Ante el dramático aumento de personas migrantes que llegan a la frontera entre México y Estados Unidos, el gobierno mexicano se ha vuelto a posicionar como el muro virtual del país vecino, cerrando la frontera sur a viajes terrestres no esenciales y desplegando un llamativo contingente de agentes del Instituto Nacional de Migración (INM), la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) en la frontera sur. Aunque el INM ha dicho que los operativos son para proteger a la niñez migrante y los derechos humanos de las personas migrantes, llama la atención la ausencia de personal de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), la agencia encargada de garantizar el derecho humano de todas las personas a buscar protección en México, si así lo desean.
El endurecimiento de la frontera sur de México ante presiones del gobierno estadounidense se ha vuelto común en los últimos años, pero el gobierno de López Obrador ha militarizado las tareas de control migratorio de manera considerable. En el informe de seguridad presentado el 22 de marzo, el gobierno reportó el despliegue de 8.715 elementos de la Guardia Nacional, SEDENA y Secretaría de Marina (SEMAR) para el Plan de Migración y Desarrollo en la Frontera Norte y Sur. El Programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana presentó recientemente un análisis de datos obtenidos por solicitudes de acceso a la información, revelando que entre junio de 2019 y diciembre de 2020 las fuerzas armadas y la Guardia Nacional detuvieron a 152 mil personas migrantes en la frontera sur del país. En este mismo periodo, la Unidad de Política Migratoria reportó que 193.640 personas migrantes fueron presentadas ante la autoridad migratoria, lo cual sugiere que más del 78 por ciento de las detenciones de personas migrantes en México durante este periodo fueron realizadas por militares o por elementos de la militarizada Guardia Nacional. La militarización del control migratorio también se ha extendido al INM, pues actualmente 18 estados tienen mandos militares o con formación militar como delegados del Instituto.
El homicidio de una persona guatemalteca a manos de un soldado de SEDENA el 29 de marzo cuando el vehículo en que viajaba intentó reversar al ver un retén en la frontera sur, es el ejemplo más reciente de los riesgos que implica desplegar fuerzas de seguridad con formación primordialmente militar para interactuar con grupos vulnerables, como lo son las personas migrantes. Frente a la caravana de migrantes en enero de 2020, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos resaltó “episodios preocupantes de uso de la fuerza por la Guardia Nacional” y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) indicó que el INM y la Guardia Nacional omitieron salvaguardar el interés superior de la niñez migrante. En 2020, la CNDH registró 36 quejas de acciones y omisiones por la transgresión de los derechos de migrantes y sus familias por parte de la Guardia Nacional y otras 15 por parte de SEDENA.
La experiencia de los últimos años demuestra que no se puede atender la migración forzada en la región con una estrategia basada en la contención y el despliegue de las fuerzas militares. El gobierno mexicano debe reorientar su política migratoria a una centrada en el acceso a la protección y avanzar en la cooperación regional para atender las causas estructurales de la migración centroamericana, un paso esencial para que la migración sea una opción y no una estrategia de sobrevivencia para muchas personas. (Maureen Meyer, El Sol de México, Opinión, p.14)
En marzo de 2021, sesenta y dos mil trescientos veintiún mexicanos se encontraron con la patrulla fronteriza de Estados Unidos intentando llegar a aquel país sin documentos.
Para ponerlo en perspectiva, el número promedio en los tres últimos marzos era de veintidós mil. El de marzo es el mayor número en una década.
Más números: entre octubre del año pasado y marzo de este van doscientos setenta y siete mil setecientos cincuenta y nueve. Muy cerca del mismo número de personas detenidas por la patrulla fronteriza entre octubre del 2019 y septiembre del 2020, 12 meses.
La explosión de mexicanos cruzando la frontera en lo que va del año, ciento cuarenta y siete mil en los primeros tres meses) es la tercera parte del total de migrantes encontrados por las autoridades fronterizas.
El número de personas detenidas por la patrulla fronteriza aún palidece con lo que se vio a finales del siglo pasado, pero, al mismo tiempo, es un aumento que no se veía en lustros y que podría terminar el año en niveles de finales de 2005, por encima del medio millón.
La crisis económica, el desempleo y la falta de oportunidades que como ha señalado entre otros el Coneval se ha ensañado con los más pobres está expulsando mexicanos.
Al mismo tiempo, la salida de Trump de la Casa Blanca que hizo de su discurso y políticas antimigratorias una prioridad y la llegada de Biden parece seguir mandando un mensaje, que como preocupaba a Roberta Jacobson, es interpretado como vénganse para acá porque ya no está Trump ni su muro.
No solo eso, una reciente encuesta de AP y la Universidad de Chicago sobre los primeros meses de Joseph Biden en la que salió con buenos números, encontró que es el tema migratorio en donde peor le fue en general, pero sobre todo con votantes independientes.
Con esos números no está claro cuál sea el destino de cualquier reforma de fondo en el legislativo estadounidense.
Mientras tanto, si uno hace caso a, por ejemplo, lo que hicieron público el presidente López Obrador y la vicepresidenta Kamala Harris, ahora a cargo del asunto migratorio, las ideas son las de siempre, “mejorar” las condiciones de vida de mexicanos y centroamericanos; trato humanitario a los migrantes, etcétera.
Nada que controle esta nueva explosión que es ya una crisis y se pondrá peor. (Carlos Puig, Milenio, Opinión, p.2)
La esperanza de que el recién estrenado gobierno de Joe Biden al frente de Estados Unidos resulte más benévolo con la migración, está alimentando ilusiones de toda clase entre los migrantes que buscan llegar a ese país persiguiendo la posibilidad de mejorar sus condiciones de vida.
El triunfo de Biden frente a Donald Trump, quien resultó uno de los más grandes enemigos que han enfrentado los migrantes por su severa política de cierre de fronteras y cancelación de privilegios y ayudas humanitarias, hizo creer a miles de centroamericanos y latinoamericanos en general, que Estados Unidos abriría sus fronteras y recibiría sin reparos a todos aquellos que llegarán hasta su territorio buscando asilo.
Y tan solo hay que ver las estadísticas. De acuerdo al último reporte de la Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), en marzo 172 mil 331 personas intentaron ingresar a Estados Unidos, lo que constituye una cifra nunca antes registrada.
Entre todo este oleaje migratorio, destaca la tendencia de enviar a niños de manera temeraria a enfrentar solos el sueño americano que, por lo visto en días recientes, incluso con niños pequeños arrojados por encima del muro o hallados vagando solos en el desierto y cuya mejor esperanza es encontrar una patrulla fronteriza que los salve del infierno que encuentran en lugar del paraíso que se les prometió.
Estos niños son arrojados al otro lado por encima del muro fronterizo, con riesgo de sufrir una fractura al caer o de encontrarse con un animal silvestre, como un coyote, o morir asfixiados ocultos en el interior de algún vehículo expuesto a los rayos del sol.
Esperanzados solo por un rumor, bajo la ilusión que al estar del otro lado de la frontera serán adoptados por la nación que se presume como faro de la libertad, los padres de estos niños los ponen en el camino hacia el país del norte y los dejan ir solos a labrarse un incierto destino, en el que en el mejor de los casos serán repatriados de vuelta hacia sus países o permanecerán indefinidamente del lado mexicano.
Tan sólo en Ciudad Juárez, se tiene conocimiento de 144 menores (niños y adolescentes) que ingresaron a territorio estadounidense o intentaron hacerlo sin compañía de un adulto, y que han sido puestos a disposición del DIF de Chihuahua.
No es justo para estos niños que al no conseguir entrar a EU permanezcan del lado mexicano, mendigando o realizando trabajos de sobrevivencia, y no es de dudar que algunos sean atraídos por la delincuencia u otros medios de subsistencia nada gratos. Urge para ellos un mejor futuro. (El Universal, Editorial, p.10)
Kamala Harris toma el control de la crisis migratoria que vive Estados Unidos en su frontera sur. No se requiere promocionar el distanciamiento de la política migratoria de Trump para generar el “efecto llamada” (como posiblemente ocurrió durante la campaña electoral del demócrata Joe Biden el año pasado).
El “efecto llamada” son los 1.9 billones de dólares que sembrará el gobierno de Biden para catapultar la economía acosada por la crisis sanitaria. El “efecto llamada” son los 620,000 millones de dólares dirigidos para aliviar el transporte, las carreteras y la reparación de unos 10,000 puentes en el país. El “efecto llamada” es la erosión de las deterioradas democracias centroamericanas; la violencia, la corrupción y la esperanza diluida de millones de vidas.
La Centroamérica actual parece un retrato fiel de La fiesta del chivo, la novela de Vargas Llosa de donde emergen personajes siniestros como el senador Agustín Cabral, el constitucionalista Beodo o el mismísimo Benefactor de República Dominicana, Rafael Leónidas Trujillo.
El presidente de El Salvador Nayib Bukele tiene aires de emperador o de califa tipo Erdogan.
Se encarga de dar buenas noticias. “Viene un anuncio bueno en unos minutos”, escribía ayer en su videojuego favorito, Twitter. Pero Bukele también se encarga de amedrentar a la oposición o a los que no piensan como él. Una de ellas es Norma Flores, congresista estadounidense del Partido Demócrata de origen guatemalteco quien pidió al presidente Biden no entregar dinero de los programas de desarrollo directamente a los gobiernos de Guatemala, El Salvador y Honduras por la epidemia de corrupción.
Ayer, Bukele le cerró la puerta de su oficina a Ricardo Zúñiga, enviado del presidente Biden al Triángulo Norte para articular una política dirigida hacia el desarrollo de la región. La semana pasada Bukele mostró un doble enfado a través de su videojuego: no quiere que a su país se le considere parte del Triángulo del Norte ni desea que Estados Unidos done dinero a la agencia anti corrupción cuyo brazo ejecutor pertenece a la ONU.
Honduras, el país donde nació Ricardo Zúñiga, vive una crisis política mayúscula por los señalamientos en contra del presidente Juan Orlando Hernández por sus posibles vínculos con el narcotráfico. Zúñiga no visitó Tegucigalpa esta semana. Pocas semanas atrás, el hermano del presidente, Juan Antonio, fue sentenciado a cadena perpetua en un juzgado de Nueva York por los mismos motivos.
Guatemala intenta recuperarse del terrible legado que dejó el cómico Jimmy Morales. Como presidente, Morales corrió de su país a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), paradójicamente, la agencia que investigó a su antecesor Otto Pérez Molina y a su amante, y vicepresidenta, Roxana Baldetti. Hoy, los dos en la cárcel por corruptos. El cómico fue presidente gracias a la CICIG.
Con Alejandro Giammattei en la presidencia de Guatemala, se conocen al menos cinco posibles casos de corrupción. Uno de ellos tiene su epicentro en el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Una denuncia señala sesgos en licitaciones para favorecer a proveedores en adquisiciones públicas. El martes, cuando Zúñiga se encontraba con el presidente Giammattei, varios ministros solicitaron la remoción del director del Instituto de Migración, Guillermo Díaz, por supuestas contrataciones anómalas y del intento de compra de cartillas para emitir pasaportes.
Este es el panorama que se está encontrando la vicepresidenta Harris y su equipo de migración en el Triángulo Norte.
El miércoles, Harris sostuvo una llamada telefónica con el presidente de México. El comunicado de la Presidencia de México aparece:: “Conversaron sobre los proyectos de cooperación para el sur de México y los países del norte de Centroamérica”. El comunicado de la Casa Blanca no menciona este punto. En lo demás, sí coinciden. (Fausto Pretelin Muñoz de Cote, El Economista, Opinión, p.41)
Desde hace uno un año se paralizó el movimiento entre países a nivel global. Los gobiernos impusieron nuevas medidas de control alrededor del mundo, muchos vuelos se suspendieron y se impusieron requisitos de cuarentena para los viajeros. Para las comunidades fronterizas, que viven de una ida y venida constante entre ciudades hermanas, estas medidas tuvieron un impacto especial en las relaciones familiares y los esquemas de trabajo.
México ha sido uno de los países que menos restricciones ha impuesto a los viajeros, pero otros países, incluyendo EU y Guatemala, sí han puesto restricciones en las fronteras compartidas, y los mexicanos han encontrado los mismos obstáculos para salir hacia otras partes del mundo que todos.
En un reporte del Instituto de Políticas Migratorias (MPI) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), lanzado el día de ayer, se hizo un análisis detallado de las medidas implementadas por distintos gobiernos para cerrar paso al movimiento entre países como resultado de la pandemia de Covid-19, y sus impactos.
Han habido tres impactos notables de estas medidas. Una es la brecha creciente entre los que tienen movilidad, a pesar de las restricciones, y los que no la tienen. Un ejemplo claro y relevante está en la frontera México-EUA, donde los ciudadanos y residentes en Estados Unidos tienen casi completa libertad para cruzar hacia México y regresar, pero los ciudadanos mexicanos necesitan justificar sus razones para cruzar al otro lado. El efecto ha sido sumamente desigual para diferentes grupos.
Un segundo impacto ha sido la vulnerabilidad de ciertos grupos que dependen de la migración. Esto incluye a los que buscan refugio por causa de persecución política o del crimen organizado y encuentran que su paso a salir de su país está efectivamente cerrado, como algunos centroamericanos el año pasado. También fue el caso de algunos trabajadores temporales viviendo en otros países, como nicaragüenses en Costa Rica, o Filipinos en Arabia Saudita, que se quedaron varados en tierras extranjeras sin posibilidades de regresar a sus familias.
El tercer impacto ha sido el empoderamiento de los intermediarios de la migración, los coyotes o polleros, quienes han subido sus precios a raíz de la crisis de inmovilidad. Sus servicios son mas caros y mas necesarios para los que desean moverse en medio de las restricciones fronterizas en todo el mundo.
Ahora estamos ante una coyuntura en que están llegando las vacunas, y quizás es posible empezar a pensar en un regreso a la movilidad para algunas personas en partes del mundo, quizás para el verano o para otoño, pero también hay unos desafíos importantes para restaurara la movilidad que una vez existía.
Por ejemplo, muchos países están pensando restablecer conexiones sólo con algunos otros países —por ejemplo Australia con Nueva Zelanda o los países de la Unión Europea entre ellos— más no con todo el mundo. En muchos lugares se están desarrollando esquemas de pasaportes de vacunación, que tendrían que presentar los viajeros antes de cruzar o subir a un avión, pero los criterios y formatos para esto son distintos en cada lugar.
De hecho, lo más difícil al futuro podría ser las diferentes formas de abordar el regreso a la movilidad en distintos países, de tal forma que podrá haber mucha confusión y hasta contradicciones entre los esquemas de abordar esto. Habrá que encontrar espacios para que los países hablen de sus estrategias y encuentren fórmulas para coordinarse, porque si no, es muy posible que la transición de la inmovilidad a la movilidad podría estar llena de topes y encontronazos que generen incertidumbre y desconexión. (Andrew Selee, El Universal, Opinión, p.10)
El tamaño de las pérdidas de Pemex es difícil de imaginar. Cualquier comparativo palidece. Y no por esperados, estos datos dejan de ser una muy mala noticia. En esas circunstancias, está difícil que la empresa productiva del Estado se convierta en la palanca clave del desarrollo para México, y más si no hay indicios de nuevas estrategias o de diversificación. Nunca han sido buenas las apuestas a fondo perdido. (La Crónica, P.p.)
La noticia de que después de 80 reuniones entre el sector privado, obrero y gobierno, se llegó a un acuerdo sobre la regulación a la subcontratación generó un nuevo optimismo en torno a los caminos que se podrían recorrer para alcanzar soluciones a los problemas que se mantienen abiertos y que ahuyentan la inversión. La clave parece ser la capacidad de resistir la presión política porque el gobierno de la Cuarta Transformación tiene muy claro que no dejará en el camino sus causas. Algunos analistas opinan, sin embargo, que la presión es externa y que, específicamente, proviene de Estados Unidos. Como un ejemplo citan la necesidad de vacunas y la “cooperación” del gobierno de Andrés Manuel López Obrador para contener desde la frontera sur la ola migratoria que busca llegar a Estados Unidos. También se habría presentado la misma presión frente a la regulación de la subcontratación porque el T-MEC necesita claridad y certeza en materia laboral. No lo sabremos pero, hasta ahora, los avances y acuerdos sobre temas que han generado mucha polémica tienen una variable: los intereses de inversionistas extranjeros.
Resiste Colmenares
Si bien la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados solicitó la remoción de David Colmenares de la Auditoría Superior de la Federación, ésta decisión no fue consultado – hasta donde pudimos confirmar – con la Comisión de Vigilancia de esa misma cámara, los jefes directos de Colmenares. Para lograr la remoción de Colmenares, según la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas, se tendría que contar con el voto de las dos terceras partes de la Cámara de Diputados y acreditar las “causas graves de responsabilidad” que motivarían la remoción. Además se le tendría que dar derecho de audiencia. Debido proceso.
El turismo de vacunas y los migrantes
Debido a que en varios estados de la Unión Americana las autoridades no exigen identificación que acredite residencia, desde hace varias semanas, mexicanos viajan a Estados Unidos – previa reservación de su turno a través de internet – para ser vacunados.
Sin embargo, expertos en salud pública advierten sobre las repercusiones que éste “turismo de vacunación” podría tener para los migrantes que hoy envían más de 40,000 millones de dólares a la economía. Platiqué con el director y fundador del Instituto de Investigación en Salud Pública, Hector Frisbie, quien me explicó que para los migrantes cuya situación migratoria no se encuentra regularizada podría ser un riesgo que, ante la proliferación del “turismo de vacunación”, algunas autoridades – presionadas por grupos antimigrantes – pudieran comenzar a exigir identificación, lo que colocaría a muchos mexicanos en riesgo de no ser vacunados contre el Covid-19.
Este hecho causa inquietud entre los migrantes, ya que no desean ser ubicados por el Estado por temor a ser deportados, “no es facil vivir así, vivir con la amenaza de que trabajaste 15 o 20 años, ya compraste casa, tus hijos nacieron aquí y si llegan a deportarte pierdes todo”, me dijo el experto. Frisbie, quien actualmente lleva a cabo un trabajo de salud pública en Denver, Colorado, uno de los estados, además de Texas, Arizona y Louisiana, en donde no piden constancia de residencia para acceder a la vacuna.
Por ello, el especialista en salud pública exhorta a los mexicanos que piensan viajar a EU exclusivamente a obtener la vacuna a evitar que con sus acciones se agudice a la problemática para la población migrante que aporta una gran cantidad de recursos a la economía. Sobre el proceso de vacunación, Frisbie comentó que México está haciendo un buen trabajo en lo que respecta a vacunación, pero para percibirlo, dijo, es necesario referenciar los análisis en salud pública, pues, en principio, el número de habitantes respecto a países con los que ha sido comparado, como Estados Unidos, es desigual.
México tiene, aproximadamente, un total de 128 millones de habitantes mientras que Estados Unidos cuenta con una población de, aproximadamente, 325 millones de los cuales sólo 150 millones están vacunados. A la par, el Frisbie aclaró que las estrategias de vacunación son complejas y multifactoriales, pero que a pesar de esto el Programa Nacional de Vacunación mexicano es un modelo internacional, factor que también ha impulsado al turismo de vacunas, pero de otros países de América Latina hacia México.
Como sucede con EU, ahora personas de países de Centro y Sudamérica buscan ingresar al país para acceder a la vacuna. Desde Centro y Sudamérica, México es percibido como un líder en vacunación porque es el cuarto país en el continente con mayor acceso a vacunación contra en Covid-19 y, a nivel mundial, se encuentra dentro de los primeros 10 lugares, aseguró Frisbie quien agregó que ahora la tardanza en la distribución y aplicación de vacunas en México radica en que no hay suficientes en existencia a nivel mundial por ser una vacuna emergente. Concluyó que no será sino hasta 2025 cuando habrá suficientes vacunas para programar y realizar la vacunación en dos o tres semanas para toda la población como se hace habitualmente. (Claudia Villegas Cárdenas, La Crónica, Opinión, p.3)
Migración: de retórica y realidad // Joe Biden:
EL ESPINOSO TEMA migratorio entre México y Estados Unidos se mantiene como asignatura pendiente en la de por sí complicada relación bilateral, y si algo ha sobrado a lo largo de los años son discursos, por un lado, y ausencia de resultados por el otro. Millones de paisanos han cruzado la frontera en busca de oportunidades que su país les niega y allá se han quedado contra viento y marea.
CON EL CORRER de los años, las remesas de los paisanos se han convertido en uno de los pilares de la economía mexicana. Por un lado, ellos inyectan grandes cantidades de dólares, que no sólo benefician a sus respectivas familias, sino que de una u otra forma compensan las multimillonarias cantidades que los grandes empresarios “exportan” a terceros países (principalmente a Estados Unidos) y paraísos fiscales.
DICE EL PRESIDENTE López Obrador que el gobierno mexicano hará “todo lo que podamos por nuestros paisanos, que requieren de nuestro apoyo y protección; que no sean abandonados, maltratados, que no sean discriminados. Son las condiciones que afortunadamente se han ido entendiendo en el gobierno de Estados Unidos para normar nuestra relación bilateral. Ayer hablé con la vicepresidenta de Estados Unidos, la señora Kamala, y tratamos el tema de la migración y hay una actitud de mucho respeto hacia el pueblo de México, y diría que también hacia los migrantes. Se está buscando que sea una migración ordenada, segura”.
LOS VECINOS DEL norte, dijo el mandatario, “están conscientes, porque la gente no sale de sus pueblos, no abandona sus familias por gusto, sino por necesidad. Entonces, la migración tiene que ser opcional, no forzosa, no tiene que ser por hambre, por pobreza o por violencia. Si alguien se quiere ir a buscar la vida a otras partes de manera voluntaria, debe de actuar con libertad, pero no hacerlo por necesidad, tiene que ser opcional”.
EL DEL MANDATARIO mexicano es un sólido planteamiento, pero se topa con una práctica, la gringa, que nada ayuda. De hecho, más con base en supuestos que en realidades, algunos creyeron que con la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca la situación migratoria sería “diferente”, que este personaje daría un giro de 180 grados respecto de la política impulsada por su antecesor, el esquizoide de Donald Trump.
PERO MÁS ALLÁ del romance bilateral retórico, la realidad se impone, como siempre. Días atrás el “comprensivo” presidente Biden fijó su posición y a los migrantes dijo: “¡no vengan!” Así de sencillo, o lo que es lo mismo, una actitud idéntica a la de Donald Trump.
Y LO ANTERIOR se documenta con un informe del Pew Research Center (PRC) en el que se subraya que sólo en febrero pasado (Biden tomó posesión el 20 de enero) “la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos detuvo a casi 100 mil migrantes en la frontera entre ese país y México en febrero, el décimo mes consecutivo de aumento de las detenciones y un regreso (deportación) a niveles vistos por última vez a mediados de 2019”.
LOS DATOS DUROS que se anotan, ni lejanamente confirman la “buena voluntad” de los vecinos del norte ni el romance retórico bilateral. De hecho, el reporte del PRC subraya que “el total de detenciones de febrero fue mucho más alto que la cifra mensual típica en años recientes, con la excepción de un aumento dramático en 2019 durante la administración de Donald Trump. Ésta respondió al aumento de la actividad fronteriza con una serie de nuevas restricciones destinadas a disuadir a los migrantes de viajar a Estados Unidos para buscar asilo. Esos cambios de política incluyeron el programa Permanecer en México, que requería que los solicitantes de asilo esperaran en ese país hasta que pudieran escuchar sus reclamos”. (Carlos Fernández Vega, La Jornada, Opinión, p.18)