La impunidad es lo que menos importa del terremoto político y criminal por las acusaciones de EU contra la corrupción de políticos en México y nexos con el narco. El gobierno desestima inculpaciones de la fiscalía de Nueva York, la Presidenta reclama confianza para colaborar y el Congreso explota en incriminaciones, pero a nadie concierne la ausencia de responsabilidad y justicia que perpetua la violencia en Sinaloa.
Por más crispación política y aluvión de imputaciones, ninguna recala al terreno de la justicia ni siquiera cuando se convierten en asuntos de seguridad nacional en el caso Rocha Moya y una decena de coacusados. El destino del escándalo judicial es alimentar el político en la disputa de la campaña de 2027, en la que la 4T se juega su futuro.
La impunidad es correlato de la persistente guerra intestina entre el hartazgo, miedo y conformidad de la sociedad sinaloense, que no sabe cómo salir de la trampa mortal de la violencia del crimen, que alguna vez creyó manejable. Quien voltea a ver lo que puede pasar con la crisis política que deja el negro legado de Rocha Moya, el alcalde de Culiacán y una red de altos funcionarios acusados de conspiración e integrar al Cártel de Sinaloa a las estructuras estatales. Nadie se atreve a salir a su defensa, pero tampoco a investigar y juzgar un caso que pareciera sólo servir para inspirar narcocorridos que romantizan la identidad sinaloense y su larga historia de complicidades de autoridades y narcos.
La ausencia de justicia socava sus instituciones, que están en pie no por cumplir sus obligaciones, sino la ley del silencio. El mutismo que envuelve la salida de Rocha Moya, la resistencia de Dámaso Castro a abandonar la vicefiscalía estatal y el refugio del senador Enrique Inzunza, incluso la afonía de los lazos de protección con sus sucesores.
Pero la pasmosa ausencia de responsables gubernamentales en esta guerra tiene un impacto civil tan devastador como la de Ucrania: desde que se recrudeció la violencia de facciones de Los Chapitos en septiembre de 2024, se acumulan 2,680 homicidios, 800 personas desaparecidas y la muerte de 57 menores como víctimas colaterales. Todo ocurre pese a denuncias sobre el papel de gobiernos en la descomposición del estado hasta la llegada de Rocha Moya señalado de ganar con apoyo del crimen e implicado en la ruptura interna del cártel que sustenta la investigación de EU.
La fiscalía estatal ha sido una congeladora para todas esas denuncias, y las carpetas de la FGR se movieron poco y el exfiscal Gertz acabó cerrando. Rocha Moya ni siquiera habría generado sospecha en el Gabinete de Seguridad, como dijo García Harfuch tras la orden de detención de EU contra el primer gobernador en funciones de la historia. A la vez que la Presidenta se atrinchera en la exigencia de pruebas a la vista de los sinaloenses para acceder a la extradición y allanar los obstáculos internos o abrir la puerta a una obligada investigación en el país.
Pero lo que sí importa del “bombazo” contra el gobierno de Sinaloa es capitalizar el estruendo con filípicas contra la corrupción y diatribas contra el intervencionismo en el Congreso, tan inútiles unas y otras para romper el mutismo de la justicia. Los opositores, para comprobar su tesis del “narco estado”, pero sólo donde gobierna Morena, y el oficialismo para cerrar filas y endurecer el discurso soberanista en línea del cambio de tono de Sheinbaum con Trump, aunque cuidando no proteger al insalvable Rocha Moya.
Porque lo que importa es que el caso no mine la confianza en la estrategia de seguridad hacia las elecciones de 2027, ni complique la renegociación del T-MEC. A Trump el ataque le sirve para relanzar su imagen debilitada bajo la cobertura de proteger a su país del cáncer de las drogas, sin arriesgar todavía más el voto de la comunidad mexicana con una intervención directa, aunque también endurece su política migratoria con investigaciones a los consulados por presuntas actividades políticas.
La rentabilidad electoral cierra el círculo de la impunidad. En México, con el acceso del crimen a las estructuras políticas con el dinero negro a las campañas y en EU con realidades alternativas que borren del mapa todo obstáculo al “América Primero”, así sea cambiar hasta el nombre al golfo de México. (José Buendía Hegewisch, Excélsior, Nacional, p. 14)
Conozco a muchos que pensaron que juramentar frente a la bandera de las barras y las estrellas sería el final de un calvario migratorio. Duraron años, incluso décadas, en “arreglar papeles” y ya con el pasaporte azul en la mano se sintieron intocables, hasta que llegó Trump en una segunda vuelta a la Casa Blanca.
El presidente republicano volvió con una agenda marcada en contra de la migración, no solo la irregular. Ahora tiene en la mira la “desnaturalización” de ciudadanos estadounidenses que, dice, representan un riesgo para la seguridad nacional, eso incluye a algunos que se oponen a su ideología política y otros que obtuvieron su ciudadanía a través de un fraude.
Esta administración tiene un plan que pretende revocar la ciudadanía a miles pero están empezando con 384 personas. El Departamento de Justicia los tiene identificados en diferentes lugares del país; fiscales en 39 oficinas regionales ya recibieron asignaciones. Francey Hakes, directora de la Oficina Ejecutiva de Fiscales, describió este grupo como “la primera oleada de casos” que el gobierno pretende impulsar en este 2026. ¿Será que ahora también existe una cuota para quitar papeles?
Es una pregunta al aire de la que todos sabemos la respuesta. En diciembre de 2025, USCIS recibió instrucciones de identificar entre 100 y 200 casos mensuales durante el año fiscal 2026. Algo sin precedentes. Entre 1990 y 2017, Estados Unidos procesó un promedio de apenas 11 casos de desnaturalización por año. Lo que hoy piden es mil veces más.
Ya nadie se salva. La interpretación de la ley es tan conveniente para algunos que, esas mismas líneas que le abren las puertas a uno, se las cierran a otros. La directriz es darle prioridad a las investigaciones y el cumplimiento de la norma en los procesos de desnaturalización de personas que habrían “obtenido ilegalmente” la ciudadanía estadounidense, según el Departamento de Justicia.
La intención es que todo el peso de la ley aplaste a extranjeros con antecedentes penales que han aprovechado el privilegio migratorio que los llevó a obtener la ciudadanía. La ley federal permite revocar la ciudadanía únicamente cuando se obtuvo ilegítimamente: fraude en la solicitud, ocultamiento de información relevante, matrimonios “arreglados”, pertenencia a grupos terroristas o, en casos, delitos graves cometidos poco después de naturalizarse. Entonces, ¿se puede perder la ciudadanía? ¡Claro! (Maritza L. Félix, El Sol de México, Análisis, p. 23)
No tiene nada de extraño o insólito que en Estados Unidos, muchas personas quisieran atentar contra el presidente Donald Trump. Debe comprenderse que Trump ha logrado hacer brotar el odio de multitud de gentes debido a su racismo, a sus afanes supremacistas, a su represión contra los migrantes y a su obsesión compulsiva de impulsar genocidios. Sin embargo, me parecen condenables los magnicidios no sólo por razones morales, sino por su esterilidad política.
Es un grave error considerar que una sola persona, por más importante y capaz que sea, encarna en sí todo el entramado social que se expresa en formaciones complejas, como sucede en el caso de muchas naciones. Cuando se proclamaba estentóreamente que Adolfo Hitler representaba a toda Alemania, se olvidaban las razones por las cuales la nación germana había llegado a producir a un sujeto como el famoso cabo austriaco.
En el año 2000, el sagaz político Porfirio Muñoz Ledo y un grupo de antiguos izquierdistas decidieron apoyar la candidatura presidencial del representante panista Vicente Fox. No parecía muy racional esa decisión, ya que Fox era claramente derechista, había sido un mediocre gobernador de Guanajuato y su nivel cultural era precario; él mismo declaró que en lo que a textos se refería, sólo había leído El libro vaquero y casi no leía la prensa.
Pero eso no era lo más importante. Lo que no entendían esos nuevos partidarios de Fox era que el capitalismo financiero de carácter oligopólico ya se había colocado en la cúspide del PAN y también en la del partido oficial; tal capitalismo se expresaba en la ideología neoliberal y se lanzó a cometer todo tipo de privatizaciones de empresas y bienes públicos, a desregular leyes y decretos, a incrementar la explotación y opresión de sus trabajadores y a depender cada vez más de los designios imperialistas de Estados Unidos. Por ende, nació el Prian y la victoria de Fox no significó ninguna apertura a la democracia. Es como si en una nación se hubiera dejado de votar por Mussolini para entonces votar por Hitler, con el pretexto de que ello impulsaría la transición democrática.
Miles y quizá millones de personas no ocultaron su alegría cuando falleció el dictador Francisco Franco en España el 20 de noviembre de 1975. No pocas personas en tiempos anteriores habían urdido acabar con la vida del matarife gallego y supusieron que su muerte habría sido la clave para que en el país ibérico volviera la democracia. En realidad, la lucha clandestina contra el franquismo nunca dejó de estar presente de 1939 a 1975 y yo mismo lo pude comprobar cuando visité la patria de Cervantes un poco antes de la muerte del dictador.
Al principio, la gente guardaba silencio y tenía temor de hablar ante los forasteros, pero poco tiempo después, con mis compañeros mexicanos, pude conectar con miembros de diversos grupos políticos entre los cuales había comunistas sovietófilos, anarquistas y trotskistas, pero incluso también anticomunistas y liberales, que abogaban por el establecimiento de una democracia representativa al estilo británico o a la manera francesa.
Me llamó la atención que un gran conjunto de intelectuales y artistas estaban hartos del franquismo y militaban en grupos o partidos prohibidos. Por ejemplo, Paco Rabal era del Partido Comunista, Marisol militaba en una escisión del Partido Comunista, Fernando Fernán- Gómez adoptó la senda progresista, Sarita Montiel llevaba mensajes del gran poeta León Felipe, exiliado en México, a militantes izquierdistas. No fue la muerte de Franco la que permitió que se estableciera una democracia que es todavía frágil, pero que resulta maravillosa en comparación con lo que se vivió en la tiranía franquista; ello fue la consecuencia de las luchas sociales de varios sectores del pueblo español.
El vil asesinato del presidente de Estados Unidos Abraham Lincoln el 14 de abril de 1865 ya no suscitó ningún cambio fundamental en lo que atañe a la victoria del norte industrial sobre el sur esclavista después de la guerra civil en Estados Unidos. Por otra parte, el crimen cometido en la persona de John F. Kennedy el 22 de noviembre de 1963 satisfizo a muchos ultraderechistas que consideraban a ese estadista como demasiado tibio frente al peligro comunista e incluso lo consideraban traidor porque no había apoyado con la aviación el ataque de un grupo de mercenarios a la isla de Cuba el 17 de abril de 1961. Pese a todo, las libertades civiles y la lucha contra la segregación racial pudieron afincarse notablemente y no se debieron a la generosidad del presidente bostoniano, sino a las lides comandadas por líderes populares como Malcolm X o Martin Luther King, ambos vilmente asesinados.
Posteriormente continuaré con este texto contra los magnicidios. (Francisco Javier Guerrero, La Jornada, Opinión, p. 11)