El “efecto llamada” en el aumento dramático de los cruces de inmigrantes mexicanos y de niños en la frontera con EU anticipa una crisis migratoria que pone a prueba las promesas humanitarias del gobierno de Biden y su reforma migratoria. La frontera no es segura, menos aún el paquete económico de 4,000 mdd que ofrece a Centroamérica para ir a la raíz de la migración.
De otro lado, el presidente López Obrador urge liberar recursos para atajar el problema, mientras observa la formación de nuevas olas de migrantes connacionales como reflejo de la crisis económica en el país sin hacer nada para evitarlas, a diferencia de su rol en la frontera sur.
¿Qué ha cambiado en la frontera para la colaboración con México y Centroamérica? Los gobiernos de EU y la región discuten mecanismos para una migración “ordenada, segura y regular”. La vicepresidenta Kamala Harris conversó por teléfono esta semana con López Obrador sobre cooperación contra la trata de personas, así como los proyectos para reducir la violencia y pobreza que, junto con la corrupción, están detrás de la migración de Centroamérica. Pero poco se habla de medidas ante la oleada de migración mexicana, y menos aún del pico de detenciones de niños que viajan a EU.
Biden ha dado máxima prioridad a la frontera sur con el encargo de la gestión de la crisis a su vicepresidenta, pero al cabo de sus primeros 100 días su plan camina lento y descansa en cambios estructurales en Centroamérica, que remiten al largo plazo cuando la emergencia ya se ha declarado.
Harris trata de tomar el control de la ola migratoria, que comienza a sobrepasar a su gobierno, como mostró la conmoción por la difusión del video de un niño nicaragüense de 10 años abandonado en un desierto de Texas.
Esas imágenes desafían el discurso de asistencia humanitaria de Biden y vuelven a polarizar el debate en EU sobre su giro de 180 grados respecto a la política antiinmigración de Trump. El mes pasado llegaron a la frontera 171 mil migrantes, el mayor registro desde 2006, y casi 10% de ellos son niños, lo que muestra en los hechos la lejanía del objetivo de una migración “ordena y segura”.
La perspectiva de los próximos meses crea un escenario difícil de adecuar al discurso de colaboración porque puede sobrepasar la capacidad de la red de refugios y asistencia migratoria de por sí debilitadas durante el gobierno de Trump. En abril se esperan hasta 22,000 niños y el número seguirá en aumento el mes siguiente, hasta niveles de 25,000 menores en la frontera.
Pero el desafío en la cooperación con México no acaba con el trasiego de esos menores por su territorio y las crecientes denuncias de abusos contra migrantes. El “efecto llamada” que produjo desde la campaña la promesa de destruir los “muros” de Trump y la atracción por el astronómico rescate de la economía estadunidense (1.9 billones de USD), han tenido un impacto significativo en la migración mexicana.
En el primer trimestre de 2021 alcanzó cifras récord, con un aumento de 125% de connacionales detenidos, sin conocerse la postura del gobierno mexicano frente a la problemática y, peor aún, verse como una válvula de escape a la crisis económica interna que no tiene intención de cerrar.
México ha mantenido la política de contención en la frontera sur, como reconoció Harris en la llamada con López Obrador, pero la cuestión es si también estará dispuesto a aplicar a la Guardia Nacional con los connacionales en el norte. EU cuida la relación con México para que siga parando a los centroamericanos sin abrir la discusión sobre la oleada de mexicanos ni los crecientes abusos contra los migrantes.
El asesinato de la migrante salvadoreña Victoria Salazar por la brutalidad policiaca en Quintana Roo ha puesto rostro a los abusos que sufren los migrantes en México, pero el hecho es que las violaciones a derechos humanos contra ellos crecieron 80% en 2020, según datos de la CNDH.
Los migrantes huyen de la violencia en Centroamérica para encontrarla, paradójicamente, en México y en la frontera con EU, como una demostración clara de lo lejos que está el objetivo de migración “ordenada y segura” del plan Biden, que hasta ahora es sólo enunciados de papel. (José Buendía Hegewisch, Excélsior, Editorial, p. 14)
En una reunión de mígrantólogos organizada por Susan Gzesh en la Universidad de Chicago, el antropólogo Armando Bartra planteó, por primera vez, la idea del “derecho a no migrar”.
Su propuesta se fundamentaba en el amplio conocimiento que tenía de la realidad mexicana, especialmente del medio rural, que era el que más migrantes generaba.
No migrar es, fundamentalmente, un derecho social de la población en general, de los ciudadanos que tienen derecho a vivir en su país de origen y a exigir condiciones de vida dignas.
El derecho a emigrar es individual, consagrado por la Declaración Universal de los Derechos Humanos y ratificado por la mayoría de las constituciones nacionales.
Sin embargo, a este derecho universal no le corresponde, paradójicamente, el de inmigrar, que está reservado a la discrecionalidad de los estados.
Es un derecho que queda trunco o condicionado.
En cambio, el derecho al ce fugio puede considerarse como individual, pero también social o colectivo.
Hoy en día el refugio es prácticamente el único resquicio para ingresar a los países del norte global, que han cerrado los accesos a los migrantes del sur.
Por otra parte, las políticas migratorias restrictivas tienen la peculiaridad de provocar el efecto contrario al esperado.
Las limitaciones a la inmigración legal y la intolerancia a la irregular han potenciado las solicitudes de refugio como única vía para acceder a países con mejores condiciones de vida, trabajo y seguridad.
Y este efecto búmeran ha llegado al extremo de propiciar la migración infantil y juvenil.
La política migratoria de Estados Unidos, restrictiva, disuasiva y punitiva, provocó el incremento notable de los costos y riesgos del cruce fronterizo clandestino, de tal modo que los migrantes que lograban cruzar la frontera y asentarse en ese país no podían regresar.
Se rompió la tradicional circularidad que favorecía la migración laboral entre ambas naciones y que era conveniente para todos.
En la actualidad, 80 por ciento de los migrantes irregulares tienen más de 15 años viviendo y trabajando en Estados Unidos, y al no poder regresar se convirtieron en residentes migrantes indocumentados.
En la mayoría de los casos eso implicó la separación de familias, el drama de esposas que tenían que vivir lejos de sus maridos y el de hijos que apenas conocían a sus padres.
La solución al problema fue por la vía informal.
Los migrantes beneficiados por la reforma de 1986 empezaron a traer a sus familiares de manera indocumentada, porque por la vía legal el trámite podía demorar décadas.
Asimismo, los migrantes irregulares se cansaron de vivir solos y empezaron a traer a su familia nuclear, esposa e hijos.
Un resultado visible de este proceso es el caso de los dreamers.
La reunificacíón familiar se hizo evidente para mexicanos y salvadoreños que llevaban más tiempo en Estados Unidos.
Pero no fue el caso de los guatemaltecos y, especialmente, los hondureños, que llegaron después.
Hasta que en 2014 los migrantes y las mafias de traficantes aprovecharon el resquicio del refugio y abandonaron la tradicional vía de migración irregular y clandestina.
La manera más rápida y expedita de los grupos familiares para reunificarse fue solicitar refugio, simplemente había que cruzar la línea y entregarse a la migra.
Y cuando esa puerta se cerró por la política restrictiva de Trump y las reformas legales para acceder al refugio, sólo quedó como vía de acceso la migración infantil y juvenil.
Los menores de edad no acompañados tienen derecho irrestricto al refugio.
Pero también hay que preguntarse si tienen derecho a migrar.
Por lo general, las leyes nacionales, restringen el derecho al libre tránsito de los menores de edad no acompañados.
Incluso se les restringe ese derecho si sólo van acompañados por uno de los padres.
En esos casos hay que pedir permiso a un juez.
Sin embargo, donde hipotéticamente sí debería aplicar el derecho a no migrar es en el caso de los menores de edad, que serían muy afectados al vivir separados de su familia.
Habría que preguntarse si la emigración de menores no acompañados va en contra del derecho superior del niño; si los padres tienen el derecho de enviar a sus pequeños a cruzar solos la frontera y solicitar refugio, o de enviarlos a otro país contratando traficantes; si los estados nacionales de origen y de tránsito tienen la obligación de controlar este flujo de migrantes menores de edad no acompañados o acompañados por traficantes; sí es correcto que las casas de apoyo acojan, protejan y faciliten el tránsito de migrantes menores no acompañados.
Hay una zona oscura en este proceso, sobre lo cual es necesario reflexionar y discutir.
Se ha llegado al colmo de tirar a infantes por la borda, por el muro, como si fueran niños expósitos.
Aunque en la mayoría de los casos se trata de reunificación familiar debido, precisamente, a una política migratoria inefectiva, desfasada y desbordada.
El refugio es el único resquicio para ingresara los países del norte global. (Jorge Durand, La Jornada, Política, p. 14)
En la reciente conversación entre el presidente López Obrador y la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, se abordó el tema del tráfico y la trata de migrantes como un asunto que demanda no sólo la atención, sino, además, la activa cooperación entre ambos países.
Los grandes contingentes de nacionales centroamericanos que han llegado a la frontera común es ya una crisis impostergable de atender. Hace años no se veía tal número de familias y de menores de edad no acompañados, atrapados en las ciudades fronterizas mexicanas, en espera de ser admitidos. Hay también miles de paisanos que piensan que, con la llegada de Biden, las cosas cambiaron y ahora sí lograrán pasar.
No es la primera vez que este lastimoso asunto es parte de la agenda bilateral. En 2001, cuando los presidentes Vicente Fox y George W. Bush acordaron iniciar negociaciones para alcanzar un eventual acuerdo migratorio, el tema fue incluido en la ambiciosa agenda mejor conocida como la “enchilada completa”, definida como tal por el canciller Jorge G. Castañeda.
Los migrantes de otros países que se internan por la frontera sur de manera clandestina incurren en múltiples riesgos, transitan por nuestro territorio donde, en muchas ocasiones, son asaltados, golpeados, violados o retenidos por la delincuencia organizada hasta que sus parientes, ya sea en sus lugares de origen o en Estados Unidos, paguen su rescate. Peor aún, son presa de las mismas autoridades mexicanas que los extorsionan para dejarlos continuar su camino.
Una vez que logran llegar a la frontera con Estados Unidos, caen en las manos de bandas criminales que, o bien les ofrecen “pasarlos del otro lado” a cambio de miles de dólares que se ven obligados a pagar por adelantado, sin garantía de lograr su objetivo, o bien aceptar su explotación como forma de pago de esos “servicios”. Por supuesto que los paisanos que emigran también sufren de este terrible abuso.
La trata de personas es un delito internacional de lesa humanidad que viola los derechos humanos. Es considerada una forma moderna de esclavitud y la Organización Internacional de las Migraciones la ubica en el tercer lugar de todos los delitos a nivel mundial, sólo después del tráfico de armas y de drogas. Se estima que el negocio para los criminales que la promueven y explotan genera ingresos por ¡32,000 millones de dólares anuales!
Las víctimas son parte de los grupos más vulnerables: niños, niñas, migrantes indocumentados, indígenas, campesinos, trabajadores informales, jóvenes analfabetas que lo único que buscan es una oportunidad de mejorar sus posibilidades de acceder a una vida digna.
En una ocasión entrevisté en Nuevo Laredo, Tamaulipas, a un señor de edad avanzada detenido por las autoridades migratorias mexicanas en Monterrey. Era guatemalteco, venía con un nieto de 12 años. Declaró que su intención era llevarlo a Los Ángeles, donde sabía que los deportistas son reconocidos y les ofrecen becas y estudios, “mi nieto es campeón de carrera de 100 metros, ganó el campeonato en el pueblo” y me enseñó una modesta tarjeta de cartón como medalla de ese triunfo.
Había pagado a un traficante cinco mil dólares. Viajaron en el contenedor de un camión de carga durante muchas horas, los bajaron en la noche en los linderos de un río que les dijeron era la frontera con Estados Unidos, del otro lado se veían las luces de altos edificios, lo cruzaron y esperaron a que llegara el día para seguir su camino. Al empezar a llegar gente, le extrañó que hablaran español, no era otro país, era el río Santa Catarina, que cruza Monterrey…
Ojalá que el acuerdo con la señora Harris no se quede en buenas intenciones. Requerirá voluntad política, recursos financieros, rutas de trabajo con metas medibles, institucionalizar el diálogo para compartir inteligencia que permita desmantelar a las organizaciones criminales y procesar a sus integrantes. Una práctica tan arraigada obliga a ser consistentes y tener mirada de largo aliento, no una mera “llamarada de petate”. (Gustavo Mohar, Excélsior, Nacional, 12)