En 2018, tras un autoexilio dorado (como la Línea 12) en Europa, Marcelo Ebrard, apareció en EU como activista entre los mexicanos del norte en favor de Hillary Clinton y contra Trump.
Por varios días circularon imágenes donde MEC calificaba a Donald Trump como un peligro para México (Otro) . Llevaba de patiño a Miguel Moreno Brizuela, quien fue su secretario de Protección Civil en el GDF.
“…El objetivo –decía en su arenga– ha estado en promover el voto entre quienes tienen ascendencia mexicana en Estados Unidos… Ésta es una elección que va más allá de lo normal. Hay que preocuparnos y hay que ocuparnos en la medida de lo posible… es un gran riesgo para México, y por eso estamos aquí trabajando. Hay muchas personas que están colaborando, en redes sociales, en organizarse”.
Ebrard, quien después sería secretario de Relaciones Exteriores con el presidente López (estigmatizado por esas palabras), se manifestaba en ese video, claramente contra los ejes de la campaña trumpista: la xenofobia y el populismo MAGA.
“…Todos tenemos algún familiar, un amigo o un conocido que anda por acá en Estados Unidos… Hay unos estados donde hay una competencia mayor, que es donde estamos concentrando ahora nuestro trabajo muchas personas. En vez de quejarnos, pongamos manos a la obra y hagamos lo que podamos por defendernos y defender a nuestra gente…”
Con esos antecedentes y convertido Trump en presidente, no le fue difícil al Tio Sam someter a ME en “cinco minutos”. “Nunca había visto a nadie doblarse tan rápidamente”, dijo Donald Trump cuando arrolló en todos los frentes al endeble e impreparado canciller a quien le impuso todas las condiciones del momento, especialmente en cuanto a la migración, los aranceles y la inseguridad.
Con esos antecedentes Marcelo Ebrard —negociando lisiado—, desinfló sin 1 parte de las presiones contra México, los consulados están siendo investigados por sospecha de actividades políticas en alianza con políticos demócratas. Al menos eso ha dicho Dylan Johnson, subsecretario para Asuntos Públicos Globales del Departamento de Estado.
Además, con material obviamente alentado por el gobierno, se promueve el libro “El golpe invisible”, de Peter Schweizer quien acusa al gobierno mexicano de usar sus consulados para movilizar migrantes y realizar actividades políticas. Es decir, subversión contra el gobierno.
Todas las evidencias señalan otra “tormenta perfecta” y ante el posible cierre unilateral (e ilegal) de consulados, el Palacio dice: pruebas, pruebas… (Rafael Cardona, El Heraldo de México, País, p. 5)
Trump amenaza a México con ofensiva terrestre a 12 millones de migrantes. Rosa Elena trabaja limpiando casas en Dallas desde hace 14 años. Es de León, Guanajuato. Manda entre 400 y 500 dólares al mes a su mamá, que vive sola en la colonia San Miguel.
El miércoles por la noche, mientras preparaba lonches para sus hijos, vio en su teléfono que Donald Trump amenazaba con una “ofensiva terrestre” contra los cárteles en México. Me escribió al WhatsApp: “Doctor, ¿ahora sí nos van a invadir?” Le dije que no creía, pero que lo que estaba pasando era serio. Y le pregunté si tenía credencial para votar desde el exterior. “¿Para qué?”, me contestó. “Si ni nos dejan.”
Esta semana han pasado muchas cosas. Por un lado, Trump publicó su Estrategia Nacional Antiterrorismo 2026. Por primera vez en la historia de ese documento, los cárteles mexicanos quedaron colocados al mismo nivel que los grupos terroristas islámicos: prioridad máxima de seguridad nacional.
Seis organizaciones con sede en México fueron designadas como Organizaciones Terroristas Extranjeras. Trump dijo: “Si ellos no van a hacer el trabajo, nosotros lo haremos”. La Casa Blanca envió esta misma semana a funcionarios de la Oficina de Contraterrorismo a El Paso, Texas, para coordinar operaciones. La embajada de Estados Unidos en México lo publicó en sus redes sociales, así nomás.
La presidenta Sheinbaum respondió este jueves desde Palacio Nacional. Citó una reducción de casi 50 por ciento en homicidios dolosos, dos mil 500 laboratorios clandestinos destruidos y menos fentanilo cruzando hacia Estados Unidos. “Nosotros estamos actuando”, dijo, y recordó que la colaboración bilateral debe respetar la soberanía.
Pero por otro lado, y esto es lo que a mí me ocupa, nuestros connacionales en el exterior siguen reclamando lo mismo de siempre: que no los dejan participar en las decisiones de su propio país. Que llevan años empujando por diputaciones migrantes, por voto desde el exterior, por una representación real. Y que el sistema les sigue cerrando puertas. ¿Cuándo van a incluir en las decisiones a los 12 millones de mexicanos que vivimos fuera del país, que sostenemos la economía con remesas que superan al turismo internacional y a la inversión extranjera directa combinados?
El voto migrante en 2027: las cifras que duelen
Y esa pregunta tiene números. El próximo 6 de junio de 2027 se disputarán al menos 18 mil 930 puestos de elección popular en México. Nunca ha habido tantos en una sola jornada: 500 diputados federales, 17 gubernaturas, más de mil diputaciones estatales, 13 mil 515 cargos municipales y cerca de tres mil 800 plazas judiciales.
Rosa Elena, como los millones de connacionales que viven fuera, podrá votar — con la legislación vigente hoy — en exactamente 14 de esas elecciones. Diez gubernaturas y cuatro diputaciones migrantes locales en Ciudad de México, Guerrero, Jalisco y Oaxaca. De Guanajuato, su estado, ni hablar.
La comunidad migrante lleva años peleando por ampliar esos espacios. La reforma al Artículo 329 de la LGIPE, que habría habilitado el voto por los 500 diputados federales desde el exterior, fue aprobada en comisión en agosto de 2025 pero nunca llegó al pleno. La reforma constitucional de Sheinbaum retomó parte de esas demandas e incluyó ocho diputaciones migrantes por voto directo, pero fue rechazada el 11 de marzo con 259 votos a favor y 234 en contra, porque el PT y el Verde votaron contra su propia aliada.
Y el Plan B que sí se aprobó (con los votos de Morena, PT, Verde y hasta Movimiento Ciudadano) modifica artículos sobre presupuestos de congresos estatales y número de regidores, pero no contiene una sola línea sobre representación migrante.
Guanajuato: lo que un migrante puede lograr desde el Congreso
Y ojo, porque la propia Constitución abre una puerta que pocos conocen. El Artículo 55 exige ser “originario” del estado o “vecino con residencia efectiva”. Rosa Elena, nacida en León, sigue siendo originaria de Guanajuato aunque viva en Dallas. Eso quiere decir que constitucionalmente puede participar.
En ese estado ya tenemos a Yesenia Rojas Cervantes, la primera diputada migrante en la historia de Guanajuato, originaria de Pénjamo, residente en Anaheim, California, que llegó por acción afirmativa del PAN y que está legislando activamente desde el Congreso local: ventanilla digital para trámites desde el exterior, protección constitucional para familias migrantes, y recientemente exigió al gobierno de Estados Unidos esclarecer las muertes de guanajuatenses bajo custodia del ICE.
Yesenia legisla desde Guanajuato con la autoridad de quien conoce la vida del migrante porque la vivió. Lo que ella ha logrado en poco tiempo demuestra lo que puede pasar cuando nuestros connacionales tienen un lugar en la mesa. Ahora lo que falta es que ese lugar quede garantizado en ley y no dependa de un acuerdo del instituto electoral estatal que puede cambiar cada elección.
Le voy a contestar a Rosa Elena lo que le contesto a todos los connacionales que me escriben con la misma pregunta. El “¿para qué?” tiene respuesta: porque en 2024 solo 223 mil 970 mexicanos se registraron para votar desde el exterior, de un universo de 12 millones. El sistema les ofrece migajas electorales y luego se sorprende de que no participen.
Yo estaré en el Foro de MexicoEnLaPiel.org insistiendo en que la fuerza de México está en su gente, pero esa fuerza necesita mecanismos reales de participación, no concesiones administrativas que cambian cada tres años. La credencialización, el registro y el voto desde el exterior para las 14 elecciones de 2027 donde sí podemos incidir son derechos que ya nos corresponden. Rosa Elena, si estás leyendo esto: sí nos dejan. Pocas, pero sí nos dejan. Y hay que empezar por ahí. (Juan Hernández, El Sol de México, Análisis, p. 13)
El asesinato de Carolina Flores Gómez no sólo volvió a exhibir la brutalidad con la que operan los feminicidios en México. También dejó al descubierto otra constante igual de perturbadora: la facilidad con la que presuntos responsables logran escapar del país mientras las instituciones reaccionan tarde, se empantanan o simplemente llegan después del crimen.
La captura en Caracas de Erika María N de 63 años, acusada del feminicidio de su nuera ocurrido en Ciudad de México, sacudió por el nivel de violencia atribuido al caso, pero también por la secuencia posterior: una presunta feminicida abandonando México rumbo a Venezuela vía Panamá apenas dos semanas después del asesinato.
La historia parece repetirse una y otra vez en el país. Primero ocurre el crimen. Luego vienen las omisiones, los retrasos, las contradicciones y finalmente la fuga. Sólo después aparece la maquinaria internacional: fichas rojas, alertas migratorias, solicitudes diplomáticas y extradiciones que suelen tardar meses o años.
El caso de Carolina Flores contiene elementos que explican por qué la indignación pública escaló tan rápido. La víctima era una joven de 27 años, ex reina de belleza de Baja California; el crimen ocurrió dentro de un departamento en Polanco; había un bebé presente; y un video filtrado mostró parte de la discusión y las detonaciones.
Pero más allá del morbo mediático, el expediente vuelve a tocar una fibra profundamente mexicana: la sensación de que siempre existe tiempo suficiente para escapar.
México arrastra una larga historia de feminicidas, operadores criminales y personajes de alto perfil que aprovecharon vacíos institucionales para abandonar el país antes de enfrentar a la justicia.
Ahí está el caso de Andrés Roemer, acusado de abuso sexual y violación, localizado en Israel tras múltiples denuncias y cuya extradición permaneció entrampada durante años. O el de César Duarte, detenido en Estados Unidos después de permanecer prófugo tras acusaciones de corrupción y desvío multimillonario. También el de Tomás Zerón, señalado por el caso Ayotzinapa y refugiado igualmente en Israel mientras México litigaba su extradición.
Incluso en delitos de alto impacto relacionados con feminicidio existen antecedentes dolorosos. El asesino serial, conocido como el Caníbal de Atizapán, Andrés Filomeno Mendoza Celis, pudo operar durante años sin ser detectado pese a múltiples reportes de desaparición. Antes, el caso de Feminicidios de Ciudad Juárez exhibió décadas de negligencia, expedientes fragmentados y responsables nunca localizados.
La diferencia ahora es la velocidad de la exposición pública. Las cámaras de vigilancia, las redes sociales y la presión mediática convierten los casos en crisis nacionales en cuestión de horas. Sin embargo, las instituciones siguen moviéndose con tiempos burocráticos frente a sospechosos que cruzan fronteras en cuestión de días.
Y ahí aparece uno de los puntos más delicados del caso Carolina Flores: la demora inicial en la denuncia. Según reportes periodísticos y datos de la investigación, la acusada habría abandonado México aprovechando precisamente ese margen de tiempo.
La pregunta inevitable es incómoda: ¿cuántos presuntos feminicidas han logrado escapar gracias a las primeras horas perdidas después del crimen?
Porque el problema no termina en la captura internacional. Después viene otra batalla igual de compleja: la extradición. Procesos diplomáticos, tratados bilaterales, recursos legales y tiempos judiciales que pueden extenderse durante meses.
México enfrenta una paradoja brutal. Nunca había tenido tanta capacidad tecnológica para documentar delitos y localizar sospechosos, pero sigue arrastrando enormes debilidades para reaccionar de inmediato cuando ocurre un crimen de alto impacto.
En el fondo, el caso Carolina Flores vuelve a retratar una falla estructural: la justicia mexicana todavía persigue más rápido el escándalo mediático que la posibilidad real de fuga.
Y en un país donde miles de mujeres son asesinadas cada año, perder horas puede significar perder por completo la posibilidad de castigo. (Gerardo Jiménez, El Sol de México, Metrópoli, p. 19 y La Prensa, p. 2)
México construyó durante décadas un Servicio Exterior Mexicano respetado en el mundo. No fue casualidad. Detrás de cada consulado y embajada había mujeres y hombres preparados, diplomáticos de carrera que entendían que representar al país implicaba defender la soberanía nacional, proteger a los connacionales y actuar con absoluta responsabilidad institucional. Esa tradición hoy está siendo erosionada peligrosamente por el uso faccioso que Morena-Gobierno ha hecho de la red consular mexicana.
La política exterior dejó de ser, para este régimen, una herramienta de Estado. Se convirtió en un mecanismo de pago de favores, de reparto político y de protección para personajes impresentables que encontraron en el Servicio Exterior una salida cómoda para mantenerse viviendo del presupuesto público. Morena transformó posiciones diplomáticas y consulares en premios de consolación para políticos derrotados, operadores cuestionados y personajes señalados por su cercanía con estructuras de poder profundamente corruptas.
El problema no es menor. Porque mientras los consulados de México en Estados Unidos están integrados por personal profesional, comprometido y leal a la nación, muchas veces son encabezados por perfiles cuya designación responde más a intereses políticos que a méritos diplomáticos. Y cuando el gobierno mezcla la representación del Estado mexicano con intereses facciosos, las consecuencias terminan alcanzando a todo el país.
Hoy la relación bilateral entre México y Estados Unidos atraviesa uno de sus momentos más delicados en años. La administración del presidente Donald Trump ha endurecido su discurso y sus mecanismos de vigilancia frente a cualquier posible infiltración criminal o acto de corrupción institucional. En ese contexto, diversos personajes vinculados al régimen morenista han comenzado a colocarse bajo la lupa de las autoridades estadounidenses, particularmente aquellos sobre quienes pesan señalamientos de presuntos vínculos con grupos criminales o estructuras de protección política.
Eso coloca a la red consular mexicana en una situación extremadamente delicada. Porque los consulados no son oficinas menores: son la primera línea de defensa de millones de mexicanos que viven, trabajan y construyen su vida en Estados Unidos. Son espacios donde nuestros connacionales buscan ayuda jurídica, protección, acompañamiento migratorio y respaldo institucional. Debilitar la credibilidad de esas representaciones por decisiones políticas irresponsables es poner en riesgo a quienes más necesitan del Estado mexicano.
Lo más injusto es que el daño recae sobre personal honorable que ha dedicado su vida al servicio público. Funcionarios consulares de carrera que trabajan jornadas extenuantes atendiendo deportaciones, detenciones, violencia familiar, trámites y emergencias humanitarias, hoy terminan arrastrando el desprestigio provocado por decisiones tomadas desde el poder político. Morena no solo politizó la diplomacia; también contaminó instituciones que durante décadas habían logrado consolidar su trabajo en favor de la sociedad.
Pero cuando se juega con instituciones tan sensibles, las consecuencias internacionales llegan tarde o temprano. Estados Unidos no observa únicamente discursos; observa estructuras, perfiles, relaciones y antecedentes. Y si desde Washington se consolida la percepción de que ciertos espacios diplomáticos mexicanos pueden ser utilizados para proteger intereses criminales o políticos oscuros, el golpe para México será devastador.
Porque el verdadero costo no lo pagarán quienes obtuvieron cargos por compadrazgo. Lo pagarán millones de mexicanos honestos que viven en territorio estadounidense y que necesitan una red consular fuerte, confiable y respetada. Lo pagará la imagen internacional del país. Lo pagará la confianza bilateral. Y lo pagará una nación que ve cómo sus instituciones son utilizadas no para servir al pueblo, sino para proteger intereses de grupo. (Alejandro Moreno, El Universal, Opinión, p. A20)
Leer a Trump es complicado, pero no imposible. A veces, efectivamente, sus virajes son dramáticos. Un día ataca a cierto mandatario y al siguiente se reúne con él y lo halaga públicamente. Un día elimina el respaldo militar y de inteligencia a Ucrania; otro día lo restablece. Un día amenaza con invadir y tomar Groenlandia por la fuerza; al otro abandona el tema y cambia la conversación. Un día amenaza con borrar a Irán del mapa y al siguiente anuncia un cese al fuego que se extiende indefinidamente. Hay quienes concluyen entonces que Trump “siempre se echa para atrás” (o TACO por sus siglas en inglés). Sin embargo, desde su gestión previa, ese presidente también ha cumplido múltiples amenazas y ha mostrado despliegues de fuerza considerables. Eso incluyó el abandono de acuerdos como el pacto nuclear con Irán, los ataques contra Assad o el asesinato de Soleimani, el hombre más cercano al Ayatola Khamenei. Más recientemente, por supuesto, la designación de cárteles como organizaciones terroristas y los subsecuentes ataques en nuestro hemisferio, la extracción de Maduro o la guerra contra Irán son ejemplos de lo que señalo. No obstante, y pese a las múltiples señales confusas, existen algunas claves que permiten leerlo como un riesgo relativamente calculable. En esa lectura vale la pena identificar no solo aquello que mueve lo bilateral en nuestra relación, sino un panorama más amplio. Algunas notas al respecto:
Las más recientes decisiones y acciones de Washington que implican a nuestro país tienen que leerse dentro de este contexto ampliado. Lo que está en juego para Trump es su credibilidad y su capacidad de proyectar fuerza y cumplimiento, no únicamente ante nosotros, sino ante audiencias domésticas y audiencias ubicadas en otras partes del planeta, en un momento en que precisamente esa proyección de fuerza y cumplimiento ha quedado enormemente vulnerada. (Mauricio Meschoulam, El Universal, Opinión, p. A21)
Primero lo primero. Estoy totalmente en contra de una operación militar o policial de Estados Unidos dentro de territorio mexicano. Sin excepciones. Donald Trump no es el salvador y nunca lo será. Es un egocéntrico agresor con espíritu imperialista. Pero al mismo tiempo tenemos que reconocer que México ha fracasado durante décadas en su lucha contra los narcos y que es necesario que las autoridades hagan mucho más. Pronto. Tras las acusaciones de narcotráfico del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra 10 funcionarios de Morena, la presidenta Claudia Sheinbaum ha salido a defender a los suyos. Se ha enrollado en la bandera de la soberanía, ha repetido hasta el cansancio que quiere ver más “pruebas” y ha sido fuertemente criticada por la oposición.
“Hoy México está viviendo una verdadera tragedia, y así lo tenemos que entender”, dijo recientemente el senador panista Ricardo Anaya, y es que “hoy en México gobierna un narcopartido, Morena es un narcopartido”. Esta gravísima acusación viene desde la época de AMLO. En todo el país hay evidencias de que los distintos cárteles de las drogas operan con la complicidad de políticos y policías. Por eso es tan difícil acabar con ellos; están protegidos por quienes los deberían perseguir.
Mientras esto ocurre en México, Trump anda dando batazos por el mundo. Primero fue Venezuela y la captura del dictador Nicolás Maduro, luego la guerra inventada en Irán -no hay pruebas de que los iraníes eran una amenaza nuclear para Estados Unidos- y ahora Trump anda buscando un nuevo escenario para utilizar sus juguetes de guerra. Había dicho que tomaría a la isla de Cuba “casi inmediatamente”, enviando a sus playas el portaviones más grande del mundo. Pero hay crecientes señales de que está perdiendo la paciencia con su vecino del sur.
¿Sigue México? Ojalá no.
Trump ha hecho un montón de declaraciones, algunas contradictorias, sobre México. Aunque nunca ha ocultado su deseo de enviar tropas al país para luchar contra los narcotraficantes, a quienes considera terroristas. Sheinbaum, inteligentemente y con la estrategia de “cabeza fría”, ha logrado disuadirlo de semejante aventura. Pero hay dos cosas que brincan.
La primera es que en la nueva Estrategia Nacional para el Control de Drogas de Estados Unidos, que se acaba de publicar, figura el objetivo de “destruir a las Organizaciones Criminales Transnacionales”. Eso no se puede lograr sin tropas o drones estadounidenses en los territorios que ocupan. Y segundo, las más recientes declaraciones de Trump son particularmente agresivas contra México y sugieren una posible preparación para actuar. “Las drogas que entran por el mar han caído en un 97 por ciento”, dijo hace poco Trump desde la Casa Blanca. “Y ahora que hemos entrado a la fase terrestre, es mucho más fácil. Hay quejas de representantes de México, pero si ellos no hacen el trabajo, lo vamos a hacer nosotros. Y ellos lo comprenden”.
No, no creo que lo comprendan. En la Casa Blanca hay un sentido de urgencia que no parece haber llegado al Palacio Nacional en el Zócalo. Las mañaneras han estado repletas de argumentos leguleyos para no extraditar a Estados Unidos a la decena de funcionarios del partido de la Presidenta acusados de narcotráfico. No suena como que se lo han tomado en serio. Y cuando se trata de Trump, basta una noche de insomnio para iniciar una guerra o una nueva operación militar en otro país.
Esto es lo que hay. En el caso de Trump no estamos lidiando con un líder racional. Sus decisiones están basadas en corazonadas, no en la historia, ni en la diplomacia o en la experiencia de expertos. Además, se siente todopoderoso y máximo jefe del continente americano. No está acostumbrado a perder. El éxito de la operación quirúrgica en Venezuela le ha hecho mucho daño porque le hizo creer que en el resto del mundo todo sería así. Hasta que se topó con Irán.
Así que las dos cosas pueden ser ciertas al mismo tiempo: Trump es un ser impredecible y ambicioso que se quiere meter en territorio mexicano para perseguir a los narcos y en México no parece haber la voluntad, la capacidad ni la estrategia para enfrentar un problema que los rebasa y que tiene infiltrado al partido en el poder.
Vienen tiempos tormentosos. (Jorge Ramos, Reforma, Opinión, p. 8)
De halcones y amenazas // Marco Rubio, indecente // Delgado: ánimo futbolero
ENTRE LOS MUCHOS indecentes que forman parte del gobierno estadounidense (con Trump en primerísimo lugar) destaca un halcón nacido en Miami cuyos padres cubanos emigraron a la “tierra de la libertad” tres años antes del triunfo de la Revolución en la isla. Marco Rubio es su nombre, el mismo que años atrás hablaba pestes del actual inquilino de la Casa Blanca, pero que a la hora del hueso, el Departamento de Estado, tragó sapos, mostró una enorme sonrisa y milagrosamente encontró miles de virtudes en el magnate naranja.
HUESO MATA DIGNIDAD (en caso de que el citado la tuviera) y por ello el halconcito se afana en quedar bien con su jefe. Éste amenaza a México con una intervención terrestre con el pretexto de “acabar con los cárteles de la droga (es decir, los mismos que en Estados Unidos gozan de cabal impunidad); Rubio se sube al carro de la ignominia y, como en libreto de carpa, le hace la segunda al que no hace tanto decía odiar.
Y CON ESA sangre tóxica, el Departamento de Estado que Rubio dice encabezar anuncia que “revisa” los 53 consulados mexicanos que operan en Estados Unidos, lo que –versión oficial– “podría dar lugar al cierre de algunas de esas oficinas diplomáticas mexicanas”, toda vez que esa instancia del gobierno gringo inspecciona “constantemente todos los aspectos de las relaciones exteriores estadunidenses para garantizar que se ajusten a la agenda de política exterior” (Dylan Johnson, subsecretario de Estado para Asuntos Públicos Globales).
ES DE SUPONER que, por ejemplo, con esa misma perseverancia el Departamento de Estado “supervisa” los nueve consulados, más la embajada en Washington, del genocida Estado de Israel, o de tantas otras naciones representadas allende el río Bravo que son viles lacayos de la Casa Blanca, a quienes no amenazan, sino descaradamente invaden con bases militares.
NO, DESDE LUEGO que no. Los paisanos en Estados Unidos son la primera minoría (y por mucho: alrededor de 40 millones de personas) y su peso político, económico y cultural crece constantemente. Entonces, suponen en la Casa Blanca, qué mejor que este objetivo para chantajear al gobierno mexicano, como adenda a la amenaza de invasión terrestre “contra los cárteles de la droga”.
HAY QUIEN CREE a pies juntillas que la permanente agresión de Estados Unidos (sin importar quién ocupe la Casa Blanca) a México sólo constituye “una estrategia electoral” y que superado el periodo de votación “las aguas se calmarán”. Pero estas mentes brillantes deberían repasar la historia de la relación bilateral para medianamente darse una idea de una contundente realidad: la invasión, el intervencionismo y el robo descarado de la mitad del territorio mexicano; es decir, las “aguas” nunca se “apaciguaron”. Por el contrario, dada la permanente agresividad y la pasión de los gringos por la riqueza ajena, ni lejanamente han bajado de nivel.
CON LA PACIENCIA del profeta Job, ayer la presidenta Claudia Sheinbaum se refirió a una de las tantas barbaridades esparcidas por el Departamento de Estado, es decir, aquella de que “los consulados mexicanos hacen política en Estados Unidos”. Dijo la mandataria: “Eso es completamente falso; lo que hacen, que es su papel, igual que el del consulado de Estados Unidos en México o de otros países, es siempre proteger a sus ciudadanos”.
ENTONCES, DIJO, “ESA es la labor que realizan los consulados; no es que lleven a cabo algún tipo de política en contra del gobierno de Estados Unidos; eso es absolutamente falso. Tenemos una política exterior regida por la Constitución sobre la base de la autodeterminación de los pueblos; es decir, no tener injerencia en la vida interna de ese país”. Tales representaciones se ocupan de “la relación entre ambos países, que es muy importante, de todas las labores diplomáticas y de ayudar a los ciudadanos mexicanos”. Ahora bien, puntualizó, más allá de la propaganda mediática, en los hechos “no tenemos ninguna información oficial” sobre la supuesta “revisión”. En síntesis, “no queremos injerencia en los asuntos políticos de México”, por mucho que se esfuercen los halcones.
Las rebanadas del pastel
MIENTRAS LA BASURA tóxica de Isabel Díaz Ayuso canceló su “gira por Méjico” y retorna a su país por el mismo caño lleno de mierda franquista que la trajo, de regalo deja una enorme bosta para sus súbditos panistas… Al impresentable Mario Delgado se le ocurrió la brillante idea de “recortar” el ciclo escolar para satisfacer su ánimo futbolero, sin entender que primero está la educación. Entonces, que se vaya mucho al Azteca y, antes de los partidos mundialistas, deje su renuncia en el escritorio presidencial. (Carlos Fernández-Vega, La Jornada, Economía, p. 14)