La clásica temática electoral de los partidos políticos a lo largo del siglo XX está siendo desplazada. Sí, la seguridad pública, la economía, la seguridad social –salud, educación, vivienda– y los derechos civiles, siguen ocupando buena parte de los postulados de cualquier campaña, pero el centro gravitacional del sentido electoral se ha volcado a una dinámica que trastoca todas estas banderas: los flujos migratorios.
La interrelación económica que de manera acelerada se dio tras la caída del Muro de Berlín, mercados abiertos, acceso a tecnología y nuevas rutas comerciales, estableció las bases de los flujos migratorios que tenemos hoy, básicamente, de países en desarrollo a economías consolidadas. Lo vemos en el Reino Unido, en Francia, en Alemania, y como en ningún otro país del orbe, enesa relación asimétrica entre Estados Unidos y América Latina. Para entender la complejidad del momento que estamos viviendo en el plano de poblaciones en movilidad, tenemos que asumir que hablar de México es, para efectos prácticos, hablar de América Latina. No sólo somos la tierra que divide a los centroamericanos del “sueño americano”, somos ante la racionalidad del gobierno y el electorado estadunidense, culturalmente idénticos. (David Penchyna Grub. La Jornada, Opinión, p.14)
El Presidente mexicano ha insistido, desde hace tiempo, en que la solución al tema migratorio es el impulso de actividades productivas, la creación de empleos y el bienestar en los países de origen de los migrantes. En particular se refiere a la migración que se origina en el llamado Triángulo Norte, constituido por El Salvador, Honduras y Guatemala. Así lo expresó en la misiva que en su representación llevó el secretario de Relaciones Exteriores a la reunión del G-20 en Japón.
El Presidente tiene razón, tanta como cualquier concursante de un certamen de Miss Universo cuando afirma que la solución a todos los problemas de la humanidad es que las personas sean felices. Nadie puede estar en contra. Ojalá la necedad que lo caracteriza lo lleven a conseguir lo que tanto ha dicho. Más allá de que se detenga o no el flujo migratorio, sin duda un mayor desarrollo en Centroamérica sería sumamente benéfico para la región, y la migración sería por causas muy diferentes a aquellas por las que hoy ocurre. (Jorge Santibáñez, La Jornada, Opinión, p.16)
El primer punto es insistir en que la Policía Federal no debe desaparecer, aunque tenga, según Alfonso Durazo, un periodo de 18 meses para hacerlo, se debe mantener operando a la institución con objetivos muy definidos y mandos confiables, mientras se procesa la situación de sus integrantes, caso por caso. En la corporación pudo haber corrupción (aunque no hay un solo proceso abierto por ello), pero hay miles de elementos que no son corruptos, que son personal especializado y que han arriesgado la vida por el país y su seguridad, que han perdido amigos, compañeros, familiares, colegas en esta larga lucha contra el crimen organizado.
Si la Policía Federal al final va a desaparecer, debe ser gradualmente, con respeto a sus integrantes y su historia, con respeto también a sus condiciones de trabajo y retiro.
Se debe atender el desafío que implica colocar a 36 mil hombres y mujeres con preparación en seguridad, algunos altamente calificados, en distintas áreas federales o estatales, muchas más que las ofrecidas hasta ahora. La forma en las que les fue propuesta su incorporación a la Guardia Nacional, al Instituto Nacional de Migración o a otras áreas fue ilógica, improcedente. No se le puede pedir a alguien que firme un papel, sin saber si se preservan sus derechos laborales, subirlo a un camión y enviarlo casi con sus propios recursos a Nogales, por ejemplo, y peor, si su jefe, cuando se le presentan quejas, les dice que son unos fifís que están acostumbrados a dormir en hoteles de lujo. (Jorge Fernández Meléndez, Excélsior, Opinión, p.14)
El conflicto que estalló en la Policía Federal la semana pasada empezó con demandas laborales y organizacionales diversas, pero, en las últimas 72 horas, se ha centrado en un tema específico: el reclamo de indemnización de los policías inconformes que no quieren pasar a la Guardia Nacional (GN) ni aceptan su transferencia a otras dependencias federales.
El argumento de los policías es el siguiente: si pasan a la GN, van a estar en una posición subordinada permanente, sometidos a maltrato constante por parte del personal militar y percibiendo una menor remuneración efectiva por la pérdida del ya célebre bono de operatividad.
Pasar a otras dependencias, como el Servicio de Protección Federal o el Instituto Nacional de Migración, tampoco les resulta atractivo: en la mayoría de los casos, probablemente verían reducido su ingreso efectivo, además de no contar con ninguna certidumbre de permanencia en esas instituciones. Dados los despidos masivos de funcionarios públicos en meses recientes, no parecen infundados esos temores. (Alejandro Hope, El Universal, Opinión, p.6)
De migrantes y pocas respuestas
Nos comentan que la gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich (PRI), está muy preocupada ante el retorno masivo de migrantes que anunció el gobierno de Estados Unidos, pues este año no recibió recursos de la Federación para la atención a migrantes, además de que la cónsul estadounidense en Nogales, Virginia Staab, dijo que hay fecha de arranque de esta medida, pero iniciarán por la frontera de San Luis Río Colorado, Sonora. Lo crítico para esta ruta de evacuación migratoria, nos explican, es que están asentados grupos delictivos que muchas veces usan o reclutan a los “sin papeles”. Ya veremos, nos dicen, si desde la Federación le tienden o no la mano a la mandataria. (El Universal, Opinión, p.23)
El periódico hispano de Los Ángeles, California, La Opinión, reporta así el arribo al primer mes del acuerdo migratorio entre Trump y López Obrador. “A punto de cumplirse un mes del acuerdo migratorio con Estados Unidos que evitó la imposición de aranceles, el plan migratorio de México avanza con firmeza con un refuerzo de los controles fronterizos, un auge sustancial de las deportaciones y una mayor diplomacia para impulsar el desarrollo regional”.
Traducido a acciones concretas, el mismo medio señala que, “según datos oficiales, el número de deportaciones creció casi 33% de mayo a junio, al pasar de 16 mil 507 personas deportadas a 21 mil 912. El mismo viernes (pasado) el INAMI anunció la deportación de 110 hondureños en ‘condición de estancia irregular’ desde Villahermosa, Tabasco”. (Ricardo Pascoe Pierce, Excélsior, Opinión, p.24)
En medio de la crisis por los migrantes que atraviesan México para llegar a Estados Unidos, Volaris lanzó el programa Reuniendo Familias, para centroamericanos en situación migratoria irregular que quieran regresar voluntariamente a sus países de origen, a cambio del pago de un dólar más impuestos, y desde los aeropuertos de Tijuana, Ciudad Juárez, Guadalajara y Ciudad de México, hacia Costa Rica, El Salvador y Guatemala. La oferta terminó el pasado 30 de junio y nos cuentan que ya que se trata de personas en situación vulnerable y por un tema de derechos humanos, la aerolínea será muy respetuosa y no revelará cifras de cuántas personas o familias regresaron mediante este programa. El presidente y director general de Volaris, Enrique Beltranena, dijo que pese a que fueron pocas familias las que aceptaron la ayuda, la aerolínea se sintió satisfecha por haber contribuido a resolver un poco el tema. (El Universal, Opinión, p.27)
Se acercaron a él con el sueño de finalmente poner en orden sus documentos de inmigración y salir de las sombras. Elvis Harold Reyes prometió que él podría ayudar. Una comunidad de trabajadores mexicanos en Plant City creía que era un abogado. Les dijo que podía arreglar su estatus migratorio a cambio de una tarifa, aunque no tienen calificaciones legales. Cuando las cosas no funcionaron, dijeron que dejó de contestar su teléfono o los amenazó. Luego comenzaron a circular rumores de que las personas que habían ido a Reyes estaban recibiendo órdenes de deportación”.
Así narra el Tampa Bay Times el caso de mexicanos que pagaron 5 mil dólares a quien supuestamente les ayudaría. Jesús García Méndez, con cinco hijos en Estados Unidos y uno en México, fue uno de decenas de estafados por el falso abogado. (Salvador Camarena, El Financiero, Opinión, p.47)