Los huracanes Eta e Iota, que azotaron varios países de Centroamérica y partes del territorio mexicano en semanas recientes, dejaron a su paso un grave saldo de destrucción, especialmente en las zonas más deprimidas y marginadas de Guatemala, Honduras y Nicaragua. Se calcula que en las naciones mencionadas los fenómenos climáticos provocaron el desplazamiento de alrededor de 500 mil personas, las cuales perdieron sus viviendas, sus sembradíos e incluso sus tierras.
A esos damnificados se suman los que en el curso de este año han perdido sus medios de subsistencia, debido a la brutal contracción económica local que generaron la medidas de mitigación de los contagios de Covid-19 y por la caída de la economía mundial en su conjunto. En esas circunstancias desesperadas, miles de personas se aprestan a unirse a grupos de migrantes que pretenderán alcanzar el territorio estadunidense en busca de trabajo.
En Honduras, uno de esos grupos se prepara para partir hacia el norte con el significativo nombre de Caravana del damnificado; en Tenosique, Tabasco, localidad próxima a la frontera sur de México están llegando cada día unas 20 personas procedentes de Honduras y Guatemala, informó Gabriel Romero, director de un albergue para migrantes.
Resulta inevitable, pues, considerar que en las próximas semanas el flujo migratorio que llega a nuestro territorio procedente de Centroamérica tenderá a incrementarse, lo que hace prudente y necesario plantearse los escenarios a los que deberán hacer frente el gobierno y la sociedad de México.
La sociedad, por su parte, deberá redoblar su espíritu fraterno para ayudar, en lo que esté a su alcance, a personas que lo han perdido todo, salvo la voluntad de salir adelante.
Por otra parte, no debe perderse de vista que el previsible incremento de la migración en tránsito ocurrirá en momentos en que la situación política estadunidense es particularmente compleja, a consecuencia de la accidentada y áspera transición entre la administración saliente del republicano Donald Trump y la llegada a la Casa Blanca del demócrata Joe Biden.
Una de las diferencias más marcadas en la enconada disputa sostenida por ambas figuras políticas ha sido su manera de abordar el asunto migratorio: mientras el primero mantuvo a lo largo de la campaña presidencial su brutal tono despectivo y calumnioso hacia los extranjeros que llegan a Estados Unidos en busca de trabajo, el segundo fue pródigo en promesas de una política menos represiva y persecutoria hacia los migrantes. (Editorial, La Jornada, p. 2)
Hace unos días mi compañero del trabajo reveló en las redes sociales que en los sistemas informáticos del Gobierno de México misteriosamente habían modificado su estatus migratorio y, a pesar de ser extranjero, aparece ya como mexicano.
El hecho le significó un problema mayúsculo porque estaba tramitando en la Secretaría de Relaciones Exteriores la renovación del pasaporte de sus hijos que son mexicanos.
Obtener una ciudadanía por naturalización es uno de los aspectos culminantes de las políticas de construcción de la identidad nacional.
El caso más interesante es el de Estados Unidos, ya que se trata probablemente de la ciudadanía más codiciada del mundo. Ahí se puede obtener la ciudadanía por nacimiento en el territorio, pero mucho más difícil lograrla siendo residente.
Si bien no sabemos cuál es el tamaño del error informático que convirtió a mi compañero repentinamente en mexicano parece que hay numerosos extranjeros afectados sí sabemos que México tiene un proceso nada sencillo para obtener la ciudadanía.
En esta situación, podríamos intuir que cualquiera se alegraría por “acelerar” su proceso de naturalización, aunque sea por error. Una situación similar sería imposible en México porque los mexicanos naturalizados no pueden ocupar altos cargos en el gobierno ni ser diputados ni senadores, ni desempeñar profesiones relacionadas con temas de seguridad. Tampoco pueden tener doble nacionalidad.
Por eso, si a un extranjero le hacen mexicano por error, aunque ame a este país, se lo pensará dos veces antes de aceptar este cambio en su estatus migratorio. (Beata Wojna, El Heraldo de México, Editorial, p. 14)
La nominación de Xavier Becerra como secretario de Salud en el gobierno del presidente electo Joseph R. Biden Jr. Fue un final que algunos consideran como sorpresivo para un reclamo cada vez más público de legisladores hispanos sobre lo que consideran la falta de latinos en el próximo gabinete.
Pero más allá, parece también un problema de equilibrios y balances dentro de una comunidad que constituye como grupo la minoría más grande de EU, pero que al mismo tiempo es extremadamente diversa, como se reflejó en la votación de las elecciones del 3 de noviembre pasado.
Un 32 por ciento de los votantes latinos se pronunció en favor de Donald Trump, lo que tuvo un impacto significativo sobre todo en dos estados: el de Florida, donde las comunidades de origen cubano, centroamericano y venezolano, se pronunciaron por el republicano; y en Texas, donde muchos texianos (grupo latino que se considera distinto a los mexicanos) votaron por la reelección de Trump.
En Arizona, la movilización de los méxico-estadounidenses, sobre todo en el condado (municipio) de Maricopa, favoreció la victoria de Biden y la elección de un senador demócrata en un estado tradicionalmente republicano.
A nivel nacional, de los alrededor de 50 millones de hispanos estadounidenses, incluso unos 32 millones de posibles votantes, 59 por ciento son mexicanos o mexicano-estadounidenses, 14 por ciento son puertorriqueños, 5 por ciento de origen cubano y 22 por ciento de otros orígenes hispanos, de acuerdo con cifras del Centro Pew. (José Carreño Figueras, El Heraldo de México, Orbe, p. 27)
Hace días, el senador Ricardo Monreal Ávila, presentó una iniciativa para reformar la Ley del Banco de México (Banxico), la cual busca evitar la existencia de un mercado “negro” de divisas y de paso fortalecer la economía de las familias que reciben remesas en efectivo.
La iniciativa atiende y da respuesta a tres aristas: 1) las restricciones que ha impuesto la Oficina del Controlador de Divisas del gobierno estadounidense, por las cuales los bancos mexicanos carecen de corresponsales bancarios en aquel país para repatriar los dólares que se reciben en nuestro territorio; 2) los bancos mexicanos se ven en la necesidad de no aceptar divisas extranjeras; y 3) los dólares de los migrantes y trabajadores mexicanos pierden valor en México, y los afectados recurren al mercado “negro” para vender sus ingresos extranjeros a menor precio.
La iniciativa reconoce la situación que padecen millones de mexicanos, porque si bien el instituto central, de Alejandro Díaz de León, tiene la capacidad diplomática, operativa y financiera, así como la obligación y facultad legal, para adquirir y repatriar el excedente de dólares en efectivo, ha mostrado una gran posición al reconocer la existencia de un mercado “negro” de divisas que algunos calculan en más de seis mil millones de dólares al año. (Rogelio Varela, El Heraldo de México, Merk-2, p. 31)
Recientemente, realicé una visita de trabajo a Washington D. C., en la que celebré distintas reuniones in situ con interlocutores de las principales áreas de la relación bilateral. Por ejemplo, me reuní con representantes de consejos empresariales de ambos países (el CCE en Washington y la Cámara de Comercio de EU), así como con los principales asesores de las comisiones de Relaciones Exteriores, tanto del Senado como de la Cámara de Representantes.
La agenda de trabajo también incluyó reuniones con directivos de importantes centros de pensamiento y organizaciones no gubernamentales, como el Migration Policy Institute: un referente en materia migratoria y de cooperación para el desarrollo. Además de eso, tuve la oportunidad de conversar con nuestra embajadora en EU, Martha Bárcena, y su equipo, a quienes agradezco su labor profesional en representación de México.
La visita de trabajo da cuenta de una intensa agenda en las relaciones con Canadá y Estados Unidos. Las prioridades son claras: la defensa de las comunidades de México en América del Norte y la promoción de sus muy valiosas aportaciones; el fortalecimiento de la cooperación norteamericana, vital para la recuperación económica de la región y el control de la pandemia de covid-19, principalmente, mediante los procesos de vacunación que los tres países estamos cerca de emprender y, sobre todo, seguir adelante con una cooperación bilateral y trilateral basada en nuestros principios constitucionales en materia de política exterior.
Estoy convencido de que nuestra diplomacia —apegada siempre a los principios de no intervención, de solución pacífica de controversias, de promoción, protección y respeto de los derechos humanos y la lucha por la paz y seguridad internacionales— nos permitirá una mejor colaboración bilateral, regional y multilateral en beneficio de los intereses de México. (Roberto Velasco Álvarez, Excélsior, Nacional, p. 19)
Entre enero y mediados de noviembre, 700 migrantes llegaron a las islas Canarias, diez veces más que el número de arribos registrados en 2019.
La llamada ruta atlántica, la más peligrosa y difícil de las que llevan de África a Europa, tras años de no operar, se ha reactivado y de acuerdo con estimaciones de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados y de la Organización Internacional para las Migraciones, verá un incremento considerable en el número de personas que arriesgan la vida atravesando sus temerosas aguas durante el futuro a corto, e incluso mediano, plazo.
Desde México el escenario canario se desdeña distante, pero no podemos permitirnos ceguera ni sordera ante esta nueva crisis migratoria que aqueja a la provincia española. De acuerdo con la Cruz Roja local y las organizaciones que trabajan en la acogida de estos miles de inmigrantes, un porcentaje considerable, más de la mitad, no tenían contemplado migrar y llevaban vidas considerablemente tranquilas como pescadores o brindando servicios turísticos, sin embargo, la epidemia de Covid-19 destruyó su sustento y les orilló a migrar. Un efecto similar se ha registrado en la isla italiana de Lampedusa con olas de tunecinos escapando de las penurias pandémicas. Aquí, mucho más cerca, en la frontera norte, la agencia de aduanas y protección fronteriza estadounidense (CBP, por sus siglas en inglés) ha registrado aumentos proporcionales desde agosto en el número de cruces “ilegales” de inmigrantes hacia Estados Unidos, muchos de ellos mexicanos.
Algo que no se veía desde hace algún tiempo y que quizá pueda aumentar con el avance imparable de una epidemia que arroja no solo más de cien mil muertos y un millón de contagiados en nuestro país, sino múltiples hogares rotos, miles de negocios quebrados y millones de nuevos pobres. (Diego Gómez Pickering, Reforma, Opinión, p. 10)