Omitir la veracidad de algún hecho podría convertirse en un recurso político que dañe la validez del recurso político y democrático. Nos referimos a la necesidad de mantener la certeza en las propuestas del derecho internacional y de la conciencia humana, porque creemos que ésta sí existe. Mientras debatimos o nos informamos sobre el asunto que, aunque algunos lo nieguen, la autodeterminación de los pueblos sí existe y se debe defender. En este momento de tragedia en Palestina, la lucha por la soberanía nos compete al mundo entero.
Los distractores políticos han sido elaborados con gran cuidado, por burdos que parezcan: la homofobia contra la migración en el mundo, las amenazas económicas grotescas que salen de la Casa Blanca y sucia, la violación de los derechos humanos apoyada por el gobierno republicano actual de Estados Unidos, pero antes, por los demócratas y otras agresiones que distraen de un hecho muy lamentable: la extinción de un pueblo.
No olvidamos, tampoco, las presiones de las políticas represivas de nuestro primer socio económico. Cuando quiera ese gobierno, nos puede restringir el gas al máximo, pero tenemos que seguir aguantando sus caprichos y sus llamadas telefónicas amigables y respetuosas, mientras sigue amagando con traer a sus soldados a nuestro territorio para concretar una invasión con la que hace años ha soñado.
De la misma forma, a todo mundo compete la desgracia que el gobierno turbio de Donald Trump y millonarios que lo acompañan está provocando al pueblo árabe de la ciudad de Gaza. Si alguna expresión se ha repetido millones de veces por causa de la guerra sucia que apoya el gobierno actual estadunidense a favor de Israel, es la de masacre intolerable.
No olvidemos que fue en el Partido Socialista Unificado de México (PSUM), donde se formó, por primera vez en un partido político, un Comité de Solidaridad con Palestina. Tampoco olvidemos que esta organización que alcanzó carácter nacional, incluso internacional, surgió por las masacres que continuaba generando el gobierno sionista, desde Ben Gurión hasta Ariel Sharon, apoyado por los gobiernos estadunidenses en turno.
¿Ya se olvidó aquel episodio de horror en el campamento de Sabra y Chatila, en 1982, que por enésima vez protagonizaron los sionistas seudojudíos? No, no lo hemos olvidado, pero se han encargado de silenciarlo a través de artimañas. En aquel atentado acabaron con familias enteras, con sus animales de trabajo, mascotas, pertenencias personales, víveres y todo lo que pudiera servir para sobrevivir, en caso de que alguien conservara la vida. El resultado fueron 3 mil 500 refugiados palestinos asesinados mientras dormían en aquel refugio otorgado solidariamente por Líbano.
Fue un mensaje criminal para la Organización de Liberación Palestina, cuya sede se encontraba temporalmente en ese país. Demostró el ejército israelí, que, para acabar con los refugiados palestinos, podía invadir otros países, violando los derechos humanos y soberanías de todo aquel que les otorgara refugio humanitario.
Y, como hoy, la indignación mundial se expresó en las calles de cientos y miles de ciudades en todo el mundo. ¿Y por qué no paran los ataques? Porque para Israel no tienen ningún valor los acuerdos políticos, los compromisos de desarme internacionales, las negociaciones entre los protagonistas. Todas han sido incumplidas gracias a la protección de las mafias sionistas mundiales.
El entonces presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan, aparentemente indignado y “horrorizado”, exigió que se revisaran los acuerdos para volver a negociar la paz. Igualmente, los gobiernos de Francia e Italia propusieron enviar comitivas para revisar qué había pasado en el campamento de Sabra y Chatila, en Beirut. En esa ocasión, la Asamblea General de Naciones Unidas condenó el hecho de “acto de genocidio”. ¿Y por qué no condenaron la política invasionista y de exterminio del sionismo israelí? Como no ha recibido castigo por las violaciones a los derechos humanos, Israel sigue siendo criminal y goza de impunidad. Su deuda humana es enorme y difícil de resarcir. La violencia contra el pueblo palestino de Gaza es de tal nivel que podría compararse con la letalidad de cualquier enfermedad biológica donde las víctimas se cuentan por miles.
En la actualidad, la indignación mundial por ese hecho delictivo, que no tiene nada que ver con una tierra prometida, existente ésta sólo en las mentes sionistas enfermas, generó expresiones de solidaridad múltiples: películas, poemas, canciones, libros, nuevas declaraciones institucionales en los organismos mundiales que resguardan la paz universal. Pero el sionismo siguió haciendo de las suyas. ¿Por qué países y organizaciones promotores de ideologías de la paz siguen apoyando esta política de exterminio?
Hasta Noam Chomsky, intelectual a favor de la causa palestina, dijo recientemente que no podemos hacer nada por el pueblo palestino porque es pobre. Especialmente, cuando Estados Unidos amenaza a cualquiera que intente hacer algo, este país trabaja para los intereses nacionales, es decir, por las necesidades de las fuerzas dominantes de la sociedad estadunidense. No importa que el gran Chomsky piense de forma pesimista, aunque real; no perderemos la esperanza de parar ésta y otras masacres más.
En el mundo se han generado demasiados discursos, pero el silencio sigue siendo cómplice. No decimos lo contundente para echar preso al genocida neonazi Netanyahu. ¿De qué estamos hablando cuando no decimos lo que es en realidad Israel? (Antonio Gershenson, La Jornada, Opinión, p. 11)
El 1º de agosto era la fecha fatal para que Estados Unidos aplicara a México 30 por ciento de aranceles, ya que “no habría prórroga ni más periodos de gracia”, había advertido Lutnick secretario de Comercio. Sin embargo, Donald Trump otorgó una “pausa” de 90 días, y no porque cambiara su absurda justificación de que el gobierno mexicano no hacía suficiente para detener el flujo de fentanilo ni el de migrantes indocumentados, sino porque, según pareció dar a entender en el comunicado enviado inmediatamente después de terminar la llamada telefónica, México había aceptado “eliminar de inmediato las barreras no arancelarias”.
Si bien no hay duda de que la presidenta Claudia Sheinbaum tiene el temple y el carácter para ir limando los embates del vecino del norte, hasta ahora no ha quedado claro en qué consiste ese acuerdo que supuestamente aceptó. Por otro lado, la Presidenta recibió en su despacho de Palacio Nacional al embajador Ronald Johnson con un conjunto de empresarios, reunión de la que poco se comentó.
Fue importante el desfile de un conjunto de representantes de farmacéuticas trasnacionales en la mañanera de prensa, donde enfatizaron las importantes inversiones que van a realizar así como los empleos que se generarán en el país. Quedó bastante claro, porque así lo comentaron, que su interés primordial es exportar a todo el mundo, reconociendo la importancia de la cercanía de Estados Unidos. A la pregunta de si entre sus objetivos estaba el impulso a la investigación, si estaban dispuestos a la transferencia de tecnología, de innovaciones, la verdad, no hubo respuesta satisfacctoria.
Pero lo más preocupante fue la exposición del representante de la farmacéutica Bayer, quien, sin ambages, habló del glifosato como una maravilla del que además pensaba importante dirigirlo también a los pequeños campesinos. No hay que darle vueltas, Bayer es la empresa clave por sus innovaciones en semillas transgénicas, y sigue insistiendo en que son benéficas a pesar de estar prohibidas en casi todo el mundo. México debería cerrarle el paso a tan nociva empresa, que es capaz de envenenar los cultivos y los alimentos, sin recibir ningún castigo.
¿Por qué no se apoya a farmacéuticas nacionales, a las que se les otorguen inversiones que sean receptoras de la investigación que generan los recursos humanos internos, para crear innovaciones, nuevas tecnologías que, a su vez, generen patentes mexicanas y de esta forma beneficiar al mercado interno y, por supuesto, para exportar?
¿O se va a repetir la experiencia de la industria automotriz multinacional que ha convertido a México en país maquilador?
El TLCAN y su sucesor, el T-MEC, han limitado la capacidad de generar desarrollo sustentable e inclusivo para México. Por un lado, porque gran parte de los insumos y tecnologías son importados; las decisiones estratégicas y de diseño se toman fuera del país y la participación mexicana se concentra en etapas básicas. Para colmo, no se ha logrado transferencia de tecnología ni hay una articulación con instituciones académicas; todas ellas condiciones que son un obstáculo para alcanzar una industrialización autónoma. Se limita la incorporación de capital humano calificado, por lo que en muchas ocasiones éste no tiene más opción que migrar.
La industria automotriz es un sector que consume grandes cantidades de agua y energía, con impactos negativos por el estrés hídrico. Para colmo, la economía mexicana no se ha diversificado: 82 por ciento de la producción se destina a la exportación hacia Estados Unidos, lo que genera una profunda incertidumbre y vulnerabilidad en momentos de crisis, como la que actualmente se está viviendo a la espera de los arbitrarios aranceles de Donald Trump.
La industria automotriz multinacional ha reproducido un modelo dependiente, por la baja integración de valor nacional, condiciones laborales deficientes y, sobre todo, la falta de innovación nacional. Hay que recordar que el capital extranjero no produce desarrollo, al contrario, intensifica la dependencia con el centro hegemónico capitalista, lo que explica por qué no es neutral.
Los polos de desarrollo en el Plan México propuestos por la presidenta Sheinbaum sólo pueden ser una oportunidad estratégica para transformar al país si se evita reproducir el esquema de la maquila. Se requiere buscar alternativas que le permitan ir debilitando la dependencia de Estados Unidos, fortalecer relaciones comerciales con la Unión Europea, América Latina y Asia. Tomar decisiones políticas, económicas y de seguridad sin depender de actores externos de manera determinante, es decir, autonomía estratégica, o lo que es lo mismo “negociar con todos y depender de ninguno” (Alejandro Marcó). (Ana María Aragonés, La Jornada, Opinión, p. 12)
Las malas noticias le siguen lloviendo a Sheinbaum, aunque ella pretenda que no es cierto. Por más “avante” que presuma que vamos, el panorama no es alentador.
Se acaba de reportar que las remesas tuvieron una caída anual de 16.2 por ciento, y esto tendrá un impacto político, económico y social en nuestro país. Es de suponer que la presidenta sí está muy preocupada y que trabaja en estrategias para disminuir los daños, sobre todo porque podría afectar las promesas de crecimiento y estabilidad económica que se han hecho.
Este ingreso representa 4 por ciento del PIB y es la principal fuente de divisas del país, incluso por encima de las exportaciones de petróleo y de la inversión extranjera. En una de sus “mañaneras”, AMLO —cuando era presidente—- llamó “héroes vivientes” a los inmigrantes mexicanos radicados en Estados Unidos porque las remesas eran la principal fuente de ingresos de México. Estos envíos de dinero son clave para el fortalecimiento económico y la calidad de vida de millones de mexicanos, especialmente para aquellos que viven en zonas rurales y en estados del sur de la República, como Chiapas, Guerrero y Michoacán. Han contribuido directamente a la reducción de la pobreza extrema y a la estabilidad económica de millones de personas. Durante la pandemia de Covid-19, este flujo de dinero fue crucial para sobrellevar la peor crisis sanitaria de la historia moderna. Dicho de otra forma, las remesas nos salvaron de “tocar fondo”, y no tanto los “esfuerzos” gubernamentales que se pretendieron hacer para enfrentar esta dificultad.
Hace años no se veía una disminución tan importante en este envío de dinero, e incluso los economistas proyectan que la caída será mayor durante el segundo semestre del año.
La incertidumbre causada por las políticas económicas y comerciales de Trump ya comienza a pasar la factura a las remesas. Sin embargo, no debemos responsabilizar a Estados Unidos por la desaceleración del crecimiento económico que habrá en nuestro país, sino a nuestro gobierno en turno, que no ha tenido la capacidad de crear oportunidades que incrementen el poder adquisitivo de las personas, la capacidad de consumo de servicios básicos y diversos bienes. México ha creado tanta dependencia a estos ingresos que sin ellos, será catastrófico. El posible impacto negativo será directamente proporcional a las malas decisiones que se han tomado en nuestro país, para que, incluso en las “mañaneras”, se llame “héroes” a quienes se encargan de hacer la “chamba” desde el extranjero ante la incapacidad del gobierno de sostener la economía mexicana. Ojalá esto sea tan sólo una pesadilla de corto plazo, porque dudo haya plan de contingencia para esta posible crisis. (Flor María Yáñez Álvarez, El Sol de México, Análisis, p. 15)
Era una rueda de prensa como cualquier otra: dos políticos frente a un podio hablando de lo maravillosa que sería su colaboración internacional mientras fueran gobernadores.
Era junio de 2009, y las tensiones antiinmigrantes empezaban a resquebrajar la relación entre Sonora y Arizona, pero ellos sonreían para las cámaras. La reunión plenaria de la Comisión Arizona-México estaba por finalizar en Scottsdale, y solo quedaba la cena de gala en la que los apretones de manos terminaban de cerrar los tratos que se firmaron o se gestionaron a puerta cerrada.
Jan Brewer, la entonces gobernadora de Arizona, respondía en inglés a los tirabuzones que los reporteros estadounidenses le tiraban al notar la ironía de sus políticas antiinmigrantes cada vez más descaradas. Eduardo Bours, su homólogo sonorense, se mostraba impaciente.
“Pregúntale de la Guardería ABC”, me dijo un colega fotógrafo sonorense con el que había trabajado años atrás en Hermosillo. Me tomó desprevenida. “Ándale, por favor, pregúntale”.
Bastaron tres palabras para que al gobernador Bours se le desfigurara el rostro y se apresurara a salir. Dio detalles escuetos del incendio de la estancia infantil en donde los voluntarios y bomberos sacaban aún cuerpos de niños que jamás despertarían de la siesta. Hizo la típica promesa de ofrecer una justicia que, 16 años después, aún no llega.
Ese 5 de junio murieron 49 niños en el incendio de la Guardería ABC en Hermosillo, Sonora. Los entierros se hicieron uno a uno mientras los candidatos cerraban sus campañas a la gubernatura usando a esas víctimas inocentes de estandarte, en un año electoral cargado políticamente por la desgracia. Llegó la alternancia política al gobierno del Estado, pero de la justicia, ¡nada! La tragedia sigue ardiendo en la memoria colectiva.
Hay muchos responsables que gozan de una impunidad en libertad. Unos siguen prófugos, escudados en la corrupción, complicidad y compadrazgos. Otros navegan el sistema judicial desde su antojo y privilegio. Solo unos cuantos enfrentaron consecuencias mínimas y, aun así, siguen lejos de pagar por completo su responsabilidad.
Una de las socias de la Guardería ABC, Sandra Lucía Téllez Nieves, fue detenida por las autoridades estadounidenses en enero de este año, tras haber evadido la justicia mexicana desde 2022. Los agentes migratorios confirmaron que la tienen en custodia mientras transcurre su proceso migratorio con miras a una posible extradición. La audiencia está prevista para octubre de 2025. Los detalles son tan escuetos como la justicia que se ha impartido en este caso. A pesar del horror, prácticamente ninguna autoridad de alto nivel ha sido juzgada.
Quizá la sentencia de todos los que siguen escudándose en la sombra de la impunidad sea cargar en la conciencia a esos niños que murieron en un infierno literal. Porque mientras ellos siguen libres, hay padres y madres que todos los días entierran a sus hijos, desde hace dieciséis años, en la memoria. (Maritza Félix, El Sol de México, Análisis, p.15)