Opinión Migración 090821
Migrantes: frenar el acoso de la derecha neofascista
l acoso contra los migrantes no cesa en el mundo, sobre todo en sectores de ultraderecha de Estados Unidos, una persecución recrudecida con el pretexto de la pandemia del Covid-19, como si quienes buscan un mejor nivel de vida fueran especialmente portadores, y un foco de propagación, del virus que ha colapsado a sociedades y gobiernos.
Me refiero particularmente a Texas, Estados Unidos, donde el gobierno conservador de Greg Abbott está usando a sus cuerpos policiacos para hostilizar a los migrantes, incluidos los que ya están resguardados por sociedades civiles y corporaciones religiosas, como la Catholic Charities of the Rio Grande Valley, en espera de que sus casos sean evaluados por las autoridades migratorias federales.
Pero también está el gobernador de Florida, Ron DeSantis, que en alianza con Abbott acusa públicamente al presidente demócrata Joe Biden de impulsar el repunte de los contagios de la pandemia por permitir el ingreso de migrantes desde la frontera abierta con México, pese a que en realidad sigue obstruida, y el gobierno de su país no ha anunciado todavía la normalización del flujo legal, ni ha atemperado los operativos en contra de la inmigración no documentada.
Quién sabe cuántas variantes nuevas hay allá afuera, pero te puedo decir que las variantes que haya alrededor del mundo están entrando por la frontera sur, afirma el gobernador de Florida, mientras que el mandatario de Texas acusa al gobierno federal de su país de no sólo estar permitiendo a los migrantes cruzar desde México, sino que muchos de ellos tienen el virus y lo diseminan en territorio estadunidense.
Es en Texas donde más se han agudizado las acciones de persecución a los inmigrantes, incluidos los que están en proceso de revisión. La instrucción expresa es regresarlos a la frontera con México y deportarlos, violando el acuerdo de la nueva administración federal de ventilar y evaluar jurídicamente los casos de quienes, aduciendo violaciones a sus derechos humanos, riesgo a sus vidas en sus lugares de origen u otros motivos graves, son detenidos, y no regresados en fast track a México, como se hacía en el gobierno precedente.
Concretamente, la orden ejecutiva del gobernador permite a los policías del Departamento de Seguridad Pública de Texas desviar los vehículos con inmigrantes de regreso a su punto de origen o puerto de entrada, o confiscar los vehículos si el conductor no cumple las instrucciones.
El argumento esgrimido por las autoridades locales de Texas es blindar a la población estadunidense de posibles contagios del letal virus de parte de los inmigrantes y sus familias, la mayoría provenientes del Triángulo Norte de Centroamérica, pero muchos también de origen mexicano.
Una medida xenófoba incompatible con la permisibilidad del mismo gobierno texano con la población local para poder transitar, comprar en grandes establecimientos comerciales y aun acudir a concentraciones masivas sin necesidad del uso del cubrebocas, a diferencia de la mayoría de entidades de Estados Unidos donde hay la obligación o cuando menos el exhorto a seguir observando las medidas preventivas.
No nos extraña la actitud xenófoba del gobernador de Texas, pues se trata del mismo personaje que acompañó el 30 de junio al ex presidente Donald Trump a la frontera para supervisar el avance, es decir el estado en que quedó, el inefable muro con México, con la perspectiva de reanudar ese proyecto en otro momento histórico, ya con una hipotética administración federal republicana.
Texas tiene también antecedentes de persecución y acoso a inmigrantes en la propia sociedad civil, una actitud en sectores arcaicos que ha llegado a extremos de violencia. En marzo del 2019, en un complejo comercial de El Paso, murieron 20 personas de origen hispano, sin mayor culpa que el color de su piel, su cultura y su idioma, es decir, actos llanos de racismo y xenofobia.
Por eso, no deben pasarse por alto actos de hostilidad contra la población inmigrante, y menos de parte de autoridades constituidas, actos de gobierno, así provengan de autoridades estatales o de los condados.
La embestida de la derecha neofascista contra los inmigrantes, desafortunadamente no es privativa de sectores y regiones de Estados Unidos.
También hemos presenciado en España el repudio de sectores conservadores a la hospitalidad humanitaria brindada por el gobierno socialista de Pedro Sánchez a los inmigrantes marroquíes que alcanzan a llegar a las costas del Mediterráneo, y luego pueden internarse a otras localidades de ese país. Lo hemos visto también, en unos casos de parte de sus autoridades y en otras de sectores retardatarios de sus sociedades, en Francia, Alemania, la Gran Bretaña, y otros países europeos.
Está más que documentada la contribución de los migrantes al desarrollo y la cultura de los países avanzados, además del respeto intrínseco que merecen todas las personas, como establecen las convenciones y declaraciones universales de derechos humanos suscritos por sus gobiernos. La pasividad de las fuerzas progresistas y democráticas no debe ser la respuesta. Cero tolerancia al racismo y la xenofobia contra quienes sólo buscan, con su trabajo honesto y productivo, mejores condiciones de vida. (José Murat, La Jornada, Opinión, p. 18)
Dinero
Conflictos daltónicos // AMLO y Kamala hablarán hoy sobre vacunas // El circo del Poder Judicial
Sin el propósito de pisar terrenos científicos, popularmente se identifica el daltonismo con una condición patológica por la cual se confunden los colores.
Pareciera que la padecen la jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, y el zar antipandemia, Hugo López-Gatell. Donde él ve rojo, ella ve naranja. Desde luego, no es daltonismo.
Son posiciones contrarias donde cada quien tiene toda la razón, de ahí que es difícil inclinarse por alguna. En los últimos días, el número de contagios por la tercera ola de la pandemia ha vuelto a la cifra atemorizante de 20 mil casos (en Estados Unidos ya es de 100 mil).
Se justifica, por tanto, encender la luz roja del semáforo. Del lado opuesto, no es aconsejable volver al confinamiento por los estragos económicos que genera. Inclusive está muy dividida la opinión respecto a volver a clases presenciales.
En el sondeo que publicamos el viernes anterior, 51 por ciento de mil 272 personas dijeron sí a la vuelta al salón de clases, 25 por ciento dijeron no y 21 por ciento se pronunció por que la decisión debe dejarse a madres y padres de familia. La salida a esta contradicción daltónica corre por cuenta de la población y el gobierno. La gente debe seguir cooperando usando cubrebocas y las demás medidas preventivas y el gobierno no debe aflojar el paso de la vacunación.
La gráfica muestra la situación que guarda México en relación con el resto de países del continente americano. Más de 70 millones de dosis aplicadas es una cifra impactante y estimulante. Sin embargo, falta un trecho importante por recorrer para que nuestro país alcance la inmunidad de rebaño.
El tema de las vacunas y la apertura de la frontera norte serán asuntos que abordará hoy el presidente López Obrador con la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris. (Enrique Galván Ochoa, La Jornada, Política, p. 8)
Refugiados y atletas olímpicos
El silencioso y vibrante Tokio 2020 aportó una presencia llena de significado: la participación del Equipo Olímpico de Atletas Refugiados. En una justa en la que todos los participantes representan a un país, celebran una bandera y cantan un himno, es de celebrarse que tengan espacio quienes salieron huyendo de su patria o tuvieron que abandonarla precipitadamente ante un riesgo inminente y en muchos casos mortal.
Ver desfilar a estos 29 atletas de 12 países, y luego verlos competir, ha sido doblemente emotivo porque todos son sobrevivientes. En efecto, éstas 10 mujeres y 19 hombres salvaron sus vidas en las circunstancias más apremiantes, algunas inimaginables, y tuvieron que enfrentar peligros de toda índole para recorrer grandes distancias por mar o tierra hasta llegar a un país que les diera refugio.
Cada uno con su admirable historia a cuestas, estos lidiadores lograron superar las dificultades de un destino fracturado y representar a los más de 82 millones de personas que viven fuera de sus hogares debido a persecución, situación de conflicto o violaciones a sus derechos humanos, de los cuales sólo 26 millones son oficialmente refugiados.
Cuando el 14 de diciembre de 1950 la ONU acordó la creación del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), lo hizo creyendo que esta agencia internacional desaparecería en tres años, una vez que ayudara a los desplazados de Europa durante la Segundo Guerra Mundial.
Pero ya se han cumplido más de 70 años de la creación del ACNUR y resulta que no sólo no ha desaparecido la causa que le dio origen, sino que ha crecido, porque los seres humanos seguimos creando conflictos en todas partes y obligando de una manera u otra a millones de personas y familias a dejar sus hogares, sus trabajos y la única vida que conocen so pena de terminar encarcelados, muertos de inanición o asesinados. Sucedió primero en África, Asia, América Latina y últimamente el número de desplazados forzosos ha aumentado notoriamente en Siria, Venezuela, Afganistán, Centroamérica, Haití…
En vez de disminuir, los desplazamientos se han incrementado al grado que hoy ACNUR cuenta con 17 mil trabajadores en 135 países. Por un lado, los desplazados aumentan y, por otro, cada vez es más difícil lograr su retorno seguro. De acuerdo con el ACNUR, en la década de los 90 pudieron regresar a sus hogares 15 millones de refugiados, en tanto que en la década reciente el número de retornos se ha reducido a menos de cuatro millones de personas.
En este contexto, ha sido un acierto del ACNUR, del Comité Olímpico Internacional y de todos los organismos y organizaciones que lo han hecho posible, que en estas dos semanas hayamos atestiguado la grandeza de ánimo de 29 atletas refugiados que en nombre de todos los desplazados nos muestran la determinación, el ejemplo y la inspiración que pueden aportarle al mundo. (Mauricio Farah, El Heraldo de México, Editorial, p. 16)
Glosas marginales / Populismo renovado, allende el Bravo
A la memoria de Manuel Suárez Mier, buen amigo, polemista feroz.
Hace no mucho tiempo publiqué en este medio un artículo sobre algunos aspectos de las finanzas públicas de Estados Unidos. Las decisiones recientes del régimen de J. Biden ameritan comentarios adicionales.
En principio, conviene hacer una breve referencia histórica sobre la trayectoria de la Deuda Pública Federal, expresada como fracción del Producto Interno Bruto (D/PIB), a manera de una aproximación a la postura general del gobierno en materia fiscal.
¿qué orientación de política económica ha presentado la administración de Biden? En lo fundamental, me atrevo a pensar que ha mostrado los mismos rasgos que la de Trump. Específicamente: a) grandes transferencias de recursos a las familias y a las empresas; b) enorme endeudamiento público; c) monetización desorbitada de los déficits por parte del Fed; d) incesante conflicto comercial con China; e) creciente injerencia del gobierno en todos los órdenes de la vida social; etc. En otras palabras, según han señalado un preocupante número de analistas, ha ocurrido una extensión del populismo.
¿Qué ha cambiado? Ciertamente, ha desaparecido, a nivel federal, la retórica agresiva dirigida a los migrantes, entre otros grupos de la población. Me temo, como quiera, que no ha variado lo sustantivo. En este ámbito, la VP Kamala Harris ha planteado lineamientos de una política destinada a reducir la migración de centroamericanos, supuestamente atacando sus causas. Pero sus ideas no forman otra cosa que un listado de lugares comunes; un catálogo de buenos deseos. ¿Quién va a negar la urgencia de erradicar la violencia en la región? ¿Quién va a discutir la noción de la necesidad de acelerar el crecimiento? Nadie, desde luego, pero persiste la pregunta clave: ¿cómo? (Everardo Elizondo, Reforma, Opinión, p. 25)
El Informe Oppenheimer / Los culpables del alza de Covid-19 en EU
Ahora que han resultado falsas sus ridículas predicciones de que el Presidente Joe Biden sería un “socialista”, que la Bolsa de Valores se derrumbaría y que la economía de Estados Unidos colapsaría, el ex Mandatario populista Donald Trump y sus seguidores están volviendo a su libreto original: el racismo.
Increíblemente, ahora están culpando a los migrantes, específicamente a los mexicanos, por el aumento de los casos de SARS-CoV-2 en el país. Es otra gran mentira, al igual que la gran mentira de Trump de que ganó las elecciones, o que tomar detergente cura el Covid-19.
En días recientes, el mundo trumpista ha estado difundiendo la mentira de que el aumento del Covid-19 en Estados Unidos está siendo causado por las políticas fronterizas supuestamente laxas de Biden.
De hecho, está siendo causado por la vergonzosa oposición de los republicanos al uso obligatorio de mascarillas faciales, y por la desinformación de Fox News, Newsmax, AON y otros canales de derecha sobre la efectividad de las vacunas.
El Gobernador de Florida, Ron DeSantis, y el Gobernador de Texas, Greg Abbott, están entre quienes más abiertamente están culpando a los mexicanos.
DeSantis incluso tuvo el descaro de afirmar el 4 de agosto que Biden está “facilitando” la propagación del virus por la supuesta afluencia de migrantes mexicanos.
El propio DeSantis es uno de los principales causantes del actual aumento de contagios de Covid-19. Entre otras cosas, el Gobernador firmó una orden ejecutiva que amenaza a los distritos escolares que exigen cubrebocas con recortes de fondos, y ha demandado a las compañías de cruceros que exigen que sus pasajeros estén vacunados.
Pero el argumento de que los migrantes son una de las principales causas de la propagación del Covid-19 está basado en mentiras.
En primer lugar, no es cierto que Biden esté permitiendo la entrada al país de más migrantes con Covid-19.
De hecho, más migrantes han sido expulsados a México bajo las leyes de prevención de la pandemia en lo que va del año que durante todo el último año de la Administración Trump.
Más de 500 mil migrantes fueron expulsados de febrero a junio bajo el Título 42, una ley de salud pública que el ex Mandatario republicano impuso en marzo de 2020 para expulsar a indocumentados con el pretexto de combatir el coronavirus, según Factcheck.org.
En comparación, hubo 449 mil deportaciones de este tipo desde marzo de 2020 hasta enero de 2021.
En segundo lugar, no es cierto que los indocumentados sean una de las principales fuentes de contagios en Estados Unidos. De hecho, los mayores picos de contagios de Covid-19 se están produciendo en condados con poblaciones mayoritariamente blancas no vacunadas.
Aaron Reichlin-Melnick, un experto en políticas del Consejo Estadounidense de Migración, un grupo de expertos de Washington D.C., me dijo que “si los migrantes estuvieran propagando el coronavirus, entonces veríamos brotes más intensos en la frontera, y ese no es el caso”.
En cuanto a la afirmación de los republicanos de que los migrantes son liberados en la frontera y luego van a otras partes del país, eso también es falso, porque los indocumentados tienden a ir a lugares donde viven sus familiares y amigos. Y esos sitios no figuran entre los que están registrando los mayores repuntes de Covid-19.
Tercero, prácticamente todas las personas sin papeles que salen de los refugios para migrantes en la frontera son testeados antes de salir, y solo pueden irse si dan negativos, me dijo Reichlin-Melnick. Son, de hecho, la población más vigilada del país, agregó.
Entonces, los verdaderos culpables de la propagación del Covid-19 no son los migrantes mexicanos, sino los Gobernadores republicanos de Florida y Texas -los dos epicentros de contagios- y las cadenas de televisión trumpistas que siguen burlándose de la ciencia.
Según un nuevo informe de MediaMatters, un grupo de monitoreo de medios, en los últimos meses “Fox News fue responsable de propagar 325 segmentos que socavaron activamente” al consenso de la comunidad científica sobre el coronavirus.
En resumen, Trump y sus acólitos están tratando de desviar la atención pública de su propio fiasco político por oponerse al uso de cubrebocas, y no impulsar activamente campañas de vacunación.
Por eso están recurriendo al racismo, que suele ser el último recurso de los sinvergüenzas para tratar de encubrir sus errores. (Andrés Oppenheimer, Reforma, Internacional, p. 14)
Globali… ¿Qué? // El mensaje de AMLO a Biden a través de una demanda sobre armas
Sería absurdo e inocente eliminar del contexto de confrontación del presidente López Obrador frente al de Joe Biden la demanda civil a las productoras de armas estadounidenses por parte del Gobierno mexicano.
Si bien es cierto que la acción que detonó el secretario de Relaciones Exteriores es un asunto legal en contra de empresas privadas, el mensaje es claramente político porque el gobierno del presidente Biden es corresponsable de la seguridad en los procesos o etapas logísticas de transporte de las armas que abandonan el territorio estadounidense para aparecer en territorio mexicano.
Es muy probable que la decisión del presidente López Obrador de demandar a las empresas de armas la haya demorado dos años, pero de manera voluntaria. Una pregunta obvia flota en el ambiente: ¿Por qué no decidió emprender la demanda durante el gobierno del presidente Donald Trump?
La semana pasada se cumplieron dos años de la masacre ocurrida en un Walmart de El Paso, Texas, donde un supremacista blanco disparó a mansalva asesinando a 23 personas, 9 de ellas de origen mexicano. El criminal confesó públicamente su objetivo: “matar tantos mexicanos como fuera posible”.
Horas después de que se conociera la identidad del asesino y su móvil de odio, el secretario Marcelo Ebrard calificó la acción como ataque terrorista y avisó que el Gobierno de México se reservaba diversas acciones al respecto.
En el entonces jefe de oficina del secretario de Relaciones Exteriores, Fabián Medina, recayó las actividades de empujar a la agenda pública los daños que genera el trasiego de armas estadounidenses y, por otra parte, tuvo la encomienda de lanzar una dura crítica al programa Iniciativa Mérida.
Medina abonó el terreno para detonar la demanda, sin embargo, no ocurrió ni en 2018 ni en 2019. Después se asentó la pandemia en el mundo y las prioridades cambiaron en la SRE. La agenda de las vacunas monopolizó las funciones de la cancillería.
El presidente López Obrador se sintió cómodo durante el gobierno de Trump, en principio, porque ambos presentan perfiles etnocentristas. AMLO estuvo de acuerdo en obsequiarle al presidente estadounidense un programa migratorio tipo “tercer país seguro”, recibiendo a migrantes centroamericanos deportados, y en aceptar a otros miles mientras duraba su proceso de petición de asilo a los Estados Unidos.
Resultaron sorpresivas las palabras que el presidente mexicano le dedicó a Trump durante su visita a la Casa Blanca en 2020, particularmente las que le dedicó por su trato a México. Lo que realmente revelaron fue la buena sintonía que tuvo con Trump por no interferir en la ruta crítica de la 4T.
Pero el panorama ha cambiado. Ya no resulta tan sencillo hacer una llamada a la Casa Blanca para pedir la liberación de un exfuncionario como ocurrió con el general Cienfuegos durante el gobierno de Trump. Ahora, se ve a un presidente AMLO incómodo con la relación con Biden debido a que lo considera “injerencista”.
La reforma de la ley de seguridad lleva un sello anti DEA de parte del presidente mexicano, pero algo más, tácitamente revela las diferencias existentes en política de seguridad entre México y Estados Unidos. Uno busca abrazos y otro busca capturar a los narcotraficantes.
Sobre el alcance legal de la demanda contra fabricantes de armas, es corto. Estos dirán que no venden armas de manera ilegal y que de ellos no depende la seguridad en la frontera.
Por otra parte, preocupan las discrepancias sobre el T-MEC, la mini Constitución compartida entre los tres países; conviene no sumar diferencias.
El presidente López Obrador le envía un mensaje a Joe Biden a través de la demanda sobre armas: su gobierno es corresponsable en materia de seguridad por el trasiego de ellas. Para AMLO, la relación es incómoda y extraña a Trump. (Fausto Pretelin, El Economista, p. 47)
Seguridad y defensa / Problema de violencia e inseguridad nace en EU
A condición de que México inicie aquí un programa agresivo de lucha contra el armamentismo asociado al crimen organizado, la demanda mexicana en la Corte federal de Massachusetts podría convertirse en un punto de inflexión de la estrategia mexicana contra la inseguridad, la violencia y el crimen organizado.
La otra condición indispensable radica en la voluntad del Gobierno de Estados Unidos para articular sus compromisos de regulación de armas para combatir la violencia en las calles y orientar parte de su acción no sólo a las restricciones para la venta libre de armas, sino para controlar a las empresas productoras.
El lobby del armamentismo es el más importante en la estructura del establishment del ampliado complejo militar-industrial que domina y define la política exterior de dominación de la Casa Blanca, ya sea con demócratas o republicanos.
El punto sensible de la demanda mexicana no radica en la intervención en el sistema armamentista estadounidense por acciones locales, sino en el hecho de que las empresas productoras de armamento aparecen de alguna manera articuladas a la estructura del crimen organizado de cárteles y bandas mexicanas.
En este sentido, la demanda estaría obligando también a México a aumentar la agresividad de sus políticas de seguridad para combatir el tráfico de armas en la frontera, la corrupción de autoridades mexicanas en el cruce de productos y la flojedad de las leyes mexicanas para convertir la posesión de armas sin permisos en un delito mayor.
Y desde luego, la demanda mexicana es también un punto de obligación del Gobierno mexicano para pasar a la ofensiva activa contra las bandas del crimen organizado dentro de México y superar la estrategia de entendimiento con la delincuencia. En armas también opera el principio de que la demanda determina la oferta. (Carlos Ramírez, 24 horas, Estados, p. 12)
Uso de razón // A las armas, citizens
La demanda de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México en una corte de Massachusetts contra 11 grandes compañías fabricantes de armas, tendría que ser acogida en este país como una aportación para atender su demencial paranoia que se expresa en la compra compulsiva de armamento.
Estados Unidos es el único lugar del mundo donde hay más armas en poder de particulares que habitantes en el país.
Hay 400 millones de armas en manos de civiles, en una nación que tiene una población de 330 millones de personas.
Aquí se concentra apenas el 5 por ciento de la población mundial, y sus habitantes poseen el 45 por ciento de las armas de fuego privadas que hay en el planeta.
Sin embargo, la venta de armas en Estados Unidos no es la principal causa de la violencia en México, pero la alimenta.
En México existe violencia criminal porque operan grupos criminales. Y lo hacen con amplia impunidad.
Sus líderes (capos) cuentan con el respeto y la deferencia del gobierno.
Tampoco se ha construido una política de Estado, transexenal, contra la violencia. Los sucesivos gobiernos deshacen todo lo hecho por el anterior, en lugar de corregir lo que está mal y perseverar en lo correcto.
En esta ocasión Relaciones Exteriores ha hecho lo que está dentro de su competencia, y las autoridades estadounidenses tendrían que tomar la demanda con toda seriedad porque, en el fondo, va en beneficio de su sociedad.
En Estados Unidos hay seis veces más homicidios (por millón de habitantes) con armas de fuego que en el vecino Canadá. Y 16 veces más que en Alemania.
La avidez por comprar armas crece en espiral, sin freno, y Estados Unidos necesita detenerla en defensa propia. De ahí que la demanda puesta en Massachusetts tendría que servir al gobierno de este país para poner contra la pared a los defensores de una inexcusable chifladura.
“La posesión de armas de fuego está en el ADN de los estadounidenses”, dicen los republicanos que detienen las iniciativas de Biden para regular ese comercio letal e impedir la venta de armas de asalto.
Su argumento es una falacia. Es como defender la justicia por votación popular. O la venta de mujeres menores de edad, debido a que esas prácticas bárbaras están en los “usos y costumbres” de las comunidades.
Lo que frena la regulación de venta de armas en este país es la fuerza política del poder económico.
Obama no los pudo regular, y posiblemente tampoco Biden lo consiga hacer.
Aquí en Florida, en 2018, hubo una masacre de estudiantes en un colegio, en Parkland –vaya paradoja del nombre–, en la que mataron a balazos a 17 adolescentes.
Las manifestaciones estudiantiles estallaron. Pero el Congreso del estado rechazó un proyecto que pretendía prohibir la venta de rifles de asalto.
Estamos ante una verdadera locura. México es, desde luego, una víctima colateral.
Y ahora, con el avance de la tecnología, el panorama es aún más crítico.
Las impresoras en tercera dimensión ponen al alcance de cualquier usuario la fabricación de un R-15 casero o una AK-47.
Hay fresadoras del tamaño de una impresora y llegan a la casa de los compradores por servicio de mensajería, y fabrican rifles de asalto.
¿Es un tema del futuro?
No, actualmente una de cada tres armas de fuego en poder de particulares en Estados Unidos es hecha en casa.
¿Son carísimas?
No. La revista TFB (FireArmsNotPolitics) informa que “Ghost Gunner 3 tiene un costo $2,100 (dólares) y tiene una gran demanda, al igual que modelos anteriores. Actualmente puede realizar un depósito de $500 para reservar su lugar y hacer fila para comprar uno”.
Son, en efecto, robots para fabricar armas y multiplicarlas.
Dos propuestas de ley para regular ese comercio y saber en manos de quién se encuentra un arma, con número de serie de los materiales que se venden en línea, están congeladas en el Senado.
Para aprobarlas se necesitan los votos de, al menos, 10 senadores republicanos, y no los hay.
Si los senadores de este país no pueden llegar a un acuerdo que evitaría masacres, asesinatos y suicidios, que los electores los castiguen o acepten la permanencia de una práctica autodestructiva.
Pero la Cancillería del vecino del sur tiene todo el derecho a gritar en tribunales de Estados Unidos, ¿y qué culpa tiene México? (Pablo Hiriart, El Financiero, Nacional, p. 32)
Combate a la delincuencia: eslabón faltante
Al inaugurar ayer el cuartel de la Guardia Nacional (GN) en Ciudad Juárez, Chihuahua, el presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró la postura de su gobierno, respecto de que el verdadero combate a las organizaciones delictivas consiste en atender a los jóvenes a fin de que éstos no se integren al ejército de reserva de la criminalidad, para lo cual la tarea fundamental es combatir la pobreza.
En una plaza emblemática por la presencia de grupos delictivos y por la atroz política aplicada en el sexenio antepasado para combatirlo, la cual dejó una sociedad herida y marcada por las desapariciones forzadas, las ejecuciones extrajudiciales y toda suerte de violaciones a los derechos humanos, el mandatario se refirió a la necesidad de atender sus causas: primero, que la gente viva mejor, que haya bienestar, porque si los jóvenes tienen alternativas a la criminalidad, poco a poco se avanzará en serenar Ciudad Juárez y el país.
Recordar que el nuevo paradigma en materia de seguridad pública y combate a la delincuencia tiene tres ejes principales: el ya citado combate a la pobreza y la marginación que padecen grandes sectores de la sociedad –en especial los jóvenes, sin duda–, el despliegue de la GN como policía de proximidad y con presencia permanente en el territorio y la lucha contra la corrupción –particularmente mediante la inteligencia financiera– que durante mucho tiempo ha articulado a las corporaciones delictivas con individuos y grupos del poder político y económico.
El razonamiento que da fundamento a ese nuevo paradigma resulta conceptualmente impecable, en la medida en que apunta a extirpar las raíces socioeconómicas de la delincuencia; más aún, con base en los índices delictivos divulgados por el gobierno, la aplicación de esos tres lineamientos ha empezado a dar resultados.
Sin embargo, la reconstrucción de la seguridad resulta una tarea urgente a ojos de las poblaciones afectadas por la violencia, las cuales esperan logros rápidos. En este punto parece haber un eslabón faltante entre corto y largo plazos, eslabón que debiera ser la construcción de paz como una tarea gubernamental mucho más intensa, que vaya más allá de la atención a víctimas –tarea que ha recaído en la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, a cargo de Alejandro Encinas– y de la gestión de soluciones para confrontaciones sociales.
En este punto es pertinente preguntarse si no es necesario diseñar y aplicar a escala nacional un modelo de justicia transicional que permita acelerar la desarticulación y el desarme de los grupos delictivos que más claramente violentan el estado de derecho y que en algunas zonas del país cuentan con un indiscutible arraigo social.
Hay en esta materia diversas experiencias internacionales que podrían inspirar la concepción de un proceso semejante en nuestro país, y bien valdría la pena reflexionar al respecto. (Editorial, La Jornada, p. 2)
Tan lejos de Dios y tan cerca de los fabricantes de armas
La semana pasada la Cancillería mexicana logró sacudir a la poderosa industria norteamericana de armas al presentar, en una corte federal en Boston, una demanda contra los principales fabricantes y distribuidores.
El mérito de la demanda es que exhibe un lado oscuro, y hasta ahora poco comentado, de una industria que ha sabido eludir casi cualquier intento de regulación: Glock, Colt y Barrett, junto con las otras empresas demandadas, son grandes proveedores del crimen organizado en México, que no tienen mayor escrúpulo en obtener ganancias millonarias de los conflictos armados en nuestro país.
La demanda es sensata. No lo digo desde un punto de vista jurídico, sino desde la perspectiva de un observador preocupado por la violencia en México. Como la Cancillería aclaró, México no cuestiona la Segunda Enmienda ni la idiosincrasia norteamericana en lo relativo al derecho a comprar y portar armas.
Lo que se pide es una compensación por el daño que los fabricantes y distribuidores han ocasionado al vender armas de alto calibre a sabiendas de que –muy probablemente– terminarán en manos de grupos criminales en México.
De acuerdo con la Cancillería, por ejemplo, los demandados diseñan armas “para que sean fácilmente modificadas para disparar automáticamente y para que sean fácilmente transferibles al mercado criminal”.
En condados fronterizos de Arizona y Texas se venden al por mayor fusiles Barrett calibre 50 y cuernos de chivo que, en la mayoría de los casos, terminan al sur de la frontera. Incluso se apunta que uno de los demandados, Smith & Wesson, llegó a una serie de acuerdos con autoridades para reformar su sistema de distribución, con el propósito de evitar el suministro de armas al mercado criminal.
Sin embargo, ante presiones de la industria, optó por incumplir tales acuerdos. La demanda es una jugada hábil de Marcelo Ebrard. Incluso si pierde, ya logró poner el tema del tráfico de armas en la agenda pública, y de paso ganarse simpatías tanto en México como en Estados Unidos.
Si México gana la demanda, Ebrard logrará reconstruir su imagen, dañada tras el trágico accidente de la Línea 12 del Metro, y posicionarse nuevamente para la sucesión presidencial en 2024. No soy abogado y no sé si las probabilidades de la Cancillería de ganar el litigio son altas, bajas o nulas.
Algunos comentaristas bien informados en Estados Unidos han dicho que la demanda es un long shot (algo así como una apuestadifícil), pero que no es imposible.
Sin embargo, no nos hagamos ilusiones. Una cosa es que se trate de una causa que nos simpatice.
Otra cosa muy distinta, que algo en México vaya a cambiar a raíz del litigio, incluso en el remoto caso de que en los próximos meses y años se logre una regulación más estricta de la venta de armas al norte de la frontera.
Si los grupos criminales en México no tuvieran fácil acceso a armas provenientes de Estados Unidos, simplemente invertirían el doble o el triple de recursos para conseguirlas en otras partes. Se multiplicarían los robos y saqueos a los arsenales de las policías (que, por cierto, ya ocurren de cuando en cuando).
Los criminales también recurrirían, como hacen en países africanos grupos armados con mucho menos recursos, a redes globales de traficantes para traer las armas desde Rusia o China. Incluso si esto último no se pudiera, en México hay un enorme inventario en manos de particulares. Este armamento seguiría recirculando por años o décadas.
Qué bueno que el gobierno de México se anime a dar un golpe, aunque sea simbólico, a una industria voraz que lucra de forma descarada con la violencia en nuestro país. Sería todavía mejor que a la par se pensara en otras estrategias legales y políticas que, en el ámbito doméstico, sí tendrían un impacto sobre la capacidad de los criminales para generar violencia.
Están, por ejemplo, los vehículos, tan esenciales para las operaciones criminales como las armas (pero mucho más difíciles de esconder y de traficar), que los criminales actualmente utilizan sin placas, con toda tranquilidad, en amplias regiones del país. Están también los predios y locales que utilizan como centros de operaciones, con pleno conocimiento de la población local, y que sólo excepcionalmente han sido sujetos a procesos de extinción de dominio.
Están las falsas empresas de seguridad privada que se usan como fachada para el reclutamiento. En fin, los fabricantes de armas en Estados Unidos merecen ser sancionados, pero no son el enemigo a vencer. Hasta donde recuerdo, jamás una guerra ha concluido por falta de parque. (Eduardo Guerrero Gutiérrez, El Financiero, Nacional, p. 35)
Denuncia mexicana en Estados Unidos
Una de las noticias más trascendentes de la historia reciente es, sin duda alguna, la denuncia realizada por parte del gobierno mexicano en contra de diversas empresas de armas en Estados Unidos. En palabras del canciller Marcelo Ebrard, se presentó la queja contra fabricantes y proveedores estadunidenses, quienes inundan a propósito el mercado mexicano con armamento, mismo que al final es utilizado por parte de los cárteles criminales en territorio nacional.
La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ha afirmado que anualmente ingresan al país más de 200,000 armas de todo tipo. El cruce ilegal de pistolas, fusiles de asalto y ametralladoras se realiza principalmente de manera “hormiga” en compartimentos secretos de automóviles y camiones de carga. Al día entran un promedio de 567 armas, lo que significa unas 22 cada hora.
El Departamento de Justicia descubrió que el 70% de las armas de fuego que fueron rastreadas en México entre 2014 y 2018 se originaron en Estados Unidos. Por su parte, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) publicó que cerca del 70% de los asesinatos en México se cometen precisamente con armas de fuego, la mayoría de las cuales provienen de nuestro vecino del norte.
La acción legal contra 10 empresas de armas, presentada en un tribunal federal de Massachusetts, consiste en la acusación por parte del gobierno de México contra los fabricantes de armas por “facilitar activamente” el flujo de armas que ha bañado de sangre a nuestro país a lo largo de las últimas décadas. En conferencia de prensa, Ebrard fue enfático al subrayar que estas armas “están íntimamente vinculadas a la violencia que México vive hoy”. (Armando Ríos Piter, Excélsior, Nacional, p. 17)
Cartones
Asuntos de Estado
(Osvaldo, El Sol de México, Análisis, p. 17)
Shopping sin fronteras
(Waldo, El Universal, Opinión, p. 14)
- Autor:
- Instituto Nacional de Migración
- Fecha de Publicación:
- 8/08/2021