Si el compromiso del presidente Andrés Manuel López Obrador de canalizar al Tren Maya todos los recursos del Derecho de No Residente (DNR) fuera puntual, este año habría menos de la tercera parte de los fondos previstos para esa obra.
Para dimensionar esta situación viene a cuento el hecho de que en el sexenio pasado Enrique de la Madrid, como secretario de Turismo, haya negociado infructuosamente que al Consejo de Promoción Turística (CPTM) le diera la parte que le correspondía por el pago del DNR de los turistas de negocios y “otros viajeros”.
Concretamente, se internaron 15 millones 445 mil turistas extranjeros; 942 mil viajeros de negocios y cuatro millones 220 mil en el rubro de “otros”, con un total de 20 millones 607 mil.
Esto significa que 74.95 por ciento de esa cifra correspondió al turismo y que el restante 25.05 por ciento a los otros dos renglones mencionados.
Esa diferencia era la que peleaba De la Madrid, pues de allí no le tocaba nada a la promoción cuando es un hecho que la llegada de familiares también es influenciada por la difusión de los atractivos de un país y que, además, el Consejo de Promoción Turística invertía muchos recursos en ganar congresos y convenciones.
Del DNR “turístico”, 70 por ciento le tocaba al CPTM; 10 puntos a Fonatur y 20 al Instituto Nacional de Migración (INM), el cual, olímpicamente, se quedaba con el otro 25 por ciento del total y con 39 por ciento de todo el pastel, pues su 20 por ciento del 70 por ciento sumaba otros 14 puntos más.
En el año 2000, recién nacido el CPTM, Leticia Navarro como titular de la Sectur, y Javier Vega Camargo como director del CPTM, dieron la batalla frente a Hacienda para que les etiquetaran el entonces Derecho de No Inmigrante (DNI), hoy DNR, para promoción y lo lograron. (Carlos Velazquez, Excélsior, Dinero, p. 6)
En México, la ausencia de políticas públicas para prevenir la violencia machista o garantizar la autonomía de las mujeres es responsabilidad del Estado pero es también una falla social añeja. Las medidas hacia la población migrante, tomadas o ignoradas, por los gobiernos de nuestro país y del continente americano, por otra parte, confirman a su vez que la xenofobia y el racismo no son fallas circunstanciales sino parte integrante de políticas públicas y de actitudes sociales excluyentes que las crisis agudizan, con alto costo humano.
Los padecimientos de las poblaciones migrantes, que suelen agravarse en tiempos inestables, han quedado en la invisibilidad para la mayoría, ya que muchos tienen que preocuparse por su propio bienestar, su salud y su vida y las de sus familias. Esta indiferencia social, consciente o no, ha favorecido las tendencias autoritarias y excluyentes que caracterizan a muchos de los gobiernos de nuestra región, y no sólo a Estados Unidos o El Salvador, como sugiere la cobertura mediática. De ahí la importancia de la iniciativa (IN) MOVILIDAD EN LAS AMÉRICAS, impulsada por 30 especialistas de diversos países para “mapear” las consecuencias del covid-19 en relación con las poblaciones migrantes, con el fin de mostrar “los espacios ocultos”, los “conflictos latentes” que solemos ignorar; entre ellos el control social que impone in-movilidad o expulsión a las poblaciones transmigrantes (www.inmovilidadamericas.org). (Lucía Melgar, El Economista, p. 43)
En la Montaña de Guerrero la crisis provoca hambre, la necesidad, migración. Me dice Abel Barrera, director del centro Tlachinollan: “Se está quebrando la columna vertebral de las comunidades indígenas, que son las remesas de Estados Unidos. Eso es lo más fuerte. En la Montaña no hay familia que no tenga un hijo, un esposo, una hija un hermano en Nueva York. Por eso aquí le llamamos ‘Tlapayork’”.
Cuenta Abel que hasta mediados de abril todavía llegaban los dólares. “En marzo todavía vimos cómo la gente se apostaba aquí en las casas de cambio llevándose pues esos 300 dólares que le mandan cada mes; en abril bajó, pero algo llegó. Para mayo algunas de las casas de cambio hasta habían cerrado”.
El desempleo en Estados Unidos ha pegado a los guerrerenses de la Montaña y también la muerte. El centro tiene un registro de los familiares de habitantes de la Montaña que han muerto en Estados Unidos: 29 hombres y siete mujeres, la mayoría en Nueva York. (Carlos Puig, Milenio Diario, Al Frente, p. 2)
La historia de los afrodescendientes está poco presente en la educación mexicana. En los libros de texto hay muy pocas menciones de su devenir contemporaneo. Sus luchas sociales no se alinean con la comunidad mexicana en Estados Unidos ni con las de los migrantes indocumentados. Este sector no se ha acercado a las causas mexicanas, pero tampoco los connacionales han actuado para tenerlos como aliados.
Por ello, sorprende que no exista un presupuesto o una política mexicana con recursos suficientes para armonizar una tarea afín entre migrantes y afrodescendientes. El reto de las llamadas minorías de dicha comunidad y mexicanos en Estados Unidos es establecer una agenda cotidiana en pro de los derechos humanos y obtener una partida gubernamental permanente que dé viabilidad a su reivindicación social.
Las buenas intenciones no son suficientes. Los latinos y los mexicanos con nacionalidad en Estados Unidos no deben fingir ceguera ante la discriminación de los afrodescendientes, porque con ello se vuelven más vulnerables, por no mostrar congruencia, empatía y también por falta de visión. (Horacio Saavedra, El Universal, Opinión)
Invitaciones.- Desempleo y migración en tiempos de pandemia
El Centro de Análisis de Coyuntura Económica, Política y Social (Caceps) de la Facultad de Economía (FE) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) invita a la videoconferencia De-sempleo, salarios y migración en tiempos de pandemia.
Mañana a las 12 horas. Participan Daniela Castro, IIEc; Patricia Pozos, Caceps-FE; David Lozano CAM-FE. Comentarista Pedro Martínez, Gise. Se transmitirá por Facebook, sólo ingresen: caceps y podrán acceder.
Esta es la 11 conferencia sobre temas de coyuntura que proyectaremos durante la emergencia sanitaria, como una contribución de los profesores-investigadores universitarios.
María de la Luz Arriaga, coordinadora del Caceps (La Jornada, Opinión)