Convoca a la paz en la frontera
Llamado a la unidad y la paz lanzó el candidato de Morena al gobierno de Chiapas, Eduardo Ramírez. No sólo eso, lo hizo en Frontera Comalapa y Chicomuselo, zona fronteriza a donde no se ha parado ningún otro aspirante. Ahí, el llamado Jaguar ofreció trabajar todos los días para que las familias vivan en tranquilidad.
Se aleja la reconciliación
Muy complicada parece la reconciliación de México y Ecuador. El gobierno de Daniel Noboa no está siquiera dispuesto a disculparse por la invasión a la embajada mexicana. Y acá, la canciller Alicia Bárcena, dice que la única forma de reparar la diplomacia es que se otorgue un salvoconducto al exvicepresidente Jorge Glas, para traerlo a nuestro país. (El Heraldo de México, La 2, p. 2)
El Servicio de Inteligencia Exterior (SVR, por sus siglas en ruso) de Rusia denunció que la DEA y la FBI conducen un proyecto mediante el cual empresas militares privadas de Estados Unidos reclutan a miembros de cárteles mexicanos y colombianos recluidos en cárceles estadunidenses para que sirvan como mercenarios de Kiev en la guerra rusoucrania. De acuerdo con el SVR, Washington promete amnistía total a los criminales, con la condición de que nunca regresen a territorio estadunidense. La misma fuente indica que el primer grupo de matones estará conformado por cientos de hombres de las nacionalidades citadas, pero si el programa de reclutamiento resulta exitoso se ampliaría a delincuentes de otros países.
La autoridad moral de Moscú para denunciar esta práctica se encuentra en entredicho porque la propia Rusia ha echado mano de prisioneros para combatir en Ucrania; por ejemplo, mediante el grupo de mercenarios Wagner, creado por el fallecido Yevgueni Prigozhin. Sin embargo, sus acusaciones resultan verosímiles en tanto encajan con el historial de las agencias de espionaje estadunidenses, con los antecedentes de las compañías de mercenarios que han actuado en escenarios como Irak o Afganistán, y con el modelo de negocios de las cárceles privadas que medran en Estados Unidos.
De resultar cierto lo dicho por el Kremlin, estaríamos ante un nuevo atentado de la superpotencia contra las vidas y la seguridad de millones de latinoamericanos. El plan descrito consiste nada menos que en tomar a criminales violentos, entrenarlos en las tácticas militares más modernas y luego ponerlos en libertad a sabiendas de que su destino más probable se encuentra en sus países de origen. Es decir, enviará a México, Colombia y otras naciones a personas condenadas por delitos graves, quienes habrán recibido cursos de profesionalización en el uso de las armas. Tal atrocidad debería ser inconcebible, pero ya hay antecedentes en que Washington armó y entrenó a grupos extremistas, como la contra nicaragüense o los talibanes afganos.
Más allá de que las aseveraciones del SVR sean confirmadas o desmentidas, su informe debe catalizar un escrutinio exhaustivo del sistema carcelario estadunidense, y en particular de las prisiones privadas. Los números dan cuenta del horror de una estructura que hace mucho perdió su conexión con el mantenimiento del orden y la seguridad ciudadana: Estados Unidos tiene presas a 2 millones 300 mil personas entre centros federales, estatales, locales, de menores, inmigrantes y dependencias militares, lo que representa una cuarta parte de todos los prisioneros del planeta, pese a tener sólo 5 por ciento de esa población carcelaria mundial; 63 por ciento de reos son negros o latinos; entre 1970 y 2010, la cifra de reclusos creció 700 por ciento; de manera significativa, en sólo una década (2000-2010) la cantidad de gente en cárceles privadas aumentó alrededor de 80 por ciento, mientras la población tras las rejas en general sólo creció 18 por ciento; es decir, hay una privatización acelerada del encarcelamiento.
Este fenómeno se explica por dinámicas mercantiles perversas, que incluyen la entrega a poderes económicos de facultades que deben ser exclusivas de las instituciones públicas. Desde hace al menos una década, se documentó que las empresas de prisiones cabildean y financian campañas electorales para evitar una reforma migratoria que descriminalice a los migrantes irregulares, al mismo tiempo que promueven la tipificación de nuevos delitos o el endurecimiento de las penas para los existentes. Además, los contratos de operación de los reclusorios con fines de lucro incluyen cláusulas que obligan a los gobiernos a mantener niveles mínimos de ocupación a fin de garantizar la rentabilidad de las inversiones, con el resultado de que, suban o bajen los índices criminales, el Estado debe encontrar el modo de enviar gente a prisión. En este sistema se encuentra una de las razones del resquebrajamiento de la sociedad estadunidense, y en ese contexto señalamientos como el ruso resultan, por demás, verosímiles. (Editorial, La Jornada, p. 2)
La institución del derecho de asilo es, quizás, la más antigua de la que se tiene conocimiento. En Mesopotamia, los perseguidos por delitos del orden común podían llegar al templo del Dios Asilo en donde eran protegidos por los sacerdotes de esta deidad; en la Edad Media, se protegía a los perseguidos por delitos del orden común; los monarcas europeos no protegían ni querían que sobrevivieran quienes atentaban contra las monarquías o contra los soberanos mismos.
En el siglo XX, el prestigio indiscutible que tuvo México en el ámbito internacional se debió, entre otras cosas, a su defensa irrestricta del derecho de asilo. Ya desde el siglo XIX, México sirvió de refugio para millares de europeos, sudamericanos, así como diversos líderes latinoamericanos; hay ejemplos por demás dolorosos por las discrepancias entre las opiniones de los países asilantes y quienes expulsaron a sus ciudadanos. Son famosos los casos de Haya de la Torre, el del presidente Cámpora y el de su hijo en la embajada de México en Buenos Aires.
El derecho internacional sostiene que todo individuo que no es protegido por el Estado, que en principio debía hacerlo, puede y debe buscar refugio en otro que sí lo haga y que le permita no sólo salvar la vida, sino desarrollarse plenamente. Estas normas han precisado diversos procedimientos y mecanismos para otorgar los asilos y lograr su salvaguarda fuera de los locales diplomáticos, hasta obtener su salida del país donde corre peligro.
Independientemente de los errores que haya habido, tantos que un mal pensado podría imaginar que han sido intencionales para crear un aura de patriotismo exacerbado en vista de las próximas elecciones, en ningún caso y por ningún motivo se justifica la detención de un individuo acogido por la protección de otro Estado y, mucho menos, allanar una misión diplomática con lujo de fuerza en contra y en violación no solo de la normatividad internacional, sino de la mera cortesía diplomática.
Lo sucedido entre México y Ecuador es un elemento más que nos preocupa a los que creemos en el derecho, a los que pensamos que los mecanismos jurídicos pueden resolver los problemas y que el diálogo es la mejor forma de solucionarlos.
Ojalá esta preocupación sea solo eso, una preocupación sin consecuencias a una escala mayor. (Fernando Serrano Migallón, El Universal, Opinión. P. A18)
Demanda en Puerto Vallarta

(Fernando Llera, Excélsior, Nacional, p. 10)
Pus qué se creen

(Hernández, La Jornada, Política, p. 15)