Cierran filas contra trata
Refuerzo a acciones contra el tráfico de personas se acordó ayer en Palacio Nacional. El presidente López Obrador se reunió con gobernadores de las fronteras sur y norte para mejorar la coordinación en el combate a los polleros y para garantizar los derechos humanos de los migrantes. También participaron los fiscales estatales, personal de la FGR y el titular del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, pues se prevé una iniciativa para endurecer penas contra la trata. (El Heraldo de México, La 2, p.2)
El fiscal Gertz en Palacio Nacional*
*Con absoluta reserva, sin dejarse ver por los representantes de los medios de información, ayer acudió a Palacio Nacional el titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero. Nos confirman que no fue a tocar ningún tema relacionado con las tres investigaciones abiertas contra el expresidente Enrique Peña Nieto (PRI). Se trató, aseguran, de una reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador, con el titular del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, y con los gobernadores de Tabasco, Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Sonora y Baja California para abordar el tema migratorio, en el cual la Fiscalía es clave en la detención de los líderes de las bandas de traficantes de personas que operan en el país. (El Universal, A2, p.2)
Las tensiones que vive el mundo evidencian que los poderosos, en lugar de buscar soluciones, incrementan sus contradicciones acompañados de una industria militar y armamentista cuyos beneficios crecen más que las de las farmacéuticas con la pandemia. Se ha señalado que este momento es tan peligroso como el vivido en la llamada “crisis de los misiles” en el que se temía una posible guerra nuclear. Después de una pandemia que afectó al mundo entero, la guerra Rusia-Ucrania y, para no faltar, la imprudente visita de Nancy Pelosi a Taiwán son escenarios que no dan tregua para el optimismo.
En esta coyuntura también preocupa que los flujos migratorios, de por sí incrementados notablemente mucho antes de la pandemia como resultado, entre otras cosas, de cuatro décadas de aplicación de un modelo económico que benefició a unos pocos y agredió a las mayorías del mundo, ahora sigan aumentando cuando no se ha alcanzado a resolver la crisis migratoria con modelos de incorporación digna y regular; las respuestas siguen siendo las mismas, criminalización, refuerzos fronterizos militares, se les considera un peligro para la seguridad nacional. Se impide su paso sin importar los decesos y tragedias que estos seres humanos enfrentan.
Según la Organización Internacional para las Migraciones, para 2019 se estimaba que el número de migrantes internacionales era de casi 272 millones en todo el mundo, 51 millones más que en 2010 y para 2020 subió a 281 millones, 3.6 por ciento de la población mundial. De ellos, casi dos tercios eran migrantes laborales. Y en relación con las personas desplazadas por la fuerza en todo el mundo fueron 79.5 millones a finales de 2019, 26 millones eran refugiados (20.4 millones bajo el mandato del Acnur, 5.6 millones de palestinos bajo el mando de la Agencia de ONU para los Refugiados Palestinos –UNRWA–) 45.7 millones de personas fueron desplazados internos; 4.2 millones, solicitantes de asilo, y 3.6 millones, venezolanos desplazados en el exterior.
A estos movimientos hay que añadir otro sumamente doloroso, la migración infantil, que no deja de crecer y requiere el concurso de todos los países para su protección. De acuerdo con el Unicef (United Nations Childrens Fund 2017), al menos 200 mil menores no acompañados fueron registrados en unos 80 países entre 2015 y 2016; 170 mil menores no acompañados solicitaron asilo en Europa en esos mismos años; 100 mil menores no acompañados fueron detenidos en la frontera entre México y Estados Unidos y otros 19 mil solicitaronasilo en otros países.
Es en este conflictivo escenario que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha propuesto una tregua para el cese de la guerra, que se detengan los enfrentamientos actuales, las provocaciones y que “todos hagamos el compromiso de no apostar a la confrontación”. Nadie en su sano juicio estaría en contra de una propuesta como la de AMLO, aunque sus buenas intenciones se vean enfrentadas a un escenario en el que están en juego los enormes intereses de las potencias que buscan afianzar su poder en el nuevo orden mundial, forzando nuevas alianzas que tal parece sólo podrá dirimirse a través de las peligrosas conflagraciones. Ante todos estos desafíos no hay duda de que Estados Unidos buscará ejercer presión en la región para mantener aliados en su afán de recuperar poder hegemónico. Preocupa lo que pueda significar para la zona, sobre todo ante eventualidades electorales que desafíen a los demócratas y pierdan la muy débil mayoría actual.
Ante esta posibilidad, es altamente pertinente recordar las propuestas de la Celac y la importancia de reunirse para reforzar la integración latinoamericana e invocar la muy importante “Proclama de América Latina y el Ca ribe como zona de Paz” lanzada en la segunda Cumbre de la Celac en La Habana, Cuba, en 2014, y en la que se reitera y señala, entre otras propuestas: “Conscientes de que la paz es un bien supremo y anhelo legítimo de todos los pueblos y que su preservación es un elemento sustancial de la integración de América Latina y el Caribe y un principio y valor común de la Celac;
“Reafirmando que la integración fortalece la visión de un orden internacional justo, afirmado en el derecho y en una cultura de paz que excluye el uso de la fuerza y los medios no legítimos de defensa, entre ellos las armas de destrucción masiva y, en particular, las armas nucleares; “Declaramos: “El compromiso de los estados de América Latina y el Caribe de respetar plenamente el derecho inalienable de todo Estado a elegir su sistema político, económico, social y cultural, como condición esencial para asegurar la convivencia pacífica entre las naciones; “Nuestro compromiso permanente con la solución pacífica de controversias a fin de desterrar para siempre el uso y la amenaza del uso de la fuerza en nuestra región.” (Ana María Aragonés, La jornada, Opinión, p.23)
Un respiro para los migrantes
El régimen de medidas impuestas durante la Administración Trump en contra de la inmigración se está desmontando. Este lunes el Departamento de Seguridad Interior de Estados Unidos anunció el fin del Protocolo de Protección de Migrantes (PPM) conocido como Quédate en México, una medida adoptada en 2020 para que los solicitantes de asilo esperaran en nuestro país la respuesta de autoridades migratorias, lo que implica sostener su manutención y dejarlas en condiciones inseguras.
Previamente en mayo, el mismo Departamento ahora a cargo del cubanoamericano Alejandro Mayorkas anunció que quedaba eliminado el llamado Título 42, también impuesto por Trump con el cual endureció aún más su estrategia antiinmigrante porque prohibía la entrada a personas migrantes para “evitar la propagación del Covid-19 en territorio estadunidense”.
Trump quedó impactado por las imágenes de las caravanas de migrantes que cruzaron el puente del río Suchiate en la frontera sur de México en octubre de 2018. Tres meses después decidió crear el polémico Quédate en México que desde su aplicación se estima que devolvió a unas 70 mil personas a las ciudades fronterizas que van desde Tijuana hasta Matamoros para que esperaran su audiencia migratoria en Cortes de EU.
Eliminar esa disposición fue una verdadera odisea para Biden. Prometió hacerlo desde la campaña y al asumir la presidencia en enero de 2021 frenó esa política que luego fue impugnada por gobiernos republicanos como el de Texas. Un juez suspendió el decreto que fue apelado por el gobierno de Biden a quien la Suprema Corte en una cerrada votación le dio la razón el último día de junio tras una dura batalla legal… y política.
Desde que se implementó ese programa, se estima que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza expulsó a 1.7 millones de solicitantes de asilo. Por otro lado, el gobierno de Biden consideró necesario terminar con el Título 42 ante la disminución de los casos de Covid.
La eliminación de las medidas antiinmigrantes sin duda representa una buena noticia, pero supone volver al escenario previo al gobierno de Trump. Es decir, los problemas estructurales del flujo migratorio (que se ha incrementado significativamente durante 2022) no han sido atacados de raíz: en 2021 fueron deportadas 29 mil migrantes mexicanas, 10 mil de ellas bajo el Título 42, entre otras personas.
Sigue pendiente abordar la migración con un enfoque de derechos humanos y establecer un gran acuerdo integral y regional de desarrollo. El pasado 14 de julio Biden ofreció a México incrementar las visas de trabajo temporal pero sin precisar un número. La agenda migratoria está abierta a la espera de acuerdos de gran calado (también muchos seres humanos). (Claudia Cirichi, El Sol de México, Análisis, p.14)
Cartón

(De la Torre, Excélsior, nacional, p.10)