Opinión Migración 100725

Rozones

¿Desvisadero aquí también?

La senadora morenista Cynthia López Castro agitó las aguas con una propuesta que toca fibras sensibles: que ningún extranjero pueda discriminar impunemente en territorio nacional. Su iniciativa, que permitiría al Estado cancelar visas o residencias a quienes incurran en actos de racismo, provocó un debate inmediato en redes. Pero entre el ruido y el revuelo, afloró un detalle: la iniciativa no apareció en la Gaceta Parlamentaria y sin esa publicación, el trámite legislativo no arranca. Así que será hasta el próximo miércoles 16 cuando se publique formalmente. Lo que sí se conoce es el contenido: reforma la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, creando un artículo 83 quater que obliga al Conapred a dar vista al Instituto Nacional de Migración cuando reciba denuncias por discriminación cometida por. (Rozones, La Razón, LA DOS, p. 2)

La tragedia de Texas

Si hay un objetivo claro, sostenido en el tiempo e impulsado por el veleidoso gobierno trumpista es el desguace del Estado, es decir, el irresponsable e inconstitucional desmantelamiento de sus capacidades para intervenir en la vida social, política y cultural; privatizando y entorpeciendo la función pública (recordemos el alto índice de letalidad por el covid en el primer mandato de Trump), en detrimento de los sectores más vulnerables y en beneficio de este despiadado y frívolo gobierno de los multimillonarios, por los multimillonarios y para los multimillonarios.

Lo que se percibe como el fin de la democracia en Estados Unidos en estos cinco meses, en realidad es parte de un largo proceso de crisis hegemónica. La nueva ley presupuestaria, que Trump resumió como “la mayor reducción de impuestos -a los ricos-, el mayor recorte de gasto público y la mayor inversión en seguridad fronteriza en la historia de EU”, presenta el rostro más inhumano de la guerra interna que dejará a millones de personas de todos los colores en situación de precariedad extrema y a muchos más en la mira de las autoridades migratorias.

Mientras Texas vivía una de sus mayores crisis humanitaria por las inundaciones súbitas que se cobraron la vida de muchos paseantes -fin de semana largo por la conmemoración de los 250 años de la Independencia de EU-, siendo lo más doloroso la muerte de muchas niñas y niños que estaban en campamentos de verano a las orillas del río Guadalupe, el cual en pocas horas aumento su caudal 9 metros, Trump promulgaba ese 4 de julio uno de los paquetes de leyes más retardatarios en la historia del país.

Uno de los puntos más controversiales de este paquete de leyes, a decir de Abel Fernández (El País, 5/7/25), “es un presupuesto que convertirá de la noche a la mañana al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en la agencia de seguridad federal mejor financiada en la historia de Estados Unidos”. Según cálculos, se pretende un presupuesto sin precedente de más de 100 mil millones de dólares a esta policía. “Algunas previsiones cifran el total destinado a actividades de control migratorio en 170 mil millones de dólares, más que el producto interno bruto de muchos países”.

Esto contrasta con la brutal reducción del presupuesto para salvar vidas- de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés). Por los huracanes Helene y Milton (2024) la agencia ha gastado casi la mitad de su presupuesto anual (2025) de ¡20 mil millones de dólares! por lo cual no tendrá recursos para ayudar a las comunidades afectadas en zonas de desastre (Jay Fonseca, YouTube, 10/10/24).

FEMA coordina la respuesta federal junto con otros organismos gubernamentales, estatales y locales para responder a catástrofes causadas por huracanes, inundaciones e incendios, no sólo asistiendo en labores de rescate y ayudando financieramente a los estados en esas emergencias, sino ayudando prioritariamente a las personas y familias al proveer ayuda financiera directa para satisfacer necesidades esenciales (ayudalegalpr.org), pero Trump busca terminar con esta importante función del Estado -y con FEMA- para dejar que cada entidad, sin personal calificado, ni adiestramiento ni presupuesto vea como enfrenta situaciones calamitosas.

Unos 2 mil empleados calificados de tiempo completo (un tercio de su plantilla) han sido despedidos, con la pretensión de cortar casi 73 por ciento de sus ingresos hasta lograr su casi desaparición, nombrando personal sin experiencia en el manejo de desastres, sin contar con la información vital para prevenir tragedias como la sufrida por Texas. A pesar de que las autoridades no quieren asumir la responsabilidad por un suceso que según Trump “es algo inédito que sucede cada 100 años”, (sic) en realidad son fenómenos más frecuentes, intensos y de mayor duración precisamente por el cambio climático como lo ha venido advirtiendo incansablemente la comunidad científica del orbe.

La tragedia de Texas demuestra que hay cada vez menos capacidad instalada para hacer las previsiones del tiempo. Científicos alertaron que Estados Unidos retrocede décadas en capacidad de monitoreo climático, lo que aunado a una consistente política negacionista hicieron que las alertas 0 no llegaran o fueran insuficientes para la evacuación inmediata por riesgo mortal.

Quedan claras las prioridades de Trump: el inusitado presupuesto militar que llegó a 997 mil millones de dólares, 37 por ciento del gasto militar mundial, el cual por su parte registra el mayor aumento desde el fin de la Guerra Fría (www.sipri.org, 25/4/25), junto con el uso del presupuesto de lo que queda del Estado para perseguir, cazar y confinar a indocumentados detenidos por su color de piel, confinados en virtuales campos de concentración en condiciones infrahumanas como en el llamado Alligator Alcatraz, un humedal rodeado de caimanes, y furiosos mosquitos. Otro firme y sostenido compromiso es con el capitalismo fósil, que pone fin con las de por si tibias políticas de protección ambiental en favor de la explotación omnicida del petróleo, gas y carbón. (John Saxe-Fernández, Economía, p. 13)

Frentes Políticos

Escaparate. Don Gerardo Fernández Noroña, todavía presidente del Senado, se lanzó con megáfono en mano contra el presidente Donald Trump por maltratar a los migrantes. Condena la xenofobia, exige respeto y lanza dardos a la cárcel Alligator Alcatraz como símbolo de barbarie gringa. El problema es que, en su arenga, sobran los flashazos y falta la autocrítica. Fernández olvida que, mientras denuncia desde la tribuna, miles de migrantes cruzan México perseguidos, extorsionados o asesinados sin que el Senado levante un dedo. Se va en busca de reflectores, pero deja pendientes sin resolver. El señor ya escribió su página en la historia. Plop. (Frentes Políticos, Excélsior, Nacional, p. 11)

No a la xenofobia

El área de la Ciudad de México donde están las colonias Roma, Condesa e Hipódromo representa un gran atractivo para nativos y fuereños. La zona está dotada de grandes áreas verdes, una atractiva arquitectura en varios puntos, abundancia de restaurantes y, hoy por hoy, un encarecimiento que parece incontenible de los alquileres y la venta de inmuebles.

Un lugar así atrae de manera explicable a los jóvenes, tanto mexicanos como extranjeros, lo que ha dado a esa parte de la capital un aire cosmopolita, sobre todo a partir de la pandemia, cuando se hizo común el trabajo a distancia, mismo que, gracias a internet, puede realizarse en la misma ciudad o en cualquier parte del mundo.

Lo anterior explica la llegada masiva de extranjeros, sobre todo estadunidenses, aunque también canadienses, europeos, japoneses, chinos y personas de otras nacionalidades. No menos importante ha sido que desde tiempos de Marcelo Ebrard la capital sea lo que en inglés llaman gay friendly, esto es, amigable con la comunidad LGBTQ+, a la que reconoce derechos como el matrimonio.

En fin, el hecho es que ese arribo masivo aumentó la demanda de habitación, tanto permanente como por mes, semana o día, y ya se sabe que, a mayor demanda, más alto es el precio, de modo que quienes no pueden pagar un cierto alquiler tienen que emigrar en busca de un techo más barato. Eso se llama “gentrificación”, término usado ya por media humanidad.

Habitantes de las colonias antes mencionadas decidieron salir a la calle para manifestar su inconformidad con ese fenómeno, lo que congregó algunos cientos de personas a las que se añadieron unos delincuentes con la cara cubierta y vestidos de negro, quienes se dedicaron a gritar consignas antiyanquis y antisemitas, y a expresar su xenofobia con carteles, algunos ingeniosos, aunque la mayoría estúpidos y, lo peor, desplegaron una violencia que causó destrozos en 56 establecimientos comerciales, originó saqueos, lesionó a no pocas personas, dañó monumentos, domicilios privados y autos.

Todo se desarrolló con permiso de las autoridades, que sencillamente nada hicieron para evitar el desorden. En los días siguientes, las autoridades han lamentado lo ocurrido, pero no es la primera ocasión en que aparecen los encapuchados que dañan bienes privados y públicos, y agreden incluso a policías sin que sean molestados, lo que permite suponer que tienen como función dar un carácter delictivo a las manifestaciones y aportar pretextos para que sean prohibidas, sobre todo ahora que se trata de inhibir la crítica y el pensamiento libre.

Por supuesto, la impresentable Kristi Noem exhortó a los mexicanos que viven en Estados Unidos a “autodeportarse” para que participen en las protestas de la Ciudad de México, lo que de nuevo exhibe el talante neonazi de la funcionaria.

Múltiples voces se han levantado para condenar los hechos de violencia y las expresiones xenofóbicas, pues no olvidemos que todos somos migrantes o herederos de migrantes, desde los primeros habitantes del continente americano hasta los que hoy estamos en esta tierra. En Estados Unidos habitan de 12 a 15 millones de nacidos en México y unos 25 millones de sus hijos y nietos. Nuestra crítica no debe ir contra todo nacido en Estados Unidos, sino contra la política belicista de su gobierno, que parece empeñado en llevar a la humanidad a su desaparición.

Es o debe ser orgullo de todo mexicano la política de puertas abiertas que ha mantenido nuestro país, sobre todo cuando otros cerraban el paso a los perseguidos por su raza o sus ideas. Son muy numerosos los extranjeros que han venido a rehacer su vida, a trabajar duro, a entregarnos sus conocimientos y a crear fuentes de trabajo. Y hoy, especialmente, resulta absurdo que renunciemos a brindar hospitalidad.

Hasta donde recordamos, fue Martí Batres, en los meses que estuvo como jefe de Gobierno de la Ciudad de México, quien propuso algunas ideas para evitar los aspectos lesivos de la gentrificación. En esa línea hay que seguir avanzando para evitar el desplazamiento de seres humanos, pero hay que hacerlo sin incurrir en racismo ni en discriminación.

La movilidad de los seres humanos continuará y hay que verla como un fenómeno positivo. La patria de todos es el mundo. Y aquí seguiremos. Ojalá. (Humberto Musacchio, Excélsior, Nacional, p.11)

Pensándolo bien / No es la gentrificación o la xenofobia, es la violencia

El tema no nació en la Condesa, es obvio. En muchos lugares del mundo hay una tensión creciente entre la necesidad de abrirse y la necesidad de protegerse. De los productos chinos que abaratan la vida y a la vez destruyen las cadenas productivas locales; de la migración del tercer al primer mundo que genera rechazo entre la población blanca que, por otro lado, encuentra imposible vivir sin nanas, jardineros y recolectores de cosechas. El planeta está cruzado por estas contradicciones entre lo global y lo local.

Así que tampoco tendríamos que asustarnos por los vecinos de estos barrios de clase media tradicional que expresan su preocupación por los acelerados cambios experimentados en los últimos años. En ese sentido, no es casual la elección de la Roma como título y escenario de la película de Alfonso Cuarón, con la que tantos mexicanos se identificaron de una u otra forma. No solo es explicable, también es necesario, que se pongan sobre la mesa los pros y contras de un proceso que ha beneficiado a unos y perjudicado a otros. No podemos quedar indiferentes respecto a las legítimas preocupaciones de los lugareños que se sienten expulsados económicamente por un fenómeno que ha crecido sin ninguna consideración. Y, desde luego, tampoco se trata de prohibirlo. Como tantas cosas en la vida, quienes toman decisiones tendrían que evitar enfoques en blanco y negro, y buscar equilibrio entre la derrama económica y los empleos que genera este proceso y, por otro lado, encontrar maneras de matizar sus efectos más salvajes. Además del impacto sobre el poder adquisitivo de los habitantes de siempre, también habría que considerar el efecto que la densidad de población provoca en temas de vialidad, agua y servicios públicos, por el proceso incontrolado de la sustitución de casas por edificios de apartamentos.

Pero habría que insistir que no es un tema particular de México, aunque en cada lugar tenga matices peculiares. En Barcelona y Venecia lo ha ocasionado el turismo masivo; en San Francisco y muchas otras metrópolis la llamada gentrificación, es decir, el arribo de nuevos vecinos más prósperos, usualmente miembros de generaciones más jóvenes.

Acá sucedió esto último, impulsado adicionalmente por la llamada migración nómada de norteamericanos y europeos atraídos por el “home office” a distancia. De allí que las protestas incorporaran también un rasgo xenófobo, un resentimiento contra lo extranjero. Y tampoco es para asustarse.

No, lo que en verdad preocupa es la violencia. Un componente que cada vez es más frecuente observar en las marchas, protestas y manifestaciones de descontento. Un impulso de destrucción que visto desde afuera parecería absurdo: maestros o estudiantes que exigen más recursos para la educación, pero no vacilan en dañar instalaciones, mobiliario y equipo dedicado a la educación; vecinos que se quejan de la situación de su barrio, pero aparentemente no tienen problema para deteriorar no solo negocios sino también mobiliario urbano o monumentos históricos que forman parte del patrimonio de su comunidad.

Puede no ser justificable, aunque hay un aspecto que podría entenderse. Existe un impulso catártico, una sensación de fuerza que anida en una masa en movimiento cuando expresa una injusticia: tirar una piedra, dejar un rastro frente a una frustración que considera legítima. De la misma forma que alguien con problemas de control de temperamento es capaz de romper un objeto en medio de un arrebato. No busca destruir per se, sino dar cuenta de la escala de su enojo. Psicólogos y sociólogos lo han explicado ampliamente, empezando por el célebre ensayo de Elías Canetti (titulado, justamente, Masa y Poder).

Pero la intención de destruir es otra cosa. Me temo que la mayor parte de la explicación de los casos de violencia en los últimos años tiene que ver con razones menos “sofisticadas” y más preocupantes, por así decirlo. Grupos de encapuchados que vienen preparados con objetos destinados a romper y a lastimar y que se incorporan a las manifestaciones de distinta índole que toman la calle. No hay nada de espontáneo en ello. Resulta evidente que los jóvenes encubiertos con cubrebocas, pasamontañas y pañuelos no formaban parte de la comunidad de vecinos veteranos de la Roma y la Condesa preocupados por su barrio. De la misma manera que los porros que aprovechan la toma de una facultad para destruir sistemáticamente mobiliario, documentación e incluso libros, solo de nombre pertenecen al estudiantado.

El origen de estos grupos de provocadores remitiría en última instancia a la política. Sea por razones ideológicas de ultraizquierda o de ultraderecha; sea por intereses politiqueros destinados a perjudicar a una corriente o a un funcionario en particular. El trabajo de inteligencia respecto a la identidad de estas personas sería la única manera de saberlo.

Dilucidar el origen de estas provocaciones y exhibirlo es importante porque el mayor daño no es sobre las paredes y el mobiliario urbano de la ciudad; es sobre el legítimo derecho que tienen los ciudadanos y grupos de interés para expresar las razones de su inconformidad. No solo se destruyen cosas, también se dañan causas. Es muy fácil y peligroso distorsionar la molestia y hacerla pasar por odio a los otros, como lo reflejan los lemas pintarrajeados como “haz patria mata un gringo” o las amenazas de violencia física que padecieron varios turistas.

Los provocadores solo pueden tener éxito si el resto termina provocado por la repulsa que intentan desencadenar. Los vecinos de la Condesa y la Roma no sufrieron un arrebato de intolerancia y prejuicio, como ha sido publicado en diversas notas periodísticas. Expresan su inconformidad sobre un fenómeno complejo que tiene ganadores y perdedores y que habría que abordar con atención y responsabilidad. No debemos dejar que lo contaminen intenciones desestabilizadoras que no tienen que ver con la legítima expresión de un problema. No reprimir es fundamental, pero no deberíamos confundir una cosa con la otra. Aplicar la ley sobre estos “reventadores” de las verdaderas causas y deslindarlos es la mejor manera de proteger el derecho a protestar. (Jorge Zepeda Patterson, Milenio, Política, p. 12)

Desde Afuera / Miller ¿”El poder en la sombra”?

Más y más, el nombre de Stephen Miller es mencionado como “el poder en la sombra” en el gobierno del presidente Donald Trump.

Con el título de subjefe de Gabinete a cargo de política doméstica, Miller, un nacionalista y antimigrante militante, parece involucrado en todos los aspectos del gobierno Trump y se le atribuye ejercer una influencia más allá de su posición formal. De ser así, el papel de Miller podría compararse al del Cardenal Richelieu en la Francia del siglo XVI: consolidar el poder real (del ejecutivo) y restringir el poder de la nobleza (los poderes autónomos) para crear un poderoso estado centralizado.

Pero el poder de Richelieu dependía del monarca, como el de Miller depende del de Trump. Miller, afirmó un reporte del Wall Street Journal, ha logrado congraciarse de tal forma con el mandatario, que impuso de hecho sus opiniones sobre política migratoria y llevado a un incremento exponencial de redadas contra residentes indocumentados, en especial de origen latinoamericano, y el consecuente aumento también de violaciones a derechos de ciudadanos estadounidenses de origen latino. A fines de mayo pasado, trascendió un reclamo de Miller a funcionarios migratorios por su aparente incapacidad para incrementar las deportaciones y la demanda de llegar a tres mil por día.

El mismo Wall Street Journal informó que algunos puestos en agencias del gabinete han sido descritos como si reportaran directamente a Miller, sin pasar por los secretarios del gabinete. De hecho, The New York Times señaló a Miller, como la “última palabra” en la política de la Casa Blanca.

Nominalmente, bajo las órdenes de Marco Rubio, que se desempeña como Secretario de Estado y Consejero Nacional de Seguridad (NSC), Miller parece el origen de la ofensiva del gobierno Trump contra lo que califica como inclinaciones izquierdistas de las universidades estadounidenses y en especial su tolerancia a grupos pro-palestinos.

De acuerdo con un recuento, “la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, se somete a él. La fiscal general Pam Bondi ‘está tan concentrada en prepararse y aparecer en Fox News que esencialmente le ha cedido el control del Departamento de Justicia’. La jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, se concentra en ‘producir un reality show todos los días'”. Según la historiadora Heather

Cox, “con su habilidad para adular a su jefe, (Miller) ejerce poder”.

En alguna medida podría afirmarse que esa influencia llevó a que casi repentinamente, la agencia de Migración y Aduanas (ICE) se haya convertido en la mayor organización policial del país, con un presupuesto de 170 mil millones de dólares para ejecución de la política migratoria, incluso arrestos y la construcción de una barda en la frontera con México.

En todo caso, el poder aparente de Miller emana de su cercanía a Trump, que en el último mes habló en dos ocasiones de cuidar de los indocumentados que hubieran trabajado largo tiempo en agricultura y hoteles solo para reiterar después la política de deportaciones masivas. (José Carreño Figueras, El Heraldo de México, Orbe, p. 31)

Puente político / Harfuch tiene contentos a los gringos

Desde que Donald Trump regresó a la Casa Blanca, México navega una relación bilateral marcada por presiones arancelarias, migratorias y políticas, acompañadas de discursos polarizados. El republicano volvió más impredecible, agresivo y dispuesto a convertir cualquier tema en munición política. Frente a este escenario, y para fortuna del pueblo de México, la presidenta Claudia Sheinbaum no solo ha sabido resistir los embates trumpistas, sino que, con cautela y estrategia, ha logrado mantener satisfechos a los vecinos del norte.

Su apuesta ha sido por resultados concretos en seguridad y cooperación binacional, y la pieza clave ha sido, sin duda, Omar García Harfuch. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana conoce de sobra las verdaderas preocupaciones del gobierno estadounidense y, a diferencia de otros, ha establecido canales sólidos, tanto operativos como diplomáticos, con el Departamento de Estado, el FBI y la CIA. Agencias con las que no solo hablan el mismo idioma y comparten objetivos.

La extradición de 29 líderes criminales durante el primer año de la administración, sumada a la captura de objetivos prioritarios como “Los Chapitos” y otros operadores del Cártel de Sinaloa, refuerza una narrativa que es útil para ambos gobiernos. Además, García Harfuch ha confirmado que se trabaja por desestabilizar otras células criminales en coordinación con las autoridades estadounidenses, con cada país operando en su propio territorio.

Lo presume también en cifras. Desde el inicio de la actual administración y a la fecha, la estrategia por la paz en México ha llevado a 25 mil detenciones, 13 mil armas aseguradas, más de mil laboratorios de metanfetamina inhabilitados y 188 toneladas de droga incautadas. A ello hay que sumarle que el Gobierno de México ya prepara el proceso judicial en contra de Julio César Chávez Jr., luego de que el exboxeador fuera arrestado por autoridades americanas por delitos relacionados con delincuencia organizada. El mensaje no es alentador solo para México, lo es también para Washington.

La visita de Harfuch a la capital estadounidense en marzo, acompañado por Roberto Velasco de la Cancillería, no fue solo de cortesía, fue parte de una estrategia de contención para un Trump que amenaza con aplicar aranceles a diestra y siniestra, como lo muestra su último anuncio de hasta 25% al cobre mexicano.

El ex titular de la policía capitalina no solo convence con datos, también tiene carisma. Es visto como un interlocutor eficaz y confiable. El director del FBI, Kash Patel, y John Ratcliffe de la CIA, han elogiado su capacidad de reacción en seguridad al afirmar que con Omar los resultados han sido inmediatos.

Aunque no suele ser usual que el titular de seguridad llegue tan alto en el tablero político, en tiempos de inseguridad, el que ofrece resultados se vuelve imprescindible y Harfuch podría ser quien abra paso y dé un mejor margen de maniobra a otros secretarios en el futuro de otros acuerdos con Estados Unidos, como la revisión del T-MEC.

Y es que, aunque le corresponde principalmente al secretario de Economía, Marcelo Ebrard, y al canciller, Juan Ramón de la Fuente, la revisión del tratado comercial más importante de América del Norte, la realidad es que el buen ánimo que ha dejado la Estrategia Nacional de Seguridad de Omar García Harfuch sin duda fortalecerá su posición negociadora frente a un Trump agresivo y cambiante. (Laura Puente, El Heraldo de México, País, p. 10)

Confidencial

En espera de la indemnización

A tres meses de la tragedia del Festival Ceremonia, las familias de las víctimas que fallecieron no han sido indemnizadas por los entonces concesionarios del Parque Bicentenario (Operadora de Proyectos de Entretenimiento NLP, de George Mac McPhail Trouyet y Carlos McPhail), ubicado en la Miguel Hidalgo, que gobierna Mauricio Tabe. Los familiares han tenido que recurrir a la manifestación pública para exigir sus derechos. Ya es momento de que las autoridades hagan cumplir la ley. Por cierto, McPhail Trouyet está vinculado con otra tragedia, la del incendio de la estación migratoria de Ciudad Juárez en 2023, pues es dueño de la empresa que se encargaba de la vigilancia en esa estación. (Confidencial, El Financiero, Nacional, Política y Sociedad, p. 31)

La gran carpa

Hombre fuerte

Hay una iniciativa que viene de Cynthia López Castro, senadora de Morena que busca reformar la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, así como la Ley de Migración. El objetivo de estos cambios es que las autoridades migratorias puedan cancelar la visa o la residencia de extranjeros que lleven a cabo actos de discriminación. A los mexicanos se les respeta, dicen y más en territorio nacional. Ningún extranjero, en voz de la legisladora, puede venir a faltarle el respeto a los mexicanos. (Redacción, El Economista El Foro, p.47)

Un acuerdo general

La presidenta Sheinbaum ha insistido en la conveniencia de alcanzar un acuerdo general con la administración Trump sobre los temas más candentes de la agenda bilateral, como aranceles, migración y seguridad, de modo que se logre superar la etapa de sobresaltos un día sí y otro también para poder hacer planes a mediano plazo benéficos para ambas partes.

México tiene buenos argumentos. Ha cumplido de manera sobresaliente en temas complejos como el tráfico de fentanilo y la migración indocumentada, que están en sus mínimos históricos, lo que muestra que la cooperación arroja mucho mejores resultados que la confrontación permanente.

Ya quedó claro para todos la profunda imbricación de las economías de ambas naciones de modo que usar los aranceles como latigazos termina abriendo heridas en su lado de la frontera. Una delegación mexicana estará en Washington el viernes con este cometido; la encabeza Marcelo Ebrard, secretario de Economía, quien lleva refuerzos de la Cancillería y de Hacienda. (Pepe Grillo, La Crónica, La Dos, p. 2)

Contraquerencia / No me ayudes, compadre

Muy activo se le ha visto al titular de la Fiscalía General de la República de nuestro país, atendiendo dos bomberazos por demás mediáticos ocasionados desde el exterior y que, aparentemente, lo han obligado a desempolvar expedientes o, incluso, a arrastrar el lápiz, para poder responder los cuestionamientos surgidos al respecto.

Se trata —por un lado— de la detención en Estados Unidos de Julio César Chávez Carrasco —hijo de la leyenda del boxeo mexicano— por presuntos problemas migratorios; y —por el otro— del señalamiento proveniente de un medio israelí en contra del expresidente Enrique Peña Nieto por haber recibido 25 millones de dólares en sobornos por la venta y uso del software de espionaje Pegasus durante su gestión.

El común denominador en ambas situaciones es que ha sido necesario un detonante externo para que las autoridades mexicanas salgan de su letargo y traten de hacer ver que no las toman con los dedos en la puerta. En el mejor de los casos, les alcanzó para decir que, en efecto, estaban al tanto de las actividades ilícitas del pugilista y que tenían, también, una línea de investigación ya abierta desde 2019 y una orden de aprehensión girada en su contra por vínculos con el crimen organizado y tráfico de armas, desde 2023.

Por el contrario, en los —hasta ahora únicamente— dichos en contra del exmandatario, las filtraciones en medios extranjeros han servido para, de una vez por todas, arremangarse las mangas y anunciar el inicio de su propia investigación, tras un sexenio completo en el que no se le tocó un sólo pelo, a pesar de las numerosas irregularidades documentadas durante su gestión y el evidente halo de corrupción con el que quedó enmarcada su administración en el imaginario público.

Por lo que respecta al expresidente, en nada le benefició volver al ojo público —a propósito de nada— para criticar la decisión de su predecesor de cancelar la obra del aeropuerto en Texcoco —independientemente de las verdades que haya compartido—, pues casi que, como por arte de magia, vinieron los señalamientos de corrupción en su contra unos días después.

En el caso del boxeador, muchas cosas no cuadran. Se trata de una figura pública que, al menos desde que dicen tenerlo en la mira, tranquilamente se ha paseado a ambos lados de la frontera, participó en un reality show distribuido por una de las principales plataformas de streaming e, incluso, sostuvo una pelea arriba del ring en California unos cuantos días antes de ser detenido.

En este sentido, llama enormemente la atención la actuación —u omisión, más bien— de las autoridades de ambos países, pues mientras que unas le autorizaron participar en un compromiso profesional en su territorio —a pesar de sus aparentes problemas migratorios—, las otras no se tomaron la molestia de pretender detenerlo, aun con la orden de aprehensión vigente desde hace un par de años. Entretanto, el caso ha ocasionado una cadena de deslinde de responsabilidades entre ambos gobiernos.

Veremos en qué terminan las pesquisas en ambos temas, pero bien dicen que en política no hay sorpresas, sólo sorprendidos. (Eduardo Nateras, La Razón, México, p.08)

Bajo Reserva

La amnesia de morenistas con Muñoz Ledo

Nos cuentan que ayer en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, senadores y diputados morenistas que participaron en una especie de homenaje a don Porfirio Muñoz Ledo en su segundo aniversario luctuoso, se desvivieron en halagos al político y diplomático, contando anécdotas como lo hicieron Gerardo Fernández Noroña y Dolores Padierna. Al parecer ya olvidaron que ese hombre del que tan bien hablaron ayer, en enero del 2020 le cerraron el micrófono para que no denunciara las agresiones de la Guardia Nacional y militares a migrantes. Y quizá también quisieran olvidar cuando llamó a legisladores de su partido hipócritas y lambiscones. (Bajo Reserva, El Universal, p. A2)

Sonambulismo cívico

“Mentir constantemente —dice Hannah Arendt—, no tiene como objetivo hacer que la gente crea una mentira, sino garantizar que ya nadie crea nada”. Eso está ocurriendo en México.

“Un pueblo —afirmó la autora de Los orígenes del totalitarismo— que ya no puede distinguir entre la verdad y la mentira, no puede distinguir entre el bien y el mal. Un pueblo así, privado del poder de pensar y juzgar está, sin saberlo, completamente sometido al imperio de la mentira. Con gente así puedes hacer lo que quieras”. Así, muchos mexicanos.

El imperio de la mentira se fortalece cuando se adormece la capacidad crítica de una sociedad sobre sus gobiernos, cuando se anestesia la virtud cívica de dudar. Cuando se enseñorea el “matonismo periodístico”, diría Ortega y Gasset.

Sostener que en México no hay un militarismo es mentir. El fuero y los tribunales militares que ni siquiera pasan por la farsa de “elegirlos” como a los tribunales ordinarios, desnudan esa patraña. ¿Sistema de salud como en Dinamarca?, cuando las farmacias y centros de diagnóstico privados se multiplican por todo el país, es otra ficción. Exigir a España pida perdón por la conquista de Hernán Cortés, pero lo haces ¿gentrificado? en castellano, es otro embuste. Cuando hablas mal del PRI, pero afamados priístas por execrables son compañeros de viaje, son otra falsificación. Presumes salarios mínimos al alza, pero Morena no manda publicar el salario base de maestros, personal sanitario y personal de seguridad, es un embuste. ¿Ya acabó el huachicol?

Existen manos e inteligencia para abrirle paso a la verdad entre tanto disfraz. Periodismo vivo. ¿Ya se olvidó la matanza militar, de seis migrantes de un grupo de asiáticos, africanos en Chiapas con la que se inauguró el gobierno federal, el primer día de su mandato?, ¿separar a dos soldados de sus funciones, solucionó el entuerto? ¿Trasladar al IMSS que se paga con cuotas obrero-patronales, el IMSS que se sostiene con ingresos federales, es Dinamarca? ¿Una reunión del senador Fernández Noroña con el embajador ibérico y el asunto con España está solucionado?

¿Le creen a Peña Nieto que, como un Belerofonte, domó a Pegaso, o van a negociar con Luis Videgaray para desaparecer a la quimera? Sólo recuerden que en la soberbia de montar a Pegaso, el caballo alado, Belerofonte intentó subir al monte Olimpo (¿de la impunidad?) y Zeus mandó un tábano a picar a Pegaso, éste pegó un reparo de dolor y devolvió a la tierra al jinete. ¿Devolverá a México el brinco corrupto de Pegasus a Peña Nieto? ¿Seguirán en la simulación de que Morena no es un PRI renacido? “Ya nadie roba gasolina”, decretó el ex ya saben quién; bueno, pues ahora Sheinbaum incauta más huachicol, ¿institucionalizará la mentira de que es un gran logro del gobierno, o presentará ante los tribunales a la cara de los ladrones? La impunidad a los huachicoleros es un vergonzoso cuento.

“Las mentiras —dice Hannah Arendt— resultan a veces mucho más plausibles, mucho más atractivas a la razón que la realidad, dado que el que miente tiene la gran ventaja de conocer de antemano lo que su audiencia desea o quiere escuchar”. Lo sabe el demagogo, el manipulador, el falsario. Y el imperio de la mentira busca el vasallaje del pensamiento libre, de la crítica, del periodismo vivo, como el que quieren en Tamaulipas de EL UNIVERSAL y de Héctor de Mauleón. Esa treta gubernamental reclama aplauso, lisonja, adulación. Clama, debemos decirlo claramente: un periodismo muerto. Seamos claros: no quieren imponer una verdad única, no tienen ideas ni principios, son una mezcla de las ocurrencias de su dueño, apuntaladas con el fusil militar y programas sociales; quieren en Morena —Arendt lo advirtió— que no creamos en nada. Adormecidos. En el sonambulismo cívico viven cómodamente los gobiernos mediocres. (Germán Martínez Cázares, El Universal, Opinión, A. 15)

Financieras mexicanas ante el interés nacional de EU

El disgusto de la población de Estados Unidos supera al sector financiero y sus fronteras. En México, dos bancos y una casa de bolsa son afectados entre la lucha contra el narcotráfico, el fentanilo y la fobia migratoria. Así, la caída de confianza no ha podido explicarse de forma tradicional y ha dejado a economistas y abogados perdidos en la traducción.

Tres órdenes del Departamento del Tesoro de EU han sacado de su comodidad al sistema financiero mexicano y al propio gobierno. La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) ha realizado sanciones que trascienden bancos y casa de bolsa. En la actual “crisis de los opioides sintéticos” de EU, las financieras mexicanas pueden ser consideradas como actores internacionales “terroristas” que cooperan con las organizaciones del tráfico de drogas (DTO). Y el elefante en la mesa son las empresas chinas acusadas de lavado de dinero.

CIBanco, Intercam y Vector fueron reprendidos desde Washington. La pregunta es si bastará con que se defiendan legalmente. O deberán atender la narrativa sobre narcóticos, indocumentados y remesas, siendo esto lo que concierne a los votantes de la Unión Americana. ¿A quién le deben de hablar?, ¿a México?, donde están domiciliados, o ¿a Estados Unidos?, quien les infligió el castigo.

El debate en EU no tiene un fondo legal o económico, sino político y por eso es difícil de atender. La confianza en los servicios financieros de México y su gobierno venía cayendo desde 2021, según el Reporte Global Edelman. De 2022 a 2023, la confianza general de México descendió dos posiciones más, mientras Brasil se mantuvo y Tailandia, Nigeria y Malasia ascendieron con rigor. La confianza en el sector financiero mexicano sí subió de 2024 a 2025, mas parece que eso no preocupaba al gobierno de Estados Unidos.

El fentanilo ha causado miles de muertes. Coincide con el aumento de la pobreza estadounidense y de la comunidad “blanca”. Un tercer factor es la animadversión contra los trabajadores extranjeros. En 2023 se registraron 47,754 muertes por sobredosis de fentanilo entre los “blancos”, tres veces más que en los “negros” y cuatro veces más que en los “hispanos”, de acuerdo con la organización KFF y datos del Centro Nacional de Estadísticas de Salud.

60 millones de blancos estadounidenses son pobres o tienen bajos ingresos, según el profesor William F. Felice. En tanto, 140 millones de “americanos”, 43% del país, sufren pobreza y no tienen para pagar un médico. El trabajador promedio de EU gana 34 dólares menos que hace 50 años, ajustando la inflación. Hay una pérdida de estabilidad en general, miedos económicos y raciales. Se ha gestado un ambiente en el que los migrantes indocumentados son percibidos como amenaza laboral, criminal y expulsores de dinero al extranjero (remesas).

Por eso es importante entender que la respuesta que espera EU va más allá del seguimiento de los controles legales mexicanos. Se refiere al interés nacional, definido en la Casa Blanca y por el electorado estadounidense.

El saneamiento apenas comienza. Hay una lista de bancos y casas de cambio mexicanos que pueden ser sancionados por FinCEN desde EU directamente. Las instituciones financieras estadounidenses tendrían prohibido transferir fondos a cualquier institución señalada. Hay impacto reputacional y daños colaterales. El ejemplo es CIBanco: cancelación de operaciones de Visa, retiros de capital y dificultades para su supervivencia. (Horacio Saavedra, El Universal Opinión, A. 15)

Trump y la nueva ola de deportaciones

La hipocresía política del Gobierno de Donald Trump parece no tener límites: apenas poco después de hacer la ridícula afirmación de que puede deportar sin riesgos a más de 500 mil venezolanos porque las condiciones en su país han “mejorado notablemente”, ahora sostiene que puede expulsar a unos 80 mil nicaragüenses y hondureños por las mismas razones.

A juzgar por el documento oficial del 7 de julio del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) que explica su decisión de revocar el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) que permitía a nicaragüenses y hondureños residir legalmente en EU, uno pensaría que ambos países se han convertido en milagros económicos.

Leyendo el documento, pensé que hablaban de Suiza.

“Nicaragua se ha convertido en un destino turístico mundial, al tiempo que promueve la sostenibilidad y revitaliza las comunidades locales”, afirma el documento del DHS.

“La innovación técnica está empoderando a agricultores y pescadores, haciendo que la agricultura local sea más competitiva y rentable”.

Nicaragua “continúa mostrando fundamentos macroeconómicos estables”, lo que supuestamente elimina las dificultades económicas que justificaban los permisos de residencia del TPS, argumenta Washington.

Honduras también ha logrado “progresos significativos” desde que el huracán “Mitch” destruyó gran parte del país en 1998, “y ahora es un destino turístico y de inversión inmobiliaria popular”, de acuerdo con el DHS.

Antes de que hagan sus maletas para mudarse a Nicaragua o Honduras, les aconsejo leer otros documentos oficiales del propio Gobierno estadounidense. Varios de ellos describen a Nicaragua, por ejemplo, como uno de los países más pobres del mundo y con una dictadura brutal.

El Departamento de Estado tiene una “alerta de viajes” a Nicaragua, que insta a los viajeros a “reconsiderar” sus visitas al país centroamericano, citando “la aplicación arbitraria de las leyes, el riesgo de detención injusta y la limitada disponibilidad de atención médica”.

Otro documento de la Administración de Comercio Internacional de Estados Unidos (ITA, por sus siglas en inglés) señala: “La represión autoritaria del régimen ha socavado la democracia, reducido el poder adquisitivo de los consumidores y erosionado la confianza de los inversionistas”.

La mayoría de los beneficiarios del TPS hondureños y nicaragüenses llevan 26 años viviendo legalmente en Estados Unidos, según abogados de inmigración. Algunos llegaron al país de bebés, crecieron en Estados Unidos y ni siquiera hablan español.

La Alianza Nacional del TPS y siete personas han demandado al Gobierno de Trump para bloquear la nueva medida contra nicaragüenses y hondureños.

“He estado en Estados Unidos desde que tenía 3 años”, declaró el demandante Jhony Silva en el sitio web de la Alianza del TPS.

“Trabajo en un hospital, atendiendo a pacientes cardiacos… Ahora corro el riesgo de perder mi trabajo, la posibilidad de cuidar de mi familia y el único hogar que conozco”.

La justificación del Gobierno de Trump -que las condiciones en Nicaragua y Honduras han mejorado- es la misma que utilizó recientemente para las deportaciones masivas de venezolanos.

El Departamento de Seguridad Nacional dijo el 5 de febrero que “hay mejoras notables en varias áreas como la economía, la salud pública y la delincuencia” en Venezuela.

Eso es ridículo. El propio Secretario de Estado Marco Rubio escribió en sus redes sociales el 6 de mayo que “el régimen ilegítimo de (el dictador venezolano Nicolás) Maduro ha socavado las instituciones de Venezuela” y “violado los derechos humanos”.

Más de 8 millones de venezolanos han huido del país en los últimos años. El crimen se ha disparado, y se proyecta que la inflación superará el 100 por ciento este año.

A Trump hay que darle crédito por haber aumentado las sanciones económicas contra Venezuela y Nicaragua. Pero me pregunto si no lo está haciendo a medias, para apaciguar a la comunidad de exiliados de Miami.

Muchos exiliados votaron por Trump creyendo que solo deportaría a los delincuentes violentos, no a todos los beneficiarios del TPS.

Todo país tiene el derecho a deportar a personas condenadas por delitos graves. ¿Pero tiene sentido deportar a migrantes que estaban legalmente en el país, haciendo trabajos que la mayoría de los estadounidenses no quieren hacer?

Estas deportaciones son crueles y económicamente contraproducentes. La Suprema Corte estadounidense debería detener esta locura antes de que destruya las vidas de aún más gente buena y trabajadora. (Andrés Oppenheimer, Reforma, Internacional, p. 12)