El estado de Puebla, al ubicarse en una de las rutas hacia la capital del país y hacia la frontera norte, se está convirtiendo en un posible destino de la caravana migrante autodenominada Génesis.
Fue la noche del martes pasado martes 24 de marzo, cuando un grupo de los llamados indocumentados, partió de Tapachula, Chiapas, en la frontera sur de México con Guatemala, en busca de mejores condiciones de vida y de solicitar que se regularice su situación.
La caravana que continúa su camino por la costa de Chiapas en busca de avanzar a otras regiones del país, inició con unos 500 integrantes; sin embargo, se comienza a reducir porque algunos desisten y se entregan a elementos del Instituto Nacional de Migración (INM); mientras que unos más, optan por continuar por su propia cuenta el camino y avanzar hacia otros puntos de México.
El pasado fin de semana, el contingente que ya era de alrededor de 300 migrantes, descansó en el municipio de Pijijiapan y luego continuó hacia Tonalá con el objetivo de llegar al centro de México.
Entre los migrantes, se encuentran personas nacidas en Venezuela, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Cuba y Haití, entre otros países de Sudamérica, quienes salieron de sus lugares de origen por diferentes razones, entre ellas, los problemas económicos, la inseguridad y la falta de oportunidades de empleo.
A pesar de que, al inicio, se especulaba que la caravana quería llegar a la frontera norte de México con el objetivo de esperar y luego buscar el cruce hacia Estados Unidos, los representantes aseguran que, en realidad, buscan llegar a ciudades como Puebla para manifestar su situación. De la misma forma, la caravana planea llegar a otros puntos del país como Monterrey, Guadalajara y la Ciudad de México para expresar su sentir y solicitar apoyo a las autoridades mexicanas.
Al final, los integrantes del contingente que ya presentan problemas de salud ante la mala alimentación y la falta de descanso, buscan una respuesta de las autoridades mexicanas porque sus trámites de regularización ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados se encuentran detenidos y no se aprecia ningún indicio de que en el corto plazo su situación pueda mejorar. (Jaime Zambrano, Milenio Puebla, Online)
ESTADOS UNIDOS EXHIBIÓ su decadencia con un presidente arrastrado a la guerra por el israelí Netanyahu y con una incapacidad institucional para frenar la locura del ocupante de la Casa Blanca, que ha atacado a migrantes y a ciudadanos de su propio país, que ha usado la imposición de aranceles como arma de una guerra comercial que ha dañado la economía gringa y que ha llegado a extremos de virulencia discursiva extrema, dispuesto a apoyar y cometer genocidios (Gaza, Irán), aniquilando el derecho internacional (Venezuela, con el secuestro del presidente en funciones), justificando y gozando con ataques mortales y, además, utilizando el poder público para el galopante enriquecimiento privado de su familia (Jared Kushner como comisionado comercial) y allegados a ese círculo principal del trumpismo. (Julio Hernández López, La Jornada, Política, p. 8)
Si México fuera señalado por la Asamblea General de la ONU por delitos de lesa humanidad, debido a la desaparición forzada de personas, sería condenado y aislado del mundo: restricciones severas en financiamiento, comercio e inversión; congelamiento de sus activos en el extranjero y órdenes de arresto internacionales para altos funcionarios, lo que limitaría su capacidad para viajar.
Por ahora, la respuesta mexicana al Comité contra la Desaparición Forzada es que su informe se basa en datos incompletos y desactualizados hasta 2017, pero el cuestionamiento real es ¿qué se hace hoy para prevenir ese terrible delito? Los datos oficiales del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas dicen que al inicio del gobierno de López Obrador, en 2018, había 51 mil 913 personas en esa condición y al terminar ya eran 106 mil 593, es decir, solo en su sexenio hubo 54 mil 680 víctimas, más del doble.
Si bien la estrategia actual de seguridad tiene avances considerables, hoy tenemos 132 mil 885 desaparecidos y diversas autoridades implicadas. La Operación Enjambre ha producido el arresto de al menos 14 alcaldes y 65 funcionarios. A las acusaciones contra el exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, se agregó la de desaparición forzada. Pero falta mucho: hay testimonios documentados, por ejemplo, de que el Cártel Jalisco elimina al 85 por ciento de las personas que recluta con engaños porque no sirven para sus actividades delictivas.
El registro nacional dice que hay 28 mil 918 mujeres desaparecidas, cifra que crece con más velocidad porque hay más de 300 colectivos de búsqueda integrados mayormente por madres, esposas y hermanas que se han vuelto incómodas para el crimen organizado aunque enfrentan, además, la indolencia y falta de capacitación de ministerios públicos y fiscalías, a pesar de que la ley actual no establece plazo alguno de espera para presentar la denuncia, que debe ser recibida de inmediato dado que cada minuto es crucial.
También hay cifras negras escalofriantes. El registro oficial solo contabiliza a 248 extranjeros desaparecidos, pero organizaciones civiles estiman más de 10 mil migrantes muertos a manos de las mafias de coyotes, cuerpos localizados, de cuando en cuando, en fosas con alguna identificación. Mala referencia para una nación que, de facto, fue comprometida a servir como un tercer país seguro.
Visto el panorama, la recomendación de la Barra Mexicana Colegio de Abogados es hacer caso a las acciones orientadoras que emita la ONU.
MÁS LLAGAS
* Sempra Infraestructura sí recibe a tiempo los pagos de Pemex. ¿Conflicto de interés? Esa empresa, señalada en Estados Unidos desde 2014 por tráfico de influencias operado por Luis Téllez y Carlos Ruiz Sacristán, hoy dirigida en México por Abraham Zamora, muy cercano a Luis Videgaray, invertirá 3 mil 550 millones de dólares en proyectos de energía, en el marco del Plan México. Todo entre amigos y familia.
* Aquí lo dije primero: Especialistas explican que un pozo mal sellado puede ser el origen del desastre en el Golfo de México. ¿Qué dirá al respecto el subdirector de Perforación y Mantenimiento de Pozos de Pemex, Federico Chow Sánchez? La posibilidad de una chapopotera queda descartada porque en Cantarell, el petróleo ya está agotado.
¿Fisura en un ducto? La falta de mantenimiento en ductos y pozos ha provocado el ecocidio más grande de México para el mundo. (Adriana Delgado, El Heraldo de México, País, p. 6)
La dignidad humana no debe terminar donde empieza una frontera, ni mucho menos extinguirse tras las rejas de un centro de detención. El reciente fallecimiento de un connacional en una instalación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Los Ángeles no es un incidente aislado; es el síntoma doloroso de un patrón de negligencia que ha cobrado demasiadas vidas mexicanas.
Ante esta realidad, la postura de la presidenta Claudia Sheinbaum es clara y contundente: México no se quedará de brazos cruzados mientras la vida de sus ciudadanos se desvanece en condiciones inhumanas.
La decisión de llevar estos casos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) marca un hito en nuestra política exterior. No se trata solo de una protesta diplomática, sino de una ofensiva legal y ética para visibilizar una problemática estructural.
Al presentarse como “amicus curiae” en las demandas de las familias afectadas, el Gobierno de México aporta el peso del Estado para garantizar que los deudos cuenten con respaldo legal especializado y que sus voces resuenen en el sistema interamericano.
La estrategia es integral y no deja flanco sin cubrir: el secretario Roberto Velasco Álvarez ha puesto el tema sobre la mesa frente al embajador Ronald Johnson, exigiendo respuestas claras; se está buscando un frente común con autoridades de California, como el fiscal Robert Bonta y el gobernador Gavin Newsom, quienes ya han mostrado voluntad política para denunciar estos atropellos; y al mismo tiempo nuestra embajada en Washington está señalando directamente a los legisladores federales estadounidenses la deficiente atención médica en centros como el de Adelanto, California.
Sin embargo, la labor del Gobierno, por más firme que sea, requiere del respaldo de todos. La defensa de nuestros hermanos en el exterior es una causa nacional que trasciende colores partidistas. Es un llamado a la unidad, a fortalecer el apoyo comunitario junto a organizaciones como la Coalición de Derechos Humanos de Inmigrantes, para generar una presión colectiva que obligue a cambios estructurales en el sistema de detención de Estados Unidos.
No podemos permitir que el sueño de una vida mejor termine en una celda fría y sin atención médica básica. Hoy, la voz de México se levanta con firmeza para exigir condiciones dignas y justicia.
Es momento de cerrar filas, de acompañar a nuestra presidenta Claudia Sheinbaum en esta batalla legal y moral, y de recordar al mundo que, sin importar dónde se encuentre, ningún mexicano está solo. Por nuestros hermanos, por su memoria y por su derecho a la vida: ni un paso atrás. (Gabriela Jiménez Godoy, El Heraldo de México, Desde el Legislativo, p. 10)
Con Donald Trump el mundo vive en vilo y atemorizado. Tiene el poder del discurso y un brutal poder militar a la mano.
No queda claro lo que piensa el ciudadano común estadounidense sobre su presidente. Las encuestas no le son favorables a Trump, anda por arriba del 40%, lo cual no le da capacidad de maniobra para enfrentar la elección de noviembre. Los republicanos han sido derrotados en elecciones locales, incluyendo donde vive el presidente, Mar-a-Lago, Florida. Otro elemento para considerar es que sólo el 26% de los ciudadanos apoya la guerra contra Irán, de la mano de Israel. La opinión pública está dividida.
Ha venido dejando de tener un peso estratégico el voto duro de la América profunda que, en las elecciones anteriores, apoyó contundentemente al presidente. Existe una división manifiesta sobre la guerra y en asuntos de su estrategia política.
El tema migrante se ha convertido en un elemento que se le ha venido revirtiendo a Trump. Una razón muy importante es que muchos ciudadanos estadounidenses se han visto afectados por la persecución del ICE, lo que ha provocado una toma de conciencia sobre cómo se persigue a los migrantes, quienes en un buen número de casos están plenamente integrados a la vida y cotidianidad del país.
Hace algunas semanas una mujer estadounidense contrató a un grupo de migrantes guatemaltecos para que de manera rápida pudieran acabar los arreglos de su casa. La mujer se comportó amable con ellos hasta que terminaron la obra.
En ese momento los denunció porque no tenían papeles, era una contradicción total. Por un lado, los contrata de manera irregular, y, por otra parte, ya que terminaron la obra los denuncia y auténticamente los avienta al ICE. Lo que provocó el hecho fue una gran indignación en que la mujer terminó por ser repudiada por sus vecinos estadounidenses.
Este hecho muestra lo que Trump ha venido provocando, lo cual está llevando a confrontaciones internas. En algunas ciudades los estadounidenses han terminado por pelearse entre ellos. Muchos han defendido a los migrantes, porque son quienes conviven con ellos, y en un gran número de casos cuidan a sus hijos.
No se sabe qué pudiera suceder con este tema y con la guerra en el radar ciudadano, es un hecho que se han venido sumando diferentes escenarios que tienen a Trump enfrentado con sus gobernados. Hace dos semanas se manifestaron en muchas ciudades del país entre 8 y 9 millones de ciudadanos, no es un asunto menor.
Es probable que Trump haya perdido algunas bases de sus votantes. Empieza a surgir una suerte de arrepentimiento y una visión ciudadana crítica por la forma en que ha llevado a cabo su gobierno; los seguidores de Trump no le pueden asegurar una victoria.
La guerra contra Irán además está provocando una serie de conflictos colaterales que están afectando severamente al mundo árabe. Irán ha estado atacando bases estadounidenses en países vecinos y no deja de amenazar, como mecanismo de defensa, por más que asegure que no está atacando a los ciudadanos de estas naciones, sino que a quien ataca es a los intereses militares estadounidenses.
El uso de lenguaje por parte de Trump es una de sus estrategias clave. Es tremendista, agresivo y resulta mediático. Quien lo confronta sabe que puede meterse en un laberinto
Anoche Trump le ofreció a Irán un alto al fuego por dos semanas, siempre y cuando abra el estrecho de Ormuz. Todo es incierto. Seguiremos en vilo y veremos qué acaba pasando el primer martes de noviembre de este año, pudiéramos tener un parteaguas.
RESQUICIOS.
Heraclio Rodríguez, líder del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano, nos asegura que el paro en las carreteras fue un éxito, lo que pasó es que sacaron a la policía para romperlo. De nada han servido las 27 reuniones que hemos tenido. Vamos a suspender el paro, porque el viernes va a haber una reunión, ahí sabremos si continuamos o llegamos a acuerdos, dijo. (Javier Solórzano Zinser, La Razón, LA DOS, p. 2)
Durante años, la lógica legal e institucional en la Ciudad de México estuvo centrada en cómo lograr que las personas migrantes pudieran votar. Hoy la pregunta para el Instituto Electoral de la Ciudad de México es distinta.
Cómo acompañar una participación más amplia, más cotidiana, menos atada a una jornada electoral. Cómo reconocer que la vida democrática también se construye desde fuera del territorio.
Las y los chilangos residentes en el extranjero pudieron votar por primera ocasión para la Jefatura de Gobierno en 2012 y para una diputación migrante en 2021, con niveles de participación crecentes. En el proceso electoral de 2024, la Ciudad de México concentró el 21% de los votos extraterritoriales para la presidencia de la República. En ese mismo proceso, la elección de la diputación migrante alcanzó una participación del 91% con un listado nominal superior a 50 mil personas. Ahora, con corte a marzo de 2026, la lista nominal desde el extranjero supera las 82 mil.
Hay un hecho, las chilangas y chilangos participan. Por eso, resulta relevante que, desde 2025, las personas capitalinas con credencial expedida en el extranjero pudieran, por primera vez, opinar en la Consulta de Presupuesto Participativo, eligiendo la colonia con la que mantienen mayor arraigo. Para la Consulta de 2026 se recibieron más de cien proyectos desde el extranjero, de los cuales decenas fueron dictaminados como viables.
Estos datos reflejan una diáspora activa, interesada, con vínculos culturales y afectivos, pero también políticos. Nos hablan de una ciudadanía que decide mantenerse en la conversación pública y en las decisiones de su ciudad.
En ese tránsito, el IECM ha ido configurando una política sostenida, no solo operativa. La Estrategia de Vinculación con la Ciudadanía Migrante 2025-2027 y el trabajo previo iniciado desde 2021 parten de la premisa de que la relación con la diáspora no puede limitarse a los periodos electorales, tiene que ser permanente.
Eso implica algo más complejo que difundir convocatorias. Supone construir confianza, generar interlocución, sostener redes y construir ciudadanía. Hoy en el IECM realizamos reuniones regionales, sumamos a más personas a la Red Voto Chilango, hacemos alianzas para llevar la información a todas las partes del mundo, pero también para resolver dudas y acompañar los procesos de participación.
En paralelo a los ejercicios de participación ciudadana de 2026, ya está en el horizonte el proceso electoral de 2027. Y con él, la renovación de alcaldías, diputaciones, la figura de la diputación migrante y probablemente la elección judicial. Eso obliga a pensar en continuidad, pero sin perder de vista que supone un gran reto.
Lo que se haga hoy en términos de vinculación, información y confianza va a impactar directamente en la participación de los próximos procesos. No se trata de empezar de cero en 2027, sino de llegar con una comunidad más informada, más cercana e involucrada.
La diáspora chilanga no es un grupo homogéneo ni estático. Está atravesada por trayectorias distintas, por contextos migratorios diversos y por formas muy variadas de relación con la ciudad. Pero el común denominador es la decisión de seguir siendo parte. Por ello, la tarea institucional del IECM no es solo habilitar mecanismos. Es estar a la altura de esa decisión y ofrecer un servicio cercano y de calidad. (Cecilia Aída Hernández Cruz /IECM, El Sol de México, Análisis, p. 21)
Decía Winston Churchill que “algunos cambian de partido para defender sus principios, otros cambian de principios para defender su partido”. No puedo entender la posición del gobierno federal sobre el tema de los desaparecidos y su rechazo a la recomendación del comité de la ONU sobre el tema. No se puede entender que en el pasado se haya puesto tanto y legítimo énfasis en este tipo de casos y ahora cuando se ha tornado en una verdadera crisis, simplemente se lo ignore.
Tenemos una situación gravísima en torno a las desapariciones de personas. El comité de Naciones Unidas estima en 132 mil las personas que han desaparecido en nuestro país. El gobierno federal desestima esa cifra, la retrotrae a Felipe Calderón y a Enrique Peña Nieto, y dice que en realidad son cerca de 35 mil, aunque sostiene que sobre las otras dos terceras partes no tienen suficientes datos o que otros han hecho alguna aparición o comunicación, aunque tampoco han sido localizados. Lo cierto es que en el sistema forense tenemos 70 mil personas sin identificar.
La cifra negra de desapariciones no la conoce nadie: en muchas comunidades sobre todo rurales, nadie hace una denuncia por miedo a los grupos criminales. El sistema de reclutamiento del crimen organizado sigue funcionando vía el engaño o la fuerza, y en el camino muchos jóvenes desaparecen. Se ha reducido el flujo migratorio, pero han sido miles los hombres y mujeres que han sido secuestrados, extorsionados, desaparecidos durante años en el tránsito hacia la frontera norte. La que vivimos es una tragedia social, humanitaria, real que no puede ser ocultada y que debería ser asumida como tal.
Dos cosas son verdad: las desapariciones no comenzaron con los gobiernos de la 4T ni tampoco son consecuencia directa de una política de Estado. No es el nuestro, el mismo caso de las dictaduras centro o sudamericanas de los años 70. Pero también es verdad que las desapariciones se han disparado geométricamente desde el inicio de sexenio de Andrés Manuel López Obrador como consecuencia de la política de abrazos, no balazos y del empoderamiento criminal en vastas zonas del país. Ha cambiado la política de seguridad en esta administración pero las desapariciones siguen aumentando. Para los organismos de derechos humanos (menos para la CNDH que encabeza Rosario Piedra Ibarra, que juega un papel cada día más intrascendente y lamentable sobre éste y muchos otros temas) suman cerca de 19 mil en lo que va del sexenio.
El gobierno de López Obrador se negó lisa y llanamente a reconocer el problema y mientras condecoraba, legítimamente, a las madres y abuelas de Plaza de Mayo por su lucha contra las desapariciones en Argentina, no recibió ni dio espacio a las madres buscadoras de México. En Palacio Nacional jamás se ha recibido a estos colectivos que vienen buscando a sus hijos, hijas, esposos, padres, desde hace años, aún a costa de su vida. En los últimos ocho años han sido asesinados o desaparecidos 43 integrantes, mujeres y hombres, de estos colectivos, abandonados en su lucha por las autoridades. Esos 43 pareciera que no cuentan como otros. En los países en los que hubo avances, incluso para la identificación de restos y establecimiento de políticas mucho más claras al respecto, desde Argentina y Chile hasta Guatemala, han confluido tres elementos: por una parte el reconocimiento de lo sucedido; por la otra, una decisión de acabar con la impunidad y finalmente el establecimiento de mecanismos de colaboración internos y externos para atender el fenómeno. Si no comenzamos por reconocer la magnitud de la tragedia humanitaria que estamos viviendo es imposible avanzar en la justicia y en los mecanismos de colaboración, incluso con la sociedad civil.
No creo que el gobierno federal, particularmente el actual, esté cometiendo un crimen de lesa humanidad con las desapariciones ni tampoco las mismas son parte de una política de Estado. Pero sí ha habido políticas que han permitido o solapado esta tragedia y lo que resulta inconcebible es que siga sin existir una respuesta contundente, clara e integradora ante la misma. En nuestro caso, al final, lo que está en debate es el control que tiene el Estado sobre el territorio nacional: es la capacidad que tienen los grupos del crimen organizado para proteger a la población. Y cuando se argumentan razones soberanas para rechazar la colaboración internacional (que es muy distinto a la intervención de terceros países) para combatir a esos grupos o, como sucede en nuestro caso, para buscar a los desaparecidos y avanzar, aunque sea en la identificación de los restos, no se entiende que nada vulnera más a la soberanía que no tener control sobre partes del territorio, o que cientos de miles de mexicanos sigan sin tener una respuesta sobre lo que ha sucedido con sus seres queridos.
Hay muy pocos crímenes que dañen más a las familias, a las personas, que la desaparición. Es una herida que trasciende incluso la muerte, porque está marcada por la más absoluta incertidumbre, porque no permite despedir, cerrar ese drama existencial. Es un mecanismo, también, de enorme presión de los grupos criminales sobre la gente y las comunidades: es una demostración de poder que debería ser inadmisible para las fuerzas del Estado. Y que por eso mismo debería estar en el centro de cualquier estrategia de seguridad y reconstrucción del tejido social del gobierno federal. (Jorge Fernández Menéndez, Excélsior, Nacional, p. 8)
El Senado de la República se prepara para ejercer una de sus facultades constitucionales más delicadas y trascendentes: la ratificación del nuevo Secretario de Relaciones Exteriores. No es solamente un trámite legislativo, no puede serlo. Es un examen de la capacidad del Estado mexicano para leer el tablero global y defender sus intereses nacionales con la estatura de miras que la historia, el presente y el futuro demandan.
México no es un actor menor en el concierto de las naciones. Su diplomacia ha construido, a pulso, una reputación basada en la defensa de los principios de no intervención, autodeterminación de los pueblos y solución pacífica de controversias. Esta tradición ha rendido frutos concretos. El más brillante de ellos lo encarna Alfonso García Robles, el canciller que negoció el Tratado de Tlatelolco, que creó la primera zona libre de armas nucleares en el mundo. García Robles recibió el Premio Nobel de la Paz en 1982, reconocimiento a la política exterior mexicana que, incluso en los momentos más álgidos de la Guerra Fría, supo decir no al armamentismo y sí a la seguridad hemisférica y a la paz mundial.
En la década de los ochenta, cuando Centroamérica ardía en conflictos armados, los cancilleres de México, Colombia, Panamá y Venezuela conformaron el “Grupo de Contadora”. Este esfuerzo de negociación colectiva sentó las bases para la firma de la paz en El Salvador en el Castillo de Chapultepec. México ha sido sede de diálogos de paz y ha ofrecido su mediación en complejas crisis regionales.
La facultad exclusiva del Senado para avalar al titular de la política exterior implica una deliberación seria y profunda, ante las circunstancias excepcionalmente complejas que en nuestros días vive el mundo, tales como la guerra en Medio Oriente y, particularmente, la relación bilateral México-Estados Unidos, país con el que nuestra Presidenta ha reiterado la importancia de la coordinación bajo principios de respeto a la soberanía y la integralidad territorial; responsabilidad compartida y diferenciada; respeto y confianza mutua y cooperación sin subordinación.
Es en este escenario que la cancillería mexicana debe gestionar temas altamente sensibles, como lo son la revisión del T-MEC, la situación de los derechos humanos de nuestros connacionales migrantes que son quienes más aportan a la economía, la atención a las políticas arancelarias, el tráfico de armas y la cooperación en materia de seguridad.
El Senado tiene ante sí la ratificación de Roberto Velasco Álvarez, un joven profesional integrante de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que ha demostrado conocimiento, experiencia y carácter. Su paso por la Unidad para América del Norte y la Subsecretaría de Relaciones Exteriores le han dado un dominio técnico de la naturaleza del encargo. Su formación en políticas públicas y su capacidad para manejar crisis en tiempo real lo acreditan como un activo para el país.
Es importante decir que la investidura de canciller requiere, sobre todo, la confirmación de que los principios constitucionales de la tradición diplomática mexicana serán la brújula de la política exterior en un mundo turbulento. Hoy se discutirá en el pleno del Senado de la República. Las y los senadores tenemos claro que la ratificación no solo aprueba a un funcionario, sino que refrenda el compromiso de México con una política exterior de principios, humanista y de resultados. (Laura Itzel Castillo, El Universal, Opinión, A14)
La capacidad de los criminales en México es directamente proporcional a la podredumbre de policías, fiscalías y gobiernos. Lo ha dicho el propio García Harfuch, en los estados donde se toman en serio el procurar seguridad, se nota.
En su perenne búsqueda de impunidad, el crimen opera en varias lógicas. Con respecto a autoridades, resiste o compra a quienes le deberían combatir; respecto a sus rivales y a ciudadanos sin involucramiento delincuencial que desacatan, los intenta eliminar.
Matar en el siglo XXI es muy sencillo para quienes se benefician del contrabando de armas, de la sofisticación tecnológica que posibilita desde drones cada vez más capaces hasta sistemas de comunicación propios, y de mano de obra, libre o forzada, abundante y barata.
El homicidio tiene un gran inconveniente. Las masacres que desde tiempos de Fox, y no se diga con Calderón, se fueron multiplicando despiertan, así sea de tanto en tanto, indignación ciudadana. Eso es malo para todo negocio oscuro.
Porque como dejan rastros, eventualmente los homicidios indigestan a la sociedad y, por ende, al gobierno, pues demuestran que este ni impide masacres entre bandas –ni la muerte de ciudadanos que se resisten o son víctimas colaterales–, ni castiga a los homicidas.
Desde octubre de 2024, la presidenta Sheinbaum definió que bajaría el número de homicidios capturando a “generadores de violencia”. A eso atribuyen el descenso de 44 por ciento en año y medio. Es temprano para saber si habrá menos impunidad o solo más presos.
Mucho antes del nuevo enfoque anticrimen de la segunda administración obradorista, los criminales ya habían descubierto que una forma de evitar que “se les caliente la plaza” por presión ciudadana era desaparecer a rivales y ciudadanos rejegos.
La ausencia de una persona es más difícil de catalogar, investigar y, por lo mismo, castigar. Un muerto provoca desde repulsión hasta morbo, sin descartar miedo a un destino similar y sentimientos piadosos. Empero, ¿qué es un desaparecido?
Ponemos sobre las familias de un(a) desaparecido(a) la carga de la prueba, ya sea de inocencia –que se trata de una víctima real y no de alguien que “se la buscó”–, ya sea de que es genuina la sustracción –que no se fue con el novio, que no abandonó a la esposa…–.
El viacrucis para una familia que padece la desaparición de un ser querido comienza al momento mismo de notificar la ausencia. Las policías y los ministerios públicos son el primer muro a sortear: ¿está segura?, espere a ver si aparece, deje pasar el plazo, vuelva después.
Se pierde irrecuperable terreno en la probabilidad de dar con la víctima. Y al correr de los días, el abandono institucional se vuelve anécdota que se repite en puñados de casos diarios. Los gobiernos no buscan, cuando mucho, agregan al expediente lo que la familia indaga.
Va para dos décadas que mujeres, jóvenes y migrantes se esfuman sin importar gran cosa. Tan es así que desde tiempos de Calderón tenemos varios ejecutómetros, y hoy una mañanera quincenal sobre homicidios, pero para nada un seguimiento diario de desaparecidos.
La presidenta Sheinbaum parece decidida a que en su sexenio no cambie eso. Bajará los homicidios, índice de su éxito. Y redondeará en 43 mil su recuento oficial de desaparecidos. A partir de ahí, es de esperarse que fije otro parámetro de buen desempeño: que suban lo menos posible.
Las fiscalías no se van a esforzar en abrir carpetas por desaparición que harían visible en Palacio Nacional su incapacidad y corrupción; el mensaje que dio la presidencia no fue “salgan y vayan a buscar”, sino “ordenen”. Cualquiera puede traducir eso en contener o limitar.
Y, por desgracia, no se puede descartar el hecho de que hasta los criminales vean un beneficio en un esfuerzo presidencial que primero se enfocó en llegar a un número acotado de desapariciones que es, en términos redondos, un tercio de las que se suponían. No abona, para empezar, a un sentido de urgencia: miren, ya son menos.
Encima, desde la semana pasada la delincuencia escucha a la presidenta rechazar ayuda de la ONU y aseverar que el Estado no está rebasado: es decir, el crimen recibe el mensaje de que el statu quo, ese que les ha permitido actuar a sus anchas por lustros, seguirá.
El resultado previsible sería más simulación de las instituciones de procuración de justicia, que se traduciría en aún mayor impunidad y maximización de las oportunidades de los criminales para robar, extorsionar, matar y, por supuesto, desaparecer. (Salvador Camarena, El Financiero, Nacional, p. 37)