Estrictamente Personal ¿Qué haces, Rutilio?
Chiapas se está pudriendo en medio de la violencia del narcotráfico.
El lunes fue asesinado el activista indígena tzotzil Simón Pedro Pérez López, luego de denunciar la existencia de grupos civiles armados en Los Altos de Chiapas. Nadie reivindicó el crimen, pero este miércoles en Pantelhó, donde vivía, Los Ciriles atacaron la comunidad, bloquearon sus caminos, tomaron el control de los accesos al municipio y amenazaron a los pobladores. Los Ciriles se dedican al narcotráfico, el tráfico humano y de armas, y están vinculados al Cártel Jalisco Nueva Generación.
El mismo día, en la comunidad de Nuevo Israelita del mismo municipio, se encontraron en dos casas abandonadas armas de grueso calibre, explosivos, artefactos y pilas que suelen utilizarse como detonadores. Tres días antes en Simojovel, a unos 60 kilómetros al noroeste de Pantelhó, también se encontraron explosivos.
Este miércoles en Tuxtla Gutiérrez, a más de tres horas de Pantelhó, hubo una fuerte balacera en un fraccionamiento en el occidente de la capital, donde, por los videos que grabó la gente, se escucharon disparos secos y pausados, como suenan los disparos de los fusiles de asalto. Las autoridades todavía no saben qué pasó.
La violencia de los últimos días en Chiapas nos hizo voltear hacia el estado, pero no es un caso aislado. La degradación de la vida social y el empeoramiento de la seguridad se ha agravado aceleradamente. Chiapas está ubicado en una posición estratégica para México, y en su frontera, la segunda más grande que tenemos, se juega la gobernabilidad nacional. Es estratégica, cinturón de contención de las organizaciones criminales trasnacionales. Los 655 kilómetros de límite terrestre con Guatemala son porosos. Muchos de ellos no tienen vigilancia y en algunos puntos que este reportero llegó a recorrer, se introducían sin problema drogas, fusiles de asalto y personas de contrabando.
Sin embargo, lo que se vive actualmente en Chiapas no tiene precedente en materia de crimen organizado, porque antes era una entidad en relativa calma al cohabitar todos los grupos delincuenciales que lo utilizaban de trasiego. Es inusual que haya una implosión en las zonas que controlan, y más extraño que se disputen plazas y territorios, que es lo que está sucediendo ante lo que parece ser una clara ausencia de autoridad.
El gobierno federal tiene identificadas las organizaciones criminales en el estado. La Unidad de Inteligencia Financiera dio a conocer en septiembre pasado un mapa general de los grupos delincuenciales en todo el país, donde Chiapas aparece repartido entre tres: el Cártel Jalisco Nueva Generación, de la costa suroccidental del Pacífico a la frontera con Guatemala y Tabasco; el Cártel de Sinaloa, con el pleno control de prácticamente toda la frontera con Guatemala y la parte sur de la costa del Pacífico, y el Cártel del Golfo, con una pequeña franja de poder que se extiende desde una punta del Pacífico en la frontera con Oaxaca, tocando la parte sur de Veracruz y suroeste de Tabasco.
El mapa de la Unidad de Inteligencia Financiera tiene otro desdoble, de acuerdo con informes de inteligencia del gobierno federal sobre la penetración del narcotráfico a nivel municipal, que publicó el año pasado El Universal. Ese informe revelaba la presencia de seis cárteles de la droga en Chiapas, que si bien se podía empatar por número de municipios donde tienen fuerte presencia con lo difundido por la Unidad de Inteligencia Financiera, explica mejor la complejidad de la penetración del crimen organizado en el estado. Por ejemplo, el diario señaló la prominencia de Los Zetas en la zona metropolitana de Tuxtla Gutiérrez, pero en ese informe no figura su presencia en zonas ocupadas por el Cártel del Golfo, con exkaibiles guatemaltecos como refuerzos, y con cuyos campamentos se topó el Ejército en la construcción del Tren Maya.
Tampoco refleja la descomposición que se vive en la entidad. Un ejemplo de ello lo da el enfrentamiento en Tuxtla Gutiérrez el miércoles, donde, de acuerdo con funcionarios federales, se suscitó entre células de los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación. Otro ejemplo es la existencia de la banda sanguinaria salvadoreña –que nació en las cárceles de Los Ángeles en los 80– la M-13, la Mara Salvatrucha, que opera en la frontera con Guatemala, y se apoya en Los Zetas para el tráfico humano hacia Estados Unidos.
La violencia en Chiapas, si bien no es comparable aún con los números de otras entidades donde la guerra entre cárteles es cruenta, ha tenido un comportamiento inestable, aunque con incidentes en las últimas semanas que eran inéditos en la entidad. Durante las elecciones, de acuerdo con políticos que los padecieron, los cárteles de la droga obligaron a un número de electores a votar por quien les decían, luego de presionar y amenazar candidatos. Este deterioro parece reacción al gobierno de Rutilio Escandón, que está desbordado.
Escandón, casado con Rosalinda López, administradora general de Auditoría Fiscal Federal, y cuñado del gobernador de Tabasco, es un viejo amigo del presidente Andrés Manuel López Obrador, y como su familia, formaba parte del PRD Tabasco cuando lo encabezó en los 90. Tiene una larga experiencia, pero el tema de la violencia y la inseguridad lo rebasó. No es algo que no pase con otros gobernadores, pero en su caso, el contexto es muy delicado y sus fallas pueden generar graves consecuencias.
Chiapas es el muro de contención de Centroamérica. Ahí es donde quiere el gobierno del presidente Joe Biden que se frene la migración indocumentada, y ha apostado a que el trabajo se lo haga el presidente López Obrador. Para Biden es una prioridad político-electoral que esa barrera en el Suchiate le resuelva sus problemas internos; para López Obrador es de gobernabilidad, que sólo existe cuando se guarda el equilibrio entre el ejercicio del poder y la capacidad de los gobiernos para solucionar los problemas. La ingobernabilidad se da cuando los gobernantes son incapaces de hacerlo, como Escandón está dando crecientes pruebas de ello. (Raymundo Riva Palacio, El Financiero, Opinión, p.44)
Desde Afuera / Haití, crisis más crisis más crisis
Según la Patrulla Fronteriza estadounidense, en mayo de 2021 detuvo a 2,928 haitianos que trataban de cruzar la frontera desde México, en comparación con los ocho registrados en mayo de 2020.
Ese mismo mes, el destacado diplomático chileno Juan Gabriel Valdés, exrepresentante especial y jefe de la misión de Naciones Unidas en Haití, afirmaba en una encuesta del grupo Diálogo Interamericano que “el Estado haitiano prácticamente ha desaparecido”.
El anuncio de las autoridades migratorias estadounidenses y la frase de Valdés resumen prácticamente la situación de Haití, aún antes del asesinato del presidente Jovenel Moïse, la madrugada del miércoles, por sicarios que no se sabe exactamente a quién obedecían, y que dejó un vacío de poder que varios tratan de ocupar.
Valdés señalaba que las instituciones haitianas, “siempre débiles en el pasado, se han derrumbado ante el carácter autocrático de un poder Ejecutivo que no ha dudado en violar sistemáticamente la Constitución para acumular poder”.
Y si se añade una situación de crisis económica permanente, sin contar con el impacto de la pandemia de COVID-19, las cosas en Haití parecen mucho más que complicadas.
Moïse fue electo en 2016 en unos comicios en los que obtuvo poco más de 500 mil votos y fue de lejos el mejor ubicado entre 27 candidatos, aunque la participación no llegó siquiera al 20 por ciento del electorado.
Durante su régimen, se comportó, si no como un dictador al menos como un gobernante autoritario, al que se atribuye además un deterioro de la legitimidad del gobierno: en 2019 disolvió el Parlamento, después de que no pudo celebrar nuevas elecciones, y desde entonces gobernaba por decreto. Igualmente, concentró el poder político en su oficina mientras militares y policías, considerados como corruptos y violentos, “controlan” la seguridad.
Según Jacky Lumarque, rector de la Universidad Quisqueya en Puerto Príncipe, “las principales organizaciones de derechos humanos han documentado la complicidad de las autoridades en el aumento de la inseguridad y los secuestros”.
De hecho, en un análisis para Dialogo Interamericano, precisó que “no se ha arrestado a ningún líder de pandillas conocido a pesar de su aparición abierta en eventos públicos, ni se ha hecho nada sobre ningún asesinato de alto perfil”.
En 2020, se informó oficialmente de casi 200 casos de secuestro para obtener rescate, 400 por ciento más que los 39 casos en 2019, pero extraoficialmente el periódico Le Nouvelliste estima que hubo 160 casos de secuestro cada mes en 2020.
Los diferentes problemas del país se retroalimentan y los augurios para Haití son pesimistas: el vacío de poder provoca preocupaciones sobre la legitimidad de los aspirantes a llenarlo y a lo que representan, lo que se convierte en desconfianza económica y una crisis social que se traduce en delincuencia y presiones migratorias. (José Carreño Figueras El Heraldo de México, Opinión, p.32)
Razones / Ahora vino el jefe del Comando Norte
No es una simple coincidencia de agendas, todos los mandos de seguridad importantes de Estados Unidos han visitado en las últimas semanas México. La historia comenzó cuando, en marzo pasado, el jefe del Comando Norte de la Defensa estadunidense, el general Glen D. VanHerck, hizo dos declaraciones muy importantes para entender el diagnóstico que tienen los militares estadunidenses de nuestro país.
Durante una rueda de prensa con periodistas que cubren el Pentágono, sostuvo que “las drogas, la migración, el tráfico humano, todos son síntomas de organizaciones criminales transnacionales que a menudo operan en áreas no gobernadas, entre un 30 a 35 por ciento, de México”. Ese mismo día ante el muy influyente Comité de Servicios Armados del Senado de Estados Unidos declaró que “hay dos importantes organizaciones criminales transnacionales: el Cártel de Sinaloa y el Jalisco Nueva Generación”. Agregó que “tenemos un imperativo de seguridad nacional dada la inestabilidad que crean estas organizaciones, las tragedias que provocan y las oportunidades que generan para que actores malignos, como China y Rusia, puedan tener acceso e influencia directamente en nuestra frontera sur”.
Desde entonces se han reiterado las declaraciones similares de muchos otros funcionarios estadunidenses y la idea se repite en los medios de ese país. En el último mes hemos recibido la visita de los directores de la CIA; de la vicepresidenta Kamala Harris; junto con ella de numerosos funcionarios de seguridad y migración de su gobierno; inmediatamente después llegó el jefe del Homeland Security, Alejandro Mayorkas, y luego el propio Mayorkas acompañó a la vicepresidenta Harris a una visita a la frontera, a El Paso. Y ayer estuvo en México nada menos que el propio jefe del Comando Norte, el general VanHerck, para reunirse con el secretario de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval, y el de Marina, el almirante José Rafael Ojeda: la agenda, se dijo, fue sobre temas de seguridad y migración. Pero cuesta imaginar que VanHerck haya presentado un diagnóstico diferente al que exhibió en marzo ante el comité del Senado.
Hay que entender, como ya hemos dicho en otras oportunidades, que las relaciones entre las Fuerzas Armadas de México y Estados Unidos suelen correr por carriles diferentes a las diplomáticas. Para Estados Unidos, México es parte de su seguridad interior, por eso tanto nuestro país como Canadá forman parte de lo que se denomina el Comando Norte de la Secretaría de Defensa. Todo el resto de América, incluyendo el Caribe, es parte del Comando Sur, una de las otras siete áreas de seguridad exterior de la Unión Americana. Ser considerado parte del Comando Norte implica un tipo de relación y de compromisos distintos, superiores, entre las Fuerzas Armadas de esos tres países por la sencilla razón de que Washington considera lo que pueda suceder en sus fronteras, en este caso en México, como temas de su seguridad interior y nacional.
El diagnóstico del jefe del Comando Norte no está alejado de la realidad. Hay territorios en nuestro país que sólo formalmente están bajo control de las autoridades. Zonas completas de Michoacán, Guerrero, Chiapas, Colima, Jalisco, Zacatecas, Guanajuato, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, entre otros, son territorio de alta presencia e incluso hegemonía criminal.
La operación de ésos y otros grupos criminales son considerados un factor de riesgo interno en la Unión Americana, por su propio accionar y por la posibilidad de ser utilizados o manipulados por potencias externas. Les importa su seguridad interior, que los cárteles sean el conducto para ataques contra su territorio. Y cuando ello involucra masacres en pasos fronterizos como la de Reynosa y el involucramiento cada vez mayor del crimen organizado en la migración ilegal, esos desafíos no pasan desapercibidos. Sumémosle a ello los 80 mil muertos al año por sobredosis de opiaceos, muchos de los cuales son traficados por cárteles mexicanos. La estrategia de seguridad que está siguiendo México, la de abrazos y no balazos que reiteró el presidente López Obrador esta misma semana, ignora o subestima esa preocupación y lo que ella implica en la relación bilateral.
Contábamos aquí en marzo, que el general VanHerck también calificó de “fantástica” la cooperación con las Fuerzas Armadas mexicanas. “Desde el punto de vista de nuestra relación con los militares mexicanos, ellos son tremendos socios, tenemos una relación fantástica de militar a militar”, dijo VanHerck ante el Comité del Senado. Aseguró, incluso, que el trabajo del Comando Norte con los altos mandos militares mexicanos se mantuvo de forma cercana durante la pandemia y también a través de los oficiales mexicanos destacados en la sede del Comando Norte, en Colorado Springs, donde suele haber, dijo, encuentros regulares y trabajos de adiestramiento común.
Los mandos militares de Estados Unidos tienen confianza en nuestras Fuerzas Armadas. Pero, desde el punto de vista de la Unión Americana, la persecución a los líderes del crimen organizado y el desmantelamiento de sus redes no puede seguir postergándose, la estrategia de contención no es suficiente. De eso vino a hablar VanHerck con el general Sandoval y el almirante Ojeda. Por allí pasará el futuro de la relación bilateral y mucho más. (Jorge Fernández Menéndez Excélsior, Opinión, p.14)