Opinión Migración 090725
La línea militar
Recientemente se anunció que un tercio de la frontera de Estados Unidos con México ha quedado bajo la supervisión de bases militares y se ha habilitado al Ejército del vecino país para detener a quienes ingresen sin autorización legal.
Esto es muy relevante ya que, en tiempos normales y bajo las leyes vigentes, sólo determinadas agencias del Departamento de Seguridad Interna (DHS) pueden detener a inmigrantes indocumentados. Sin embargo, la característica principal de las órdenes ejecutivas de Donald Trump ha sido argumentar una situación de emergencia nacional o de seguridad nacional, lo que faculta al Ejército a desempeñar funciones que normalmente no le corresponden.
Desplazar al menos a 7 mil 600 soldados a la frontera con México no es nuevo. Para empezar, quienes estuvieron a cargo de su vigilancia desde la década de 1950 siempre tuvieron una formación militar y eso ha permeado en la actitud y en los métodos utilizados para la protección del territorio estadounidense.
En segundo lugar, el Acuerdo de La Paz (1983), firmado entre Ronald Reagan y Miguel de la Madrid, vinculó a los inmigrantes indocumentados con la seguridad nacional al obligar a la Patrulla Fronteriza de EU a capturarlos a ellos y a los narcotraficantes. Así que la criminalización del inmigrante indocumentado ha estado en el imaginario de quienes vigilan la frontera y eso se ha acentuado con el tiempo.
Poner a tantos militares fuertemente armados en los cruces más usados es un elemento disuasorio que ya se había utilizado en 1993 en El Paso y el Valle de Texas, así como otras partes de la frontera. Cuando George W. Bush expandió el muro, que había empezado a construirse desde la década de 1990, provocó que la gente cruzara por zonas desérticas y aumentaran las muertes de personas sin documentos.
Pero también contribuye a justificar los 170 mil millones de dólares que se gastarán a lo largo de 10 años en la protección de la frontera, la construcción de centros de detención y la contratación de nuevos agentes.
Esta cifra hace palidecer los 25 mil millones de dólares que Trump había solicitado en 2019 para construir su maravilloso muro que nunca se materializó. Esto, en cierta manera, es una bofetada para todos los que se opusieron a aquella idea.
Para ponerlo en perspectiva, el gasto planeado en el mismo plazo para el Departamento de Defensa es de 150 mil millones de dólares. A cambio, se prevén importantes recortes en seguridad social, cupones para alimentos, entre otros. Por cierto, dentro de estos recortes están los del Centro Nacional de Huracanes y la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias. La idea es que cada Estado tenga recursos para sus propias alertas meteorológicas y sus métodos de apoyo en desastres naturales.
Sin embargo, como dolorosamente estamos viendo en Texas, todavía no hay una preparación para que estos sistemas puedan ser sustituidos y que funcionen adecuadamente en la importante labor de prevenir y salvar vidas.
Pero lo que le importa a la administración Trump es enviar el mensaje de que la frontera con México es inviolable y que no hay forma, ninguna, de cruzar ilegalmente sin ser detectado. Pero si lo haces, te espera la deportación a algún centro de detención interno o a temibles cárceles en otros territorios. El mensaje de disuasión es muy poderoso.
Atestiguar una aplicación de la ley de la manera más dura, la crueldad del trato y la insensibilidad ante el dolor humano tiene el objetivo de provocar miedo y disuadir al potencial inmigrante de cruzar una línea que antes representaba la oportunidad de la prosperidad. Hoy, el mito del “sueño americano” se desvanece y en su lugar emerge una línea verde militar que no admite concesiones.
De todas las políticas e iniciativas de la administración Trump, ésta es la más notoria. Se ha cambiado la dinámica de la frontera y ya no se ven las multitudes esperando entrar a Estados Unidos. Sin embargo, todavía no se ve el costo que esto tendrá en la economía estadounidense y entonces veremos si puede considerarse un éxito. (Gabriela De la Paz, Reforma, Opinión, p. 9)
Desde el biopoder / Poblanos, víctimas de redadas
Las redadas ejecutadas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) del gobierno de Estados Unidos están afectando a las familias migrantes de estados como California.
Los operativos se concentraron en zonas de alta densidad de población latina y se realizan en centros de trabajo, en espacios comunitarios, en zonas cercanas a escuelas, así como en diferentes vialidades.
De acuerdo con la fundación Pies Secos, organización de apoyo a los migrantes, más de dos mil poblanos ya fueron detenidos durante la gestión del presidente Donald Trump y, aunque la mayoría se encuentra en proceso de análisis, el resultado es la deportación.
Ricardo Andrade, presidente de la organización de apoyo a los connacionales sin documentación, explicó que las redadas continuarán y se intensificarán durante el resto del año.
Los últimos permisos temporales que se otorgaron a los migrantes por parte de la gestión de Joe Biden comienzan a vencer, ante lo cual, diferentes operativos se identificaron a partir de este mes.
“Las redadas continuarán contra todos los migrantes. Para muchos, se vencen los permisos que se otorgaron a principios de este año, todavía, cuando era la gestión de Joe Biden. Ahora se intensificarán los operativos”, apuntó.
Para el Centro de Investigaciones sobre América del Norte (CISAN) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), las redadas deben interpretarse como parte de una estrategia federal de control migratorio con motivaciones políticas evidentes.
Las acciones contra los migrantes buscan mostrar que el presidente Donald Trump tiene el carácter para implementar medidas de control absoluto sobre la migración irregular, destacó Silvia Núñez, investigadora de la UNAM.
La zona de ataques contra los migrantes se centra en el estado de California, área demográfica que cuenta con más de 10 millones de inmigrantes internacionales y 1.8 millones de personas en situación irregular.
Ante la situación que viven los migrantes, es fundamental, como lo proponen los académicos de la UNAM, que se fortalezca el trabajo coordinado entre autoridades, comunidad migrante y redes de apoyo para ofrecer respuestas efectivas en contextos de emergencia. (Jaime Zambrano, Milenio Puebla, Online)
Brújula / Un estado policiaco contra migrantes
Florida, EUA.- Las acciones contra los migrantes que ha emprendido Donald Trump en los primeros seis meses de su segundo mandato han mostrado ser sumamente desorganizadas, racistas y crueles.
Lo que hemos visto es un espectáculo para asustar a quienes están sin sus papeles en orden en Estados Unidos para que quienes sigan sin documentos prefieran autodeportarse. Con ese propósito hemos visto desde los vuelos enviando a hispanos a la megacárcel de Bukele hasta las redadas en Los Ángeles. La idea ha sido mostrar a un gobierno dispuesto a todo para purgar a su país de los indocumentados.
Por eso las imágenes de los supuestos integrantes de pandillas puestos en vuelos hacia El Salvador esposados fueron promovidas masivamente en las redes sociales de La Casa Blanca. Lo mismo sucedió con los agentes de migración (ICE) y la Guardia Nacional desplegada en California. Todo se ha promovido como un ejercicio de eficiencia que ha reducido las detenciones a su número más bajo en décadas.
La semana pasada esta propaganda escaló con las imágenes de Trump caminando por su nuevo centro de detención de migrantes en Florida: El Alcatraz de los Cocodrilos. El antiguo Homestead Air Reserve Base, a 50 km de Miami, ahora se va a usar para detener a migrantes con la promesa de que, al estar rodeado de manglares en los que rondan cocodrilos, ninguno va a poder escapar.
El fiscal general de Florida, James Uthmeier, quien fue el que bautizó al lugar, presumió en un video publicado en X que “si la gente sale de ahí no les espera mucho más que cocodrilos y pitones”. La crueldad se está usando como propaganda. Y las cosas se van a poner peor.
El One Big Beautiful Bill que aprobó la Cámara de Representantes el jueves pasado y que firmó el 4 de julio Donald Trump “como regalo de cumpleaños para América”, crea un estado policiaco contra migrantes que otorga muchos más recursos a los esfuerzos para llevar a cabo deportaciones. El dinero aprobado permitirá a la administración Trump aproximadamente duplicar la capacidad de detención de inmigrantes y reforzar significativamente el personal de control de inmigración. De entrada ICE pasa de tener un presupuesto de $8 mil millones de dólares al año a recibir $100 mil millones de dólares de ahora y hasta septiembre del 2029.
Además del músculo financiero para ICE, el proyecto reserva 46 mil 500 millones de dólares para el muro fronterizo, su construcción, instalación, mejoras, vías de acceso, cámaras, iluminación y otras tecnologías de detección. Esto representa el mayor gasto de todo el BBB.
La retórica nativista de Trump y los tres funcionarios de su gobierno abocadas a terminar con la migración – Stephen Miller; Tom Homan y Kristi Noem – está pasando de tener a los indocumentados como su blanco de acción a irse también en contra de migrantes que están en Estados Unidos con sus documentos en orden.
Por eso Trump ha hablado de deportar a su otrora amigo, Elon Musk, a Sudáfrica. Allá nació, pero Musk es ciudadano de EUA desde el año 2002. El presidente ha amenazado con hacer lo mismo al candidato demócrata a la alcaldía de Nueva York, Zohran Mamdami, quien nació en Uganda pero es ciudadano estadounidense desde el 2018, si de ganar, impide que ICE lleve a cabo deportaciones en su ciudad.
Estados Unidos se hizo a partir de migrantes. El propio Trump está casado con una migrante, Melania Knauss, que nació en Eslovenia. La esposa del Vicepresidente J.D. Vance, Usha Chilukuri, es hija de migrantes de India. Esta atracción de los mejores talentos y de gente que busca el sueño americano ha sido una enorme fortaleza para el país. Pero esa historia de éxito se ha vuelto la de un cruel estado policiaco contra migrantes con el regreso de Trump 2.0. (Ana Paula Ordorica, El Universal, Nación, p. A9)
Mirada Lainoamericana / El pacto autoritario entre Bukele y Trump contra los migrantes encarcelados
La reciente revelación de que el Gobierno de El Salvador ha reconocido ante investigadores de Naciones Unidas que la administración de Donald Trump mantiene el control sobre los ciudadanos venezolanos deportados desde Estados Unidos a la megacárcel salvadoreña CECOT (Centro de Confinamiento del Terrorismo), no solo contradice las declaraciones públicas de ambos gobiernos, sino que pone en evidencia una práctica profundamente violatoria del derecho internacional: el uso de cárceles extranjeras como depósitos extraterritoriales de migrantes que, según ellos, son indeseables.
La denuncia, contenida en documentos judiciales presentados por abogadas y abogados defensores de más de 100 migrantes, revela una maquinaria transnacional de castigo, donde los principios del asilo, el debido proceso y la protección internacional son completamente ignorados en nombre del control migratorio y la seguridad. Deportarlos a una prisión en un país que no es el suyo, sin juicio, sin causa penal y bajo condiciones que han sido denunciadas como inhumanas, configura una violación flagrante del non-refoulement, principio del derecho internacional que prohíbe devolver a una persona a un país donde corre peligro su vida, su libertad o donde podría sufrir tortura o tratos inhumanos.
Por su parte, Bukele juega un doble juego y, como siempre, uno muy poco transparente: mientras se promueve como un líder moderno y soberano ante el mundo, “el dictador más cool del mundo”, como él mismo se denomina, se arrodilla y permite que una potencia extranjera tenga injerencia directa sobre el manejo de las personas privadas de la libertad en su cárcel estrella; una cesión total de soberanía que convierte al CECOT en una herramienta regional de represión migratoria, además del centro de tortura que ya es hoy por hoy.
Pero la gravedad no termina ahí; este modelo podría extenderse, al igual que lo ha hecho peligrosamente el llamado “modelo bukelista”. Lo que vemos con personas venezolanas podría aplicarse mañana a haitianas, nicaragüenses, mexicanas, o cualquier población que el aparato migratorio, especialmente, el estadounidense, considere “prescindible” y “desechable”. La externalización del castigo crea un limbo legal y moral donde nadie se hace responsable; al respecto, se ignoran olímpicamente órdenes de suspensión y de liberación por parte de jueces y juezas de cortes federales. Ninguno de los gobiernos implicados responde.
Estamos ante un nuevo pacto autoritario: Trump “exporta” migrantes, Bukele los encierra, y ambos gobiernos niegan lo que documentos oficiales y organizaciones defensoras de derechos humanos ya confirman. ¿Quién gana? Los políticos que capitalizan el miedo y la xenofobia y que, posteriormente, nos venden falsas soluciones de aparente seguridad. ¿Quién pierde? Los cuerpos migrantes, racializados, empobrecidos, criminalizados, latinoamericanos.
Este no es solo un escándalo diplomático, sino una advertencia de lo que ocurre cuando los Estados —y peor aún, una parte mayoritaria de la sociedad— dejan de ver a las personas como sujetos de derechos y las transforman en mercancía geopolítica, tal y como lo han hecho Bukele y Trump. ¿Qué más debe pasar para que el mundo rechace al unísono y deje de aplaudir a gobiernos como el de El Salvador? Callar ante esto es legitimar una política, camino a convertirse en norma global: encerrar, desplazar y despojar a las y los más vulnerables, sin consecuencias. No podemos seguir mirando hacia otro lado. (Daniela Pacheco, Milenio, Online)
Acordes Internacionales / “Big, Beautiful Bill”: la ley que castiga el rostro latino
El H.R.1 —Big, Beautiful Bill, según Donald Trump— combina endurecimiento migratorio, reformas fiscales, recortes a la salud pública y desregulación energética en un sólo paquete legislativo. Se traduce, además, en reducciones al impuesto sobre la renta y a los impuestos corporativos, expansión de la producción de combustibles fósiles y eliminación de regulaciones ambientales.
Esta ley modifica radicalmente el paradigma de respeto a los derechos humanos: ni la dignidad de los migrantes, ni la salud, ni el medio ambiente figuran entre las prioridades del texto legislativo. Me detendré, en tres entregas, a analizar estos temas. Comienzo con la migración.
El Big, Beautiful Bill permite que las policías detengan a personas por el simple hecho de parecer sospechosas de haber cruzado irregularmente la frontera, y convierte la migración no autorizada en un delito estatal.
En términos concretos, la legislación contempla una expansión sin precedentes del aparato migratorio estadounidense. Se asignan fondos para contratar a 10 mil nuevos agentes de ICE y 5 mil oficiales adicionales de la Patrulla Fronteriza, además de decenas de miles de plazas nuevas en centros de detención. En total, se destinan 170 mil millones de dólares a infraestructura de control migratorio, lo que se traducirá en redadas más frecuentes, detenciones masivas y deportaciones aceleradas.
Además, se invertirán 45 mil millones de dólares en la construcción y mantenimiento de más de 100 mil camas en centros de detención de ICE, incluidas instalaciones específicas para encarcelar familias. Con esto, se eliminan límites anteriores y se abre la puerta a la detención indefinida de familias migrantes durante sus procesos de deportación.
La legislación también amplía la figura de la “remoción expedita”, permitiendo la deportación inmediata de personas no ciudadanas con antecedentes penales, sin audiencia judicial, incluso si han vivido durante años en el país.
Por si fuera poco, se restablece —y se financia formalmente— la política de “Permanecer en México”, que obliga a solicitantes de asilo a esperar en territorio mexicano mientras sus casos son procesados en tribunales estadounidenses.
Finalmente, la ley propone un impuesto de entre el 3.5% y el 5% sobre el dinero que los inmigrantes envían a sus países de origen. Una medida que no sólo penaliza el trabajo digno y la solidaridad transnacional, sino que muestra con claridad el espíritu punitivo que atraviesa todo el texto: castigar al migrante incluso por ayudar a su familia.
Hasta aquí la ley. ¿Y los derechos humanos? Cada una de sus disposiciones vulnera principios fundamentales que deberían proteger a toda persona, sin distinción de nacionalidad ni estatus migratorio. Permitir que la policía detenga a alguien por mera sospecha de haber cruzado la frontera es abrir la puerta a la discriminación por apariencia física, acento o color de piel. Eso es legislar el prejuicio.
Las detenciones indefinidas de familias violan el principio de unidad familiar reconocido en instrumentos internacionales y en estándares básicos de protección a la infancia. La ampliación de la “remoción expedita” constituye una forma de detención arbitraria y negación del debido proceso, pues priva a miles de personas del derecho a ser escuchadas ante una autoridad judicial.
La política de “Permanecer en México” expone a solicitantes de asilo a violencia, inseguridad y abandono legal, en contravención directa del principio de no devolución (non-refoulement). Y el impuesto a las remesas castiga una de las formas más básicas de solidaridad: ayudar a los tuyos cuando lograste sobrevivir en otro país.
Pero más allá del catálogo jurídico, el Big, Beautiful Bill encarna una idea profundamente peligrosa: que buscar una vida mejor es un delito. Que migrar no es un derecho, sino una amenaza. Que quienes se ven “sospechosamente latinos” deben vivir con miedo, sin importar su historia, su trabajo o sus vínculos. No hay nada hermoso en una ley que convierte la exclusión en política de Estado. (Valeria López Vela, La Razón, Mundo, p. 24)
Trascendió
Que el embajador Ronald Johnson, la cantante Billie Eilish y la vocera del Departamento de Estado, Tammy Bruce, todos estadunidenses, destacaron y agradecieron a la presidenta Claudia Sheinbaum el envío de personal para apoyar el rescate después de las inundaciones en Kerrville, Texas, adonde viajó un grupo de 13 bomberos de Ciudad Acuña, Coahuila. “Amigos”, “generosos”, “vecinos” y “valientes” fueron algunas de las expresiones hacia los mexicanos. Ojalá se enteraran Donald Trump y Greg Abbott.
Que la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados tiene pendientes desde hace dos meses las comparecencias del titular de la FGR, Alejandro Gertz, y del secretario de Economía, Marcelo Ebrard, sin posibilidad de acordar fechas en el corto plazo, pues el primero se mantiene ocupado de tiempo completo en los temas huachicoleo, Enrique Peña Nieto y Julio César Chávez Jr., entre otros, mientras que el segundo pasa gran parte de su tiempo en Estados Unidos cabildeando contra los aranceles y alistando la ruta para la revisión del T-MEC. (Trascendió, Milenio, Al Frente, p. 2)
Sube y Baja
Alejandro Armenta, Gobernador de Puebla
El mandatario poblano puso en marcha la campaña de inicio de la temporada de chiles en nogada, un platillo tradicional de Puebla que lleva más allá de la frontera mexicana el sello gastronómico estatal.
Brooke Rollins, Secretaria de Agricultura de EU
La funcionaria expresó su apoyo para las deportaciones masivas de migrantes incluyendo a gente del campo, pues asegura que hay miles de estadounidenes dispuestos a trabajar las tierras agrícolas. (Sube y Baja, La Crónica de Hoy, La Dos)
Nombres, nombres y… nombres
PEGA A VOLARIS ENTORNO MACRO Y MIGRACIÓN A EU
Reflejo de la situación macro y la incertidumbre migratoria, Volaris de Enrique Beltranena no mostró su mejor rostro en los números de junio. Tráfico estancado y ocupación total que bajó 1.7%. Más la internacional (- 2.9%) y la nacional (- 0.7%). Guillermo Quechol experto de Intercam señaló que el desempeño estuvo por debajo de sus expectativas y también de la guía de la aerolínea. (Alberto Aguilar, El Sol de México, Finanzas, p. 13 y La Prensa, Nacional, p. 20)
Comisión Sonora – Arizona, ejemplo de buena vecindad
Sonora y Arizona son ejemplo de una buena vecindad, caracterizada por la existencia de ecosistemas naturales que van más allá de las fronteras políticas –el Desierto de Sonora–, la historia común de nuestros pueblos –el pueblo Tohono O’odham– y una hermandad que todos los días contribuye a la prosperidad de ambos estados, incluso, integrándose en lazos familiares binacionales.
Esta buena vecindad se fortalece con el impulso de la cooperación de los gobiernos de los dos estados en áreas como educación, seguridad, salud pública, infraestructura, transporte, recursos naturales, desarrollo económico, comercio, turismo y medio ambiente. Cooperación que hace de los 568 kilómetros de frontera uno de los cruces más dinámicos en flujo de personas y mercancías.
Bajo el lema “Celebrando nuestro legado, construyendo nuestro futuro”, los días 26 y 27 de junio se llevó a cabo la 66ª Reunión Plenaria de la Comisión Sonora-Arizona, en la ciudad estadunidense de Phoenix; siendo encabezada por los gobernadores Alfonso Durazo y Katie Hobbs, y convocando a personas servidoras públicas, líderes empresariales y representantes de organizaciones de la sociedad civil.
A través de comités temáticos, se presentaron proyectos para la gestión energética sostenible, la modernización de cruces fronterizos, la promoción turística, seguridad alimentaria y agronegocios, así como estrategias de acción conjunta ante las emergencias sanitarias o climáticas –por ejemplo, las altas temperaturas.
Gracias al Plan Sonora de Energías Sostenibles, nuestro estado no solo es una región clave del desarrollo económico de México, sino epicentro de una megarregión binacional que apuesta por el intercambio tecnológico, la ampliación de la infraestructura carretera y portuaria, la conectividad y el talento humano.
Sonora se está convirtiendo en uno de los estados mexicanos más activos con el Plan México, debido a su ubicación estratégica como estado que colinda con la primera economía mundial, así como su riqueza energética y minera, haciendo posibles proyectos como Kutzari (diseño y elaboración de semiconductores) y el primer automóvil eléctrico Olinia. Además del Polo de Bienestar de la ciudad de Hermosillo, que será fuente de nuevos empleos y bienestar social.
Este momento del desarrollo industrial sonorense cobra importancia al coincidir con las industrias emergentes de Arizona, como las energías renovables, la fabricación de semiconductores y la electromovilidad. La buena vecindad también favorece la derrama económica de ambos estados, gracias a las actividades turísticas y comerciales que disfrutan las familias sonorenses en Arizona y las familias arizonianas en Sonora –San Carlos y Puerto Peñasco son los principales destinos sonorenses de turistas norteamericanos.
Adicionalmente, las familias sonorenses se benefician de los lazos de amistad y de cooperación institucionalizados con la Comisión Sonora-Arizona, sobre todo, porque muchas paisanas y paisanos viven en el estado vecino, o bien, viajan recurrentemente a Arizona por motivos laborales, educativos o de placer. No sobra decir que cuentan con el apoyo de los consulados de Nogales, Phoenix, Tucson y Yuma, así como del Gobierno de Sonora.
Posdata. El 3 de julio conmemoramos el 70 aniversario del sufragio femenino en México, avance democrático que hizo efectivo el derecho de las mujeres a votar y ser votadas. Gracias al goce de nuestros derechos políticos y electorales, hoy por hoy, los poderes públicos están integrados paritariamente y nos gobierna la primera mujer presidenta de la República. (Lorenia Valles, El Sol de México, Análisis, p. 22)
Historias de NegoCEOs / Por fraude, detienen al CEO de la fintech Dock en México
El sábado pasado fue detenido Anderson Olivares de Oliveira, director general en México de la fintech brasileña Dock. Al empresario se le acusa de cometer un fraude de por lo menos 10 millones de dólares en el territorio nacional. Se trata de otro caso de una institución no regulada por las autoridades mexicanas que opera con irregularidades y defrauda a sus clientes. Como si en estos momentos de máximo escrutinio al sector financiero mexicano le hiciera falta un escándalo más.
Dock se ostenta como una de las empresas líderes en el segmento de “banking as a service” en América Latina, un modelo de negocio que permite a terceras empresas emitir tarjetas de débito y crédito sin necesidad de adquirir licencias directas con procesadores como Visa o Mastercard.
La compañía ofrece soluciones a través de su API abierta y una plataforma nativa en la nube, habilitando a más de 300 clientes para ofrecer sus productos de pagos, crédito y banca digital, con un alcance que actualmente llega a 65 millones de usuarios finales activos en toda la región y procesa cinco mil millones de transacciones anuales.
La compañía brasileña ha construido su expansión regional sobre una estrategia agresiva de levantamiento de capital y adquisiciones estratégicas. Bajo el mando de sus ejecutivos globales Marcelo Prudencio, presidente; Marcelo Jacques, cofundador, y Antonio Soares, su CEO global, Dock ha completado múltiples rondas de financiamiento, incluyendo una ronda de capital en 2022 que valoró la empresa en 1.5 mil millones de dólares, consolidando su presencia en mercados clave de Latinoamérica a través de esta estrategia de crecimiento acelerado.
En territorio mexicano la empresa materializó su estrategia de crecimiento mediante la adquisición de Cacao, una fintech local que previamente había intentado obtener, sin éxito, una licencia como Institución de Fondos de Pago Electrónico ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a cargo de Jesús de la Fuente. Esta transacción reflejó la intención de Dock de establecer una plataforma robusta para sus operaciones en el mercado nacional.
Sin embargo, el modelo de “Banking as a Service” ha generado grandes preocupaciones entre los reguladores mexicanos. La CNBV ha expresado reservas fundamentales sobre estos esquemas, principalmente porque limitan la capacidad supervisora de la autoridad sobre las empresas que proporcionan de manera correcta servicios financieros al público. Esta problemática se agudiza cuando algunas de estas entidades operan sin regulación específica, creando vacíos normativos que comprometen la integridad del sistema financiero.
La proliferación de tarjetas de débito y monederos electrónicos bajo estos modelos ha facilitado la circulación de instrumentos financieros que escapan a la fiscalización tradicional de las autoridades. Esta situación ha sido identificada como un factor que favorece operaciones de lavado de dinero, planteando riesgos sistémicos para la estabilidad financiera nacional. Las quiebras de sofipos como Came, Crédito Real y otras más grandes como Unifin revelan una muy laxa supervisión, o simplemente un entramado de corrupción. Ni qué decir sobre las recientes acusaciones del Tesoro de Estados Unidos contra dos bancos y una casa de bolsa de México.
La situación legal de Dock se ha complicado adicionalmente por las restricciones judiciales que enfrenta. Según fuentes cercanas al proceso, existe una medida cautelar dictada por un juez mexicano que prohíbe a la empresa realizar modificaciones en su estructura accionaria hasta que se resuelvan los litigios que enfrenta. Esta restricción habría sido un factor determinante en el fracaso de los intentos de la fintech por realizar una Oferta Pública Inicial en Estados Unidos el año pasado.
La detención de Olivares se llevó a cabo al arribar al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en cumplimiento de una alerta migratoria emitida por la Fiscalía General de la República. El directivo permanece bajo custodia en el Reclusorio Sur de la capital y comparecerá ante el juez el próximo viernes para su audiencia inicial. Su detención responde a acusaciones formales por el delito de fraude en perjuicio de socios e inversionistas, según informes oficiales de la Fiscalía.
Posdata 1
Otra fintech muy emproblemada es Alquimia Pay, de Sergio Loredo. La compañía, relacionada con dinero de algunos políticos y funcionarios de gobierno, enfrenta denuncias por un presunto fraude financiero que habría afectado a alrededor de dos mil usuarios.
Si bien no se tiene claro el monto de la posible defraudación, se estima que es de unos 800 millones de pesos, según los abogados que representan a los afectados.
La fintech mexicana es legalmente conocida como ALQUIMIADIGITAL.MX S.A.P.I. de C.V. con centenas de usuarios que reportan haber perdido acceso a sus cuentas, además de problemas de retenciones de su dinero y falta de transparencia de la empresa.
Las quejas apuntan a bloqueos de transferencias, saldos congelados y prácticas engañosas previas, como promociones para incrementar saldos antes del colapso.
La empresa fue fundada por Sergio Loredo Foyo, quien aparece como máximo responsable y está siendo investigado junto con la empresa por la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
Se dice que Loredo se asoció con un empresario de Querétaro para poder seguir operando, mientras que arrastran adeudos con varios de sus clientes, entre ellos dirigentes de partidos políticos y organizaciones de trabajadores. Otro caso de escándalo.
Posdata 2
Hoy, los principales representantes de la Asociación de Bancos de México darán una conferencia de prensa para disipar dudas sobre el funcionamiento de la banca en el país, a propósito de las investigaciones y señalamientos de las autoridades de Estados Unidos sobre tres instituciones financieras mexicanas.
El mensaje que va a emitir hoy el presidente de los banqueros, Emilio Romano, será de resiliencia, de alta capitalización y de buenos estándares de cumplimiento en la banca del país. A contracorriente de lo que dicen analistas y calificadores de riesgo, el mensaje que todo el sector, tanto privado como público, es que no habrá contagios y que la colaboración con el Tesoro de Estados Unidos y las instituciones de ese país será más estrecha para evitar nuevas sorpresas.
De entrada, se asegura que no vienen más señalamientos contra bancos o instituciones mexicanas a corto plazo, pese a que se ha intentado regar el rumor de que vienen acusaciones contra bancos como Mifel, Actinver o Monex. Según Romano, el contacto reciente que han tenido con las autoridades de Estados Unidos anticipa que no habrá más acusaciones y que las que ya se hicieron van a abordarse con toda la seriedad para evitar la quiebra de las instituciones. También dice que los funcionarios del Tesoro de EU no les advirtieron que venían represalias contra CIBanco, Intercam y Vector. Que simplemente se tocaron los temas de reforzamiento de media antilavado en las reuniones de la Convención Bancaria, pero que no se habló de casos en específico.
Posdata 3
El próximo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar Ortiz, se reunió este martes con la presidenta saliente, Norma Piña. Como era de esperarse, se aseguró que habrá una transición “buena y tersa”, mientras la ministra alista sus maletas para viajar a España, donde ha tramitado varias solicitudes de asilo.
Sin embargo, parece más bien un mensaje para que la Corte actual ya mejor ni le mueva a los asuntos pendientes. Mejor se los dejen a los nuevos integrantes, tal cual lo pidió hace unos días la presidenta Claudia Sheinbaum.
Tras las reuniones de Aguilar Ortiz con sus próximos compañeros de la Corte, no todo ha sido miel sobre hojuelas. Las tensiones se mantienen entre los futuros integrantes del Pleno del máximo tribunal. La mayor animadversión es contra Lenia Batres, quien no más no se integra ni quiere aprender. Pero en su primer círculo la ven no solo como la segunda presidenta de la Corte, tras los dos años de Hugo Aguilar, sino que, con el respaldo de su hermano Martí Batres, la intentarán impulsar para otros cargos políticos. Al tiempo. (Mario Maldonado, El Universal, Nación, p. A10)
Jaque Mate / Xenofobia en Condesa
“El mundo está lleno de gente un pueblo, un líder13.06.2025 que piensa que diferente es sinónimo de equivocado”
David Levithan, Two Boys Kissing
Todavía el 26 de octubre de 2022 la presidenta Claudia Sheinbaum confirmaba sus raíces liberales: “Es una invitación para que todos los trabajadores remotos del mundo entero vengan a la Ciudad de México a vivir en esta ciudad que lo tiene todo”. La apertura era lógica: la mandataria proviene de familias judías europeas; sus abuelos maternos fueron refugiados de la Segunda Guerra Mundial.
Muchos de esos trabajadores remotos se han asentado en la colonia Condesa, la misma en la que en los años cuarenta y cincuenta se establecieron cientos de familias judías y españolas refugiadas de las guerras europeas. Los inmigrantes de fuera, pero también los de otras partes de México, le dieron ese carácter cosmopolita que ahora la vuelve atractiva.
Yo me mudé a la Condesa en 1977 y alquilé un apartamento en las calles de Amsterdam y Laredo. Ya entonces era más cara que otras colonias cercanas, como la San Rafael o la Santa María la Ribera, pero era posible encontrar oportunidades como ese piso amplio, viejo, frío y destartalado con una hermosa vista de Amsterdam. La vida en la colonia era agradable porque todo se podía hacer caminando.
La Condesa, sin embargo, entró en una crisis severa tras los sismos de 1985 que destruyeron numerosos edificios y casas. Cientos de familias huyeron del acuoso subsuelo de la colonia. La caída de los precios hizo que empezaran a llegar nuevos residentes. Conforme se fue perdiendo el miedo, algunos renovaron casas y edificios. El mercado funcionó. Un elemento importante fue que, a pesar de que la zona era residencial, el gobierno permitió la apertura de cafés, restaurantes y tiendas. La Condesa es un experimento que demuestra que cuando los gobiernos no zonifican, cuando no limitan el uso de suelo, se generan ambientes urbanos más diversos, sanos y atractivos.
No pasaron muchos años para que la Condesa se pusiera de moda nuevamente. Los precios empezaron a subir en los noventa. En los últimos años ha habido un auge, en parte porque los sismos de 2017 no le pegaron tan fuerte. La colonia se convirtió en una zona aspiracional por su naturaleza cosmopolita. Las ventajas del barrio se difundieron a nivel internacional a partir de la pandemia, cuando jóvenes de todo el mundo empezaron a buscar mudarse a los mejores lugares para trabajar a distancia.
Sheinbaum tenía razón cuando invitaba en 2022 a esos “trabajadores remotos del mundo”, tanto como lo tenía el poema de Emma Lazarus inscrito en la Estatua de la Libertad que invitaba a migrar a Estados Unidos: “Dadme vuestros cansados, vuestros pobres, vuestras masas amontonadas que aspiran a respirar en libertad”. La inmigración fortalece y enriquece. En la Condesa, los migrantes digitales han generado empleos y prosperidad que se han extendido a colonias vecinas, como la Roma o la Juárez, donde ahora resido.
Tristemente, la actual jefa de Gobierno, Clara Brugada, no participa del espíritu liberal que mostró Sheinbaum en 2022 y ha declarado: “No estamos de acuerdo ante el fenómeno de la gentrificación y trabajaremos con fuerza para enfrentarlo. Defendemos el derecho de la ciudad para quienes aquí nacieron y para quienes aquí la han hecho su hogar”. Supongo que se inspira en Donald Trump, quien también rechaza a los extranjeros, pero yo nací en la Ciudad de México y estoy convencido de que su principal virtud es ser una ciudad abierta y tolerante. Es una pena que la hoy jefa de Gobierno rechace a quienes no nacieron aquí.
OVIDIO
Se canceló la audiencia de hoy de Ovidio Guzmán en Chicago, pero ya sabe- mos que se declarará culpable para volverse “testigo colaborador”. La experiencia nos ha enseñado a desconfiar de los testigos que reciben beneficios si declaran lo que los fiscales quieren, pero los testimonios de Ovidio cimbrarán la vida política del país. Habrá que exigir pruebas, como ha dicho Sheinbaum. (Sergio Sarmiento, Reforma, Opinión, p. 8)
Xenofobia mexicana
¿Qué opina de que personas de otros países se casen con mexicanos y formen familias en la CDMX?
Un sorpresivo 36% considera que mal o muy mal y 49% de los encuestados que bien o muy bien. Cierto, gana el bien, pero ¿por qué tantas personas piensan que es algo negativo? ¿Qué nos pasa con la extranjería? Estamos en 2025 y millones de personas en México piensan que casarse con un extranjero o extranjera y formar familia en la CDMX es mala noticia.
¡Vaya balde frío de realidad!
¡Vaya ventana a la xenofobia mexicana!
En el marco del debate sobre la gentrificación en la CDMX, Alejandro Moreno, encuestador de El Financiero, publicó hace unos días un sondeo sobre las percepciones de los chilangos respecto a la extranjería en la capital. De los encuestados, 45% opina que está mal o muy mal que personas de otros países se muden a vivir a la CDMX (frente a 42% que considera que está bien) y 46% asegura que está mal que quienes vienen de otros países lleguen a la CDMX a abrir negocios. Y como colofón: ante la pregunta ¿cree usted que las personas que vienen de otros países benefician o perjudican a la ciudad?, 51% dice que la perjudican y 41% que la benefician. En resumen, un porcentaje sorprendentemente alto de los encuestados en esta ciudad recela de la extranjería y la quiere lejos de su entorno inmediato y social.
Ya lo sé, ya dije un par de veces que estoy sorprendida pero es que alguna proyección optimista mía deseaba que, por ser tan cosmopolita y abierta a movimientos humanos, la capital del país sería mucho más receptiva a extranjeros de lo que hoy manifiesta. Y si revisamos el muy recomendable estudio “La evolución cultural en México”, veremos que en el país y no solo en la CDMX, se viene cocinando desde hace tiempo una capa cada vez más gruesa de xenofobia, articulada desde miedos, ignorancias y necesidades no atendidas, nada diferentes a lo que sucede en otros países. La movilidad humana, la irrupción de la otredad en el espacio conocido, los cambios económicos y políticos, la incertidumbre laboral, la fragilidad existencial, la violencia, todo esto y más constituyen un caldo de cultivo perfecto para expresiones de rechazo a la extranjería. Comprensibles tal vez, pero nunca justificables. Porque, además, desde un país que tanto se duele por la manera en la que, por ejemplo, tratan en Estados Unidos a los connacionales, bien haríamos en mirarnos al espejo para revisar nuestras propias actitudes frente a los demás, antes de que sea demasiado tarde.
Vincular de manera causal, casi lineal, la protesta contra la gentrificación con la xenofobia, como han querido hacer tantos en estos días, me parece forzado y constituye una salida fácil a un problema más complejo. Sí, urge hablar de gentrificación, pero urge separarla causalmente de la extranjería presente en México. Sí, es tiempo de tomarse en serio la problemática de y el derecho a la vivienda: la transformación urbana no regulada expulsa diario a miles de sus habitantes a entornos ajenos y lejanos. Ya habrá oportunidad de hablar de ello porque la gentrificación es un problema social y no solo la “manifestación de resentidos frente a la expansión del capital” como denuestan los convencidos de la meritocracia más cruda. Pero quiero desvincular analíticamente el rechazo al extranjero y la protesta contra la gentrificación porque importa decir que el gringo que deambula por las calles de la Condesa no es el culpable de la gentrificación, lo es la ausencia de reglas, y que la xenofobia mexicana no nace en la Condesa, sino que se sirve de ella. Y toca hacernos cargo de todo esto.
César Cravioto, secretario de Gobierno de la CDMX, me compartía en entrevista su sorpresa por el elevado porcentaje de chilangos que dice no querer a los extranjeros cerca. Algo tenemos que hacer, me dijo. Y pues sí, algo hay que hacer ya. No dejar a los migrantes a la buena de Dios, en campamentos inhumanos que activan el recelo social, sino atenderlos con humanidad, por ejemplo. No permitir la voracidad inmobiliaria que deja a tantos locales a la deriva del mayor zarpazo. Pero, sobre todo, nunca dejar de hacer pedagogía pública sobre la riqueza de la diversidad para cualquier sociedad.
Al final del día, todos nos merecemos gritar algo más digno que “puto gringo go home”. (Gabriela Warkentin, Reforma, Opinión, p. 8)
Veranda / En la Sectur seguirán los relevos
Divisadero
Gentrificación. Simón Levy, exsubsecretario de Turismo y polémico influencer, publicó un análisis que se llama: “Irán en México: ¿gentrificación o infiltración?”.
Allí señaló:
“A simple vista, los conflictos sobre la gentrificación parecen locales: precios de renta, desplazamiento, turismo desmedido.
“Pero detrás de las pancartas y los performances en las calles de la colonia Roma, hay un guion más oscuro que conecta Teherán, Caracas, Gaza… y la calle de Zacatecas”.
La CDMX nunca ha sido xenófoba y tanto en la marcha del orgullo LGBTQ+, donde fueron atacados los israelíes, cuando hay marcados casos de árabes y palestinos que se oponen a la libertad sexual; como en la del viernes, donde hubo violencia, supuestamente por el malestar contra los extranjeros, hace falta mucho por investigar.
El daño al turismo y a la capital será enorme si continúa la violencia, y la crítica a la brutalidad por parte de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, se ha quedado muy corta ante una situación históricamente intolerable en México. (Carlos Velázquez, Excélsior, Dinero, p. 4)
Los costos económicos del victimismo
CHICAGO.- Es posible que hoy la estrategia más sencilla para un político decidido sea dirigirse a votantes descontentos diciéndoles que son víctimas de las políticas sesgadas de las élites gobernantes, de las maquinaciones de otras colectividades y de la astucia de los extranjeros. Esto se aplica sobre todo cuando los descontentos son una franja fácilmente distinguible y (en general) numerosa dentro de la población votante, y cuando los acusados no votan o forman una fracción pequeña del electorado. Mientras se pueda culpar a otros, el político decidido no tendrá que pedir nada a los votantes descontentos; bastará prometerles que su condición de víctimas se terminará.
Pero como dijo el ensayista estadounidense H. L. Mencken, “para cada problema complejo hay una respuesta clara, sencilla y errada”. En la mayoría de los casos, el argumento del victimismo se ajusta a esta descripción; tal vez por eso lo que se presenta como una solución suele empeorar las cosas.
Por ejemplo, en muchas ciudades indias cuya población va en aumento, los políticos locales han comenzado a proponer cuotas mínimas de empleo para los nativos, con el argumento de que demasiados buenos puestos de trabajo nuevos en el sector privado terminan en manos de migrantes de otras partes del país. No se dan cuenta de que el dinamismo local ha atraído a los trabajadores más cualificados desde aquellas regiones. La mayor presencia de inmigrantes en los empleos de calidad no es necesariamente resultado de discriminación (ni es probable que lo sea), tal vez solo se deba a sus propios méritos.
Pero supongamos por un momento que el político instituye una cuota mínima de trabajadores locales en los mejores empleos. Si la política no genera demasiados costos, tal vez sirva de algo, porque esos trabajadores ofrecerán orientación, apoyo y conexiones a otros locales que están empezando (como ocurre en cualquier grupo de personas afines). Pero rara vez se contenta un político ambicioso con medidas moderadas, quieren cuotas elevadas.
Y aquí empiezan los problemas. Llenar los niveles superiores de una empresa con trabajadores locales menos cualificados disminuirá la productividad y la competitividad. Tal vez no importe mucho si la empresa solo compite en el nivel local, con otras empresas que están sujetas a la misma cuota. Pero si compite con empresas de otras prósperas ciudades indias que no han establecido cuotas o con productores extranjeros, sí que importa. Al final, la empresa crecerá menos, reducirá la contratación de trabajadores en general (migrantes o locales) e incluso tal vez deba trasladar sus operaciones a ciudades más favorables para los negocios.
La conclusión es que la presencia de inmigrantes cualificados añade competitividad a las empresas locales y con ello aumenta la oferta de puestos de trabajo (aunque no sean en el nivel superior) para los locales. Criticar a los inmigrantes parece una estrategia política fácil, pero ponerla en práctica puede generar un gran deterioro de la situación de los votantes.
En Estados Unidos también hay políticos que aseguran que los estudiantes nativos meritorios no logran entrar a las mejores universidades. El presidente estadounidense Donald Trump, por su parte, cree que las grandes universidades “deberían tener un límite de alrededor del 15%, no 31%” de estudiantes extranjeros. Pero si los estudiantes extranjeros solo ingresan por sus méritos (y no hay buenos motivos para dudarlo), el resultado casi seguro de imponer un límite será reducir la calidad media del alumnado. Esto hará que las universidades estadounidenses sean menos atractivas para estudiantes brillantes de todo el mundo (que incluso con el límite podrían haber ingresado), y el resultado será todavía menos calidad. Y al haber menos estudiantes brillantes extranjeros que se queden en el país para enseñar e investigar, la calidad de las universidades estadounidenses seguirá deteriorándose.
De modo que esta clase de políticas puede causar daño permanente. Las universidades estadounidenses llevan mucho tiempo produciendo la investigación básica que ha servido a las empresas del país para llevar la delantera mundial en innovación; expulsar a los mejores es una receta infalible para que otros países anulen esa ventaja.
Los políticos indios y estadounidenses podrían aprender algo de Singapur. Un ministro de ese país me contó que tras poner en marcha un programa para atraer a estudiantes inteligentes de China continental, algunos votantes protestaron. “Los alumnos chinos empiezan últimos en la clase (porque tienen que aprender inglés), pero al tercer año son los primeros. Nuestros hijos no tendrán ninguna chance de obtener los mejores puestos. ¿Por qué han iniciado un programa tan terrible?”.
El ministro respondió que Singapur está obligado a ser competitivo en el nivel mundial. “Dentro de quince años, cuando sus hijos consigan trabajo, ¿prefieren que estos niños chinos estén compitiendo a su lado porque crecieron aquí, o contra ellos?”. Los padres lo entendieron y las quejas amainaron.
Otra versión del relato victimista es el argumento de que Estados Unidos perdió producción industrial porque otros países usaron prácticas desleales para atraerla. Apple no tiene niveles significativos de producción en Estados Unidos desde 2004, de modo que la administración Trump propone aplicar altos aranceles a la importación de iPhones para repatriar su fabricación (que en buena parte siempre se ha hecho en Asia).
Pero los analistas señalan que los iPhones fabricados en Estados Unidos serían muchísimo más caros. Que se fabriquen en el extranjero no es resultado de que otros países hagan trampa, sino de que son más rentables.
Si Apple cumpliera los deseos del gobierno y trasladara la fabricación de iPhones a Estados Unidos, el aumento de precios hundiría la venta mundial del producto. Apple genera grandes ingresos con servicios muy rentables que vende a los usuarios de iPhone a través de la App Store, iCloud y Apple Music; al reducirse la cantidad de usuarios, esos ingresos disminuirían. Es probable que el valor potencial de repatriar la producción a Estados Unidos sea menor que la pérdida de ingresos por la venta de servicios; se revela otro costo oculto de poner en práctica la letanía del victimismo.
En vez de culpar a otros y nivelar la economía hacia abajo, es mejor nivelar la economía hacia arriba centrándose en mejorar las capacidades (y por consiguiente, las oportunidades) de los rezagados. Pero ¿quién se lo explica a los políticos? (Raghuram G. Rajan, El Economista, Finanzas Globales, p. 40)
Gentrificación y derecho a la ciudad
Con la fuerza con la que suelen emerger las luchas horizontales de la organización popular, el tema de la gentrificación ha irrumpido en el debate público de la capital del país. El pasado viernes 4 de julio, vecinos, activistas y colectivos de la Ciudad de México se dieron cita en punto de las 3 y media de la tarde en el Parque México, un icono de la ciudad y corazón de la colonia Condesa en la alcaldía Cuauhtémoc. El motivo de la convocatoria fue realizar la primera marcha en protesta contra la gentrificación.
Comencemos por lo básico. ¿Qué significa gentrificación? Según el diccionario de Oxford, la palabra inglesa “gentry” es un sustantivo usado para denominar a aquellos que detentan la propiedad de la tierra; las clases altas. Empleado por primera vez en el libro Londres: aspectos del cambio (1964), de la socióloga británica Ruth Glass, para describir un proceso sociourbano en que barrios —originalmente ocupados por la clase obrera— estaban comenzando a transformarse a partir de la llegada de “gentrys” mediante renovación arquitectónica y aparición de nuevos comercios, derivando en aumento de precios de la propiedad y la renta que terminaban por desplazar a los residentes previos. Casos paradigmáticos, como los barrios de Islington, en Londres, o Williamsburg, en Nueva York, han sido ampliamente estudiados desde el urbanismo, la sociología y la economía en el siglo XX.
Dada la amplia conectividad y estrechamiento de las distancias, en el siglo XXI observamos que este fenómeno sucede con el añadido de que los gentrificadores ya no son exclusivamente miembros de las élites locales, sino que también hay ciudadanos extranjeros del norte global que encuentran en ciudades latinoamericanas, o del sudeste asiático, mayor calidad de vida que en sus países de origen. El fenómeno se ha incrementado a partir de la pandemia y la explosión del trabajo a distancia que está revelando fallas estructurales en las ciudades y sociedades latinoamericanas, Sao Paulo (Brasil), Medellín (Colombia) y Ciudad de México como grandes ejemplos de nuestra región.
Si bien desde el Gobierno de la Ciudad de México entendemos las legítimas causas del enojo ciudadano y respetamos la libre manifestación de las ideas, entendemos el derecho a la protesta dentro de los cauces pacíficos y rechazamos la violencia. Pese a ser expresión de una minoría encapuchada, fue, lamentablemente, el aspecto más destacado por los medios de comunicación, deslegitimando la protesta pacífica y criminalizando la organización política popular.
En aras de descalificar la protesta, el debate de la gentrificación y las posibles políticas para atender la problemática, se ha llegado a proponer que cualquier acción derivaría en la misma xenofobia con que el trumpismo caza (mediante violentas redadas) y encierra migrantes (e incluso ciudadanos norteamericanos) en condiciones inhumanas, como el calor extremo de un pantano repleto de cocodrilos, serpientes y mosquitos; el “nuevo modelo” de centro para la detención de “aliens ilegales”, enclavado en la agreste región de Everglades, Florida, y construida por el gobierno estatal, que se jacta de dar un mensaje disuasorio a migrantes, terrorismo psicológico en pocas palabras.
México es un país abierto al intercambio comercial y cultural con el mundo, que tiene un pueblo hospitalario y amistoso con disposición al enriquecimiento que implica la diversidad cultural; empero, también es un país serio, con leyes migratorias y fiscales que debemos hacer respetar. No necesitamos ni debemos cambiar el sino de nuestra política migratoria que se ha distinguido por hacer del nuestro un país de refugio para los perseguidos políticos y los desposeídos por la guerra, que han nutrido nuestra cultura e identidad. Pero ésta es una llamada de atención para enfocar esfuerzos en la atención de la crisis de acceso a la vivienda experimentada por las familias y jóvenes mexicanos, que, de acuerdo con datos de la Sedatu, afecta a 10.92% de la población en nuestra ciudad, aproximadamente 950 mil personas.
La atención a este fenómeno requiere un tratamiento multidisciplinario y la colaboración entre diferentes entidades públicas del orden local y federal. Por ejemplo, la reforma a la ley de Turismo de la Ciudad de México (2024) ya regula que un espacio habitacional no pueda ser arrendado más del 50% de noches en un año mediante plataformas como Airbnb, esto es poner en armonía una ley local con las disposiciones migratorias nacionales, ya que México otorga una visa por 180 días para actividades turísticas. Vivir más de 183 días en México (seis meses) requiere residencia legal que conlleva registro fiscal y diferentes obligaciones de acuerdo a la actividad económica y el origen de los recursos, considerando convenios suscritos para evitar la doble tributación.
Desde el antiguo Palacio del Ayuntamiento ya trabajamos estrategias integrales (vivienda, movilidad, agua, fragmentación socioespacial, economías vecinales) para repoblar un amplio polígono en la “ciudad central” (Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza) de 16 colonias con escaso incremento poblacional, bajo índice de desarrollo social, precariedad en el ingreso e incluso altos índices delictivos, para reconvertirlas en opciones habitacionales asequibles con servicios urbanos buscando el retorno, repoblamiento y arraigo. (Fadlala Akabani, Excélsior, Nacional, p. 13)
CARTONES
Vecinofobia
(Galindo, El Universal, Opinión, p. A17)
- Autor:
- Instituto Nacional de Migración
- Fecha de Publicación:
- 8/07/2025