300 pesos “para que cada unidad siga su camino”.
Se trata de una ruta en la que grupos de migrantes centroamericanos se dirigen a Oaxaca “con la supuesta intención de que el INM les entregue documentos oficiales” que les permitan seguir hacia la frontera norte. La Guardia Nacional patrulla el tramo e instala retenes con la intención de cazar las combis.
A principios de noviembre, choferes de camiones de carga colocaron a las puertas del cuartel de la Guardia Nacional en Comitán cartulinas que exigían un alto a las extorsiones, y recordaban que “AMLO apoya a los transportistas”: “Somos transportistas, no bancos rodantes”, se leía en algunas de las cartulinas.
La Alianza Mexicana de Organización de Transportistas lamentó que la Guardia Nacional cobrara derecho de piso en las carreteras y estuviera “peor que la extinta Policía Federal de Caminos”.
Desde septiembre de 2021 se documentó que los transportistas se habían vuelto la caja chica de la corporación creada por López Obrador con la promesa de acabar con la corrupción.
Según la Canacintra, el 44% de los transportistas extorsionados por alguna autoridad en 2020 señalaron a la Guardia Nacional. Las extorsiones al gremio habían pasado de 28% en 2019 a 38% en 2020. En septiembre de 2021, la Canacintra denunció que, en términos de extorsión, municipales y guardias nacionales eran el azote de las carreteras.
Operadores de autobuses de pasajeros denuncian que las extorsiones ocurren “cada cinco minutos” en las carreteras de Jiménez, Camargo, Villa Ahumada y Ciudad Juárez, Chihuahua. Lo mismo ocurre en caminos de San Luis Potosí, Zacatecas, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, donde la Guardia Nacional establece cuotas a cada migrante que sea sorprendido a bordo de las unidades, y de paso impone tarifas de entre 200 y 500 pesos a los choferes de los autobuses.
“Antes (los efectivos de la GN) eran los más calmaditos, ahora son los más perros. Ya vieron el negocio y ya lo agarran de a diario”, denuncian.
En octubre pasado se difundió en Tik Tok un video que muestra el momento en que agentes de la Guardia Nacional extorsionan a un ciudadano que carece de licencia vigente:
“¿Usted sabe cuánto sale una infracción? Te lo dejo a tu criterio, tú dime”, se oye decir a uno de los elementos, que al fin acepta 100 pesos como “mordida”.
Hace unos meses se dio a conocer que la Unidad de Asuntos Internos de la GN había recibido más de 8 mil denuncias en contra de sus elementos. Privaban los robos, los abusos, las extorsiones.
En marzo se paralizaron autopistas de Veracruz, Puebla y Tlaxcala: transportistas protestaban contra las extorsiones. En noviembre se denunciaron las “mordidas” que integrantes de la GN solicitaban en un retén de Ojinaga, Chihuahua. En septiembre de 2021 una mujer grabó a otro elemento en Calpulalpan, Tlaxcala: el agente había exigido mil pesos al chofer de un tráiler; le propinó un manotazo a la mujer para impedir que lo siguiera grabando:
“Ya se le dio el dinero, se le dieron 800 pesos. ¡Mírenlo, es un incorrupto (sic)!”, gritó la mujer.
En la misma fecha, cinco elementos de la Guardia Nacional habían sido detenidos en Cozumel bajo cargos de secuestro y extorsión: le exigían, a cambio de su libertad, un millón de pesos al propietario de una tortillería y una tienda de abarrotes. Poco después, en Cancún otros elementos fueron sorprendidos extorsionando a los encargados de un laboratorio, bajo el alegato de que “habían encontrado irregularidades”.
La Guardia Nacional ha considerado que se trata solo de casos aislados. (Héctor de Mauleón, El Universal, Nación, p. 5)
La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) alista seis licitaciones de equipo tecnológico para las 19 aduanas terrestres que están en la frontera con Estados Unidos por un monto total de 12 mil 500 millones de pesos.
Los contratos multimillonarios son importantes no solo por el monto y la opacidad con la que se han llevado la mayoría de estos procesos al argumentarse temas de seguridad nacional, sino por la injerencia del gobierno de Estados Unidos para evitar que participen empresas de origen chino.
En este espacio dimos a conocer que la Secretaría de Marina desafió las advertencias del gobierno de Estados Unidos al otorgar, por adjudicación directa, un contrato por 10 mil millones de pesos para el equipamiento de las aduanas marítimas. El proveedor principal sería una empresa china, razón por la que el embajador Ken Salazar se quejó con México.
En las seis licitaciones que alista el Ejército Mexicano, y cuyas bases van a presentarse este viernes, participan siete empresas que ya están palomeadas por la dependencia que encabeza Luis Cresencio Sandoval.
Se trata de las estadounidenses Leidos, Astrophysics, Rapiscan, Linev System y VMI Security; la china Nuctech y la francesa Smiths Detection.
La empresa que lleva mano es la estadounidense Rapiscan, la cual ya había sido proveedora de sistemas de rayos X para la inspección de vehículos en la frontera. Resulta que dentro del nuevo proceso licitatorio se incluye el desmantelamiento de 44 equipos de rayos gamma que están instalados en las aduanas y son de la marca Rapiscan; 35 de la Sedena y 7 de la Semar, según un documento interno al que tuvo acceso esta columna.
Pese a haber sido favorecida anteriormente, la firma Rapiscan se apresta a quedarse con la mayoría de las licitaciones cuya convocatoria se tiene programa para este 9 de diciembre y el otorgamiento de los contratos el 7 de febrero.
Según fuentes involucradas con el proceso, los directivos de la empresa Rapiscan han tenido reuniones periódicas en hoteles de Polanco con funcionarios de gobierno para dirigir el proceso de licitación. Se habla de los directores Jonathan Fleming, Ajay Menra y Gonzalo Amerigo.
En abril y mayo pasados, el departamento de Estado y el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, advirtieron al gobierno del presidente López Obrador sobre los riesgos para la relación bilateral que podría traer la compra de equipo de escaneo y seguridad proveniente de China en puertos marítimos, el Aeropuerto Felipe Ángeles y en la refinería de Dos Bocas.
Esta queja hizo que la Marina revisara las adjudicaciones que hizo recientemente para reequipar tecnológicamente las aduanas del país. Todo indica que ahora la Sedena cederá también a los deseos de Estados Unidos y entregará a una empresa de este país los jugosos contratos cuyos recursos saldrán del Fideicomiso FACLA, que tiene en la panza unos 80 mil millones de pesos.
Posdata
Sobre la columna de ayer, en torno a las investigaciones contra los operadores de los exgobernadores de Hidalgo, Omar Fayad, y de Oaxaca, Alejandro Murat, dos cosas. La primera, nos hicieron llegar fotografías del desalojo, ayer, de la bodega que referimos donde Fayad presuntamente guardaba una colección de vehículos de lujo. Sobre este mismo caso se dio a conocer que la Secretaría de la Contraloría estatal identificó irregularidades en las auditorías que se realizaron durante la administración de Fayad. Y respecto al caso de Murat, su exsecretario de Administración, Javier Villacaña, negó que hacia él vayan dirigidos los comentarios que hizo el gobernador Salomón Jara sobre la venta de plazas, pues fue secretario del 1 de diciembre de 2016 al 15 de marzo de 2018 y le solo le tocó en 2017 la negociación contractual con el sindicato de trabajadores del gobierno del estado. (Mario Maldonado, Excélsior, Nación, p. 9)