En la permanente negociación con Estados Unidos de su política migratoria, México pone en práctica diversos mecanismos de contención del flujo de migrantes a través de su territorio. Uno es el traslado de grupos de la región fronteriza a otros puntos del país. Otro es la llamada “devolución” o envío de migrantes a sus países de origen.
A principios del pasado diciembre, antes de la última reunión en Palacio Nacional con el secretario de Estado, Antony Blinken, el Instituto Nacional de Migración (INM), a través de su titular, Francisco Garduño, envió una circular en que se anunciaba que el organismo suspendía temporalmente “traslados y devoluciones”.
La razón que se esgrimía era falta de recursos por posposición de pagos y recortes presupuestales de la Secretaría de Hacienda. La noticia tuvo poca cobertura en la prensa mexicana, pero Adam Isaacson, analista de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), comentó que, dado el incremento de las oleadas migratorias desde el Caribe y Centroamérica, a Estados Unidos preocupaba una merma en repatriaciones, que acumulara mayores contingentes en la frontera.
Hay que observar cómo opera el lenguaje de la política migratoria, sobre todo, en la opinión pública y las redes sociales, de un lado u otro de esta prolongada crisis. Cuando se habla de traslados a países de origen se utiliza, por lo general, el término “deportación”, que Donald Trump y otros políticos de línea xenofóbica y racista usan sin mayor escrúpulo.
No hace mucho, en un acto de campaña en New Hampshire, Trump dijo que, de llegar nuevamente a la presidencia, se produciría “la mayor deportación de inmigrantes sin papeles”. Sin embargo, para fines de diciembre, luego de la reunión con Blinken en Palacio Nacional, ya se habían restablecido los vuelos de “repatriación” o “devolución” de migrantes venezolanos y cubanos desde México.
En el caso de Venezuela es de destacar el programa Vuelta a la Patria, organizado por el gobierno de Nicolás Maduro para rescatar miles de venezolanos varados en diversos países del mundo. Un involucramiento de los gobiernos de los países de origen en esos traslados permitiría acentuar más el sentido de la repatriación, aunque esta última sólo correspondería plenamente a aquellos migrantes que por voluntad propia deciden regresar a sus países.
Cabe preguntarse si otros gobiernos, como el cubano o el nicaragüense, poseen programas de repatriación equivalentes al de Venezuela. Esos dos gobiernos también atribuyen la emigración a sanciones de Estados Unidos, un tópico que reproduce sin matices el Gobierno mexicano, pero no parecen implementar planes de repatriación a mediana escala, como el venezolano.
En 2023, miles de cubanos fueron devueltos a Cuba desde Estados Unidos y México, por la Guardia Costera o por el propio INM mexicano. Las raras veces que la prensa abordó esos traslados, por lo general, recurrió al término “deportación”. (Rafael Rojas, La Razón, México, p. 6)
En el basurero yace la Nueva Política Migratoria anunciada en 2018. Quedó hecha trizas a causa de tres errores cometidos por un Presidente que creyó poder manejar a la Casa Blanca, a los cárteles y a los migrantes.
El primer error fue pensar que podía manipular la política estadounidense. Desde el 15 de noviembre de 2018, el secretario de Estado, Mike Pompeo, informó a Marcelo Ebrard que los solicitantes de asilo en Estados Unidos serían regresados a esperar en México. El presidente mexicano ignoró el aviso porque, lo reconozco, sí quería transformar de raíz la política migratoria tratando bien a los migrantes y resolviendo su situación con el desarrollo integral.
Con el respaldo de la titular de Gobernación, el nuevo comisionado nacional de Migración, Tonatiuh Guillén, organizó una insólita recepción a la caravana de unos ocho mil hondureños y salvadoreños que habían llegado a la frontera sur. El 18 de enero de 2019 fue histórico porque los agentes de migración se convirtieron en educados edecanes que trataban con respeto y eficiencia a migrantes que respondieron con vivas a México y algunos de ellos, incluso, entonando estrofas del himno nacional.
Cuatro meses después, en mayo de 2019 fue presentado el Plan de Desarrollo Integral para Centroamérica (PDI); tan ambicioso que proponía extender el Tren Maya hasta Centroamérica. El plan tenía el apoyo de los presidentes de México, El Salvador, Honduras y Guatemala. La comunidad internacional recibió con beneplácito una iniciativa con la cual la 4T quería retomar el liderazgo perdido en la región desde los procesos de pacificación de los noventa.
La Casa Blanca frenó en seco el humanismo lopezobradorista. El 7 de junio de 2019 Donald Trump convocó al canciller mexicano para hacer el chantaje: o México ponía 28 mil guardias nacionales a perseguir, encarcelar y deportar migrantes o él impondría, tres días después, tarifas a las exportaciones mexicanas. A los cinco minutos, cuenta Trump, México se dobló y desde entonces 28 mil efectivos cumplen los deseos de Washington.
El segundo error ha sido la pasividad ante los cárteles que deciden quién cruza la frontera sur y quién transita las carreteras que llegan a la frontera norte. Cada año obtienen siete mil millones de dólares de los migrantes; la riqueza les permite corromper policías locales, guardias nacionales y otros funcionarios que les garantizan impunidad. De pilón les pusieron, en junio de 2019, a Francisco Garduño como comisionado nacional de Migración; uno de los funcionarios más ineptos de la 4T.
El tercer error fue tratar a los migrantes como objetos sin voluntad propia. Es cierto que son vulnerables, pero también son maestros en el arte de la supervivencia porque se juegan la vida. Conocen los riesgos e intentan manejarlos lo mejor que pueden apalancándose en la comunidad internacional, en las iglesias y en las OSC.
Su principal instrumento de negociación han sido las “caravanas” que han tenido gran efectividad mediática. La dinámica ha sido siempre la misma: después de cada movilización, el gobierno mexicano les concede visas humanitarias con las cuales pueden llegar a la frontera norte (eso prometieron, por cierto, a la caravana de la semana pasada).
En el quinto año del sexenio, el gobierno federal ya perdió el control de la política migratoria. Uno de los últimos ejemplos es lo acontecido con la treintena de migrantes secuestrados la semana pasada en Tamaulipas. Los criminales los liberaron cuando recibieron el rescate, indiferentes ante el escándalo mediático causado por el ridículo de la Secretaría de Gobernación y la vocería presidencial que les colgaron la medalla a las fuerzas del Estado que habían “rescatado” a los viajeros. El presidente mexicano tuvo que dedicar una dosis de mañanera para masajear los egos magullados.
Termina otro sexenio y el gobierno sigue siendo incapaz de encontrar una política adecuada para un país que expulsa y recibe migrantes, y en el cual los criminales administran las cuotas de una supercarretera transitada cada año por millones de personas que pagan un enorme costo humano intentando llegar a Estados Unidos, país que incrementará su exigencia de soluciones a medida que se acerquen sus elecciones.
La política migratoria solo mejorará cuando contemos con una estrategia integral de seguridad. (Sergio Aguayo, Reforma, Opinión, p. 9)
Iniciamos el 2024 con distintas urgencias en materia de migración. Por un lado, vemos cómo las caravanas migrantes asfixian la frontera entre Estados Unidos y México, marcando números históricos de personas que intentan cruzar de manera indocumentada. Esto, a su vez, ha generado una crisis política e, incluso, de gobernabilidad para Joe Biden, quien no termina de ponerse de acuerdo con López Obrador para dar soluciones a la creciente oleada de personas que buscan el “sueño americano”. Finalmente, el tiempo para registrarse y poder votar se acaba para los mexicanos que radican en el exterior, por lo cual es urgente que levanten la mano y sean parte de las decisiones que mejoren su realidad y la situación de millones de migrantes. Son momentos de urgencias, pero también de tomar decisiones y, sobre todo, de participar.
Comencemos con las caravanas migrantes. Cada vez son más las personas que huyen de sus países de origen para llegar a la frontera entre México y Estados Unidos y, en el mejor de los casos, escapar de las pesadillas que los persigue. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) informó que en el 2023 fueron más de dos millones de migrantes los deportados. (Tan sólo en diciembre de 2023, la patrulla fronteriza detuvo a más de 235 mil migrantes, marcando un récord, ya que nunca antes se había tenido tantas llegadas de migrantes desde que se registran datos en el año 2000).
Si bien, las caravanas comenzaron su peregrinar en 2018, año con año son más frecuentes y numerosas. Ejemplo de la urgencia que hoy en día tienen miles de personas por escapar es la caravana conocida como “éxodo de la pobreza”, conformada por personas de El Salvador, República Dominicana, Honduras, Guatemala, Venezuela, Cuba, Brasil, El Congo, Mali y Guinea. Esta caravana fue disuelta en Chiapas apenas el dos de enero, con el argumento del Instituto Nacional de Migración de entregar visas humanitarias por un año. ¿Les cumplirán tal promesa? Ya lo veremos…
Esta inusitada movilización masiva de personas ha puesto en jaque a los gobiernos de Estados Unidos y México. No olvidemos que tan sólo en 2023 se dieron sucesos muy complicados en nuestro país, como el incendio en una de las oficinas del Instituto Nacional de Migración, en Ciudad Juárez, en el que, desafortunadamente, murieron 40 migrantes. Este trágico suceso puso al gobierno de México en tela de juicio internacional por el trato a los migrantes que piden asilo o que transitan por nuestro territorio.
En cuanto a nuestros vecinos del norte, la crisis migratoria en su frontera con México (como ya la define la ONU) ha sido aprovechada por algunos sectores radicales para convertirla en una tormenta política para Joe Biden, sobre todo porque en este 2024 habrá elecciones presidenciales. ¿Y qué han hecho ambos gobiernos para atender esta urgencia? Biden y López Obrador apenas y han sostenido llamadas telefónicas, además de una reunión de “emergencia” entre delegaciones de ambos gobiernos para intensificar esfuerzos. ¿Resultará su estrategia? Mientras lo sabemos, estados como Florida y Texas ya pusieron sus cartas sobre la mesa con dos de las leyes antiinmigrantes más duras en la historia de ese país.
Finalmente, muchos dirán que votar no es tan importante como la situación de vida o muerte que pasan los migrantes, sin embargo, creo que el voto de los mexicanos que viven en el extranjero tiene el poder de cambiar las políticas que ayuden a salvar vidas de migrantes. En este sentido, la urgencia es la del tiempo que se agota para que los mexicanos que viven en el exterior se registren y tengan la oportunidad de votar en las próximas elecciones del próximo dos de junio. ¿Por qué es urgente registrarse? Porque con el inicio de este 2024, todos renovamos la esperanza de una mejor nación, sin importar nuestro lugar de residencia.
¿Acaso tú, amigo migrante, que te ganas la vida en otro país, no deseas que en tu México existan las oportunidades suficientes para no estar más tiempo lejos de casa y poder disfrutar a tu familia? ¿No es verdad que día a día ves cómo el sudor de tu frente no sólo da una mejor vida a tus seres queridos, sino que, además, contribuye a que Estados Unidos sea la gran nación que da oportunidades a los migrantes?
Esta trascendencia, que ya de por sí es de gran mérito, es la que puedes tener si decides registrarte y votar, por quien sea, ¡lo importante es que tu voz se escuche tan fuerte que te sintamos aquí, en tu tierra! Recuerda: tienes hasta el 22 de enero para solicitar tu credencial ante el Instituto Nacional Electoral. También, es muy importante tener en cuenta que si ya cuentas con tu credencial del INE, tienes hasta el 20 de febrero para registrarse y poder votar. ¡La decisión es tuya!
Como hemos visto, las urgencias en materia de migración son el gran reto para este 2024. Y lo son porque vivimos tiempos históricos, marcados por una terrible pandemia, la del Covid-19; por las guerras entre Rusia y Ucrania y entre Israel y Palestina; además de una crisis política, económica y de inseguridad en América Latina. Estos factores, sumados a las catástrofes naturales, han convulsionado al planeta, generando la movilización masiva de personas.
Pero no hay urgencia que, con esperanza y participación, no podamos resolver. Por lo pronto, en México y Estados Unidos estamos a unos meses de elegir entre seguir con la manera de atender las urgencias (y no sólo en materia de migración) o corregir el rumbo de nuestros países. ¿Y saben qué es lo más importante de esto? Que en esta decisión, los mexicanos en el extranjero, si así lo deciden, serán una pieza trascendental. (Juan Hernández, El Sol de México, Análisis, p. 13)
La crisis migratoria está muy lejos de tener una salida, al contrario, pareciera que con el paso de los días lo único que puede suceder es que se agudice, más allá de las declaraciones y las buenas intenciones. El tema migratorio está en el centro de la campaña electoral estadunidense y nada impedirá que se vayan radicalizando las posiciones con las semanas.
La reunión que se realizó en México a fin de año con las más altas autoridades estadunidenses no ha logrado cambios significativos y todo indica que no los tendremos, porque si bien hay colaboración, siguen imponiéndose visiones muy diferentes a ambos lados de la frontera. La mejor demostración de ello la dio el propio presidente López Obrador la semana pasada cuando hablando de esa reunión bilateral, divulgó cuáles eran las cuatro demandas de México para que se pudiera controlar la crisis migratoria. Confrontando esas demandas con la realidad, se confirma que no habrá posibilidad de acuerdos de fondo.
Los temas propuestos por el Presidente no van al fondo de la crisis migratoria y ninguno de ellos podría detener los flujos. El primer punto es que Estados Unidos destine 20 mil millones de dólares para inversiones productivas en América Latina y el Caribe. Suena bien, pero en realidad hay muchas inversiones en la región, tanto de Estados Unidos y de otros actores, como China, que no han impedido los flujos migratorios.
Darle dinero a los gobiernos para que lo usen discrecionalmente y sin compromisos nunca ha sido solución para las crisis sociales y económicas. Se trata de que los países de la región liberalicen sus economías y que se creen fuentes de trabajo y condiciones mínimas de vida para su gente, incluyendo el fin de la corrupción, la represión y el control de la violencia. Si esos requisitos se cumplen la gente no emigrará, pero si no tiene trabajo, si está mal remunerado, si no tiene seguridad, si los gobiernos son corruptos o represivos o las dos cosas, evidentemente la gente tratará de buscar un destino mejor.
La segunda condición que dice el presidente López Obrador que puso sobre la mesa de negociación, es que Estados Unidos legalice a por lo menos 10 millones de latinos que viven ya en ese país. No creo que nada le hubiera gustado más a la administración de Joe Biden que cumplir con esa promesa de campaña. El problema es que no tiene forma de sacar la reforma migratoria adelante, porque no tiene los votos en el Congreso y la derecha republicana milita claramente en contra de la misma. Por supuesto que es legítimo y justo reclamarla, pero hay que asumir que lamentablemente no será viable y pedirle a Biden que cumpla con uno de sus propios objetivos no tiene demasiado sentido.
Los dos otros puntos que planteó el presidente López Obrador son incomprensibles. El primero es que Estados Unidos levante el bloqueo contra Cuba, el segundo es que se levanten las sanciones contra el régimen de Maduro en Venezuela.
Este 1ª de enero se cumplieron 65 años de que Cuba es gobernada por los hermanos Castro y sus herederos, que tanto entusiasman al presidente López Obrador. Y después de 65 años en el poder no pueden garantizar las necesidades básicas de la población: quizás por el bloqueo el gobierno cubano no puede tener acceso a alta tecnología, pero es inexplicable que no pueda garantizar la producción de pollo o huevo, de alimentos, ropa o artículos básicos para la población.
La gente se va de Cuba no por el bloqueo (en realidad casi inexistente, porque todo el mundo comercial cuando quiere invierte en Cuba), sino porque no hay comida, no hay expectativas y no hay libertad. En realidad, al que habría que reclamarle es al gobierno cubano por el desastre económico en el que ha sepultado a su pueblo y por la represión que le ha quitado libertades durante nada más y nada menos que 65 años.
En Venezuela, entre Chávez y Maduro han transformado uno de los países más ricos de América Latina en uno de los más depauperados, cada vez más controlado por grupos criminales que trafican lo mismo con drogas que con los recursos naturales del país. Pero, además, con el objeto de tener elecciones más o menos limpias este año, Estados Unidos y otros países ya levantaron las sanciones económicas contra Venezuela. Y la gente se sigue yendo del país porque el gobierno les ha quitado todo, hasta la esperanza.
FISCALÍA CDMX
Ulises Lara, que fue vocero y coordinador de asesores de Ernestina Godoy, ha sido designado como encargado de despacho de la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México. Me parece que en el escenario posible para el interinato es una buena decisión. Ulises ha tenido una buena actuación en la fiscalía y en otras responsabilidades anteriores. Ojalá tenga éxito en esta encomienda.
SANJUANA
El texto publicado en La Jornada de la exdirectora de Notimex, Sanjuana Martínez sobre la historia de la liquidación de la agencia de noticias del Estado, exhibe el notable conflicto de intereses del abogado laboral Arturo Alcalde y su hija, la entonces secretaria del Trabajo y ahora de Gobernación, Luisa María Alcalde (y su sucesor en la secretaría, Marath Baruch Bolaños López). Pero, el texto, además, exhibe cómo desde las oficinas de Comunicación Social de Palacio se organizan las campañas de desprestigio, incluso contra funcionarios y exfuncionarios del propio gobierno y de cercanos colaboradores del presidente López Obrador. A Sanjuana, nadie la puede acusar de no ser lopezobradorista. Que el texto de Sanjuana se haya publicado en La Jornada le otorga mucha más contundencia. (Jorge Fernández Menéndez, Excélsior, Nacional, p. 8)
Mientras los gobiernos de México y Estados Unidos negocian formas de contener la marejada migratoria proveniente de Centro y Sudamérica, 75 por ciento de los estadounidenses considera que la situación en la frontera común es o una crisis o un problema muy grave.
Una encuesta de la cadena CBS consignó que 45% cree que es una crisis y 35% que es un problema grave.
Es un planteamiento preocupante para dos gobiernos que están en los prolegómenos de elecciones generales y encabezan países que con todas sus diferencias de tamaño son codependientes.
Peor aún, el presidente Joe Biden está en busca de la reelección y la imagen de una frontera insegura, representado por una creciente llegada de migrantes a través y desde México, tiene un impacto negativo que los republicanos han cultivado y buscan aprovechar.
El viernes pasado, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador evocó la Alianza para el Progreso de hace 60 años para pedir a Estados Unidos un plan que desplegaría 20 mil millones de dólares en países de América Latina y el Caribe, suspendería el bloqueo estadounidense a Cuba, eliminaría todas las sanciones contra Venezuela y otorgaría por lo menos 10 millones de hispanos que viven en Estados Unidos el derecho a permanecer y trabajar legalmente.
Esas peticiones son una montaña política para el gobierno de Biden, que enfrenta cada vez más presión para reforzar la seguridad en la frontera con México, y reducir la llegada de presuntos migrantes o refugiados.
Tan sólo en diciembre, las autoridades estadounidenses detuvieron a 300 mil personas que cruzaron ilegalmente la frontera. En el curso del año 2023, se estima que hubo más de 2.4 millones de detenidos al cruzar la línea divisoria.
Para los demócratas se trata de una cuestión política; para los republicanos, una crisis de seguridad nacional.
En ese marco, México tendría una baza importante en la negociación con Estados Unidos: desde el punto de vista estadounidense, una buena parte de la solución de su problema estaría en la capacidad mexicana para cerrar su territorio a la llegada de migrantes hacia Estados Unidos o a la recepción de migrantes expulsados de aquel país, como ocurrió con el programa “Permanecer en México” que puso en práctica el gobierno de Donald Trump y durante la pandemia de COVID-19.
Los republicanos esgrimen la crisis fronteriza como argumento electoral, tanto que condicionan la aprobación de programas de ayuda internacional, en especial a Ucrania, al incremento de medidas de dureza en la frontera, incluso restricciones al asilo y la expulsión de refugiados hacia México.
A finales de diciembre, una delegación de EU de alto nivel se reunió en México con AMLO y se espera un nuevo encuentro de nivel secretarial a fines de enero. Pero la preocupación de los estadounidenses respecto a la frontera endurece la postura antimigrante de casi la mitad del Congreso de ese país, que parece favorecer soluciones de fuerza y no de fondo. (José Carreño Figueras, El Heraldo de México, Orbe, p. 27)
En el escenario económico actual, la región del sur mexicano se mantiene como un tesoro natural cuyo potencial aún no ha sido completamente aprovechado. A pesar de albergar estados, donde la riqueza mexicana destaca, la región ha quedado rezagada en términos de crecimiento y desarrollo en comparación con otras áreas del país.
Según datos del INEGI, la actividad económica en el sur representó el 15.7% del total nacional, contribuyendo sólo con un 0.98% a la variación nacional; y aunque se registra un crecimiento del 6.4% en la economía regional respecto al año anterior, el estancamiento persiste, generando aumentos significativos en la pobreza y malestar social.
Ante esta situación, es necesario abordar los retos de manera integral, siendo uno de los puntos clave para este cambio, el acceso a la energía; donde la infraestructura de primer nivel, especialmente centrada en el gas natural, se presenta como una vía crucial para transformar el sur hacia un desarrollo sin precedentes.
Los beneficios económicos de éste son evidentes. Según expertos, los estados que cuentan con una sólida infraestructura de gas natural muestran un PIB hasta un 50% superior, generando un impacto multiplicador en la creación de empleo cinco veces mayor en comparación con aquellos estados que carecen de dicha infraestructura. Estos datos ofrecen un panorama donde la inversión en infraestructura energética podría ser el catalizador necesario para que la región alcance nuevas alturas en su desarrollo.
A su vez, cabe destacar que una inversión significativa en la frontera sur podría marcar la diferencia. Por ejemplo, estudios han revelado que un incremento del 0.1% del PIB en inversión fronteriza equivaldría a aproximadamente 1.3 mil millones de dólares adicionales. Ello, aunado a la riqueza hídrica de la región, podría generar un escenario propicio para el nearshoring, lo que ayudaría a potenciar la competitividad estatal.
Por otro lado, es crucial tener en cuenta los desafíos adicionales que enfrenta la región, como la migración y la inseguridad. En 2023, la frontera sur experimentó un notable aumento en la migración irregular, con la entrada de más de 1.5 millones de extranjeros al país. Este flujo migratorio conllevó costos sustanciales tanto para México como para los Estados Unidos.
En tales circunstancias, enfrentar los desafíos y aprovechar las oportunidades en el sur requiere una visión integral y acciones estratégicas. La inversión en infraestructura energética, especialmente en gas natural, junto con un enfoque significativo en la inversión fronteriza, podría ser la clave para desbloquear el potencial económico de la región. (Francisco X. Diez Marina, 24 Horas, Negocios, p. 14)
La inmunidad de Trump

(Fernando Llera, Excélsior, Nacional, p. 10)