La relación con Estados Unidos en los próximos seis años será quizá la más complicada desde 1994. Varias áreas de la relación bilateral requerirán que la presidenta Sheinbaum y su equipo ofrezcan soluciones con verdadera imaginación y firmeza. Los retos más inmediatos serán la agenda migratoria y el tráfico de opioides.
En Estados Unidos, ambos temas se han convertido en uno solo: la frontera como problema de seguridad nacional. Sheinbaum tendrá que abordar cada uno por separado. No será fácil.
Estados Unidos se enfrenta a una grave crisis en su frontera, con un notable aumento de los encuentros con inmigrantes y de los cruces fronterizos. El sistema judicial de inmigración estadounidense está desbordado, lidiando con más casos de los que puede manejar: ahora tiene tres millones de casos pendientes, una acumulación que se ha triplicado desde 2017.
Algunos líderes republicanos han utilizado un lenguaje incendiario para describir la situación. Mike Johnson, líder de la mayoría republicana en la Cámara de Representantes, se ha referido a ella como una «invasión», un término con graves implicaciones para la seguridad nacional. Trump lo ha descrito como una «emergencia nacional» y ha acusado a la administración Biden de mantener una política de fronteras abiertas. Estas descripciones son engañosas. La situación actual no es ni una invasión ni una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos en el sentido tradicional. La administración Biden no apoya una política de fronteras abiertas. Se trata más bien de una crisis humanitaria que requiere soluciones sistémicas.
Por desgracia, el clima político ha obstaculizado el avance hacia esas soluciones. Recientemente se presentó en el Congreso un proyecto de ley de inmigración bipartidista, con disposiciones que habrían añadido 2,700 agentes a la patrulla fronteriza y al ICE, la policía de inmigración, y asignado miles de millones a la seguridad fronteriza. Este duro proyecto de ley, mucho más duro de lo que muchos esperaban de una administración demócrata, fue rechazado por los republicanos. Su decisión parece haber estado motivada políticamente, con el objetivo de mantener el tema en el primer plano de la mente de los votantes en lugar de abordarlo con una política pública eficaz.
El tráfico de fentanilo en la frontera, por otra parte, sí representa una auténtica emergencia nacional, pero es una cuestión distinta de la inmigración. La crisis del fentanilo se produce principalmente en los puestos de control fronterizos y su solución pasa por la revisión tecnológica de las aduanas, la cooperación internacional para interrumpir la cadena de suministro desde China y la lucha contra los cárteles mexicanos de la droga.
Se trata de dos problemas distintos que habría que abordar por separado. Desgraciadamente, la opinión pública estadounidense parece haber consolidado la idea de que la migración es el origen no sólo de la crisis humanitaria, sino también de otros problemas y riesgos a los que se enfrenta el país. Según una encuesta reciente, el 28% de los estadounidenses identifica la inmigración como el mayor problema del país. El 41% quiere que disminuya la inmigración. No es casualidad que Donald Trump insista en tomar la migración como principal argumento de su campaña. Si gana, promete una máquina de deportaciones que sumiría a la frontera norte de México en una angustia sin precedentes, por no hablar de los millones de familias de origen mexicano que serían sistemáticamente perseguidas.
Si Trump gana, la presión sobre el nuevo gobierno mexicano será enorme. Pero incluso si Biden gana la reelección, el calibre del desafío migratorio y los costos crecientes del tráfico de opioides sintéticos seguirán ocupando un lugar prioritario en la agenda bilateral. La tentación más sencilla será bajar la cabeza y ceder a las exigencias del nuevo gobierno estadounidense. Esa es una solución que no resuelve nada. Sheinbaum tendrá que encontrar la manera de abordar cada una de estas crisis sin caer en la indolencia de su predecesor ni ceder al chantaje del gobierno estadounidense entrante.
Será una partida de ajedrez realmente complicada. Si el nuevo presidente no la juega con sabiduría y prudencia, millones de mexicanos sufrirán, en México y en Estados Unidos. (León Krauze, El Universal, Nación, p. A10)
“En su primer discurso como presidenta electa, Sheinbaum anunció que la relación de su gobierno con Estados Unidos será de amistad, respeto mutuo e igualdad. El presidente Biden extendió sus felicitaciones a la presidenta electa poco después de las elecciones. Sheinbaum ha expresado disposición para trabajar con la próxima administración de Estados Unidos en esfuerzos para gestionar la migración irregular mientras aboga por una mayor inversión económica en los países de origen”, dice el reporte que miembros y comités del Congreso de Estados Unidos recibieron la semana pasada.
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“Después de años de tensiones en los esfuerzos contra las drogas bajo la administración saliente, no está claro cómo Sheinbaum, quien ha sugerido que el fentanilo es principalmente un problema de salud pública, abordaría la cooperación contra el narcotráfico entre Estados Unidos y México. Ella ha respaldado grupos de trabajo bilaterales sobre temas de seguridad. Durante la campaña, Sheinbaum expresó apoyo al enfoque estatal del desarrollo energético de la administración saliente”. (Redacción, El Sol de México, República, p. 2)
El garlito con el que el presidente Joe Biden pretende resolver una situación muy desventajosa en su agenda migratoria parece entrar en una fase de la que difícilmente saldrá airoso. Su propuesta de cerrar la frontera a quienes buscan asilo en Estados Unidos, con la pretensión de acallar a quienes gritan que el país está siendo invadido por indeseables, ha levantado una ola de protestas de las organizaciones que defienden los derechos humanos y entre un numeroso grupo de legisladores de su propio partido. Lo paradójico es que, al parecer, no quedará bien con ninguno de los dos bandos.
Si su intención es enviar de nuevo un mensaje a quienes comienzan el viaje desde sus países para que no lo hagan, probablemente volverá a fallar, como ya sucedió hace dos años. Por el lado de la oposición, en el Partido Republicano la medida es insuficiente, tardía, ya que culpan al presidente de la presión que significa la llegada de migrantes a la frontera.
De continuar el impasse, Biden habrá perdido el garlito que esperaba diera resultado para demostrar que la única forma de restablecer el orden en la frontera es mediante es una profunda reforma migratoria. Sus oponentes republicanos se niegan cuando menos a discutirla formalmente, conscientes de la ventaja que para él significaría que la reforma se aprobara. Donald Trump, quien ha utilizado el tema migratorio como uno de los ejes de su campaña, está de plácemes.
Hay quienes insisten que no es significativo el número de electores que Biden perdería por su errática política migratoria y en el conflicto Israel-Palestina. Tal vez no sean muchos, pero tendrá que admitir que se van sumando los descontentos con algunas medidas que han inyectado confusión y desacuerdo recientemente entre quienes debieran ser sus aliados. Habrá que aquilatar hasta dónde le será posible mantener un equilibrio en su política moderada que parece no deja satisfecho a un sector de quienes votaron por él. Como no podía ser de otra manera, los republicanos le exigen un viraje a su política social y de protección a las mayorías. No han reconocido, ni lo harán, sus esfuerzos por la recuperación económica del país, el bajo nivel de desempleo y el freno a la inflación.
Por lo pronto, ante la duda sobre lo que viene en noviembre, con la mezquindad que caracteriza a muchos de sus opositores, ya se aprestan a salvar sus capitales y ganancias enviándolos a paraísos fiscales, sin importarles el daño que hacen a las finanzas y la economía del país que dicen defender. (Arturo Balderas Rodríguez, La Jornada, Política, p. 12)
A principios del año 2018, el entonces presidente del Subcomité de Asuntos Interamericanos del Senado estadounidense, el republicano Marco Rubio, afirmaba que su país no tendría problemas en trabajar con un gobernante de izquierda en México.
“El interés mutuo de EU y México es tan fuerte, tan significativo, que es difícil imaginar que incluso alguien de la izquierda dura lo ignore, si verdaderamente quiere ser exitoso. No se puede ser Presidente de México si no se reconoce esa realidad”. Puede decirse que el señalamiento de Rubio ha sido el “mantra” de los gobiernos estadounidenses, Donald Trump de 2016 a 2020 y Joe Biden de 2020 a 2024, en sus tratos con el presidente Andrés Manuel López Obrador.
La visión normal de la relación es una dominada por los intereses estadounidenses, plagada de baches, donde diferendos comerciales y diferencias de opinión político-diplomáticas ensombrecen una creciente integración económica y social y un intercambio comercial que rebasa los 800 mil millones de dólares anuales.
En mayor o menor escala, los gobiernos de ambos países se esfuerzan por presentar un rostro amable, aunque a veces la retórica política mexicana pueda sonar disonante y el lenguaje usado por los republicanos como un preludio de declaración de guerra.
El hecho en todo caso es que según consideraciones actuales, “México ha aprendido, o aprendió durante la administración Trump, que puede ejercer una enorme influencia sobre Estados Unidos y sobre cuestiones de interés en la muy multifacética relación bilateral entre EU y México al cerrar y abrir el grifo de la migración”, según la especialista Vanda Felbab Brown, de la Institución Brookings, al referirse a la importancia de la cuestión migratoria en la política doméstica estadounidense.
Para ella, el gobierno Trump constantemente cedió en cualquier otro interés en orden de que México controle los flujos (de migrantes) y el régimen del presidente Biden enfrentó limitaciones similares. Ahora, sin embargo, el tema está en el centro de la campaña electoral estadounidense, y acompañado por el problema representado por el tráfico de drogas, en especial fentanilo, se convierte en un cóctel ponzoñoso.
Para 75 por ciento de los estadounidenses, incluso de origen mexicano, la frontera es un problema grave o una crisis.
Los subibajas del Mercado de Valores y del Peso mexicano ante anuncios divergentes en torno a las reformas judiciales propuestas no contribuyeron a crear confianza para inversionistas privados, inseguros de que un Poder Judicial subserviente al Poder Ejecutivo pueda garantizar un proceso justo para sus intereses.
El hecho es que para mantener el estado benefactor planteado durante el gobierno López Obrador, México necesita algo más que cercanía geográfica para crear confianza y condiciones que atraigan los capitales necesarios y promover una economía próspera que genere los impuestos requeridos.
Ahí está el detalle. (José Carreño Figueras, El Heraldo de México, Orbe, p. 32)
Cada año, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) publica su Informe sobre las migraciones en el mundo. La mayoría de estos informes son anodinos, señalando un aumento secular de la migración durante el neoliberalismo. A medida que los estados de las zonas más pobres del mundo se veían asaltados por el Consenso de Washington, y que el empleo se volvía cada vez más precario, cada vez más personas se lanzaban a la carretera para encontrar un modo de mantener a sus familias. Por eso en 2000 la OIM publicó su primer Informe sobre las migraciones en el mundo, donde escribió que hay más migrantes que nunca en el mundo, fue entre 1985 y 1990 cuando la tasa de crecimiento de la migración mundial (2.59 por ciento) superó la tasa de crecimiento de la población mundial (1.7).
El ataque neoliberal al gasto público en los países más pobres fue un motor clave de la migración internacional. Ya en 1990 había quedado claro que se habían convertido en fuerza esencial para proporcionar divisas a sus países mediante el aumento de las remesas a sus familias. En 2015, las remesas triplicaron el volumen de la ayuda oficial al desarrollo (AOD) y de la inversión extranjera directa (IED). La AOD es el dinero de ayuda que aportan los estados, mientras la IED es el caudal que aportan las empresas privadas. En México y Filipinas las remesas de los migrantes evitaron la quiebra del Estado.
El informe de este año señala que hay unos 281 millones de personas en movimiento, 3.6 por ciento de la población mundial. Es el triple de los 84 millones que se desplazaban en 1970, y mucho más que los 153 millones de 1990. Las tendencias mundiales apuntan a un aumento de la migración en el futuro, señala la OIM, que puede atribuirse a tres factores: la guerra, la precariedad económica y el cambio climático.
Las guerras no son sólo el resultado de desacuerdos (ya que muchos de estos problemas pueden resolverse si se permite que prevalezca la calma). Los conflictos se exacerban hasta convertirse en guerras debido a la inmensa escala del comercio de armas y a las presiones de los comerciantes de la muerte para que renuncien a la paz y utilicen armamento cada vez más caro para resolver las disputas. El gasto militar global asciende hoy a casi 3 billones de dólares, de los cuales tres cuartas partes corresponden a los países del norte global. Mientras, en 2022 las empresas armamentísticas obtuvieron unos 600 mil millones de dólares en beneficios. En segundo lugar, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) calcula que 58 por ciento de la mano de obra mundial –2 mil millones de personas– trabaja en el sector informal. Laboran con una protección social mínima y casi sin derechos. Los datos sobre desempleo juvenil y precariedad juvenil son asombrosos, y las cifras indias, espeluznantes. Muchos de los migrantes de África occidental que intentan la peligrosa travesía del Sahara y el mar Mediterráneo huyen de las altas tasas de precariedad, subempleo y desempleo de la región. Un informe de 2018 del Grupo del Banco Africano de Desarrollo muestra que, debido al ataque a la agricultura mundial, los campesinos se han trasladado a las ciudades a servicios informales de baja productividad, desde donde deciden marcharse por el señuelo de mayores ingresos en occidente.
En tercer lugar, cada vez más gente enfrenta los efectos de la catástrofe climática. En 2015, en la reunión de París sobre el clima, los gobiernos acordaron crear un Grupo de Trabajo sobre Migración Climática; en 2018, el Pacto Mundial de la ONU acordó que las personas que se desplazan por motivos de degradación climática deben ser protegidas. Sin embargo, el concepto de refugiados climáticos aún no está establecido. En 2021, el Banco Mundial calculó que en 2050 habrá al menos 216 millones de refugiados climáticos.
Riqueza. El nuevo informe de la OIM señala que estos migrantes envían a casa cantidades cada vez mayores de dinero para ayudar a sus familias, cada vez más desesperadas. El dinero que envían a casa, señala la OIM, aumentó 650 [por ciento] entre 2000 y 2022, pasando de 128 mil millones de dólares a 831 mil millones. Según analistas, la mayoría de estas remesas en el periodo reciente van a parar a países de renta baja y media. De los 831 mil millones de dólares, por ejemplo, 647 mil millones se destinan a las naciones más pobres. Para la mayoría de estos países, las remesas superan con creces la IED y la AOD juntas y constituyen una parte significativa del producto interior bruto (PIB).
Estudios del Banco Mundial muestran dos cosas importantes sobre las remesas. En primer lugar, éstas se distribuyen de forma más equitativa entre las naciones más pobres. Las transacciones de IED suelen favorecer a las economías más grandes del sur global, y se dirigen a sectores que no siempre van a proporcionar empleo o ingresos a los sectores más pobres de la población. En segundo lugar, las encuestas de hogares muestran que las remesas contribuyen a reducir considerablemente la pobreza en los países de renta media y baja. Países como México y Filipinas ven aumentar drásticamente sus tasas de pobreza cuando disminuyen las remesas.
El trato que reciben estos migrantes, cruciales para reducir la pobreza y crear riqueza en la sociedad, es indignante. Son tratados como criminales, abandonados por sus propios países que prefieren gastar vulgares cantidades de dinero para atraer inversiones de mucho menor impacto a través de multinacionales. Los datos demuestran que es necesario un cambio de perspectiva de clase respecto de la inversión.
Si los migrantes del mundo –281 millones– vivieran en un solo territorio, formarían el cuarto país más grande del mundo después de India y China (mil 400 millones cada uno) y Estados Unidos (339 millones). Sin embargo, los inmigrantes reciben poca protección social y escaso respeto (una nueva publicación del Foro Zetkin de Investigación Social muestra, por ejemplo, cómo Europa los criminaliza). En muchos casos, sus salarios se suprimen debido a su falta de documentación, y sus remesas están gravadas por los servicios de transferencias internacionales (PayPal, Western Union y Moneygram), que cobran elevadas comisiones tanto al remitente como al destinatario. Por ahora, sólo existen pequeñas iniciativas políticas que apoyan a los inmigrantes, pero ninguna plataforma que aglutine estos números en una fuerza política poderosa. (Vijay Prashad, La Jornada, Opinión, p. 16)