Opinión Migración 091222
Templo Mayor
CERRAR el 2022 abriendo un nuevo pleito diplomático, ahora con Perú, ¿por qué no? Si alguna vez soñó Andrés Manuel López Obrador con ser el nuevo caudillo latinoamericano, lo está logrando… ¡pero al revés!
Y ES QUE tras el fallido golpe de Estado de Pedro Castillo y su posterior encarcelamiento, el presidente mexicano está metiéndose donde no lo llaman y eso ya ha provocado reacciones de molestia desde Lima. Entre otras cosas dicen que se entromete en los asuntos soberanos de Perú y, sobre todo, le cuestionan que quiera darle asilo como si fuera un perseguido político a quien, en realidad, trató de romper el orden constitucional de aquel país.
EL PROBLEMA para López Obrador es que con el cambio en la Presidencia peruana, dicen que es muy probable que salgan a flote los detalles oscuros de su cercana relación con Castillo. No hay que olvidar que AMLO envió al propio Rogelio Ramírez de la O, de Hacienda; y a Ariadna Montiel, de la Secretaría del Bienestar, a asesorar al mandatario para llevar la 4T a Perú.
SERÁ interesante ver qué encuentra la nueva mandataria, Dina Boluarte, en los archivos presidenciales sobre la asesoría obradorista a Pedro Castillo. (Fray Bartolomé, Reforma, Opinión, p.10)
La gran carpa
En la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes se incorporó la palabra “suficientes” en las atribuciones con las que cuenta el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes a promover presupuestos suficientes para protección de la niñez. La incorporación del concepto abona en la progresividad de los derechos humanos. Facultar al SIPINNA a promover presupuesto hace que el sistema incorpore en su estrategia y programas de trabajo esquemas que permitan la promoción integral de los recursos. (El Economista, El Foro, p. 55)
Sacapuntas
Prevén conflicto bilateral
Es casi un hecho que el gobierno de Perú, encabezado por Dina Boluarte, no entregue a México al destituido Pedro Castillo, para que se le dé asilo aquí. De este lado, el presidente López Obrador dio a conocer que, por el momento, no le transferirá a ella la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico; porque lo va a consultar con sus pares de Chile, Gabriel Boric, y de Colombia, Gustavo Petro. Hay quienes pronostican conflicto bilateral seguro. (El Heraldo de México, La 2, p.2)
El Asalto a la razón / El asilo al golpista Pedro Castillo
Es rotundo el mentís del presidente López Obrador a lo afirmado por el canciller Ebrard sobre el frustrado asilo al golpista Pedro Castillo.
Tan excluyentes son sus palabras que se antoja improbable que el “hermano” Marcelo sea la corcholata que su jefe destapará para sucederlo en 2024.
“Tenemos una política favorable de asilo, yo no creo que nos negaríamos. Si él lo pide, lo consideramos y en el sentido positivo. No nos oponemos, pero no lo ha hecho”, dijo antier Ebrard en entrevista con Joaquín López-Dóriga, y lo mismo repitió durante la tarde del miércoles en otros espacios periodísticos.
Más:
“Tampoco he recibido yo ninguna llamada de Pedro, de él, de su familia o de alguien cercano pidiéndome que le diéramos asilo o algo por el estilo…”.
Su dicho pareció sincero y convincente, pero ayer su jefe lo exhibió como si fuera un mentiroso:
“Busqué a Marcelo Ebrard y le informé, y le dije que hablara con el embajador y se le abriera la puerta de la embajada con apego a nuestra tradición de asilo…”.
Para que Marcelo dijera no saber nada solo hay de dos: o López Obrador no le informó, como asegura, o le ordenó negar que el delincuente hubiera solicitado asilo para balconearlo después.
La bochornosa diferencia entre lo que uno y otro dicen en público refleja una deplorable comunicación en su trato personal, pese a que el subordinado es quizá el más relevante de cuantos integran el gabinete y desempeña encargos clave.
Ello explicaría la temeridad con que el canciller ha demandado “piso parejo” para el proceso morenista de designación de la candidatura presidencial ante las calurosas muestras de apoyo a la jefa del Gobierno capitalino por parte de López Obrador, en tanto que Ebrard ha debido apechugar agresiones verbales y físicas de iracundos fanáticos que le gritan “¡es Claudia!” o, como en la procesión del 27 de noviembre, que han llegado hasta a escupirlo.
La contradicción se manifiesta igualmente en las relaciones internacionales:
AMLO suele invocar la sobada “no intervención” en asuntos ajenos pero, con juicios sumarios y generalidades como las que aplica para México, respalda a gobernantes que han sido desenmascarados por sus instituciones.
En el caso peruano, dice que verá si “reconoce” a la correligionaria de Castillo que fue designada presidenta, pasando por alto el principio de que México ni reconoce ni desconoce gobiernos extranjeros (y lo mismo sucede con quien para la justicia argentina es corrupta y ha sido condenada a purgar cárcel en cuanto concluya su gestión de vicepresidenta y pierda su fuero, Cristina Fernández de Kirchner).
A la nómina de impresentables con los que López Obrador se identifica se suman los dictadores de Nicaragua, Cuba y Venezuela.
¿Por qué no toma en cuenta que otros mandatarios de la izquierda latinoamericana, como el chileno Gabriel Boric Font, condena sin tapujos la tiranía de Daniel Ortega, o el respeto a las instituciones peruanas que destituyeron y encarcelaron a Pedro Castillo expresado por el brasileño Lula da Silva…? (Carlos Marín, Milenio, Política, p.7)
Jaque mate / Torpe golpe
El presidente Pedro Castillo trató de llevar a cabo un golpe de Estado en Perú para evitar ser destituido por el Congreso, pero ni esto supo hacer bien.
Castillo ordenó la disolución del Congreso, así como la imposición de un estado de excepción y de un toque de queda, pero sin un acuerdo previo con las Fuerzas Armadas. Ni el Ejército ni la policía lo apoyaron; tampoco muchos miembros de su gabinete, la mitad de los cuales renunciaron en protesta. El Tribunal Constitucional declaró que sus medidas eran un golpe de Estado. Su propio partido, Perú Libre, lo criticó, al igual que Dina Boluarte, su vicepresidenta. “Rechazo -dijo- la decisión de Pedro Castillo de perpetrar el quiebre del orden constitucional con el cierre del Congreso. Se trata de un golpe de Estado que agrava la crisis política e institucional que la sociedad peruana tendrá que superar con apego a la ley”.
La torpe intentona golpista no solo no fructificó, sino que aseguró su caída. Castillo había derrotado ya dos juicios de destitución por “incapacidad moral”, pero después del intento de golpe fue destituido por el Congreso en una votación abrumadora: 101 a favor, seis en contra y 10 abstenciones. Perdió también la libertad, ya que fue detenido por rebelión.
El presidente mexicano, López Obrador, ha afirmado que a Castillo no lo dejaron gobernar y que fue sometido a presiones en un “ambiente de hostilidad y confrontación” que lo llevó “a tomar las decisiones que le[s] han servido a sus adversarios para consumar su destitución”. La verdad es que Castillo fue un pésimo gobernante. Cuando asumió el poder el 28 de julio de 2021, nombró a un gabinete sin experiencia ni capacidad. En el breve tiempo que ejerció la Presidencia, tuvo cinco gabinetes diferentes y más de 80 ministros. Sus políticas públicas fueron erráticas e ineficientes.
Perú tuvo altas tasas de crecimiento en la primera década del siglo XXI, pero experimentó después una desaceleración. El desplome económico por la pandemia en 2020 fue enorme, 11 por ciento. La economía rebotó en 2021 con fuerza, 13.3 por ciento, pero para 2022 se espera una expansión de apenas 2.5 a 2.7 por ciento. Perú fue afectado por los altos precios de los combustibles y por la inflación, pero Castillo tomó decisiones, como repartir subsidios generalizados y no focalizados, que resultaron costosos e ineficaces. Los cambios constantes de ministros restaron, además, capacidad de gestión a las instituciones gubernamentales. La aprobación del presidente Castillo en diciembre de 2022 era de apenas 24 por ciento, según Datum, aunque la del Congreso era todavía peor, 11 por ciento.
El sistema político de Perú genera inestabilidad. Con Dina Boluarte el país suma ya seis presidentes desde 2018. Los mandatarios electos en las urnas se ven obligados a renunciar o son destituidos por el Congreso bajo la vaga figura decimonónica de “incapacidad moral”.
La Fiscalía de Perú inició seis investigaciones por corrupción contra Castillo antes de su destitución. Presentó pruebas al Congreso en octubre para pedir la destitución. Por eso se preparaba ya el tercer intento de juicio político.
Castillo fue un Presidente inepto y quizá corrupto. Esto hizo que se desplomara su popularidad. Su ineptitud queda de manifiesto no solo en los cambios constantes de ministros, sino en el torpe intento por realizar un golpe de Estado que al final le costó la Presidencia y la libertad.
- BRAZOS ABIERTOS
“Aquí lo esperamos con los brazos abiertos”, dijo ayer la nueva presidenta del Perú, Dina Boluarte, a López Obrador. AMLO canceló la cumbre de la Alianza del Pacífico en México porque Pedro Castillo no recibió permiso para viajar, pero dijo que iría a Perú a entregar personalmente la presidencia de la organización. No parece, sin embargo, que quiera hacerlo con la nueva mandataria. (Sergio Sarmiento, Reforma, Opinión, p.10)
A Puerta cerrada / Pedro, hermano, ¿ya eres mexicano?
La falta de confianza y aprobación ciudadana hacia los congresos no es exclusiva de los países que transitan por procesos de democratización. Las instituciones legislativas en todo el mundo han experimentado una gradual pérdida de confianza pública a lo largo del siglo pasado y ya en pleno siglo XXI, México no es la excepción. Las explicaciones de varios expertos varían, pero hay denominadores comunes; la concentración del poder en manos del Ejecutivo, la naturaleza del trabajo legislativo, el desinterés por la política, la falta de aprobación y confianza en los partidos políticos y la historia de las propias instituciones parlamentarias que han pasado por escándalos de corrupción, profesionalismo, falta de eficacia y los intereses de actores o grupos de poder.
Sin embargo, se sostiene en la teoría —y en la presente coyuntura en la práctica— que el congreso en México es el “brazo ciudadano” en el gobierno.
Los últimos acontecimientos alrededor de la reforma electoral y la agenda presidencial en contra del INE, desencadenó una reacción ciudadana que exhibió en las calles una movilización masiva que prendió las alertas en los partidos políticos y en los pasillos palaciegos. La tensión latente ha sido disparador de conflictos en la burbuja morena que sufre de polarización interna por el nulo piso parejo de una enloquecida sucesión adelantada. Todo de acuerdo a los planes de López Obrador.
En el mejor de los casos y en los tiempos de la familia feliz cuatroté, ambas cámaras habían servido como un mecanismo de gestión frente al Ejecutivo más que una institución autónoma del Estado, pero en los tiempos recientes la abyección legislativa ha sido instrumento fundamental para legislar al vapor y atropellar la Constitución de acuerdo a los intereses políticos de López Obrador.
Esto oscurece las funciones que, a pesar de las carencias y deficiencias de los órganos legislativos, son pilares fundamentales en el fortalecimiento de la democracia mexicana que hoy en la esfera internacional está empezando a ser etiquetada como “en riesgo”.
Las señales son abundantes y el comportamiento de algunos legisladores morenos —que dicen no ser iguales— abona a esta narrativa.
No basta la propaganda mañanera para denostar y atacar a los adversarios con respecto a la reforma electoral para tapar los atropellos con politiquería. Y para aderezar esa agenda dicotómica los recientes acontecimientos en Perú le dieron oxígeno a eso de que las élites conservadoras “hostigaron” al expresidente Pedro Castillo, destituido por (golpista) llevar a cabo una orquesta de errores políticos y sociales aunado a esa venia autoritaria populista para quedarse en el poder.
La peligrosa maniobra fue atajada y prevaleció el orden constitucional. El ejemplo peruano exhibe la importancia del equilibrio de poderes, del Estado de Derecho y de consolidar la democracia. No sorprendió que López Obrador en la mañanera defendiera y anunciara su plan de salvar asilando a Castillo —Evo dixit— fracasando en el intento ya que fue detenido antes de llegar a la embajada mexicana en Perú, la simulación de la no injerencia es, por decir lo menos, aberrante.
La irracionalidad de meterse en asuntos internos de otros países es reflejo de esa cuatroté que lo mismo abraza a criminales y ahora insulta al pueblo peruano y a sus instituciones. La apuesta presidencial en su nuevo drama de contradicciones diplomáticas ha encendido alertas rojas en varios frentes domésticos e internacionales.
Y generalmente la cuerda se rompe por lo más delgado… (Marcela Gómez Zalce, El Universal, Nación, p.9)
Duda razonable 7 ‘El Chapo’, Cienfuegos, García Luna
Ayer ProPublica y The New York Times publicaron un extenso y documentado reportaje de Tim Golden sobre la investigación, arresto y posterior liberación del general Salvador Cienfuegos, ex secretario de la Defensa Nacional, y su impacto en la relación binacional.
Tim fue corresponsal del diario en México hace unos años, después reportero de asuntos especiales, ganador de dos Pulitzers por su cobertura mexicana y ahora editor en ProPublica.
Es un retrato de la cooperación binacional en la lucha contra el crimen organizado y de cómo la política y la justicia se mezclan todo el tiempo, y da algunas pistas sobre lo que veremos en el caso contra Genaro García Luna.
Cuenta Tim que en el juicio contra El Chapo Guzmán y a pesar de que el Departamento de Justicia había intervenido para que el fiscal del Distrito Este de Nueva York evitara utilizar testimonios de narcotraficantes, algunos de ellos habían dicho, por ejemplo, que se habían entregado a Enrique Peña Nieto 100 millones de dólares en efectivo. El fiscal atendió esos llamados, pero, relata Tim: “a los pocos días del testimonio de los traficantes, los fiscales antidrogas del Distrito Este recibieron un mensaje de su jefe, Richard Donoghue: necesitaban comenzar a presentar casos contra los funcionarios mexicanos corruptos que trabajan con las bandas de narcotraficantes. ‘Rich estaba muy entusiasmado con eso’, dijo uno de sus ex ayudantes”.
En México, el jefe de la DEA, Matthew Donahue, pensó lo mismo después de que a su llegada el gobierno de López Obrador terminara la relación de la DEA con la Marina y terminara con el equipo de la PF que trabajaba con ellos y que la relación con la Guardia Nacional no avanzara. “Si sus agentes ya no podían cazar grandes traficantes en México o esperar que fueran extraditados, pensó Donahue, necesitarían una nueva estrategia. Él y su adjunto comenzaron a reclutar un pequeño equipo de agentes experimentados de México y Estados Unidos. Comenzaron a hacer listas de objetivos (secretarios de Estado, gobernadores, ex comandantes de policía) y pronto tuvieron 35 nombres. Finalmente se decidieron por unos 20 que consideraron especialmente prometedores. Donahue le preguntó al jefe de la DEA en Nueva York dónde podrían llevar sus posibles casos para su enjuiciamiento. Sugirió Brooklyn”. Ese, el que dirigía Donoghue.
La fiscalía que ha acusado a Cienfuegos y ahora a García Luna. (Carlos Puig, Milenio, Al Frente, p.2)
Perú: descomposición imparable
El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó ayer que el depuesto mandatario peruano, Pedro Castillo, solicitó asilo a nuestra nación y que intentaba trasladarse a la embajada mexicana en Lima cuando su jefe de escoltas lo traicionó y ordenó conducirlo a la Prefectura capitalina para su arresto. Además de informar que dicha solicitud fue aceptada con apego a nuestra tradición de asilo, el titular del Ejecutivo adelantó que no se romperán relaciones con la nación andina, pero la cancillería analiza si se reconoce a la proclamada presidenta Dina Boluarte, decisión que se tomará de acuerdo con los principios constitucionales de no intervención, autodeterminación de los pueblos, solución pacífica de las controversias y respeto a los derechos humanos.
Cabe saludar el gesto solidario del gobierno federal, así como esperar que las nuevas autoridades peruanas depongan el ánimo de linchamiento contra Castillo, apuesten a la distensión y permitan la salida segura y digna del político hacia México, con una clara distancia de las actitudes revanchistas adoptadas por los golpistas bolivianos tras derribar a Evo Morales en noviembre de 2019.
En contraste con la diplomática postura mexicana, Washington reaccionó dando luz verde al golpe de Estado antes de que ocurriera y festejándolo una vez consumado: cuando Castillo anunció la disolución del Congreso, el inicio de un gobierno de emergencia excepcional, la reorganización del Poder Judicial y la Fiscalía de la Nación, y la convocatoria a una Asamblea Constituyente, la embajada estadunidense en Lima rechazó categóricamente cualquier acto extraconstitucional para impedir que el Congreso cumpla con su mandato, y llamó a revertir el intento de cerrar el Parlamento para proseguir el funcionamiento normal de las instituciones democráticas. Ayer, el Departamento de Estado elogió a las instituciones peruanas y a las autoridades civiles por asegurar la estabilidad democrática.
Estos posicionamientos reflejan queWashington sigue imperturbable en su desprecio a las soberanías del resto de los países y en su creencia de que posee atribuciones para dictar a los gobernantes lo que pueden o no hacer. Asimismo, son muestra de un cinismo inaudito o de un desconocimiento total de la realidad peruana: es o perverso o ignorante calificar de aseguramiento de la estabilidad democrática al actuar del Poder Legislativo, cuyo sabotaje contra el gobierno legalmente constituido fue tan sistemático que obligó a realizar 60 cambios en el gabinete en apenas 16 meses, y que en los últimos seis años ha removido a tres jefes del Ejecutivo. Tampoco se explica el apelativo de normal funcionamiento de las instituciones para referirse a un sistema político que desde 2016 ha impedido el desarrollo completo de un término presidencial y que en ese mismo periodo ha hecho desfilar a seis personas por la Casa de Pizarro, con episodios tan bochornosos como la presidencia de cinco días de Manuel Merino o la juramentación de Mercedes Aráoz sin siquiera permitirle llegar a ocupar el cargo.
Lo que se encuentra fuera de cualquier duda es la profunda disfuncionalidad del sistema político vigente: según la perspectiva adoptada, o lleva de manera casi inevitable a la elección de ejecutivos corruptos (siete de los últimos 11 presidentes han sido procesados por este cargo), o ha creado un Parlamento con poderes omnímodos que hace del todo imposible la tarea de gobernar Perú.
Ante semejante descomposición, es necesario recordar que Castillo fue elegido por el voto popular con la promesa de convocar a un proceso constituyente que pusiera fin al caos político y permitiera devolver una gobernabilidad mínima a una nación que hoy por hoy se encuentra sumida en una especie de dictadura parlamentaria. El golpe legislativo perpetrado el miércoles representa la apuesta de las élites para cortar de tajo cualquier intento de emprender la urgente renovación institucional que el pueblo peruano exige y merece. (La Jornada, Editorial, p.8)
México SA
Golpe blando en Perú // Lula, Cristina, Castillo // Aquí, no pueden ni podrán
Resulta que el intento del ahora ex presidente peruano, Pedro Castillo, de disolver el Congreso (es decir, el ilegal autogolpe de Estado, como lo ha calificado la derecha mediática) está amparado por la Constitución de aquella nación sudamericana. De hecho, desde la inicial negativa del Legislativo de avalar el primer Consejo de Ministros del defenestrado mandatario, en julio de 2021, propios y extraños advirtieron que un segundo rechazo podría llevar al mandatario a ejercer su facultad constitucional de cerrar el parlamento.
Desde la toma de posesión de Castillo, en julio del año pasado, la derrotada candidata a la presidencia Keiko Fujimori aseguró que su partido será un firme muro de contención frente a la amenaza latente de una nueva Constitución comunista, pero en vía de mientras la vigente (desde 1993, hechura del padre de esa política histérica y trasnochada militante del macartismo) permite disolver el Congreso a quien ocupe la jefatura de Estado.
La Constitución Política de Perú establece en su artículo 117 (excepción de la inmunidad presidencial) que el Presidente de la República solo puede ser acusado, durante su periodo, por traición a la patria; por impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales; por disolver el Congreso, salvo en los casos previstos en el artículo 134 de la Constitución, y por impedir su reunión o funcionamiento, o los del Jurado Nacional de Elecciones y otros organismos del sistema electoral.
¿Y qué mandata el artículo 134 (disolución del Congreso) de la misma Constitución: el Presidente de la República está facultado para disolver el Congreso si éste ha censurado o negado su confianza a dos Consejos de Ministros. El decreto de disolución contiene la convocatoria a elecciones para un nuevo Congreso. Dichas elecciones se realizan dentro de los cuatro meses de la fecha de disolución, sin que pueda alterarse el sistema electoral preexistente. No puede disolverse el Congreso en el último año de su mandato. Disuelto el Congreso, se mantiene en funciones la Comisión Permanente, la cual no puede ser disuelta. Bajo estado de sitio, el Congreso no puede ser disuelto.
Cierto es que Castillo cometió graves errores en el ejercicio del cargo y que no mostró mucha habilidad a la hora de manejar la recurrente crisis política financiada y alimentada por la derecha peruana, pero lo cierto es que aquella amenaza de la impresentable Keiko Fujimori (y lo que representa) se convirtió en programa de acción permanente del Congreso.
La falta de oficio político y de cuidado de Castillo quedó más que confirmada cuando todo se le vino abajo y tomó el teléfono para, confiadamente, llamar a la oficina del presidente López Obrador para notificar que se dirigiría a la embajada de México en Lima para solicitar asilo. Lo tenían alambreado por todas partes –su propio equipo de seguridad– y no lo registró. Una novatada con el resultado obvio: lo detuvieron. Y su compañera de fórmula y partido, Dina Boluarte, ni las gracias le dio.
Por cierto, el presidente López Obrador detalló que Castillo habló aquí a la oficina para que me avisaran de que iba hacia la embajada, pero seguramente ya tenían intervenido su teléfono. Y que iba a solicitar el asilo y que si le abrían la puerta de la embajada. Busqué a Marcelo Ebrard y le informé, y le dije hablara con el embajador y que se abriera la puerta de la embajada con apego a nuestra tradición de asilo. Pero al poco tiempo tomaron la embajada con policías y también con ciudadanos, rodearon la embajada, y él ya, creo, que ni siquiera pudo salir, ya lo detuvieron de inmediato.
Es importante recoger la lección, dijo el mandatario mexicano, porque esto se está aplicando en distintas partes. Son golpes blandos, ya no es la intervención militar, ya es ir con el control de los medios de información, que los manejan los oligarcas de los países, ir socavando a autoridades legal y legítimamente constituidas; más, si se trata de gente surgida del pueblo o que quiere hacer algo en beneficio del pueblo y no pertenece a las élites. Entonces, van implementando campañas de desprestigio, magnificando errores que se cometen. Y siguen siendo los medios instrumentos para manipular y justificar actos contrarios a la democracia. Esto pasó en Brasil, acaba de pasar en Argentina, ahora es Perú. Y ya bajo arresto, ayer Pedro Castillo ratificó su solicitud de asilo en México.
Las rebanadas del pastel
¿Golpe blando en México?, preguntan a López Obrador. No, aquí no han podido ni podrán. (Carlos Fernández-Vega, La Jornada, Economía, la Jornada, p.28)
Bitácora del director / Esa extraña relación con Pedro Castillo
El 3 de noviembre pasado el diputado peruano Ernesto Bustamante Donayre recibió una llamada de Pablo Monroy, embajador mexicano en Lima. Le comunicó que era urgente que se reunieran.
“Yo le propuse que nos viéramos la siguiente semana, pero me insistió en que tenía que ser de inmediato”, me dijo ayer el legislador –quien forma parte de la Comisión de Relaciones Exteriores–, en entrevista para Imagen Radio.
“Me había adelantado que quería hablar de la Alianza del Pacífico”, relató el diputado opositor, miembro del Partido Fuerza Popular, quien habló por primera vez en público sobre el tema. “Lo primero que pensé es que le interesaba tratar algún tema relacionado con el mecanismo comercial, pero, ya reunidos, me preguntó si el Congreso daría permiso al presidente Pedro Castillo para viajar a México”.
A decir de Bustamante, Monroy se mostraba muy interesado en que viajara Castillo. “Me extrañó mucho la consulta, pues eso es algo que corresponde al Congreso y aún no se había tomado una decisión. Le dije que no se preocupara, que, si el presidente no iba, seguramente lo haría otro alto representante del país. Sin embargo, él insistía en la importancia de que asistiera Castillo”.
Entonces, a decir de Bustamante, el embajador Monroy propuso algo fuera de lugar. “Me dijo que una delegación de legisladores peruanos podría viajar a México con todos los gastos pagados. Yo le respondí que yo ya conocía México y que no necesitaba esa clase de invitaciones”.
El encuentro entre Bustamante y Monroy se vuelve inquietante a la luz de los hechos de esta semana. Después de hacer el anuncio de que se disolvía el Congreso, que habría toque de queda y que gobernaría por decreto, Castillo buscó refugiarse en la embajada de México, pero fue detenido y conducido a una prefectura policial.
Ayer por la mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que dio la orden al canciller Marcelo Ebrard para se abrieran las puertas de la embajada al despuesto mandatario y que se diera trámite a su solicitud de asilo (que fue presentada formalmente ayer).
Más allá de la afinidad ideológica con López Obrador, no parece haber razón alguna para dar refugio a Castillo. Su vida no ha estado en peligro. Si se encuentra detenido es por la grave acusación de rebelión que enfrenta por haber intentado dar un golpe de Estado, aunque éste se haya frustrado. Por si fuera poco, él y algunos de sus colaboradores han sido señalados de cometer actos de corrupción.
Ya antes de su destitución, Castillo enfrentaba seis acusaciones por haber abusado de su cargo. En una de ellas, se le imputa haber recibido un soborno por 58 millones de dólares para beneficiar con contratos de construcción a un empresario que hizo aportaciones a su campaña electoral; en otra, de haber designado a un cercano en la gerencia general de Petroperú, quien otorgó un contrato por 47 millones de dólares para comprar biodiésel a la empresa Heaven Petroleum, luego de que el dueño de ésta se reunió con el presidente.
¿Por qué debiera México asilar a alguien con esos antecedentes? Las acusaciones contra Castillo se estaban procesando por las vías constitucionales cuando éste decidió dar su autogolpe.
El gobierno mexicano intervino de manera indebida en ese proceso. El embajador Monroy no debió haber tratado de indagar si el Congreso peruano daría permiso a Castillo de viajar. Una vez que el permiso se negó, la cumbre de la Alianza del Pacífico debió seguir adelante con quienes ya habían confirmado su asistencia. Y, luego, fuera de protocolo, López Obrador anunció que la cumbre reprogramada en Lima se aplazaba, cuando México ni siquiera es el país anfitrión. Ayer, la presidenta peruana Dina Boluarte –con quien el gobierno mexicano no parece tener diálogo, pese a que en Perú hay continuidad constitucional– aclaró que la reunión se mantiene.
¿A qué viene tanto interés en defender a Castillo, un golpista que quiso evitar su destitución violentando la Constitución de su país? (Pascal Beltrán del Río, Excélsior, Nacional, p.2)
Cartón
(Alarcón, El Heraldo de México, La 2, p.2)
(Obi, Reforma, Opinión, p.10)
- Autor:
- Instituto Nacional de Migración
- Fecha de Publicación:
- 8/12/2022