“El territorio está en paz” fue la declaración con la que arrancó el nuevo gobierno federal.
La frase fue de la secretaria de Gobernación –y secretaria de Seguridad saliente, Rosa Icela Rodríguez, primera funcionaria en asumir su cargo, pasada la medianoche del 30 de septiembre, casi 12 horas antes de que Claudia Sheinbaum se ciñera la banda presidencial.
Desde que lo escuché, pensé que era un dicho inapropiado y así lo escribí. Una semana después, luce aún más fuera de lugar.
En los seis primeros días del gobierno, según cifras oficiales, se acumularon 488 homicidios dolosos, un promedio de 81 diarios. Es un número propio de una guerra.
La semana pasada, un camión con migrantes fue rafagueado por soldados en Huixtla, Chiapas, hecho que resultó en la muerte de seis de ellos. De inmediato, el Ejército aceptó la responsabilidad y detuvo a los dos elementos que dispararon –lo cual habla bien del instituto armado–, pero aún quedan cosas por dilucidar y no se ha acabado de dar toda la información, como si el silencio y la ambigüedad fueran la manera de acabar con los problemas.
Por ejemplo, ¿va a seguir en su cargo Francisco Garduño como responsable del control migratorio, a pesar de que durante su gestión se dio un incendio en un centro de detención que costó la vida a 40 personas? ¿O Garduño sólo está manteniendo caliente la silla en lo que termina su periodo alguno de los gobernadores morenistas que entregarán el poder en diciembre, quien podría entonces asumir el puesto?
Asimismo, ha seguido la violencia en Sinaloa, producto del enfrentamiento de dos facciones del Cártel del Pacífico, que ha dejado centenar y medio de muertos, y dos centenares de secuestrados/desaparecidos. Luego, están los incendios, aparentemente provocados, de grandes locales comerciales en la zona metropolitana de Guadalajara, y las masacres en Guanajuato, derivadas de la lucha por la plaza entre los cárteles Jalisco Nueva Generación y Santa Rosa de Lima.
Y podríamos seguir con las balaceras en Tuxpan, Veracruz, y en Ensenada, Baja California, así como la continua disputa en la sierra de Chiapas por el control de las rutas por las que se trafican drogas, armas y personas.
Todas ésas han sido noticias de la última semana. Pero ninguna ha provocado más horror que el homicidio y decapitación del alcalde de Chilpancingo, Guerrero, la tarde del domingo.
El cuerpo mutilado del edil, quien había tomado posesión menos de una semana antes, fue dejado en una camioneta –la cabeza sobre el toldo; el resto, en el asiento del copiloto–, a la vista de todos, con lo que la escena dantesca pudo ser fotografiada por cualquier transeúnte y subida a las redes sociales.
No recuerdo otro asesinato de un presidente municipal de una capital estatal en tiempos recientes. Menos aún, en un contexto tan terrible. Revisé la lista de los cerca de 90 alcaldes asesinados en México de 2006 a la fecha y la enorme mayoría son de municipios pequeños, salvo dos –Valle de Chalco, Estado de México, y Temixco, Morelos– y ninguno de ellos es de aquellos donde se asientan los Poderes del estado.
Chilpancingo, con 283 mil habitantes, supuestamente es una ciudad bien resguardada, con presencia importante de guardias nacionales, soldados, marinos y policías estatales y municipales.
El viernes pasado, Alejandro Arcos me dio una entrevista para Imagen Radio en la que pidió protección al gobierno guerrerense y a la Federación, luego del asesinato de dos importantes colaboradores. La ayuda, evidentemente, no llegó.
Aún se recuerda la declaración del expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien contó que un día dos mil sicarios armados descendieron sobre Chilpancingo y él ordenó no enfrentarlos. ¿Acaso dejaron morir al alcalde?
Hoy, como se ha informado, se hará público el plan de seguridad del gobierno federal. Es deseable que el diagnóstico del que parta sea el reconocimiento de la gravedad de la situación y, por tanto, que no se apueste por intentar convencer a los mexicanos de que su país está “en paz”. (Pascal Beltrán del Río, Excélsior, Nación, p. 2)
En México, la situación de la niñez demanda una atención prioritaria. Por un lado, recientemente el Comité de los Derechos de los Niños de la Organización de las Naciones Unidas declaró que en nuestro país desaparecen 14 menores a diario o uno cada dos horas, siendo las niñas las de mayor riesgo. Un ejemplo es el expuesto por el Comité al decir que, en el estado de Chiapas, los casos de niños desaparecidos han crecido de manera exponencial, ya que de enero a marzo de 2024 se registraron 111 casos, de los cuales 40% no ha sido localizado y 22% corresponde a niñas y adolescentes del sexo femenino.
Luis Pedernera, vicepresidente del Comité, dio a conocer que en la actualidad hay 17 mil 788 niños, niñas y adolescentes desaparecidos, por lo cual hace una recomendación a las autoridades mexicanas a tomar “medidas inmediatas y efectivas para prevenir, investigar y sancionar las desapariciones de niños, incluidas las desapariciones forzadas”. Asimismo, ante la gravedad del asunto, sugiere que se elimine el plazo de 72 horas que se tarda en iniciar la búsqueda de un niño o niña que desaparece, ya que en su opinión la investigación “debe ser inmediata”.
Ante este terrible panorama, el Comité solicitó a México que termine con la impunidad de los delitos relacionados con la desaparición de niños, niñas y adolescentes y que declare causa nacional la lucha contra los homicidios de este sector de la población.
Por otro lado, continúa la problemática de la niñez migrante, pues de acuerdo con la Unidad de Política Migratoria, Identidad y Registro de Personas de la Secretaría de Gobernación (Segob), de enero a junio de 2024, 13 mil 737 mexicanos menores de 18 años fueron repatriados desde Estados Unidos; de ellos, 45.5% no contó con la compañía de algún adulto.
La nula supervisión o acompañamiento hace que los niños, las niñas y los adolescentes migrantes sean altamente vulnerables y corran peligro al exponerse a enfermedades, detenciones, violaciones, trata de personas, entre otros riesgos.
También según el Instituto Nacional de Migración (INM) el año 2023 alcanzó cifras históricas relativas a eventos de menores de edad en situación migratoria irregular en México, ya que se identificaron 106 mil 778 casos, representando un aumento del 50% con respecto al 2022.
Ambos fenómenos, la desaparición de menores y la migración infantil, requieren ser atendidos con prontitud, ya que la violencia hacia este grupo social ha aumentado significativamente y la insuficiencia de información no ayuda a mitigar las problemáticas. De hecho, la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) ha denunciado que, en el caso de la migración, “la Unidad de Política Migratoria del Estado mexicano ha dejado de visibilizar acciones del Estado en las que podrían existir violaciones a derechos (como el alojamiento no voluntario y la privación de la libertad) para únicamente publicar información de validez demográfica como lo es el número de niñas, niños y adolescentes en situación migratoria irregular”.
Desde Early Institute hacemos un respetuoso llamado a las autoridades a garantizar la seguridad de los niños, las niñas y los adolescentes con medidas de protección y generación de acciones y políticas públicas que velen por su integridad en todos los ámbitos. De igual modo, sostenemos que la responsabilidad es compartida cuando se trata de garantizar el ejercicio de sus derechos y es nuestro deber alzar la voz en beneficio de su bienestar y cuidado. (Annayancy Varas García, El Financiero, Opinión, p. 32)
Arranca en el Senado el proceso de renovación en la presidencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que deberá llevarse a cabo el próximo 15 de octubre. La ley permite que la actual titular, Rosario Piedra Ibarra, pueda ser ratificada por cinco años más. Sería lamentable que así fuera.
En la ofensiva de Andrés Manuel López Obrador contra los organismos autónomos hubo, esencialmente, dos tipos de estrategia. Una, debilitarlos usando varias pinzas: reducción presupuestal, no sustitución de comisionados salientes, ataques en las Mañaneras para desprestigiar a personas e instituciones, hasta el incumplimiento directo de resoluciones. La otra, desnaturalizarlos para quitarles su esencia. Esto se logró exitosamente en la CNDH, a través del nombramiento de Rosario Piedra, a partir de sus dos únicas virtudes aparentes: haber sido hija de una de las pioneras en la defensa de los derechos humanos en el país y ser militante de Morena. Una combinación ganadora para los intereses de AMLO.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos fue una de las primeras instituciones autónomas nacidas en el largo proceso de transición democrática mexicana. Era una necesidad y una demanda social, que se pudo cumplir porque el gobierno priista requería de instrumentos que le dieran legitimidad. Sus capacidades fueron aumentando a lo largo de los años, hasta que se convirtió en una suerte de faro de integridad… aunque nunca con los dientes suficientes, porque sus recomendaciones no han sido vinculantes.
Con Rosario Piedra al frente, la CNDH tiene mucho menos peso que antes, porque dejó de ser imparcial para convertirse en un ala del gobierno. En particular, se transformó en un organismo de defensa de las decisiones del Poder Ejecutivo e incluso de su estrategia informativa.
La mayoría de las recomendaciones ha sido por casos ocurridos antes de 2018. No es una casualidad. Es una política deliberada. El propósito es generar la idea de que los derechos humanos de los mexicanos eran violados antes de manera importante, no desde que el pueblo llegó al poder a través de su encarnación morenista.
Esto checa bien con el propósito de Rosario Piedra, cuando quiso cambiarle el nombre a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y convertirla en “Defensoría de Derechos del Pueblo”. Aquí debemos entender “pueblo” como la coalición social que apoyó a López Obrador y sobreentender que no hay por qué defender los derechos de quienes no forman parte del “pueblo”.
Bajo la actual presidencia, la CNDH no ha actuado para proteger a los ciudadanos de los abusos del poder, que es su propósito. Poner límites al poder político es algo que no le gustaba a López Obrador, y Piedra actuó para complacer al Señor Presidente. Van algunos ejemplos.
No ha tenido una mirada atenta a las violaciones de derechos humanos de parte de las Fuerzas Armadas y fuerzas policiales. Ha hecho caso omiso a la militarización de la Guardia Nacional, a las desapariciones, a las denuncias de las madres buscadoras, a las movilizaciones de las mujeres contra la violencia de género (de hecho, Piedra ha tenido una larga disputa con las feministas radicales, con demandas judiciales contra algunas de ellas). No se ha pronunciado sobre los asesinatos de activistas medioambientales y ha sido omisa respecto a las agresiones a periodistas.
El caso más grave es el referente a los abusos de las autoridades de migración. La CNDH ocultó por más de un año sus propios documentos, en los que migrantes detallaban maltratos, extorsiones y torturas de parte de autoridades policiacas, militares y del Instituto Nacional de Migración. La única recomendación por violaciones graves de parte del INM que emitió fue la referente a la muerte de 37 migrantes en el incendio de la estancia en Ciudad Juárez. Una recomendación que no tuvo mayores efectos.
En cambio, Rosario Ibarra, como titular de la CNDH se ha involucrado en asuntos políticos que no le competen, como la reforma al INE. La idea fue siempre darle la razón a AMLO.
En el camino, la presidenta de la CNDH ha tenido diferendos, cuando no es que pleitos, con las más importantes organizaciones defensoras de derechos humanos del país, con las internacionales, con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con el CIEI por el caso Ayotzinapa y con la ONU. La idea que la ha movido es afirmar que, desde la llegada de López Obrador al poder, ya no se violan derechos humanos en México. Fue un cambio mágico.
Es difícil encontrar otro funcionario del sexenio que apenas termina que haya logrado un consenso tan grande en contra. Y más difícil, uno que le haya sido de tan poca utilidad, por su falta de credibilidad y su capacidad para agenciarse enemistades.
Lo que se requiere es que la institución vuelva a ser independiente, capaz de dialogar con las víctimas y de señalar a instituciones y personas que violen los derechos humanos. Por lo menos, el Senado debería discutir para que se haga un proceso de designación participativo y no llegue alguien que sólo se dedique a la militancia en favor del Ejecutivo. Así, de seguro, no tendríamos otros cinco años de Rosario Piedra, y habría algo diferente a esa especie de comisión de propaganda en lo que se ha transformado la CNDH. Y tendríamos una señal positiva para el sexenio que empieza. (Francisco Báez Rodríguez, La Crónica de Hoy, Columnistas, p. 4)
El activista, poeta y escritor Javier Sicilia, quien se convirtió en víctima de la violencia cuando asesinaron a su hijo en 2011, ha señalado desde entonces que las disputas electorales solo definen al que se encargará de administrar el infierno que se vive en México.
Para muchos resultará exagerado calificar como un infierno a un país con tanta riqueza y potencial. Sin embargo, esos hechos sí opacan la grandeza de nuestro país.
En solo una semana de lo que va del sexenio, las muestras del infierno han sido evidentes en los actos de violencia que se han reportado:
-El Ejército atacó un camión que transportaba migrantes; mató a seis de ellos, incluyendo un niño de 11 años, además de herir a otros 10. Los sobrevivientes quedaron a su suerte, sin un mínimo comentario del Instituto Nacional de Migración.
-En Guanajuato, el estado donde se cometen tres de cada 10 asesinatos diarios, mataron a cuatro internos de un centro de rehabilitación, del que supuestamente secuestraron a otros 12, que al día siguiente fueron encontrados muertos.
-El fin de semana asesinaron al alcalde de Chilpancingo, Guerrero. El crimen se cometió con una brutalidad indescriptible, por cómo lo mataron y dejaron, en partes, expuesto en un vehículo. Días antes ya habían matado al secretario del ayuntamiento y al próximo encargado de seguridad. Llevaban unos días de haber asumido el gobierno municipal.
Este martes la presidenta Claudia Sheinbaum detallará el que será el Plan Nacional de Seguridad en su gobierno, que en septiembre se filtró resumido en una presentación, lo que generó preocupación al interior del equipo que lo redactó, por lo que el documento será parcialmente modificado para que no se note que es el mismo, pero que en términos generales expondrá objetivos similares como el de reducir los homicidios y los delitos de alto impacto en el país, enfocando los esfuerzos de los primeros 100 días de gobierno en los 10 municipios donde más se cometen crímenes, en cinco estados del país.
Empezarán por Tijuana, León, Celaya, Acapulco, Cancún y Colima. Además implementarán estrategias de atención en estados con crisis evidentes como la que desde hace años aqueja a Chiapas y la que se desató recientemente en Sinaloa.
Esperemos que la implementación de la estrategia arroje resultados pronto, reduciendo crímenes y homicidios, y previniendo la ocurrencia de más actos atroces, para que se note que se puede hacer algo más que solo administrar el infierno. (Alejandro Domínguez, Milenio, Al Frente, p. 3)
Claudia Sheinbaum, en su papel como primera presidenta de México, se enfrenta a una serie de retos complejos que derivan no solo de la situación actual del país, sino del legado que deja el sexenio de Andrés Manuel López Obrador (AMLO).
Si bien la administración de AMLO logró pocos avances importantes en ciertos sectores, también ha sido objeto de críticas por fallas estructurales en áreas clave como seguridad, economía, y el manejo de la pandemia. Sheinbaum deberá equilibrar el mantenimiento de la agenda de la Cuarta Transformación (4T) con la necesidad de corregir los aspectos más criticados del gobierno de su predecesor.
En el ámbito internacional, Sheinbaum enfrentará el reto de redefinir la relación de México con Estados Unidos, en un contexto de tensiones comerciales y migratorias. Si bien AMLO mantuvo una relación pragmática con el expresidente Donald Trump y el actual presidente Joe Biden, las políticas migratorias de México, particularmente el uso de la Guardia Nacional para detener flujos migratorios, han sido motivo de controversia. Sheinbaum deberá equilibrar las exigencias de Estados Unidos con una política migratoria que respete los derechos humanos y no dependa exclusivamente de militarización.
Conclusión
Claudia Sheinbaum se encuentra ante una presidencia histórica y sumamente desafiante. Aunque hereda la popularidad de la 4T y una base sólida de apoyo político, los retos que deja el sexenio de AMLO requieren respuestas inmediatas y efectivas. Lograr un equilibrio entre continuar con las políticas de transformación y rectificar los errores, que no son pocos, será crucial para que su gobierno tenga éxito y para que pueda consolidar un legado propio, alejado de la sombra de López Obrador y de su lamentable administración. (Brenda Jaramillo R., CASEDE, El Sol de México, Análisis, p. 20)
¡Qué mala primera semana -por lo que se refiere a la violencia en el país- para la administración de la presidenta Sheinbaum!
Los 580 homicidios ocurridos desde el arranque del sexenio son sólo un “mínimo” recordatorio de que la violencia en el país no se ha acabado y una evidencia más que la narrativa que insistía que el gobierno de López había logrado reducir dichos fenómenos, siempre fue falsa.
Entre tales hechos delictivos sobresalen dos casos en particular, la matanza y lesiones a migrantes inocentes en Chiapas, por parte de nuestros militares, y dos magnicidios en Chilpancingo.
En su segundo día como comandanta de las Fuerzas Armadas, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) atacaron a tiros a 33 migrantes de diferentes nacionalidades que viajaban en carreteras de Chiapas.
El ataque armado fue una mala actuación de los militares que le costó la vida a 6 personas y dejó a otras 12 heridas.
Cuatro días después se consumó el homicidio del presidente municipal de Chilpancingo, Alejandro Arcos, quien resultó electo por la alianza PAN-PRI-PRD y había asumido el cargo el pasado 1 de octubre.
Arcos fue decapitado y su cabeza y cuerpo quedaron públicamente expuestos, pocas horas después de que su secretario general en el ayuntamiento, también fuese asesinado.
Estos dos casos ejemplifican lo mal que se encuentra nuestro país: un Estado militarizado que no logra ser eficaz para contener la violencia, que en su falta de preparación para atender la seguridad pública, termina por ejecutar a personas inocentes, mientras que la delincuencia organizada actúa con total impunidad y es capaz de matar a las mismas autoridades.
Si bien es muy pronto para señalar como responsable de las matanzas que a diario ocurren en nuestro país al actual gobierno, sí es hora de recordarle a la presidenta que ahora le toca a su gobierno implementar una política de seguridad y justicia que logre reducir los delitos y la violencia que día a día nos aquejan.
Precisamente hoy la presidenta Sheinbaum presentará su estrategia de seguridad ¿qué debemos esperar? Si hacemos caso a sus declaraciones -tanto las de campaña como las de su primera semana como mandataria- su estrategia será una calca de la política fallida del gobierno de López.
De ser así, el llamado “segundo piso de la 4T” se construirá sobre los mismos abrazos que tuvieron como efecto 200 mil víctimas de homicidio doloso, más de 51 mil de desaparición de personas y una delincuencia organizada que controla gran parte del territorio nacional.
Además, debemos recordarle a la presidenta Sheinbaum que hereda de López una arquitectura institucional sumamente disfuncional, en la que, debido a la reforma constitucional que cristalizó la absoluta militarización de la seguridad, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana es en teoría, rectora de la política de seguridad, mientras que la Sedena es la responsable de ejecutarla.
Que trabajará con fiscalías y policías locales debilitadas tras un sexenio de continuos recortes presupuestales y deberá establecer mecanismos de cooperación internacional con aquellos países a los que el expresidente López una y otra vez culpó de ser los responsables de la violencia en México.
Por el bien de México esta nueva administración federal debería proponer una política que sí asuma su responsabilidad y proponga acciones contundentes en contra de los fenómenos delictivos que aquejan a los mexicanos.
En breve podremos analizar si este gobierno ofrece más de lo mismo o busca verdaderamente recuperar la paz para los mexicanos, en su primera semana, ya tuvo un recordatorio de la violencia en nuestro país, esperemos que no necesite más. (Francisco Rivas, El Universal, Opinión, p. A22)
Ni bien había pasado un día de su Gobierno, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, tuvo que enfrentar las consecuencias de otorgar tareas de seguridad pública a elementos de las Fuerzas Armadas.
El 2 de octubre, mientras en Palacio Nacional ofrecían una disculpa pública a los familiares de estudiantes asesinados por elementos del Ejército mexicano en 1968; en Chiapas, soldados dispararon contra 33 migrantes que viajaban a bordo de dos camionetas dejando un saldo de seis muertos y diez heridos; así inició el Gobierno de la primera mujer Presidenta.
El día de su toma de protesta, con el saludo a la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, parecía que las descalificaciones y rencillas entre el Ejecutivo y el Poder Judicial podían quedar atrás; pero esto no sucedió.
En la primera oportunidad que tuvo la mandataria federal, dejó claro que no habrá marcha atrás a la reforma al PJ y que la elección de jueces, magistrados y ministros se llevará a cabo a pesar de la decisión que pudiera tomar el máximo tribunal del país.
“Llegamos todas y todos”, afirmó en su discurso el 1 de octubre, pero igual que su antecesor, dejó plantados a los acapulqueños que la esperaban para enseñarle la magnitud del daño que provocó el huracán John a su paso por Acapulco y otros municipios de Guerrero.
Claudia Sheinbaum sólo visitó el cuartel del Ejército, donde recibió el reporte de la situación y a bordo de su camioneta hizo un breve recorrido por algunas calles del puerto, pero tampoco atendió el llamado de todas y todos los guerrerenses.
En contraste, el fin de semana, la Presidenta estuvo en Tizayuca, Hidalgo, donde dio el banderazo de salida a la construcción del tren de pasajeros a Pachuca, ahí sin desastre de por medio, sí saludó a las cientos de personas que la esperaban para darle la bienvenida y tomarse fotos.
La primera mandataria anunció que las conferencias Mañaneras cambiarían de formato, nada más lejano a la realidad, es la misma escenografía, aunque ahora con flores, la misma posición para las sillas de los invitados y prácticamente las mismas secciones, pero con nombres distintos.
Si bien no debe sorprender que Claudia Sheinbaum siga los mismos pasos del expresidente, sí se esperaba un cambio que le diera el toque “humanista” que tanto ha resaltado a su administración.
Al menos durante los primeros años de su Gobierno, la presidenta de México no hará distinción alguna con la administración anterior y, mucho menos, intentará deslindarse de su mentor, porque esa fue la promesa: continuidad.
Y en Pregunta Sin Ofensa:
En Pregunta Sin Ofensa lamentamos la muerte de Ifigenia Martínez y Hernández, quien fue la primera directora de la Escuela Nacional de Economía de la UNAM; la primera mujer mexicana en obtener una maestría en la Universidad de Harvard; fundadora del PRD y de Morena y quien el 1 de octubre pasó la banda presidencial a la primer mujer presidenta de México. Descanse en paz. (Karina Aguilar, 24 Horas, Online)
Donald Trump; ataca nuevamente a los migrantes: “es una invasión de salvajes criminales”
El expresidente de EE.UU. y candidato republicano Donald Trump volvió a atacar a los migrantes indocumentados durante un mitin de campaña en el estado clave de Wisconsin, donde afirmó que gente horrible está cruzando la frontera del país. Es una invasión de salvajes criminales, manifestó Trump en un acto realizado en el pueblo de Juneau en el condado de Dodge, un área rural del sur de Wisconsin, uno de los siete estados que decidirán las elecciones presidenciales del próximo 5 de noviembre. Donald Trump criticó a la actual Administración del presidente, Joe Biden, así como a la vicepresidenta y su rival en los futuros comicios, la demócrata Kamala Harris, por la gestión en la frontera sur, y reiteró su promesa de efectuar la mayor deportación hecha en el país si es que llega a la Casa Blanca.
Luis García; existe nerviosismo en la frontera sur de México a un mes de las elecciones de EEUU
El director del Centro de Dignificación Humana (CDH), Luis García Villagrán, señalo que el nerviosismo abunda en la frontera sur de México, a un mes de que sean las elecciones a la Presidencia de Estados Unidos, donde activistas y migrantes temen que se forme un tapón migratorio por las políticas más restrictivas en Norteamérica. Defensores de migrantes en Tapachula, la mayor urbe del límite de México con Centroamérica, expresaron su preocupación por un posible regreso del exmandatario Donald Trump a la Casa Blanca, pero también por una continuación de las medidas del actual presidente, Joe Biden. Creemos que este tipo de medidas del Gobierno de los Estados Unidos lo que va llevar a cabo es deportaciones y persecución de migrantes y la criminalización del fenómeno migratorio, incluyendo a niños, mujeres y a los defensores. (Jesús Héctor Muñoz Escobar, 24 Horas, Online)
Por más que se pondere que en los últimos años las cosas han venido cambiando en materia de seguridad es evidente que hay muy poco que contar.
La multicitada estrategia de “abrazos no balazos” no respondió al tamaño del problema, porque en algún sentido se banalizó lo que estaba pasando. Pedirle a las mamás que hablen con sus hijos que son parte de la delincuencia organizada resultó también otro petardo.
En un buen número de casos los familiares saben en lo que están sus hijos y sin que lo avalen no les queda de otra que aceptarlo, porque además su “actividad” es una fuente de ingresos. También hay casos en que para algunos jóvenes pertenecer a los cárteles es un elemento aspiracional; recordemos la pinta en una barda de Culiacán: “prefiero cinco años de rey y no una vida de buey como mi papá”.
Desde hace tiempo se han venido dando palos de ciego. Queda la impresión de que no se tiene un diagnóstico preciso sobre lo que está pasando y se han ido presentando presuntas soluciones parciales que en un buen número de casos han terminado en ocurrencias.
En la pasada administración se lanzó al Ejército a las calles y las cosas en lo general no han cambiado. Tenemos los mismos problemas en los mismos estados y en muchos casos se agudizan. López Obrador llegó a decir, más en tono político y de descrédito que de análisis, que había estados gobernados por la oposición que tenían más problemas que los gobernados por Morena como si en algunos de éstos no estuviera pasando nada.
Ya nos hemos dado cuenta que lo que se ha hecho hasta ahora funciona parcialmente sin lograr frenar de manera significativa los innumerables problemas que tenemos. A menudo desde el gobierno se hacen cuentas alegres sobre la violencia en el país pero es indudable que estamos metidos en un agujero cada vez más profundo.
Estos primeros días del gobierno de Claudia Sheinbaum han sido violentamente terribles. El asesinato de migrantes en Chiapas el cual pareciera que ya es un hecho del pasado se ve como parte de nuestra cotidianidad, a lo que se suma que los migrantes muertos son de países lejanos al nuestro, como apunta Eduardo Guerrero. No se sabe por ahora de algún reclamo o algo parecido por parte de las embajadas de los países de donde eran originarios los migrantes.
Muchos hechos violentos se han presentado, pero muy probablemente la decapitación en Chilpancingo, como acto de brutal violencia, pero, sobre todo, como una manifestación de grupos de la delincuencia organizada es un hecho que nos muestra la cruda realidad. El asesinato de Alejandro Arcos presidente municipal de la capital de Guerrero es un hecho que evidencia las innumerables fallas en la gobernabilidad del estado y en algún sentido en el país.
El gobierno estatal está rebasado con una capacidad de maniobra mínima para enfrentar una situación que está a la vista. Desde hace tiempo como se hicieron públicas las conversaciones entre cabezas de uno de los cárteles que operan en el estado con quien era presidenta municipal de Chilpancingo. El asesinato es una manifestación de poder, fuerza, dominio y también una amenaza y mensaje para todos y para demostrar quién manda.
Existe una obvia expectativa por la presentación de la estrategia de seguridad. En el diagnóstico estará en buena medida la solución del problema. No hay manera de regresar al Ejército a los cuarteles, porque es nuestra última puerta para enfrentar una situación brutalmente agobiante y peligrosa.
La sociedad tiene que recobrar su tranquilidad. Hemos hecho de la inseguridad una forma de vida. Omar García Harfuch es el personaje quien deberá diseñar nuevas estrategias porque con lo que hemos hecho se ha avanzado muy poco para el tamaño del problema.
RESQUICIOS
Estando las cosas como están en Sinaloa es absurdo querer cambiar los principios rectores de la UAS sin consultar a la comunidad universitaria. Cada vez tiene menos peso el gobernador, quien empieza ser una pieza prescindible. (Javier Solórzano Zinser, La Razón, LA DOS, p. 2)
Pocos días duró la euforia. Así es la vida. Del gozo al pozo, dice el refrán. La presidenta Claudia Sheinbaum está enfrentando las amargas tareas que acarrea la banda presidencial.
La gritería, las porras, los anuncios históricos, el entusiasmo desbordado se sus compañeros, las advertencias de la aplanadora, la satisfacción de acabar con uno de los poderes y el derroche de cursilería chaira han frenado abruptamente con los golpes de la realidad.
No es sorpresivo que el encontronazo haya sido con la muerte en varias de sus facetas. Una personal y dolorosa para ella que es la muerte de Ifigenia Martínez, por quien la presidenta tenía una relación cercana y, cualquiera supone, que había admiración como la de alumna a maestra.
Otras dos manifestaciones de la muerte tienen que ver con graves problemas que afectan al país: la inseguridad y la migración. Temas que se entrelazan en muchas ocasiones.
Por un lado, está la muerte de varios migrantes que iban en un camión y a los que miembros del Ejército mexicano dispararon sin mediar agresión alguna. Murieron seis migrantes de distintos países.
Entregada a los militares al igual que su antecesor, la Presidenta cuenta entre los primeros decesos de su sexenio los asesinatos, no son otra cosa, de esos migrantes a manos de soldados.
El otro asunto está vinculado directamente al crimen organizado y no tiene nada qué ver con la situación en Sinaloa- que es alarmante por la cantidad de muertos y desaparecidos en el último mes-, sino con otro estado en el que no hay gobierno desde hace meses: Guerrero, que enfrenta las tragedias naturales y las del desgobierno al mismo tiempo. La violencia criminal campea desde hace años en la entidad y no ha hecho más que escalar en el gobierno de la señora Evelyn Salgado. La decapitación – es espeluznante escribir la palabra- de quien fuera presidente municipal de Chilpancingo es no solo un acto espantoso sino una muestra de la barbarie criminal en escalada y también una muestra de la respuesta que se necesita. Omitiré los detalles de la ejecución- es lo que fue- del alcalde, pero basta subrayar que tenía apenas una semana en el cargo. Una tragedia cuyas imágenes de horror circulan ya en todo el mundo.
“La campaña es el cielo y gobernar es el infierno”, dicen por ahí. Parece que en esta ocasión el cambio de escenario se dio demasiado rápido. Esta misma semana, la presidenta dará a conocer su estrategia de seguridad. Ojalá estos terribles eventos le permitan ir más allá de los falsos abrazos que generan verdaderos balazos. (Juan Ignacio Zavala, El Heraldo de México, País, p. 11)
Cada semana recibo llamadas y cuestionamientos de empresarios, académicos y todo tipo de personas, acerca de la eventual, potencial, victoria de Donald Trump.
Para sorpresa y asombro, escucho con frecuencia a directivos de empresas e inversionistas que van afirmando las enormes ventajas por el triunfo republicano.
A todos desmiento y con todos disiento.
Donald Trump representa una auténtica amenaza, no sólo para la democracia americana, bastante devaluada después de su paso por la Casa Blanca (2016-2020), sino para el mundo.
Trump representa los máximos antivalores de la política en cualquier rincón del mundo.
Muchos de ellos inherentes a su propia persona, carente de ética, abusador continuo, criminal convicto, violador de la ley, mentiroso patológico, incapaz del servicio a otros, mucho menos a sus conciudadanos, a los que desprecia.
Pero representa, además, el viraje al conservadurismo más oscuro de los últimos 50 años en el escenario político estadounidense. Tal vez desde la feroz lucha por los derechos civiles en los años 60, bajo el liderazgo del inolvidable Martin Luther King y la importante labor reformista de Lyndon B. Johnson –en busca, por supuesto, de su reelección como presidente–, Estados Unidos no había enfrentado de forma tan abierta, descarnada y polarizante la confrontación por dos visiones de país tan radicales.
Los republicanos radicales, los que están dispuestos a aplastar a la oposición aunque tengan que atropellar el derecho, han conformado una estrategia de renovación de jueces y magistrados judiciales en cortes federales y de distrito, con perfiles radicalmente conservadores.
Es decir, han dado un viraje a la impartición de justicia, en contra de derechos y libertades garantizadas en la Constitución. El más evidente es el aborto, entre otros varios.
Esa revolución judicial, silenciosa y de bajo perfil, ha estado en manos de Mitch McConell, el líder republicano en el Senado desde hace casi una década.
Desde ahí se han impulsado los nombramientos y aprobación de docenas de jueces en todo el país que responden a esta forma de pensamiento y ejercicio judicial.
Trump es el representante político de ese movimiento conservador.
Para ellos, los migrantes encarnan la mayor amenaza al american way of life, y para conservar ese estilo de vida americano, mantener a los hispanos, afroamericanos y asiáticos como minorías sin cargos o puestos relevantes de decisión ciudadana, política, estatal o municipal, han ejercido este control en las cortes a todos los niveles.
Y la razón es que la demografía no miente. Las curvas ascendentes de la población hispana y asiática apuntan –todas unidas– a desplazar al tradicional blanco anglosajón como el segmento mayoritario en la población.
Pierden, gradualmente, el control del país.
Eso es lo que ha guiado la manipulación judicial del senador McConell por una década.
Donald Trump es un empresario ambicioso, fraudulento (seis veces en chapter eleven, por quiebra de varias de sus empresas, para quedarse con beneficios y que sea el gobierno quien liquide operaciones), mentiroso compulsivo, misógino gigantesco, que alguien tuvo el desacierto de convertirlo en estrella de televisión, ofrecerle un entrenamiento y transformarlo en este monstruo mediático que se cree todas sus falsedades.
Si Trump regresara a la Casa Blanca sucederían de inmediato varias consecuencias globales: Putin tomaría control de más de un tercio de Ucrania y le impondría condiciones humillantes para la cesión de su territorio; las tensiones comerciales y políticas con China se incrementarían; habría ataques coordinados entre Israel y EU hacia Irán y el bloqueo comercial y petrolero consecuente; la OTAN se vería gravemente disminuida, debilitada y menospreciada por Estados Unidos; el eje del mal, llamado así por algunos politólogos, Trump-Putin-Kim Jong-un dominaría la escena mundial, dejando a las democracias europeas (Francia, Gran Bretaña, Alemania, los países nórdicos, España) en franca desventaja.
El Medio Oriente y la ofensiva de Netanyahu recibiría un respaldo indiscriminado, cerrando los ojos ante las ya existentes matanzas y exterminaciones.
Para México, Trump impondría de inmediato –lo declaró hace unos días– el cierre de la frontera. Y ahí empezarían las condiciones y el sometimiento de políticas migratorias, de seguridad, de combate al narcotráfico dirigido, supervisado, por el Pentágono. Vendrían severos condicionamientos comerciales, en terrenos donde hoy hay tensión: el maíz, la energía, las autopartes, la creciente presencia de capitales chinos en México.
Imaginen ustedes, conociendo la misoginia cavernaria de Trump, el trato que ofrecería a nuestra recién asumida presidenta Sheinbaum.
A quien no le guste Kamala Harris, para quien afirma que no está suficientemente preparada o que sus discursos son confusos y rebosantes en sonrisas: sería la mejor opción para el mundo y para México. (Leonardo Kourchenko, El Financiero, Mundo, p. 29)
Si la situación de seguridad en México está complicada, lo podría estar mucho peor en unos 30 días, cuando sean las elecciones de Estados Unidos.
Donald Trump aseguró que su primer acto de gobierno, si gana la Presidencia de Estados Unidos, es “cerrar la frontera” con México.
El discurso de Trump ha sido el mismo desde hace años, pero ahora está todavía más duro contra nuestro país.
Esta rudeza es la que motiva a la mayoría de sus seguidores, y Trump les dice que él es la única persona capaz de arreglar el caos de seguridad y la entrada de tantas drogas como lo es el fentanilo y, además, culpa al gobierno de Joe Biden de no haber puesto mayor interés y seguridad en las fronteras.
“Mi primera orden va a ser cerrar la frontera… Vamos a frenar la invasión, vamos a acabar con la criminalidad de los inmigrantes”, gritó en medio de aplausos de sus simpatizantes, la abrumadora mayoría de los cuales eran de raza blanca.
No es la primera vez que Trump amenaza directamente a México. Hace apenas un par de meses dijo: “El problema es que México está petrificado ante los cárteles, porque ellos podrían quitar al Presidente en dos minutos”.
En esa entrevista que salió en Fox News, aseguró que los cárteles de la droga en México son responsables de las miles de muertes que tienen en Estados Unidos y que el Gobierno de México está sometido a ellos.
Trump fue claro y duro: “México va a tener que ordenarse muy rápido, están matando a más de 300 mil personas con fentanilo en nuestro país, les daremos poco tiempo para que controlen su frontera. Estoy seguro de que no lo van a hacer bien, y después veremos la acción a empezar”.
Con esto se refiere a que Estados Unidos podría trabajar para contrarrestar a los grupos criminales en México.
El candidato republicano a vicepresidente, J.D. Vance, agregó: “El Gobierno de México, aunque no lo digan abiertamente, quiere que el presidente Trump tome con seriedad el tema de los cárteles de la droga, porque éstos también están desestabilizando su país, pronto ya no serán un verdadero país, serán un narcoEstado, si no lo controlamos nosotros”.
Trump aseguró que el Gobierno de México le tiene miedo a los cárteles de la droga, porque “ellos son los que manejan el país”.
Estados Unidos tiene una ley bajo la cual pueden enviar tropas a países donde hay terroristas que puedan atentar contra su seguridad. Y se ha clasificado a los cárteles de la droga mexicanos como terroristas desde la administración de Donald Trump.
Esta propuesta, que inicialmente hizo el expresidente, tenía como finalidad permitir a Estados Unidos invadir las zonas en conflicto, como ocurrió en Irak y Afganistán.
En pocas palabras, si los cárteles de la droga en México son terroristas, EU puede contrarrestarlos, y en nuestro territorio.
Además, autoridades estadounidenses aseguran que los principales líderes de los cárteles mexicanos se refugiaban en nuestro país, y no están equivocados.
Trump envió la propuesta en 2019, y ésta no pasó en el Capitolio debido a las relaciones diplomáticas con México. Pero la idea está puesta sobre la mesa, y más ahora que vienen campañas electorales en Estados Unidos y el resguardo de su frontera es un tema central de debate.
Para el 2022, la propuesta de Trump fue retomada por el gobernador de Texas, Greg Abbott, quien urgió a Biden a reconocer como terroristas a los cárteles, advirtiendo del peligro a la seguridad que representaban para un estado fronterizo. Y como no hubo respuesta, Greg Abbott emitió una orden ejecutiva para designar a los cárteles como organizaciones terroristas en Texas.
En su reporte de junio de 2023, George Papadopoulos, director adjunto de la DEA, mencionó que el Cártel de Sinaloa tiene presencia en 19 de los 32 estados que integran la República Mexicana. Dice que este grupo cuenta con más de 26 mil miembros, asociados y facilitadores en más de 100 países alrededor del mundo.
Este reporte se hizo antes de la detención de El Mayo Zambada y de Joaquín Guzmán López en Estados Unidos; el Cártel de Sinaloa hoy está generando mucha más violencia porque los narcotraficantes se están peleando el control del cártel, tanto en México como fuera del país, y esto podría generar aún más violencia y a su vez, tratar de introducir más droga a Estados Unidos para obtener mayores recursos.
Si se llegan a dar un par de actos de violencia criminal en Estados Unidos, el discurso de Trump tendría mayor ventaja, porque hoy ambos candidatos están prácticamente empatados en las encuestas.
Paradójicamente, Kamala Harris también ha sido durísima contra los grupos del narcotráfico y parte importante de su discurso es que cuando fue fiscal General en California, combatió a los narcotraficantes y logró cuidar las fronteras.
A raíz de la detención de El Mayo Zambada, Harris subió en las encuestas. La detención de quien era, hasta el momento de su detención, el narcotraficante más reconocido, se ha visto en la opinión pública como un logro del gobierno de Joe Biden.
Y es que no sólo es el Cártel de Sinaloa. La DEA también ha identificado al Cártel Jalisco Nueva Generación como uno de los principales productores de fentanilo. La organización opera en 21 de los 32 estados y dispone de más de 18 mil 800 miembros. También tiene nexos en el extranjero, sobre todo con traficantes chinos y estadounidenses.
La administración de Joe Biden tampoco descartó calificar como terroristas a cárteles mexicanos. En marzo de 2023, el secretario de Estado, Antony Blinken, en una comparecencia ante un comité del Senado de Estados Unidos, volvió a declarar, antes ya lo había hecho, que la administración de Biden no descarta la posibilidad de adoptar dicha medida.
Los grupos criminales mexicanos, la violencia que están ejerciendo, la fuerza que están tomando, podrían generar, además de los homicidios que ya tenemos en México, un conflicto binacional que tendrá consecuencias fuertes y en donde nuestro país saldrá perdiendo.
Falta menos de un mes para que sepamos quién ocupará la Casa Blanca, y sea quien sea el ganador, se ejercerá mucha presión a México para que controle a los grupos criminales. (Bibiana Belsasso, La Razón, México, p. 13)