El matrimonio conformado por Rasul y Sunam llegó el 31 de agosto pasado a México, junto con sus cuatro hijos, provenientes del país más pobre de Asia Cenrtral (Tayikistán). Buscaban una vida mejor. Al pasar al puesto migratorio, los agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) les quitaron sus pasaportes sin explicación alguna y se los llevaron a encerrar a la estación migratoria de Iztapalapa. Estuvieron detenidos 72 horas sin recibir alimentación, los acusaron de terroristas y después les sirvieron carne de puerco, un alimento prohibido en la dieta de los musulmanes. Ni Rasul, ni Sunam, ni sus cuatro hijos probaron la comida porque en la religión islámica primero te mueres de hambre antes que probar bocado del peor animal, según el Corán.“Este caso nos parece dolorosísimo porque al ser musulmanes lo que hacía la autoridad migratoria era quererlos obligar a comer carne de puerco, la pasaron muy mal y estuvieron privados más de tres meses hacinados con otros migrantes. Fue hasta el 23 de diciembre que la abogada Mónica Vázquez pudo ponerlos en libertad”, nos cuenta Netzaí Sandoval Ballesteros, titular del Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP).
El abogado siguió el caso porque era apenas la muestra del universo de las graves violaciones a los derechos humanos en el INM, que al mismo tiempo impedía la falta de asesoría legal para resolver su situación. La abogada Vázquez pudo poner libre y comprobar violencia física y verbal a todos los integrantes de la familia entre su encierro en la estación de Iztapalapa y su traslado a otra estación situada en Puebla, donde también la pasaron hacinados. El caso no está cerrado porque Rasul, Sunam y sus cuatro hijos padecen secuelas psicológicas porque pasaron casi cuatro meses sin cambiarse de ropa y los niños fueron expuestos a situaciones inapropiadas de su edad
Esta semana el instituto de Netzaí Sandoval acaba de sentar un precedente legal porque a pesar de que el INM, a cargo de Francisco Garduño Yáñez, se oponía a abrirle las puertas a la defensoría pública para asesorar a los migrantes, el juez octavo de la Ciudad de México pudo ingresar a hacer una inspección. Se documentaron más de 50 casos de violaciones a los derechos humanos de las personas detenidas en la estación de Iztapalapa. (Alejandro Sánchez, El Heraldo de México, País, p. 8)
Noel Morán Rojas vuela a México frecuentemente desde Maryland, donde ahora reside. En mayo de 2018 compró un boleto para viajar a su país natal con Delta, y poco después se dio cuenta de que le cobraron el “Mexico Tourism Tax”, es decir, un cargo extra de 29.05 dólares que no le pudieron explicar. Miguel Hilario Jiménez, quien vive en Houston, viajó a la Ciudad de México en octubre de 2018 y pagó 28 dólares también por el impuesto al turista. Aeroméxico le cobró sin preguntar y no reportó este movimiento al Instituto Nacional de Migración (INM), al igual que Delta. Olivia Isabel González, mexicana que reside en Austin, Mayra Luisa Castillo Castañeda, quien vive en Chicago, Luz María Armendáriz, también de Austin, comenzaron a darse cuenta de que cada que viajaban a su país les cobraban un extra de entre 20 y 30 dólares. Muchos mexicanos han pagado este impuesto al viajar de Estados Unidos a México, pero en realidad no se han dado cuenta o creen que es algo inevitable. Pero no es así. (Hiroshi Takahashi, El Sol de México, Nacional, p. 6)
El 8 de marzo de 1857, trabajadoras textiles salieron a las calles de Nueva York a protestar contra las condiciones laborales precarias y para proclamar el fin del trabajo infantil. Fue este evento histórico el que se utilizó de referencia para fijar el Día Internacional de la Mujer. Este suceso cobró especial relevancia cuando, el 25 de marzo de 1911, se incendió una fábrica de camisas en la misma ciudad donde laboraban 123 mujeres y sólo 23 hombres; jóvenes e infantes inmigrantes de entre 14 y 23 años.
De ahí parto para decir que la lucha por los derechos de las mujeres es la lucha social misma, como lo afirmó el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Esta comparación no la hago para invisibilizar la causa ni mucho menos; esta reflexión es para señalar que el gobierno de la Cuarta Transformación tiene más similitudes con estos movimientos que, día con día, dan un paso adelante en favor de las mujeres. (Ricardo Peralta Saucedo, Excélsior, Nacional, p. 5)
Hace 25 años las autoridades de Ciudad Juárez justificaban su indiferencia hacia los feminicidios con el alegato de que las mujeres asesinadas “no son de aquí”. Eran, mayormente, inmigrantes trabajadoras de maquiladoras, víctimas de sexismo, racismo, clasismo. Las reacciones del año pasado en torno a la notoriedad de Yalitza Moreno indican que estamos lejos de haberlo superado.
Pero las víctimas eran y son seres humanos, con familias y derechos por el simple hecho de haber nacido en este país. Muchas de ellas pagaban impuestos, o sus familiares lo hacen, y por esa razón tenían, y tienen, el derecho de demandar seguridad. O sea, son un sector ciudadano desprotegido. Su seguridad corre pareja con la de todos y aún más allá, porque su vulnerabilidad ocurre dentro y fuera de sus propias casas. Y esa exigencia, por sí sola y sin ir más allá, justifica en México –y lo haría en cualquier lugar del mundo– las movilizaciones femeninas, que no son contra un gobierno en específico, sino contra una actitud, contra una tradición socio-cultural que se ha prolongado. (José Carreño Figueras, El Heraldo de México, Orbe, p. 24)
Ante el mal manejo del coronavirus que ha hecho Trump, quien primero declaró que todo estaba bajo control, se elogió por su entendimiento de epidemias y proclamó que fue por su audaz decisión de cerrar fronteras que limitó el impacto, y mientras su régimen acusaba a expertos y medios que se atreven a contradecir al mandatario de usar el temor a la epidemia como arma política para hundir al comandante en jefe, cada vez más expertos, políticos y analistas están señalando que uno de los mayores peligros de esta crisis médica es el presidente. El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, entre otros, solicitó públicamente a sus ciudadanos no escuchar a la Casa Blanca y sus socios en torno a este crisis.
Por lo tanto, tal vez sea necesario contemplar un cierre de la frontera con Estados Unidos hasta que sus autoridades demuestren la capacidad para manejar esta crisis de salud pública. (David Brooks, La Jornada, Mundo, p. 26)