Precisamente por ser transnacional, y por requerir de acciones conjuntas entre todos los involucrados, la crisis humanitaria de la migración, a través del territorio mexicano, hacia la frontera con Estados Unidos, genera tantos escamoteos. Lo mismo desde la opinión pública, las redes sociales o los propios gobiernos, el fenómeno se simplifica y se pone en función de agendas políticas o diferendos internacionales.
En días recientes tuvo lugar en Washington una cumbre de la Alianza para la Prosperidad Económica en las Américas (APEP), donde se trató la crisis migratoria y se llegaron a compromisos que, de cumplirse, podrían hacer la diferencia. La cumbre se celebró semanas después de la de Palenque, encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que ahora no asistió a la cita en la Casa Blanca.
La APEP, creada en la pasada Cumbre de las Américas en Los Ángeles, reúne a gobiernos latinoamericanos y caribeños que sostienen diversas modalidades de acuerdos o protocolos de libre comercio con Estados Unidos y Canadá, como México, Colombia, Chile, Uruguay, Perú, Ecuador, Costa Rica, Panamá, República Dominicana y Barbados.
Se comprende mejor ahora el sentido tan enfáticamente ideológico de la reunión de Palenque, donde intervinieron gobernantes de la línea bolivariana como Nicolás Maduro, Miguel Díaz-Canel y Xiomara Castro. Aquel encuentro fue la respuesta anticipada al de estos días en Washington, donde se ha tratado, centralmente, la crisis migratoria.
En Palenque la tónica predominante fue que el éxodo masivo desde el Caribe y el Triángulo Norte de Centroamérica es responsabilidad de Estados Unidos, que alienta la emigración y, a la vez, la obstruye. Una demanda contradictoria a la que se suman las sanciones contra Cuba, Venezuela y Nicaragua, que impedirían el desarrollo económico de esos países.
Por lo visto, esos mismos argumentos se han reiterado en la cumbre de la APEP, donde los presidentes Gabriel Boric y Gustavo Petro han exigido el fin del embargo comercial contra Cuba. Pero también, dada la mayor diversidad ideológica y geopolítica del foro de Washington, se han escuchado otros argumentos, que apuntan al estancamiento económico de la región y al aumento de las desigualdades, la violencia y la inseguridad.
El gobierno de Joe Biden ha anunciado una ayuda de 485 millones de dólares, que, según el Secretario de Estado, Antony Blinken, se destinaría a “las personas refugiadas, migrantes y otras poblaciones vulnerables”. Habrá que ver cuánto se verifica de esa ayuda, ya que, en reiteradas ocasiones, AMLO ha demandado a Estados Unidos la retención de fondos para Centroamérica.
Como quiera que se vea, la cumbre de la APEP fue, diplomáticamente, más plural y propositiva que la de Palenque. México y Colombia fueron los dos únicos países que participaron en las dos. El interamericanismo otorga gran capacidad mediadora entre tanta polarización regional. (Rafael Rojas, La Razón, México, p. 6)
La situación en la frontera entre Estados Unidos y México es uno de los puntos “calientes” de la política doméstica estadounidense y de paso para el gobierno mexicano.
Los aspirantes a la candidatura presidencial del Partido Republicano han hecho una prioridad de la seguridad fronteriza y de la posibilidad de usar recursos militares, incluso fuerzas especiales, para combatir a los cárteles de la droga en México.
Paralelamente, existe una lucha legislativa alrededor del presupuesto y la ayuda militar que el presidente Joe Biden solicitó para ayudar a Ucrania, con 61.4 mil millones para Ucrania, y 14 mil millones para Israel. Para atraer a los republicanos, Biden pidió además 13,600 millones de dólares para incrementar la seguridad de la frontera con México.
Pero el precio que hoy demandan los republicanos va más allá de recursos e implica la posibilidad de cambios políticos, específicamente en lo que se refiere a la política de asilo.
De acuerdo con un resumen, los republicanos quieren que el Departamento de Seguridad Nacional reanude la construcción del muro fronterizo en el suroeste, que aumente el salario de los agentes de la Patrulla Fronteriza, reforme las leyes de asilo del país, tome medidas enérgicas contra la libertad condicional humanitaria de inmigrantes ilegales y niegue asilo a inmigrantes que cruzan terceros países “seguros” antes de llegar a Estados Unidos.
En un discurso a la nación hace un mes, Biden abogó por la ayuda a Ucrania e Israel y mencionó el fortalecimiento de medidas fronterizas. En ese marco, su gobierno anunció que pasaría por alto más de 20 leyes para ir adelante con la construcción de 32 kilómetros de barreras fronterizas que ya estaban programadas en Texas.
Su solicitud de recursos al Congreso incluyó fondos para 1,300 agentes adicionales de la Patrulla Fronteriza y para más de 100 máquinas de inspección para detectar fentanilo.
Para los republicanos, sin embargo, sólo es el principio. Su meta aparente es construir la imagen de un Biden débil e incapaz a través de subrayar los problemas en la frontera, que ellos atribuyen a los cárteles mexicanos de la droga y su impacto en EU por las muertes provocadas por el fentanilo ilegal y su presunta influencia en el tráfico de personas.
De acuerdo con algunas versiones, es probable que el presidente Biden acepte algunos cambios a las actuales políticas de asilo, para ponerlas más a tono con las por su parte más restrictivas propuestas de los republicanos.
Sin embargo, las políticas de los republicanos se centran más en el número de agentes o la cantidad de arrestos que en los casos que se atienden y el considerable retraso en el procesamiento de peticionarios de asilo.
Más allá, la realidad es que la seguridad fronteriza y migración serán temas de importancia, si no los principales, en las primarias republicanas, el primer semestre de 2024, y una de sus banderas en la campaña presidencial estadounidense del próximo año. (José Carreño Figueras, El Heraldo de México, Orbe, p. 31)