Es de noche y es hora de partir. Un grupo de entre 10 y 15 migrantes se alistan en una comunidad aledaña al río Bravo, los guías les quitan las monedas que traen en las bolsas para que no hagan ruido y alerten a los perros vigilantes de la Border Patrol. En la orilla del río hay maleza y matorrales pequeños. Agazapado, un chico con celular en mano da la luz verde a la operación, es posible cruzar sin peligro, la migra no está en el área.
Antes del cruce, los migrantes son divididos por sexo y por generación. Los hombres jóvenes encabezan el pelotón y deben responder a la pregunta: “¿Quién sabe nadar?”. Aquellos que no saben deberán ir en cámaras de llanta junto a mujeres y adultos mayores; los que por pena dicen que sí, cuando en realidad es no, correrán riesgos y el desenlace suele ser fatídico en esos casos, pero eso ya no es culpa del coyote…
Esta escena pertenece a uno de los relatos de Óscar Misael Hernández, antropólogo social y académico del Colegio de la Frontera Norte, quien ha escuchado en los últimos 11 años a los menores involucrados en el cruce ilegal de migrantes, durante su investigación y trabajo etnográfico con menores de circuito en la frontera de Tamaulipas y que compartió con estudiantes del Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos (Desoj) del ITESO.
Retomo su trabajo porque para Óscar Misael las investigaciones de los académicos pueden ser insumos para los gobernantes en materia de políticas públicas. Y estoy de acuerdo porque, a pesar de los cientos de diagnósticos que existen sobre los diversos y ancestrales problemas del país, las autoridades los ignoran y diseñan sus estrategias basadas en sus intereses económicos o político electorales.
En febrero de 2012, Óscar Misael Hernández llegó a la frontera de Tamaulipas, a la ciudad de Matamoros y fue contratado por el Colegio de la Frontera Norte para analizar el fenómeno de la migración de niños, niñas y adolescentes repatriados desde Estados Unidos.
Su primera actividad de campo fue acudir a un Centro de Atención a Menores Migrantes Fronterizos y Repatriados (Camef) del Sistema DIF, un albergue temporal donde los agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) llevan a los menores que son repatriados por la migra norteamericana.
En estos establecimientos se encontró con varias categorías de menores deportados que viajan sin sus padres u otros adultos: estaban aquellos menores que provenían desde Centroamérica, que viajaban con amigos o primos y que se quedaban meses esperando ser regresados a su país de origen; los de procedencia mexicana, que buscaban una mejora de vida y pasaban menos tiempo que sus contrapartes centroamericanas; y había unos que en 24 horas ya estaban de nuevo en la calle, a ellos los habían ido a buscar sus “tíos” o sus “hermanos mayores”.
Los menores de edad que salen en 24 horas son conocidos como los “niños rojos”, porque en la bitácora del centro los identificaban con ese color de pluma para distinguirlos del resto. Estos chicos de entre 14 y 17 años eran también nombrados como “coyotitos”, “polleritos” o “pateros”.
Estos adolescentes trabajan para la “maña”, como les dicen a los miembros del Cártel del Golfo (CDG), y su función es servir de guías para grupos de inmigrantes que buscan cruzar al otro lado. Una actividad que, como la del tráfico de drogas, el secuestro y el contrabando de armas, ya es parte del catálogo de un diversificado crimen organizado.
Así —señalan los investigadores del ITESO—, surgió todo un sistema de trabajo en el que se incluyó a enganchadores, quienes ofrecen los servicios de coyotaje a los inmigrantes; guías al interior del país que llevan principalmente a los centroamericanos, sudamericanos o gente de otros países a través del territorio mexicano; cuidadores encargados de las casas de seguridad o sitios ubicados en la frontera donde esperan las condiciones adecuadas para atravesar la línea; los guías que los van a pasar —labor que hacen estos “coyotitos”— ; lancheros que intervienen cuando el paso se hace a través del río; vigías o halcones, que son los que cuidan la zona y avisan que el camino está libre de patrullas fronterizas; y levantadores, que son personas en Estados Unidos que recogen del otro lado a los inmigrantes en camionetas y los diseminan en pueblos.
Menores de circuito es el nombre técnico que les han dado los investigadores a estos chicos que llevan personas por el paso del norte. Hay una razón de fondo por la cual los líderes de los cárteles los reclutan: el coyotaje es un delito grave y castigable con cárcel, tanto en México como en el otro lado de la frontera norte, pero sólo si eres adulto. Los menores pasan un tiempo retenidos y son liberados posteriormente, por lo que pueden volver a laborar, por lo tanto, no hay que pasar por la curva de aprendizaje con nuevos reclutas; los muchachos conocen la frontera, todos los pasos y veredas; saben dónde se brinca, saben nadar, saben todo.
Ahí está la radiografía y el trabajo de mis compañeros publicado el domingo 1 de octubre en Excélsior, ¿qué harán las autoridades mexicanas? (Fabiola Guarneros Saavedra, Excélsior, Nacional, p. 4)
El número de migrantes que este año han pasado por México con el propósito de cruzar la frontera de EU, ha roto todos los récords. Cada año cruzan, de países latinoamericanos, incluyendo a México, alrededor de 25.4 millones de personas con el objetivo de llegar al país de las barras y las estrellas. De esta cifra, México contribuye con un poco más de 11 millones, de tal forma que comparado con Venezuela, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Cuba y Haití, el nuestro es el que más migrantes genera.
En este contexto es que se vive actualmente la peor crisis migratoria en los últimos años, lo que está afectando seriamente la economía de nuestro país. Recientemente, Grupo México de Germán Larrea se vio obligado a parar operaciones de algunos de sus trenes, alrededor de 60, por el flujo desmedido de migrantes.
Las pérdidas se calculan en cerca de 40 millones de pesos diariamente. En el sector del autotransporte el problema no es menor, tan solo en Ciudad Juárez han estado parados 1,500 camiones de carga, que no pueden cruzar la frontera por esta causa. La CANACAR, que preside Miguel Ángel Martínez Millán, estima pérdidas de hasta 1,200 millones de dólares en más de una semana de no poder cruzar la frontera para introducir sus productos de exportación.
Este hecho, que ha desbordado a gobiernos y autoridades migratorias de los países involucrados, ha llamado la atención de los analistas expertos en el tema, quienes han coincidido en que las causas principales de este fenómeno se encuentran en las condiciones sociales y económicas de los países expulsores que no ofrecen oportunidades para una vida digna donde se satisfagan las necesidades esenciales.
Los países que han implementado un modelo de política populista, cuya narrativa pone en el primerísimo lugar al pueblo, lo único que han logrado es empobrecerlo. Las decisiones en política económica donde el estado domina la economía y desdeña y margina la actividad empresarial privada, la generación de empleo se ve afectada, lo que se trata de paliar con dádivas menores que a sectores marginados de la población, desde luego les ayuda, pero no resuelven de fondo las causas de su marginación que se encuentran en una pésima distribución del ingreso, falta de inversiones y empleos dignos, así como grandes niveles de corrupción en el manejo de los fondos públicos.
Un ejemplo claro del fracaso en gobiernos populistas lo tenemos en la llamada República Bolivariana de Venezuela, instaurada por el Chavismo en 1999, hace ya 23 años. El giro que tomó Venezuela, después de ser un país democrático con buen nivel de desarrollo, resultó catastrófico y causa principal de que miles de venezolanos vean la forma de emigrar hacia otros países, principalmente a EU.
El saldo actual del Chavismo se resume en una hiperinflación que ha aumentado la pobreza, reaparición de enfermedades erradicadas, incremento de la mortalidad infantil por la desnutrición sería que se padece; violaciones a los derechos humanos, delincuencia, escasez de puestos de trabajo, medicinas, y artículos de primera necesidad. La crisis que padece el país se ha considerado por expertos de dentro y fuera de Venezuela como la peor en toda su historia.
Los problemas que orillan a miles de seres humanos de otros países expulsores de migrantes como Haití, Nicaragua, El Salvador, Guatemala y Cuba, no son muy diferentes a los de Venezuela, en algunos casos son peores, lo que demuestra que los países estatistas y simpatizantes de políticas económicas cerradas, donde se margina la inversión privada y la iniciativa individual, no favorecen la libertad del ciudadano ni la posibilidad de progresar.
En México no hemos llegado a situaciones extremas como en Venezuela, pero dependerá de que logremos gobiernos democráticos, responsables y convencidos de la necesidad de equilibrar la economía de mercado con la política social, evitando a toda costa el populismo.
Aumenta demanda por servicios legales corporativos
En un entorno empresarial complejo, el apoyo de un despacho legal es crucial para empresas de todos los tamaños y giros. Este tipo de servicios cada día tienen mayor demanda, desde algo sencillo como la elaboración de un contrato, u otro tipo de documentos legales, hasta la protección de la propiedad intelectual, como son las patentes y marcas registradas.
Un despacho que está llamando mucho la atención en el ambiente empresarial es Santillán Del Río Legal and Financial Services, que dirige Alexandro Santillán Del Río, ya que se ha posicionado como un aliado estratégico para organizaciones que buscan soluciones legales y financieras integrales.
Santillán Del Río se ha especializado en el área corporativa y de cumplimiento normativo para sociedades financieras. Su equipo está conformado por abogados con amplia experiencia en fusiones y adquisiciones, así como en reestructuraciones empresariales. (Fernando Martínez González, La Crónica de Hoy, Columnistas, p. 4)
El dialogo de alto nivel México y EU resulto desconcertante por coincidir con el anuncio de seguir adelante con el “muro” de Trump. El intercambio de elogios naufragó en un mar de confusión y duda sobre qué hacer para resolver las crisis, como la migratoria o del fentanilo, ante la imposición de barreras de la política de “seguridad fronteriza”. Difícil momento para la luz verde de Biden a la valla en Texas, y además admitir que nada resolverá.
Para López Obrador es “medida publicitaria”, pero la presión es real y aumenta. ¿Entonces, cuál es el modelo migratorio? Como justificó el secretario de Seguridad Nacional de EU, Alejandro Mayorkas, “no teníamos opción” porque es obligación legal utilizar recursos asignados en 2019 con Trump para el “muro”, a pesar de la decepción de sectores demócratas. Tampoco restó preocupación a México: “Preferimos edificar puentes y no muros”, dijo la canciller Alicia Bárcena.
Biden era el único que no había construido muro. Frente a su promesa rota, el diálogo se diluyó entre la sorpresa y la tentativa de negar un giro migratorio del demócrata. La política de tercer país seguro que de facto sigue el gobierno mexicano para contener la migración, no alcanzó para evitar que la agenda bilateral sea rehén de la disputa electoral en Washington. Tampoco las expresiones de satisfacción por la cooperación contra el fentanilo pudieron ocultar que la exigencia de mayores acciones de “seguridad” avancen en el consenso republicano. Los esfuerzos mexicanos por disuadir de los resultados de la cooperación llegan tarde a la campaña electoral estadunidense.
El performance de la visita de la delegación de alto nivel, encabezada por el secretario de Estado, Antony Blinken, perdió brillo en la irresolución. ¿Cuáles riesgos se abren en la agenda bilateral? El primero, que la apuesta de los demócratas por la cooperación pierde rendimiento electoral y se extiende el pensamiento conservador que ve pocos resultados en la política de Biden. Y segundo, que las medidas unilaterales expresan el avance de la narrativa de los republicanos de atacar a los cárteles mexicanos y volver a las barreras fronterizas.
Pero, según López Obrador, la delegación de EU quedó “sorprendida y muy satisfecha” por la detención de capos, que son “símbolo poderoso” de colaboración, como destacó el fiscal Merrick Garland por la extradición de Ovidio. También por decomisos y cierre de laboratorios de fentanilo, aunque se siga negando que se produzca en México. No así el Cártel de Sinaloa, que parece recular ante la amenaza de recibir trato de terroristas. Días antes de la reunión aparecieron en Sinaloa mantas atribuidas a Los Chapitos con mensajes para prohibir la producción y venta de fentanilo, ¿quién se los pidió?
Entre los candidatos presidenciales republicanos avanza el consenso de poner en el centro de la agenda la seguridad fronteriza, por encima de soluciones a la migración e imponer mayores acciones para “ayudar” a México a desarticular a los cárteles. Eso no significan botas militares en el territorio, hay otro tipo de intervenciones que también vulneran la soberanía. A México no le conviene desestimar las presiones como “ridículas”, como calificó López Obrador a congresistas que votaron por retirar fondos de ayuda al país por no hacer lo suficiente contra el fentanilo.
El Presidente también percibe la amenaza y prueba de ello es la moderación de su discurso contra el muro. Confía en que Biden no avanzará en su edificación y que tampoco duda del trabajo de México contra el fentanilo. Pero convendría no dejar de ver que en EU se impone la visión punitiva contra la migración y el regreso de la retórica de la “guerra contra las drogas”, ahora con el fentanilo.
Lo que más debe preocupar a México es la impotencia de Biden para oponerse a las exigencias republicanas en migración y narcotráfico. El vuelco político en Washington podría ser mayor con la candidatura de Trump a la presidencia, que obliga a los demócratas a retroceder en su postura de colaboración sin trasgredir la soberanía de su socio, aunque no haya hecho todo lo que quisieran para contrarrestar la ofensiva de sus rivales políticos. (José Buendía Hegewisch, Excélsior, Nacional, p. 13)
El cambio de una letra, de Tejas a Texas, lo dice todo, aunque parezca nada. La anexión armada y forzada de Tejas y luego California, Nevada, Utah, Arizona, Nuevo México y partes de Colorado y Oklahoma implicó una nueva colonización, lo que fue un cambio radical y un gran retroceso en cuanto a derechos humanos, sociales y políticos de los habitantes de esos territorios.
La Independencia de México reconoció como ciudadanos mexicanos a todas las poblaciones indígenas del territorio y dio un salto monumental al eliminar, en 1810, la esclavitud de los negros, que fue una de las peores lacras del sistema colonial español; por el contrario, los indios eran vasallos del rey, aunque en ocasiones se les considerara como esclavos o inferiores.
Texas y Estados Unidos se habían independizado y dejaron de ser colonias, pero aplicaron los mismos principios coloniales británicos a los territorios conquistados después de la guerra con México. La conquista del lejano oeste se hizo a sangre y fuego, con colonos europeos y, en el caso de Texas, supuso, además, la reinstalación de la esclavitud. Texas se aunó a los estados del sur e implementó para los mexicanos medidas especiales de discriminación. El letrero NO Dogs-Negroes-Mexicans se exhibía y aplicaba en muchos establecimientos texanos.
La historia no enseñada –ni en México ni en Estados Unidos– recupera numerosos casos de linchamiento de mexicanos por hordas de blancos que aplicaban justicia por su propia cuenta. La historiadora Kelly Lytle Hernández devela, en su libro Bad Mexicans, la discriminación que sufrieron negros y mexicanos en este estado sureño.
A diferencia de los colonizadores españoles, que se mezclaban con las etnias locales y dieron pie, en México y América Latina, a un profundo mestizaje, los blancos de Texas aplicaban la pauta colonial británica de no mezclarse y prohibían que tanto los mexicanos como negros pudieran vivir en zonas aledañas. La segregación residencial se aplicaba por igual para negros y mexicanos, quienes no podían ir a escuelas de blancos ni a muchos establecimientos donde no se permitía gente de color. Incluso el ejército, durante la Primera Guerra Mundial, discriminaba a negros y mexicanos.
Peor aún, con las poblaciones indígenas mexicanas de los territorios anexados se aplicó la política del exterminio y los sobrevivientes fueron confinados en reservaciones. México recibió a varios grupos étnicos perseguidos por el ejército estadunidense a los cuales se les otorgó asilo, se establecieron tratados y luego recibieron tierras ejidales.
La recolonización de los territorios trajo consigo el protestantismo, el puritanismo y grupos religiosos radicales y cerrados, como los mormones, que llegaron al territorio actual de Utah. El conflicto con los mexicanos ya no era sólo racial, sino religioso, incluso los irlandeses, que eran blancos y anglosajones, pero que carecían de la tercera característica del acrónimo WASP ( protestant) se sentían discriminados y muchos de ellos buscaron asilo en México.
A los mexicanos de los territorios anexados, que ya se habían liberado formalmente del sistema colonial español, se les volvió a colonizar con la modalidad británica esclavista, protestante y puritana, con el agravante de una retórica de un país libre y con oportunidades para todos.
La desigualdad, discriminación y racismo sufridos por los mexicanos anexados, a los cuales persiguieron, ajusticiaron y se quedaron con sus tierras, como en el caso de Nuevo México y otros estados, se prolonga con los migrantes mexicanos del siglo XX y XXI.
La lucha de los migrantes actuales por la igualdad y el reconocimiento es básicamente una lucha antirracial y anticolonial, con la peculiaridad de que se desarrolla, desde hace un siglo, en el corazón del imperio, que reproduce y exacerba la tradicional imposición y dominación erurocentrista sustentada en el racismo colonial.
Texas es un estado próspero y rico no necesariamente por ser protestantes y trabajadores; lo es porque disfruta de una mano de obra barata e ilimitada, por su vecindad con México, y también porque corrió con mucha suerte, dado que, paradójicamente, el petróleo quedó empozado en la margen izquierda del río Bravo. (Jorge Durand, La Jornada, Opinión, p. 17)
La decisión del Presidente Biden de reanudar la construcción del muro a lo largo de secciones de la frontera entre Texas y México es una capitulación por motivos políticos ante Donald Trump y sus aliados en el Congreso.
En su primer día en el cargo, haciéndose eco de su argumento a lo largo de la campaña de 2020, Biden proclamó que la construcción del muro “no es una solución política seria” para el creciente número de solicitantes de asilo y migrantes económicos que cruzan la frontera suroeste. Nada ha cambiado para que sea un enfoque más eficaz, pero el costo político de no gastar el dinero de los contribuyentes de esta manera se ha incrementado junto con el aumento de los migrantes que llegan a la frontera.
Tres décadas de entrevistas en persona con miles de migrantes experimentados y potenciales migrantes, realizadas por equipos de investigación de la Universidad de California-San Diego, la Universidad de Princeton y la Universidad de Texas-El Paso, han demostrado más allá de toda duda razonable que construir obstáculos físicos en la frontera no desalienta ni previene las entradas ilegales.
No hay evidencia de que la construcción de obstáculos haya disuadido a los posibles migrantes de dejar sus países. Los costos monetarios y los riesgos físicos que suponen cruzar la frontera han sido siempre superados por los potenciales beneficios de obtener un empleo en Estados Unidos. Las eventuales tasas de éxito entre los migrantes indocumentados que intentaron cruzar al menos una vez rondaron muy por encima del 90 por ciento.
Los migrantes decididos y los traficantes que los ayudan siempre han logrado sortear las barreras, saltándolas, cavando debajo, o simplemente rodeándolas. Incluso una valla fronteriza “inteligente” adornada con sensores y sistemas de radar de alta tecnología construida en Arizona por la Administración del Presidente George W. Bush fracasó estrepitosamente.
El reciente aumento gradual de migrantes que llegan a nuestra frontera refleja un fenómeno mundial: millones de personas están en movimiento, tratando de escapar de la violencia, de la pobreza, de economías colapsadas y de los estragos del cambio climático; cuya propensión a abandonar sus hogares está siendo alimentada por las redes sociales y los celulares.
Las opciones políticas de Estados Unidos para reducir estos flujos son extremadamente limitadas. Básicamente, hay dos enfoques que tienen sentido: “vías legales” y “causas de raíz”. Las “vías legales”, que la Administración Biden ha buscado mediante la concesión de permisos humanitarios y estatus de protección temporal a migrantes de ciertas nacionalidades, implican aumentar el número de oportunidades para ingresar legalmente a Estados Unidos con varios tipos de visas temporales. El enfoque de “causas de raíz” tiene como objetivo crear alternativas a la emigración en los países de origen de los posibles migrantes, eliminando la necesidad de viajes peligrosos de meses de duración.
Ambos enfoques tienen serias limitaciones, pero al menos hay algo de evidencia de que, si se diseñan y mantienen adecuadamente, pueden marcar una diferencia en las decisiones tomadas por los migrantes y las personas que se quedan en sus hogares. Construir una carrera de obstáculos físicos más grande en la frontera nunca hará la gran diferencia. El Presidente Biden lo sabe, pero se siente políticamente acorralado.
Quizá cerrar algunas brechas en el vallado fronterizo existente, utilizando dinero que el Congreso asignó para ese propósito, sea un precio que valga la pena pagar si puede ayudar a proteger a Biden de los ataques del Partido Republicano por su supuesta política de “fronteras abiertas”. El peligro es que sólo envalentonará a los críticos de Biden (“¿Por qué tardó tanto?”), al tiempo que retrasará medidas significativas para desalentar la migración no autorizada.
El autor es Profesor Distinguido de Ciencia Política y Relaciones EU-México, emérito, y director fundador del Programa de Investigación de Campo sobre Migración Mexicana en la Universidad de California-San Diego. Ha estado estudiando la migración mexicana y centroamericana hacia EU desde 1975. (Wayne A. Cornelius, Reforma, Opinión, p. 10)
El papa Francisco está muy presente en la actualidad. Hace quince días pasó dos días en Marsella, la puerta del Oriente, la ciudad de 30 nacionalidades, símbolo del Mediterráneo, ese mar que une el Occidente católico a la África del Norte musulmana, desde Marruecos hasta Egipto, a los Balcanes ortodoxos y a la Asia de Turquía, Siria, Líbano e Israel.
El papa insistió: “Voy a Marsella, no voy a Francia”, significando que no se trata de una visita de Estado. No era desairar a Francia, si bien hacia diez años que los católicos franceses esperaban su visita. Era afirmar la universalidad –“católico” significa “del mundo entero”– y llamar a la generosidad a la hora de la crisis migratoria mundial. En México nos encontramos en primera línea, como Europa. Cuando Francisco dijo, en Marsella, que ese “Mare Nostrum, el Mediterráneo, cuna de la civilización, no debe ser Mare Mortuum, tumba de la dignidad”, nos habla a nosotros también.
Llama a socorrer a los migrantes. Advierte que “las pasiones tristes que corroen las sociedades europeas” llevan al “náufrago de la civilización”. En este “crucero de pueblos”, llama a la compasión, a aprender y a practicar la compasión. Denuncia “el fanatismo de la indiferencia frente a la tragedia de los naufragados. No socorrerlos es “un crimen”.
Marsella está dominada por el templo de Nuestra Señora de la Guarda, venerada desde el siglo XIII por los marineros y por todos los marselleses. 60 mil personas asistieron a la misa en presencia del papa, en el gran estadio de la ciudad, del famoso Olímpico de Marsella. Musulmanes asistieron a la misa. Una mujer declaró: “Ese papa es “tranquilo” como decimos aquí. Lo esperábamos por la paz. Nos va a bendecir a Marsella, es una estrella, más que Rihanna y Beyoncé”. Otra mujer dijo que los musulmanes, como los cristianos, suben al santuario de Laila Miriam, la Buena María, la “Bonne Mère”, la buena Madre, para prender una vela. Y una tercera, mayor de edad, quiere a Baba François, como quiso a Juan Pablo II y que no es cierto que un buen musulmán no puede rezar en un templo o en una sinagoga.
Las palabras del Papa provocaron en seguida la reacción del partido de Le Pen: ese Papa es demasiado político, además de irrealista. Viene a dar lecciones de moral. La izquierda celebró al Papa humanista y aprovechó la oportunidad para criticar la presencia del presidente Macron en el estadio: si la República es laica, su presidente no debe asistir a un acto religioso. Allá ellos. Más preocupante son las críticas de católicos franceses que revelan un endurecimiento conservador.
Lo que nos lleva al “Papa reprobado”. El 4 de octubre se abrió un sínodo (dura hasta el 29 de octubre) que reúne unos 250 obispos y 96 laicos. Francisco lanzó hace dos años un amplio proceso de consulta y reflexión sobre la gobernanza de la Iglesia, el estatuto de los sacerdotes, el lugar de la mujer, la acogida a los divorciados casados de nuevo, a los LGBT, la sexualidad… Dentro de un año, un nuevo sínodo elaborará un texto final. Puede que esto acabe en parto de los montes, puede que no, pero la derecha cristiana se puso lanza en ristre desde la publicación de la orden del día en julio pasado.
El 14 de agosto, Le Figaro, el gran diario conservador francés, moderado y respetable hasta hace poco, tituló su primera plana a ocho columnas: “Sinodalidad: la línea del papa Francisco perturba a la Iglesia… La revolución de la gobernanza de la Iglesia católica que quiere el papa suscita escepticismo e inquietud”. Luego siguen dos planas enteras, las páginas 2 y 3, dedicadas a una crítica sistemática de todos los temas: peso de los laicos, ordenación de hombres casados, diaconado femenino, bendición de las parejas homosexuales…
Por cierto, un tema mencionado hace dos años desapareció porque hizo demasiado ruido: la cuestión de la ordenación sacerdotal de las mujeres. De antemano, ponen en duda el valor de las conclusiones finales, porque el papa ha “reunido obispos y expertos laicos, escogidos en mayoría por su opinión a favor de la reforma”. “Estas orientaciones siembran un disturbio inédito entre los sacerdotes moderados y un buen número de obispos y laicos. Muchos se inquietan por ese asalto de Francisco, juzgado más que autoritario, para una reforma que estiman confusa”. A ver qué pasa. (Jean Meyer, El Universal, Opinión, p. 15)