Que la presencia del ex gobernador, Sergio Céspedes al lado del canciller, Juan Ramón de la Fuente, fue una salida en falso para los que lo leyeron como el anuncio formal del poblano al frente del Instituto Nacional de Migración, que por cierto, cambiará de nombre y vendrá una reestructuración. Si bien se trató de un evento oficial, aún se les presentó a los cónsules y embajadores como el próximo titular, pero el nombramiento y presentación oficial vendrá de la voz de la Presidenta. Se dice que ocurrirá pronto y lo hará desde Palacio Nacional, pero por lo pronto, el ex mandatario sigue preparando la transición al cargo que no será nada sencillo ante la hostilidad del próximo gobierno de Trump. Cuerpo (Trascendió, Milenio, Online)
Uno entiende que las posiciones de gobierno puedan variar, digamos, de lo que plantea la Presidenta con lo que expone su secretario de Economía, Marcelo Ebrard, porque aun cuando él es un subordinado, traen una diferencia desde la disputa por la candidatura y se quedó en el gabinete a partir de las decisiones que legó Andrés Manuel López Obrador al gobierno en turno. Por eso, aunque sean del mismo equipo, hay diferencias explicables.
Resulta inexplicable, sin embargo, que haya discursos diferentes de la misma fuente. Conté por lo menos cuatro veces en que la mandataria dijo con total claridad, sin lugar a confusiones, que el próximo jefe de la Casa Blanca, Donald Trump, “tiene su forma de comunicar” y que ella no se iba a enganchar con las continuas provocaciones del magnate.
Sin embargo, a cada baladronada del gringo se le ha respondido y, peor, hasta cuando los golpes iban dirigidos a otros personajes, como cuando se asumió que criticaba a Ebrard y en realidad hablaba de Joe Biden. Trump dejó pasar esa bola, pero no ha desperdiciado ocasión para ratificar su política antimigrante, amenazar con declarar terroristas a los cárteles, lo que significa que podrá intervenir en México, y señalar que el narcotráfico controla el gobierno.
El desencuentro verbal ha pasado también por el tema del fentanilo, porque Estados Unidos, sea con Biden, sea con el equipo que llega con Trump, está seguro de que aquí se produce la droga con esa sustancia, mientras que la Presidenta se jacta no solo de que eso es mentira, sino de que en México ni siquiera se consume. Todo se ha respondido de inmediato.
¿Entonces en qué quedamos? ¿No se caerá en provocaciones porque es su “forma de comunicar”, o se responderá a cada una, así sea cuando se lee mal el destinatario del mensaje o cuando se trate de una tontería como renombrar el Golfo de México? Se pasó de “no engancharse” con el magnate a replicar con otro despropósito, como volver a la “América Mexicana”, con mapa en pantalla y todo en la mañanera.
No sabemos cuánto pesen los abogados listos para atender migrantes ni el famoso botón de alerta de deportación, pero por lo menos son iniciativas claras ante una amenaza en puerta y no discursos patrioteros ni chistoretes de carpa. (Alfredo Campos Villeda, Milenio, Al Frente, p.2)
Los centros de detención del Instituto Nacional de Migración (INM) son, en la realidad, cárceles contra las personas que se encuentran en movilidad y que buscan llegar a Estados Unidos.
Las estaciones o estancias migratorias son espacios en los que se detienen a los migrantes. Los espacios se caracterizan por ser escenarios de prácticas denigrantes e inhumanas.
A la par, los operativos de detención de migrantes que son llamados acciones de rescate, en realidad, se traducen en momentos de violencia contra el libre tránsito y el inicio de verdaderos viacrucis.
De acuerdo con el análisis “Retos y fortalezas en el nuevo Instituto Nacional de Migración”, realizado por Conrado Bonifacio Zepeda Miramontes y Guillermo Yrizar Barbosa, investigadores de la Universidad Iberoamericana Puebla, las estaciones migratorias pueden ser peores que las propias cárceles por las violaciones a los derechos de las personas.
El análisis resalta que urge un cambio de mentalidad en los agentes de migración porque se están encerrando a familias violentando la ley. En las instalaciones del INM, las personas con alta vulnerabilidad se colocan sin la posibilidad de salir o comunicarse.
Para los expertos en temas de movilidad social, si no hay un cambio radical, los centros de detención del INM seguirán siendo cárceles migratorias; además, se requiere que los agentes de migración sean capacitados en derechos humanos.
“Es sumamente preocupante que el Instituto Nacional de Migración esté plagado de tantas malas prácticas administrativas y de acciones que violan los derechos de las personas migrantes”, lamenta el análisis.
Las estaciones migratorias responden a una política del gobierno mexicano que se basa en la contención de los flujos de personas que ingresan sin la documentación necesaria. En otras palabras, México se está colocando como un muro de contención para evitar el paso de migrantes hacia el norte del continente americano.
Ante el panorama actual, es urgente que se implementen programas de apoyo y protección a los migrantes que tienen el derecho de buscar mejores condiciones de vida; además, se requieren verdaderas acciones para evitar violaciones a sus derechos. (Jaime Zambrano, Milenio, Online)
En el contexto de las amenazas y próxima llegada de Trump al poder, México enfrenta un complejo desafío en materia migratoria: el retorno de numerosos contingentes de connacionales que, después de años en Estados Unidos, vuelven al país en condiciones de extrema vulnerabilidad.
A diferencia de sus homólogos, una de las particularidades de las deportaciones realizadas por Trump en su anterior mandato, fue el aumento del 40% de retornos de personas “in land”, es decir, que llevaban residiendo muchos años en las regiones internas de Estados Unidos.
Este cambio cualitativo -que se espera retome en este periodo- refleja una política migratoria discrecional, más agresiva e inmiscuida, ya que desarticula el tejido social y se enfoca en personas que no necesariamente tienen antecedentes criminales ni representan un peligro para la sociedad, sino que criminaliza y persigue a quienes aún no tienen sentencias judiciales, violando el principio de inocencia y dejando a muchos connacionales en una situación de alta vulnerabilidad.
Está claro que la primera ayuda que nuestros migrantes requieren es la asesoría y acompañamiento legal preventivo con la finalidad de defender su permanencia en la Unión Americana, sin embargo ante el carácter inevitable de las deportaciones hay que tener un plan.
Una vez retornados, los desafíos de los migrantes abarcan desde aspectos intangibles, como el daño emocional y psicológico, hasta cuestiones más prácticas, como llegar a México sin documentación oficial que les permita realizar trámites básicos, problemas económicos y de reintegración. Más allá de ser un proceso administrativo, la deportación implica la ruptura de una vida construida: familias separadas, patrimonios abandonados y el desafío de readaptarse a contextos frecuentemente ajenos. Para mitigar este impacto, es fundamental dar prioridad a la atención psicológica de las personas retornadas y facilitar el mantenimiento del vínculo con sus familiares que permanecen al otro lado de la frontera.
En términos culturales muchos retornados, especialmente niños y jóvenes, enfrentan el reto de adaptarse a un país que les resulta extraño. Algunos no hablan español o lo hacen con dificultad, lo que los expone al acoso escolar y dificulta su integración educativa. A pesar de las reformas legales para facilitar la revalidación de estudios, el sistema educativo aún enfrenta grandes obstáculos para integrar esta población.
El modelo de reinserción debe ser holístico y diferenciado, capaz de responder a las distintas realidades de los retornados. Por ejemplo, aquellos que vivieron solo algunos años fuera requieren un tipo de apoyo distinto al de quienes pasaron décadas en Estados Unidos y han perdido la conexión cultural y lingüística con México. Un aspecto clave es la implementación de mecanismos de certificación de habilidades adquiridas en el exterior y generación de alianzas para facilitar la integración laboral.
El enfoque de las políticas de retorno debe ir más allá del simple acto de recepción. Esto implica abordar no solo las necesidades inmediatas, como vivienda y empleo, sino también fomentar la creación de comunidades inclusivas y empáticas, donde se combata el estigma y la discriminación, elementos clave para asegurar una reintegración exitosa.
Asimismo, es fundamental reconocer que la creación de una cultura de inclusión requiere la participación activa de la sociedad civil, los medios de comunicación y el sector privado, sin delegar toda la responsabilidad únicamente a las instituciones públicas.
Paralelamente, México debe garantizar que los derechos de sus connacionales sean respetados durante los procesos de detención y deportación en Estados Unidos. Esto incluye fortalecer los servicios consulares, ampliar el presupuesto del Instituto Nacional de Migración y de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, así como establecer mecanismos de cooperación para una gestión migratoria más ordenada y humana.
La reintegración de los retornados debe verse como una inversión en el capital humano que aportan, aprovechando su experiencia, habilidades lingüísticas y laborales y conexiones. Con un enfoque integral y voluntad política, México puede convertir el reto del retorno migrante en una oportunidad para fortalecer la inclusión y la resiliencia social. (Eunice Rendon, El Universal, Nacional, A7)
Y resulta que si de deportaciones masivas se pretende hablar, valdría la pena echar un vistazo a los indicadores de deportaciones de los últimos seis presidentes de Estados Unidos. Porque, dato interesante, resulta que no ha sido Donald Trump el mayor deportador, sino el demócrata Bill Clinton, con 7 millones 447 mil 247 repatriaciones; seguido del republicano George W. Bush, con 4 millones 653 mil 516. Con el gobierno de este último, el expresidente Vicente Fox quiso negociar un acuerdo migratorio —la “enchilada completa”— y que fracasó. El tercer lugar lo ocupa Barack Obama, con 2 millones 848 mil 937; seguido de George Bush padre con 2 millones 646 mil 701; de Joe Biden con 891 mil 503 y finalmente de Trump, con 766 mil 055. Por cierto que Clinton también tiene el récord de repatriaciones anuales, con un millón 171 mil 141 en 1999. Ahí el dato, nos comentan, como para dimensionar las capacidades que ha tenido EU en estas acciones. (La Razón, La Dos, p. 2)
De por sí, la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca ya perfilaba un panorama difícil para la relación bilateral entre EU y nuestro país; los recientes anuncios del virtual mandatario estadounidense y la renuncia de Justin Trudeau ensombrecen todavía más los nubarrones que había en el horizonte.
En unas cuantas horas, Donald Trump insistió en que impondrá aranceles a México y continuó con su narrativa de que la migración y el tráfico de drogas son dos importantes asuntos en los que el margen de negociación será, por decir lo menos, infranqueable.
Es un hecho que, apenas ponga un pie en la Oficina Oval, el próximo presidente de EU firmará sendas órdenes ejecutivas para declarar a los cárteles mexicanos de la droga como organizaciones terroristas, lo que facultaría a ese país a echar mano de su poderoso Ejército para combatir a los grupos criminales.
La declaratoria no sería preocupante si fuera solo una ocurrencia, pero se trata de una verdadera amenaza que ya tensa las siempre difíciles relaciones entre nuestro país y EU.
Porque Trump ha dejado ver su talante imperialista, con bravatas tales como la intención de “anexarse” a Groenlandia y a Canadá e intervenir militarmente para tomar el control del Canal de Panamá, luego que durante más de 100 años estuvo administrado por EU. Los argumentos que esgrime son que estas acciones son indispensables para garantizar la seguridad de su país. Lo mismo ocurre con el narcotráfico, y más aún cuando el fentanilo, una de las drogas presuntamente introducidas a EU por organizaciones criminales mexicanas, deja un promedio de 100 mil personas muertas por sobredosis cada año.
Es claro que a Trump no le importan los datos, ni que las sobredosis por fentanilo en ese país alcanzaron el año pasado su nivel más bajo desde 2020 con una reducción de 14.5 por ciento, según cifras de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos.
Igualmente, le tiene sin cuidado que la inmigración ilegal ha caído incluso por niveles debajo de los registrados durante su primer mandato. Datos de las oficinas de Fronteras y de Seguridad Nacional arrojan que entre junio y noviembre del año pasado, EU expulsó a 240 mil personas que ingresaron a su territorio de manera ilegal para sumar 700 mil en el año fiscal que concluyó, la cifra más alta desde 2010.
A Trump le conviene negar y exagerar la realidad, a tal punto que encargó a un equipo cercano tratar de identificar una potencial amenaza sanitaria ocasionada por los migrantes para así sellar la frontera con una medida similar al Título 42, aplicada durante la crisis por la pandemia de COVID-19 y que dejó una severa sangría económica para México.
Por si fuera poco, la renuncia de Justin Trudeau como primer ministro de Canadá luego de un desgaste que se aceleró con las acometidas constantes de Trump, nos coloca de frente a un escenario en el que nuestros dos principales socios comerciales estarán en manos de gobernantes conservadores, que buscarán cualquier argumento para renegociar o anular el T-MEC y tratar de controlar al poder del gobierno de Morena encabezado por Claudia Sheinbaum.
No es que Trudeau fuera el mejor de los aliados; de hecho, en repetidas ocasiones tomó partido por sus homólogos de EU y en contra de México, pero al menos su relativa pasividad permitía el diálogo y la confrontación discursiva con la Unión Americana permitía un relativo balance de fuerzas.
No tener ese respiro aumenta enormemente la vulnerabilidad de México ante la llegada de un ultraconservador como lo es Trump y el hecho de que, sin aliados de peso, estemos en primera fila frente al gobernante más poderoso del mundo, y cuyas incendiarias declaraciones vulneran todavía más un mundo que desde hace mucho tiempo perdió su frágil equilibrio.
Sotto voce
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que los homicidios dolosos disminuyeron 58.4% en Acapulco, además de que se ha detenido a 7 objetivos prioritarios que generaban violencia en el puerto y a 450 integrantes de células delictivas…
Tanto el exgobernador Sergio Salomón Céspedes inicia con el pie derecho su gestión como titular del Instituto Nacional de Migración —por su profundo conocimiento del tema de los derechos humanos— como lo mismo sucede en Puebla con el gobernador Alejandro Armenta, quien goza de gran popularidad. (Oscar Mario Beteta, El Financiero, Opinión, p.29)