El destino de México ha estado ligado al de Estados Unidos desde el inicio como nación independiente. Como vecinos de una de las economías más fuertes del mundo, es natural que exista una enorme influencia en nuestra cultura, en la producción, en el consumo y también en los movimientos migratorios. Cruzar la frontera norte ha sido la alternativa de millones de mexicanas y mexicanos en su búsqueda por mejorar su vida.
Se estima que 38.5 millones de personas residentes en Estados Unidos son de origen mexicano, es decir, casi una tercera parte de las que habitan dentro de nuestro territorio nacional. En Zacatecas, 98% de las personas que realizan migraciones internacionales lo hacen hacia ese país, y encabezamos la lista de entidades por porcentaje poblacional que muda hacia allá su residencia. Hay tantas zacatecanas y zacatecanos viviendo en la Unión Americana como en el estado, por lo que su relevancia no puede obviarse, sino que debe trascender hasta el diseño de las políticas públicas que estrechen vínculos con los migrantes.
Durante la pandemia mundial, las remesas han sido uno de los factores más importantes para soportar la economía familiar. Pese a las dificultades que se viven también en Estados Unidos, en la entidad aumentaron 6.5% en 2020, respecto del año anterior. Mientras la entidad aporta 0.9 por ciento al PIB nacional, contribuye con 3.1 por ciento de las remesas totales. Para dimensionarlo mejor, consideremos que el PIB estatal ronda los 156 mil 725 millones de pesos, y las remesas, los mil 129 millones de dólares, poco más de una sexta parte.
Atender las necesidades migratorias y potenciar el efecto positivo de sus aportaciones debe ser una prioridad para el gobierno del estado. Generar mayores oportunidades educativas y laborales en los municipios de mayor flujo migratorio, así como acabar con la violencia del crimen organizado focalizada en ciertas áreas de la entidad, permitiría acabar con las causas negativas de la migración, y mudarse a EU dejaría de ser una ruta de escape para ser una opción de desarrollo.
Regular la estancia de nuestros paisanos en el vecino país norte, mediante acuerdos con la Federación y con el gobierno norteamericano, puede ser una forma de retribuir su labor; además de redoblar esfuerzos para la incorporación de las y los migrantes repatriados o deportados.
Promover el ejercicio de sus derechos políticos y civiles es otra gran área de oportunidad, por ejemplo, agilizando el proceso para votar desde el extranjero. Siendo Zacatecas el estado pionero en el reconocimiento de la residencia binacional, teniendo el antecedente de su participación durante el histórico 1998, y son precursores de la figura de diputación migrante, debemos continuar la expansión de los derechos a votar, ser votados y participar activamente en la toma de decisiones en el lugar de origen de nuestras paisanas y paisanos en el exterior. El ejercicio de la democracia a ambos lados de la frontera nos beneficiará a todos. (David Monreal, El Heraldo de México, La Dos, p. 2)
A pesar de las voces que anunciaban una confrontación entre México y Estados Unidos, la relación bilateral avanza al más alto nivel y en una muy amplia gama de temas.
La Declaración Conjunta que publicaron los gobiernos de México y Estados Unidos demuestra claramente que no existe un ánimo de confrontación, sino de respeto mutuo y cooperación en una muy diversa agenda, desde la recuperación económica hasta el combate al cambio climático, pasando por la cooperación internacional para el desarrollo regional.
En la Declaración Conjunta destacan los acuerdos en materia migratoria, para atender las causas de raíz de la migración y también para explorar nuevas vías de migración documentada que abone al mercado laboral estadunidense, de una manera ordenada y regular. En el documento, la cooperación en materia económica es también central. Anunciamos entonces el relanzamiento del Diálogo Económico de Alto Nivel México-Estados Unidos y el robustecimiento del T-MEC como la columna vertebral hacia una recuperación económica regional más igualitaria y con más amplias protecciones para las personas trabajadoras.
En materia de salud y de cambio climático, la agenda bilateral también avanza de forma importante. En el primer frente, gracias al esfuerzo del Instituto de los Mexicanos en el Exterior y la red consular, hemos logrado ampliar el acceso a la vacuna contra covid-19 a través de nuestras Ventanillas de Salud.
Nuestros consulados en Los Ángeles, Houston, Sacramento, Orlando, Atlanta y Las Vegas, por mencionar algunos ejemplos, ofrecen ya vacunas contra covid-19 para personas mexicanas —y en algunos casos también para personas migrantes de otras nacionalidades, sin importar su condición migratoria—. Ciertamente, seguiremos avanzando para que nuestras comunidades puedan inmunizarse de manera segura contra el covid-19, a través de toda nuestra red consular.
Además del papel clave de las Ventanillas de Salud, actualmente redoblamos nuestros esfuerzos para mejorar el funcionamiento de la red consular, en beneficio de las personas mexicanas en el exterior.
En este sentido, vale la pena resaltar que el Congreso de Arizona aprobó, con respaldo bipartidista, la Ley SB1420 para aceptar la validez de identificaciones consulares en el estado. Los esfuerzos de nuestros cinco consulados en Arizona, y de manera destacada el trabajo del cónsul de México en Phoenix, Jorge Mendoza Yescas, fueron elementos a considerarse para que la Ley SB1420 haya sido firmada por el gobernador Doug Ducey. De este modo, el estado de Arizona certifica la seguridad y la confiabilidad de la Matrícula Consular de Alta Seguridad que emite la red consular de México, en beneficio de nuestros connacionales.
Con respecto a la agenda contra el cambio climático, el canciller Ebrard y el enviado especial presidencial para el cambio climático, John Kerry, llevaron a cabo una productiva reunión el viernes pasado. Durante la conversación virtual, en la cual acompañé al secretario Ebrard junto con la subsecretaria de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, Martha Delgado, México celebró la reincorporación de Estados Unidos al Acuerdo de París y se comprometió a participar en la próxima Cumbre de Líderes contra el Cambio Climático, a realizarse el Día de la Tierra, el próximo 22 de abril, en Estados Unidos.
Destaco sólo algunos ejemplos claros de cooperación en la agenda bilateral que ya está en marcha. En buena medida, estos primeros logros tienen lugar gracias a los funcionarios y funcionarias de nuestra red consular, particularmente al importante trabajo del Servicio Exterior Mexicano, así como a las aportaciones de los prestadores de servicios profesionales independientes. Con su respaldo, seguiremos avanzando en todos los aspectos de la compleja agenda bilateral entre México y Estados Unidos. (Roberto Velasco Álvarez, Excélsior, Nacional, p. 11)
Nuestro país cuenta con una larga e importante tradición migratoria. Ya no podemos soslayar que este fenómeno ha estado presente en nuestra historia, consecuencia tanto de la problemática socioeconómica como por lazos culturales y familiares. Actualmente México es lugar de origen, paso y destino de flujos migratorios.
Por ello, es justo que no sea tratado como un asunto que se circunscribe a las remesas ni como un tema menor, porque su trascendencia en la vida del país y la magnitud de su aportación es inobjetable. Es precisamente esa magnitud la que impone la necesidad de que se atienda y reconozca al otro México que vive fuera de nuestras fronteras y otorguemos el verdadero valor a quienes han demostrado su entrega y capacidad en el exterior.
El pasado 3 de marzo, presenté iniciativa de ley que busca resarcir la situación de desigualdad en la que actualmente se encuentran los mexicanos que viven en el extranjero, a fin de corregir esa condición y puedan ejercer plenamente sus derechos y libertades, donde quiera que se localicen, a fin de elegir a diputados migrantes. Es tiempo que nuestros migrantes aspiren a ser representantes directos de su comunidad. Esto requiere de voluntad política para revertir el escenario de desigualdad histórica que enfrentan los migrantes.
En la representación política deben tener cabida todos los mexicanos, incluidos aquellos que por falta de oportunidades o huyendo de la violencia e inseguridad, han salido del país en la búsqueda de mejores condiciones de vida, pero que mantienen el derecho a formar parte de las decisiones del poder público.
Lo reiteramos: México tiene una deuda histórica con sus migrantes. Ha sido la comunidad mexicana migrante la que incansablemente ha levantado la voz para exigir el derecho a votar y ser votados a cargos de elección popular. Fueron ellos los que impulsaron el voto a distancia y el programa de credencialización. Han sido ellos los que no han tenido descanso en su anhelo para tener representación en esta Cámara de Diputados.
Su permanente rebelión en favor de sus derechos, les ha permitido que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenara al Instituto Nacional Electoral (INE), la creación de la figura de la diputación federal migrante para que, en las elecciones de este año, todos los partidos políticos postulen en sus listas de representación proporcional a mexicanos que viven en el extranjero, respetando el principio de paridad.
La condición de desventaja de la comunidad mexicana migrante que reside en el extranjero, nos debe llevar a una profunda reflexión: Ellos dejaron a sus familias y a sus comunidades para mejorar sus condiciones de vida; son mujeres y hombres que cada año sostienen la economía nacional con sus remesas que, tan solo en 2020, alcanzaron los 40 mil millones de dólares; son trabajadores y emprendedores que cosechan alimentos, construyen rascacielos, dan trabajo con sus negocios, administran empresas, y realizan toda clase de oficios, con los que contribuyen a la riqueza de México y de Estados Unidos, principalmente.
Forman parte del “otro México” que vive fuera de nuestras fronteras, con cerca de 12 millones de mexicanos, esto es, casi un 10 por ciento de su población total, a los que se suman los mexicanos de segunda y tercera generación, para alcanzar los 39 millones de personas de origen mexicano.
¿Cómo apoyar a quiénes a pesar de haber salido del país, conservan a México y a sus seres queridos en su corazón y lo demuestran ayudando con remesas, obras en sus comunidades, historias de éxito y trabajo diario? Es tiempo de ir más allá de lo que la resolución del Tribunal Electoral ordena. Entremos a la discusión del reconocimiento de la Diputación Migrante y legislemos además para que puedan elegir sin limitaciones ni distingos a legisladores y gobernantes.
La comunidad mexicana migrante tiene el peso moral y económico suficiente para ser tratada como lo que son: mexicanos excepcionales, ya no de segunda clase, sino como ciudadanos con los mismos derechos. Ellos, diariamente demuestran que sus raíces con el país son permanentes. (Pilar Lozano Mac Donald, El Universal, Opinión, On line)
La pandemia ha tenido un efecto devastador para América Latina. Brasil y México se encuentran entre los tres países con mayor número de muertes per cápita por Covid-19 en el mundo, luego de Estados Unidos, mientras que la actividad económica en la región se ha reducido un 8% en 2020, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). El número de personas que viven en la pobreza aumentó en más de 45 millones, —semejante a la población de Argentina— hasta llegar a los 231, y ya alcanza a 4 de cada 10 latinoamericanos. La pobreza extrema a su vez aumentó en casi 15 millones de personas y afecta particularmente a las mujeres migrantes, mujeres afrodescendientes e indígenas, mujeres de comunidades rurales, madres solteras y mujeres con discapacidad.
La gestión de las crisis económica y sanitaria es solo una parte del problema. La otra parte es que estas empeoran la igualdad de género al tiempo que frenan la autonomía de las mujeres, como ha quedado demostrado en crisis anteriores como la del Ébola, el Zika o la gripe aviar. La actual pandemia ha puesto en foco inequidades de género que no pueden ser ignoradas.
El Covid-19 y las injusticias de género
Las emergencias sanitarias refuerzan los roles sociales de género y exacerban prejuicios y prácticas patriarcales en torno al papel de la mujer en la familia y en la sociedad. Y en América Latina esto es particularmente problemático. A lo largo de la pandemia se ha reportado en la región un aumento de la violencia doméstica y de género, y una disminución en el acceso a los servicios básicos de salud reproductiva, materna e infantil, y a los servicios humanitarios y de apoyo durante las cuarentenas. El Fondo de Población de las Naciones Unidas advirtió que la pandemia podría dejar a 47 millones de mujeres, —en países de ingresos bajos y medianos— sin acceso a anticonceptivos. Esto que provocaría unos siete millones de embarazos no deseados adicionales, lo que equivaldría a la población entera de El Salvador. Este problema ya era una realidad previo a la pandemia. La tasa promedio anual de embarazos no deseados en la región entre 2015 y 2019 fue de 69 embarazos por cada 1000 mujeres, de los cuales, poco menos de la mitad resultó en abortos clandestinos e inseguros. Se han registrado avances puntuales como la legalización del aborto en Argentina, pero en la región lo que prima es el fracaso generalizado para abordar problemas de violencia sexual, autonomía de decisión e igualdad de género.
El Covid-19 también ha afectado gravemente la participación de las mujeres en las actividades económicas. Estas representan casi el 40% de empleos en comercio, restaurantes y hoteles, todos sectores muy afectados por la crisis y con altos grados de informalidad. Según cifras de la Organización Internacional del Trabajo, 126 millones, casi la mitad de las mujeres de la región, son asalariadas informales o autónomas sin título universitario.
En Bolivia, Guatemala y Perú, ocho de cada diez mujeres tienen trabajos informales lo cual las expone a perderlo o a caer enfermas, ya que a pesar de las cuarentenas muchas continúan trabajando por necesidad. Además, se les niega la posibilidad de asociarse y demandar derechos laborales, lo cual las expone a abusos por parte de sus empleadores y con acceso limitado a la seguridad social.
Por último, la crisis del Covid-19 también ha agravado la crisis migratoria. Entre 2016 y 2020, alrededor de 5,4 millones de venezolanos abandonaron el país. Al mismo tiempo, miles han huido de Guatemala, Honduras y El Salvador a México y Estados Unidos. Para las mujeres y niñas, que representan alrededor de la mitad de los migrantes y refugiados, y cuyas necesidades a menudo son invisibles incluso en tiempos “normales”, los riesgos de seguridad, salud y pobreza se han agudizado.
Las instituciones internacionales
Si bien varios países latinoamericanos han firmado y ratificado la Convención de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, la región está lejos de lograr el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 5 que garantiza la igualdad de género y el empoderamiento de mujeres y niñas. Con la crisis muchos gobiernos introdujeron paquetes de emergencia, subsidios salariales, seguro de desempleo, y prohibición de despidos. Nuevas políticas sociales se enfocaron en las poblaciones desprotegidas, pero la mayoría de los trabajadores informales aún carecen de protección. Mas aún, estas medidas han sido respuestas de emergencia a corto plazo y están lejos de proporcionar un enfoque de género transformador. La CEPAL ha pedido un ‘nuevo pacto social’, mientras que el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) alientan a los gobiernos a impulsar el gasto en salud y a fortalecer las redes de seguridad social. Sin embargo, Oxfam advirtió que los organismos también alientan a los países a retomar el camino de la consolidación fiscal, lo que podría conducir a una nueva era de austeridad.
Además, los programas de financiamiento no necesariamente benefician a las mujeres o a grupos particulares de mujeres. Según ONU Mujeres, América Latina ha adoptado alrededor de 340 medidas de protección social en respuesta a la pandemia, pero sólo una fracción de éstas tienen como objetivo la seguridad económica de las mujeres, y sólo el 7% se centra directamente en los cuidados no remunerados.
A pesar del sombrío panorama, la crisis provocada por la pandemia es una oportunidad para ‘reconstruir mejor’. Los gobiernos deberían garantizar la seguridad económica, los medios de vida y salud de las mujeres, así como su derecho y capacidad para acceder a oportunidades de trabajo decente y vivir una vida digna. Esto requiere compromiso político y una financiación internacional solidaria e indefectible. (Pia Riggirozzi, El Universal, Opinión, On line)
El suspendido auditor especial de Desempeño, Agustín Caso Raphael –señalado como el responsable de calcular erróneamente el costo total de la cancelación del Aeropuerto de Texcoco– comparecerá este martes en la Cámara de Diputados, una reunión que será decisiva para la permanencia de David Colmenares Páramo al frente de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), pero también para diversos personajes de la 4T que han sacado beneficio del peculiar estilo de trabajo del auditor oaxaqueño.
El presidente Andrés Manuel López Obrador no quita el dedo del renglón: quiere fuera a Colmenares Páramo del órgano contralor. No obstante, al interior de Morena algunas corrientes empiezan a suavizar el discurso, en especial las cercanas al excoordinador de su bancada en la Cámara de Diputados y ahora dirigente nacional del partido, Mario Delgado.
Se dice en los pasillos de San Lázaro que la razón de un repentino apoyo hacia el auditor superior de la Federación obedece a ciertos favores que Delgado ha recibido del funcionario que hoy se encuentra en el banquillo, específicamente para solventar, o por lo menos minimizar, irregularidades detectadas en el manejo de recursos del propio Congreso de la Unión.
El líder nacional de Morena ha sido uno de los más interesados en que sean solventadas las irregularidades relacionadas con un esquema de contratación de personal bajo la modalidad de ‘freelance’, un problema que arrastra la Cámara de Diputados desde 2015, con observaciones acumuladas por posibles desvíos de más de 160 millones de pesos.
Los hechos no pertenecen al periodo de Delgado como diputado federal y presidente de la Junta de Coordinación Política, pero afectan de manera directa a su grupo político, pues la responsabilidad de los mismos recae sobre la Dirección de Comunicación Social de la Cámara Baja, encabezada en ese entonces por Oscar Argüelles Dorantes, uno de sus cercanos colaboradores.
Argüelles Dorantes despacha ahora en la Cancillería, encargado de los temas migratorios en el estado de Chiapas, específicamente con lo relacionado a asuntos de las caravanas migrantes, y responsable del manejo mediático durante el refugio que México ofreció al expresidente de Bolivia, Evo Morales.
Argüelles Dorantes operó la comunicación de la Cámara de Diputados desde el año 2012, durante la totalidad del sexenio de Enrique Peña Nieto, como resultado de un pacto entre los entonces legisladores del PRI, PAN y PRD que decidieron mantener en esa posición durante dos legislaturas al personaje también identificado con Manuel Camacho Solís.
En esos dos trienios se detectó que la dirección de Comunicación Social de San Lázaro estuvo vinculada con la contratación de más de 200 trabajadores bajo la modalidad de freelance, pero nunca se reportó a los órganos contralores alguna evidencia de las actividades que estas personas realizaron.
Adicionalmente, se descubrió que cuando la Cámara de Diputados les realizaba pagos por sus servicios y colaboraciones, estos mismos trabajadores efectuaban transferencias y depósitos a la cuenta bancaria de la empresa denominada Solution Bro Wor, S.A. de C.V., la misma relacionada con servicios de outsourcing.
Se tiene registro de que estos esquemas de triangulación de recursos se mantuvieron durante las primeras semanas de la 63 Legislatura, ya con una aplastante mayoría de Morena en la Cámara Baja, pero desaparecieron cuando el presidente de la Mesa Directiva, Porfirio Muñoz Ledo, decidió no mantener a Argüelles en el cargo. (Mario Maldonado, El Universal, Cartera, p. 22)