La mancuerna Ebrard-Monreal
Por segunda vez en menos de 14 días, el canciller Marcelo Ebrard acudirá hoy al Senado, en esta ocasión para informar los resultados de la Reunión de Alto Nivel en materia de seguridad entre los gobiernos de México y Estados Unidos, que se celebró el viernes pasado. Nos hacen ver la excelente coordinación que la Cancillería mantiene con el Senado. Y nos comentan que uno de los personajes que trabaja para que las asistencias del secretario Ebrard al recinto legislativo sean exitosas es el presidente de la Junta de Coordinación Política, el morenista Ricardo Monreal. Interesante resulta que tanto el canciller Ebrard como el senador Monreal son aspirantes a la candidatura presidencial para las elecciones de 2024. Ambos alcanzaron en las semanas previas un acuerdo de no agresión y de civilidad en la competencia por la candidatura, sin embargo, algunos los perciben cada día más como una mancuerna que quizá pueda terminar en una alianza electoral entre ambos personajes cuando llegue el momento preciso. (Bajo Reserva, El Universal, Opinión, P. A 2)
Todo funcionario tiene en algún momento de su carrera la ilusión de estar recreando el mundo desde cero. Es la enfermedad del adanismo: la fantasía de que lo que se está haciendo nunca se ha intentado.
Y digo que esto es ilusión porque las ideas realmente originales son escasas, más aún en las instituciones públicas. Lo que se presenta como ruptura es, en la mayoría de los casos, inercia con ropajes distintos. Ideas viejas con moños nuevos.
Todo esto viene a cuento por el llamado Entendimiento Bicentenario sobre Seguridad, Salud Pública y Comunidades Seguras entre México y los Estados Unidos, presentado luego de una reunión entre funcionarios de alto nivel de ambos países.
El acuerdo está siendo vendido por el lado mexicano como algo sin precedente en la relación bilateral. Según el canciller Marcelo Ebrard, “por primera vez, existe un interés por construir una relación en la que las prioridades de México tengan el mismo nivel que las que tiene Estados Unidos.”
Esto sería, en la narrativa oficial mexicana, algo radicalmente distinto a la Iniciativa Mérida que, según Ebrard, se enfocaba “apenas, en que se capturaran a los capos del narcotráfico.” Ahora en cambio, se van a considerar por igual las prioridades mexicanas, las cuales serían “reducir la violencia y homicidios en México, darles oportunidades de desarrollo y trabajo a jóvenes y atender las causas de los problemas”.
Pero no solo eso: dice Ebrard que “a partir de este nuevo entendimiento, [ambos países] intercambiaremos inteligencia financiera” y “por primera vez, cooperaremos en el rastreo de armas”.
Suena fascinante hasta que uno revisa la declaración conjunta surgida de la reunión, sobre todo la sección de acciones concretas. Estas incluyen la intención de firmar (en algún futuro no especificado) un memorándum de entendimiento sobre prevención de adicciones y otro sobre control de contenedores portuarios para regular la entrada de precursores químicos.
obre este asunto de los precursores, se propone convocar a un grupo binacional de trabajo. Algo similar se ofrece para el tema de la ciberseguridad.
¿Y qué tal de las prioridades mexicanas? En el asunto de la violencia, hay el compromiso de crear “la Red para la Prevención del Homicidio, que proporcionará una plataforma para el intercambio de mejores prácticas” y, eventualmente, “considerará la creación de un equipo multidisciplinario de fuerza de tarea sobre homicidios”.
¿Sobre el tráfico de armas? “Nuestro compromiso de trabajar juntos, con respeto a nuestras soberanías, para combatir el tráfico de armas” ¿Sobre lavado de dinero? “Incrementar las acciones bilaterales y paralelas para debilitar a los actores ilícitos y sus redes financieras” ¿Sobre las oportunidades de trabajo y desarrollo a jóvenes? Nada.
En resumen, el radical cambio de paradigma se reduce a 1) dos (posibles) instrumentos diplomáticos, 2) dos grupos de trabajo temáticos, 3) un mecanismo para intercambio de experiencias, y 4) algo más de esfuerzo en materia de tráfico de armas y lavado de dinero. Todo lo anterior, además, sin un solo compromiso presupuestal concreto.
Dirán en SRE que esto es solo una declaración de principios y que el plan detallado vendrá en diciembre. Les creo. Pero, así como se ve, no hay mucho nuevo en este asunto: en el marco de la Iniciativa Mérida, hubo programas de atención a adicciones, prevención de la violencia, regulación de precursores químicos, rastreo de armas de fuego e intercambio de inteligencia financiera (entre otros). Algunos arrancaron desde 2008 y se encuentran con una googleada sencillita.
Pero bueno, no hay gobierno que no se imagine como inventor del hilo negro. Este no es la excepción. (Alejandro Hope, El Universal, Nación, P. A 12)
La clase política puede invocar la razón de Estado, el interés nacional o el mal menor para defender tiranías. Algunos utilizan el más puro y simple cinismo como cuando Estados Unidos decía que Pinochet era un hijo de perra, pero era su hijo de perra; hasta formulaciones oscuras y confusas como invocar la autodeterminación de los pueblos para eludir la crítica. ¿Hasta dónde debemos practicar las verdades?, se preguntaba el entonado y siempre agradable Silvio.
Mientras los gobiernos calculan y maceran, el mejor aliado de la libertad sigue siendo la literatura. En estos tiempos en los que América Latina vive oscuridades inquietantes y la zozobra cotidiana de millones de personas, son los literatos quienes vuelven a poner el dedo en la llaga. Mientras en CELAC se les escapó el detalle de condenar el régimen de Nicaragua y solidarizarse con el Premio Cervantes, Sergio Ramírez, él nos entrega un cuadro descarnado de la degradación nicaragüense. En “Tongolele no sabe bailar” describe, de la mano del inspector Dolores Morales, la caja china y el delirio gubernamental. El libro consigna la contradicción de un régimen nacido para superar las taras de la dictadura somocista y ahora tener este deterioro moral, ese hundimiento de la razón que supone el régimen de Ortega.
Leonardo Padura, por su parte, retrata en su más reciente novela “Como polvo en el viento” a un aprendiz de pelotero que vivía un mundo de constantes apagones y con la posibilidad de comer en el día, “solo una pequeña pieza de un pan medio arrugado”. En la Cuba de su tiempo conseguir pelotas para practicar el beisbol era cada vez más difícil. A la Cuba de la narrativa descarapelada de la Revolución los jóvenes le sobran; no sabe qué hacer con ellos. El régimen es incapaz de ofrecerles una vida razonable y por eso sus poblaciones piden paso a nuevas fórmulas políticas más incluyentes.
A la pluma de los escritores latinoamericano no escapa el régimen de Maduro quien heredó de Chávez una estructura opresiva y envilecedora. Hoy sabemos que cerca del 80% de los venezolanos vive por debajo del umbral de la pobreza y alrededor de 7 millones van por el mundo tratando de escribir una nueva historia, en muchos casos con éxito y en otros, con sufrimientos y estigmas como los que recientemente se manifestaron en Chile. Karina Sainz Borgo nos ha legado un libro, “La hija de la española”, en el cual se retrata la degradación personal y moral de quienes tienen que competir por los satisfactores básicos. La forma en que la maquinaria híper ideologizada prohíja un fanatismo agresivo que somete a los compañeros y vecinos a una lógica enajenante de confrontación. Venezuela, la ubérrima nación que abrió sus puertas para que tantos migrantes rehicieran sus vidas, hoy solo ofrece la nostalgia de una nación destruida. Los dirigentes bolivarianos dejan un saldo de miseria y derrota nacional.
Los políticos de la región podrán callar, pero la literatura es una voz potente de denuncia de la tiranía y la impostura. A la larga, esas novelas construyen una narrativa mucho más poderosa que las maquinarias de propaganda de los gobiernos que insisten en ubicar al gran satán (Estados Unidos) como el responsable de todas sus desgracias. Parte de culpa la tiene, es verdad, pero no de todos los males que hoy sufren los pueblos que desgobiernan.
Tiranos de la región: sepan que los grandes escritores del continente no los solapan. (Leonardo Curzio, El Universal, Opinión, P. A 21)
Rutilio, rebasado
Ya lo dijo el escritor Carlos Montemayor en su libro La violencia de Estado en México: la impunidad es una forma de violencia institucional que puede radicalizar procesos de exigencia social que, históricamente, el Estado ha desdeñado, criminalizado y sofocado, provocando que algunos escalen a violencia popular.
La cita del intelectual de izquierda viene a cuento porque en los últimos días empeoró la crisis en Chiapas: al menos en nueve municipios se tiene registro de la operación de grupos armados, además del EZLN. La mayoría se concentra en las zonas serranas.
El 9 de julio surgió la autodefensa del pueblo El Machete en Pantelhó, en la zona de Los Altos del estado, hasta ahora una de las más evidentes. En su video de presentación, ‘los machetes’, indígenas tzotziles y tzeltales cubiertos y con armas largas, leyeron un comunicado en el que anunciaban la toma del armamento en contra del cacicazgo político local, al que acusan de narcotráfico y le adjudican 200 asesinatos en los últimos 20 años. Responsabilizaron al gobierno estatal y a la Guardia Nacional de proteger al crimen organizado. La declaración es escandalosa a todas luces y es la primera autodefensa indígena surgida en Chiapas. ¿Qué acusa?: agresiones, asesinatos, secuestros, desapariciones, extorsiones y despojo de bienes; y el contubernio de autoridades políticas, judiciales y cuerpos policiacos con las mafias.
Así, la avalancha de más de 30 mil migrantes, provenientes principalmente de Haití, no es el principal problema del gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón: las amenazas del EZLN sobre una inevitable “guerra civil”, las protestas del magisterio y el surgimiento de hasta cuatro grupos de civiles armados, convierten al estado en un verdadero polvorín.
La inestabilidad e ingobernabilidad en Chiapas afectaría directamente al hoy todopoderoso grupo Tabasco, liderado por la administradora general de Auditoría Fiscal del SAT, Rosalinda López Hernández, hermana del secretario de Gobernación y esposa de Escandón.
En el estado es público que hay gestiones para que su gobernador, rebasado por las presiones sociales, deje el encargo y se integre lo más pronto posible al gobierno federal, antes de que la situación se vuelva insostenible. Aunque esa incapacidad operativa puede ser su principal obstáculo: en Palacio Nacional aún se le apunta como responsable del ‘secuestro exprés’ de la CNTE al Presidente, ese todavía cercano viernes 27 de agosto en Tuxtla Gutiérrez.
Palabras clave
Testigos señalan reuniones en San Lázaro en las que Rutilio Escandón ha solicitado la intervención del líder de la bancada morenista, Ignacio Mier, ante AMLO para que le entreguen la silla y dirección de la CFE en sustitución del polémico Manuel Bartlett, lo que dudo mucho y todo indica que le darán una silla menor. (Óscar Cedillo, Milenio, Al Frente, p. 2)
Ante la realidad de que más vale un mal arreglo que un buen pleito, el resultado del Diálogo de Alto Nivel de Seguridad México-Estados Unidos dio pasos significativos… para quedar en el mismo lugar.
Por alguna razón desconocida, no hubo conferencia de prensa conjunta y los jefes de las delegaciones dieron a conocer, cada uno por su cuenta, el contenido del “entendimiento bicentenario entre México y Estados Unidos para la seguridad, salud pública y comunidades seguras”.
Los tres puntos concretos -“proteger a nuestros ciudadanos, prevenir la delincuencia transfronteriza y perseguir a las redes delictivas»- requerían de decisiones más concretas que no llegaron. Quede como punto sensible del desentendimiento mexicano a la queja de la DEA de que no le permiten operar en México y la decisión de EU de seguir realizando operativos concretos al amparo de la extraterritorial Estrategia de Combate al Crimen Organizado Transnacional del presidente Obama.
Estados Unidos no asumió ningún compromiso para combatir a los cárteles del crimen organizado que controlan el contrabando y la venta del menudeo en más de tres mil ciudades estadounidenses, ni tampoco comprometió obligación alguna para atacar la corrupción oficial que ha permitido esas operaciones delictivas.
México, por su parte, no aclaró alguna redefinición sobre las actividades operativas de la DEA, ni se comprometió a aflojar la estrategia de construcción de la paz pasada en la no persecución de capos ni ataques a los cárteles.
La victoria de México fue el tema importante de la agenda del canciller Marcelo Ebrard Casaubon en el sentido de obligar a EU a, cuando menos en retórica, aceptar el papel clave en la violencia fronteriza y delictiva del tráfico de armas y la migración ilegal que la Casa Blanca se había negado a reconocer.
La crisis bilateral de seguridad fronteriza y narcotráfico entró en la lógica de la burocracia estadounidense.
Zona Zero
Una señal de la falta de resultados y expectativas del diálogo de alto nivel fue el desdén de la gran prensa estadounidense al ignorar la reunión en sus espacios noticiosos. Los periódicos y las cadenas informativas silenciaron la reunión y no informaron del “Entendimiento Bicentenario”, a pesar de que el gran tema de salud y seguridad en EU se encuentra en el tráfico de fentanilo y las muertes provocadas por esa droga. (Carlos Ramírez, 24 Horas, Estados, p. 12)
La relación con EU se maneja con pinzas. Y aunque hay quienes se frotan las manos para que reviente, estamos lejos de eso
Algunos lo desean. Otros, hasta lo presagiaban. Pero no hay desastre ni ruptura en la relación entre México y EU. Es cierto que hay diferencias, y quizá prioridades distintas. Tan natural, como obvio.
Pero es innegable que hay diálogo y, por la forma y fondo de lo ocurrido el viernes pasado en nuestro país, también hay acuerdos. La relación bilateral tiene sus jaloneos y dinámicas propias. Es compleja, porque nuestros problemas comunes lo son. Pero estamos ligados, nos necesitamos mutuamente. A decir del encuentro de alto nivel del viernes, eso lo entiende el gobierno del presidente López Obrador, y el de Joe Biden.
Compartimos la frontera más activa entre dos países del mundo. Más de un millón de personas van y vienen a diario, nuestra relación económica es muy potente. Y, claro, también los retos en seguridad, tráfico de drogas, armas y, sobre todo, migración, urgen soluciones conjuntas. Pero estamos sentados en la mesa para encontrarlas. Y no se trata de una posición de sometimiento, sino de cooperación, de colaboración. Eso se vio el viernes. No hay desastre ni ruptura.
El pasado viernes fue el funeral de la Iniciativa Mérida. ¿Es maquillaje o es un cambio de fondo? Parece un poco de las dos. Cambia el nombre por el de Entendimiento Bicentenario. Eso es pura forma. Pero en lo profundo, el gobierno mexicano logró que se planteara integrar una visión de las causas que originan los problemas vinculados a la seguridad y migración, y agregar el componente del desarrollo, sobre el que López Obrador ha insistido. En esa misma ruta, se menciona la “relación duradera basada en la soberanía” y “respeto mutuo”, como parte de los acuerdos.
Un triunfo de nuestro país, es el tema del tráfico de armas, en el que ha puesto énfasis la Cancillería.
“Declaramos nuestro apoyo a las iniciativas actuales y a la necesidad de mantener las iniciativas en curso para impedir que las armas de fuego vendidas en los Estados Unidos lleguen a México”, indicaron en declaración conjunta.
Por supuesto que hay intereses, no existe la caridad. La amistad es de dientes para afuera y, lo que define la agenda, son las prioridades de un lado y otro de la frontera. El jaloneo es natural. El reto para México está, sobre todo, en no quedar sometido a EU, hacerse de fichas para negociar y no verse avasallado por la superpotencia.
La relación con EU se maneja con pinzas. Y aunque hay quienes se frotan las manos para que reviente, estamos lejos de eso. No, no todo es miel sobre hojuelas, pero el desastre que algunos presagiaban con el gobierno de Biden, por la buena relación entre López Obrador y Donald Trump, no ha ocurrido y difícilmente ocurrirá.
En el camino confluyen crisis e intereses, claro. De lo migratorio a lo ambiental y económico –marcadamente en el sector energético-, pero parece que ambas partes, pese a que se envían señales y muestran sus desacuerdos –más en una dinámica de política doméstica, que internacional-, se encuentran en las coincidencias y relegan las diferencias. (Manuel López San Martín / Definiciones / Opinión, El Heraldo de México, p. 12)
Los gobiernos deben avanzar en la adopción de seguros para las comunidades más vulnerables, desarrollando evaluaciones más detalladas
Columna Invitada
La Cumbre Climática (COP26), que tendrá lugar en Glasgow a finales de este mes, debe hacer que la resiliencia al cambio climático pese tanto como la ambición climática. La evidencia científica está aquí, no es un asunto para el futuro distante. El fenómeno está transformando fundamentos de seguridad, poniendo en riesgo condiciones que mantienen un balance delicado en regiones proclives al conflicto.
Y no es que el cambio climático sea en sí mismo una causa de inestabilidad, sino que el aumento de la temperatura está agravando otros problemas como la pérdida de biodiversidad, la contaminación y la desigualdad, que son fuente de inestabilidad social y política. Ahí está el ejemplo de la migración de Centroamérica hacia Estados Unidos, provocada por la violencia en esa región, pero también por los impactos de las sequías recurrentes que obligan a los sectores más pobres a emigrar. Muchos terminan trabajando en los campos de producción agrícola en EU, sufriendo de extremo calor que puede ser letal.
Por ello, además de continuar impulsando la descarbonización de la economía, que es esencial para evitar que la temperatura aumente a más de 1.5 º C, en la COP26 debe surgir, a la par, un compromiso por una década de resiliencia climática, protegiendo a las comunidades más vulnerables al aumento de la temperatura. Los atlas de vulnerabilidad al cambio climático deben mejorarse y asegurar que las políticas de adaptación que se derivan de ellos beneficien a todos y no sólo a algunos. Por ejemplo, la construcción de presas que se ha presentado por gobiernos como el de México por una vía para la generación de electricidad de manera limpia. Las presas pueden ser esenciales en las medidas de adaptación, evitando la escasez del agua o las inundaciones. Su construcción con frecuencia impacta el hábitat natural del que dependen muchas comunidades. Algo similar sucede con los proyectos mineros para la extracción de recursos críticos para la transición energética, por ejemplo, el litio utilizado en las baterías, y otras grandes obras de infraestructura.
Hoy, la industria del seguro ya considera al cambio climático como un elemento central en sus modelos de negocio. Los gobiernos deben avanzar en la adopción de seguros para las comunidades más vulnerables, desarrollando evaluaciones detalladas que puedan preparar a los gobiernos a enfrentar una carga financiera mayor por eventos climáticos extremos.
La creación de un Fondo Global de Resiliencia Climática sería esencial para apoyar dichos esfuerzos y evitar que el cambio climático perpetúe la pobreza, agrave la desigualdad y los conflictos potenciales. La COP26 debe asegurar no sólo la ambición global para alcanzar la meta del 1.5º C, sino también que la resiliencia al cambio climático se convierta en un imperativo social, político y financiero que promueva la justicia climática y el desarrollo sostenible de los más pobres. (Isabel Studer / Horizonte Global / Opinión El Heraldo de México, Orbe, p. 33)
WASHINGTON, DC. En los últimos años ha habido éxodos masivos en varios puntos del planeta; miles de personas huyendo de sus países de origen en busca de una mejor vida en el mejor de los casos, y la supervivencia en muchos otros. Las causas de la migración son muchas. En algunos casos se debe a fenómenos naturales; las otras son auto infligidas por políticas locales (i.e. México,El Salvador, Nicaragua y Venezuela). Podríamos argumentar que estos deberían en esencia tener un tratamiento diferente.
En años recientes la migración se ha incrementado en número, países y velocidad. Por ejemplo, solo de Venezuela han salido más de 4 millones de personas (14% de su población total).Empezamos a ver las secuelas de este fenómeno, que, respondiendo a un contexto local, la crisis política y económica de Venezuela, tiene una repercusión regional, la llegada de cientos de miles de Venezolanos a Colombia, Panamá, Perú, Ecuador y en menor medida a Chile y Brasil. Un par de años después la historia se repite, con migraciones masivas de centroamericanos a Estados Unidos, de nicaragüenses a Costa Rica, Haitianos a Sudamérica y recientemente a EU. En el caso de Costa Rica, en las estimaciones más conservadoras, la migración de nicaragüenses se acerca a un 10% de la población total de costarricenses.
Los números son serios. Por ejemplo, el incremento de migrantes provenientes de Ecuador, Brasil, Nicaragua, Cuba y Colombia a Estados Unidos es en promedio superior a un 1,000% en relación con el período que va de 2015-2019. En el caso de Venezuela es 7,599% más y Haitianos 6,481% (US Border Patrol, Sept 2021).Esto ya genera un problema de balance de la migración, porque aún cuando es un país de migrantes, siempre ha procurado un equilibrio de países de origen para mantener esa multiculturalidad. La velocidad y cantidad de migrantes no tiene precedentes.
La presión social que está generando esta migración está desencadenando mayor violencia, con nacionalismos exacerbados inclusive en sociedades que han sido históricamente pro-inmigrantes. La división social está dejando de ser un tema de partidos políticos o agenda electoral. Por ejemplo, en la ciudad fronteriza Del Río, en Texas, el alcalde demócrata, considerado pro-inmigración, pidió apoyo del gobernador republicano para detener el flujo de migrantes.
En Chile, en la ciudad norteña de Iquique, cinco mil personas se movilizaron en contra el ingreso de extranjeros quemando sus pertenencias en una plaza pública. Estas personas, en actitud claramente desproporcionada y cruel, protestaron por la crisis migratoria con el ingreso masivo de inmigrantes que ha ocasionado que cientos de familias de extranjeras monten casas de campaña en los espacios públicos.Los mismos campamentos improvisados están proliferando en Colombia, Costa Rica y México.
En los últimos años había habido una disminución de la migración de mexicanos a Estados Unidos. De hecho, regresaban más de los que se iban. Sin embargo, en el último año esto se ha revertido drásticamente. Solamente en el mes de Julio 2021 se dio el saldo total más alto de deportaciones desde marzo del año 2000. De hecho se están deportando más mexicanos que durante la presidencia de Trump.
Con estos números y en este contexto, la situación se va a complicar aún más y en forma acelerada para los países receptores de migrantes. Los políticos no van a poder neutralizar la presión social de los que se sienten afectados por la escalada migratoria. Sobre todo, por que las tendencias del deterioro institucional, económico y social en países como Venezuela, México y Nicaragua, donde la migración es producto de políticas internas fallidas, lejos de proyectarse una disminución o mejora, se prevé un escenario cada vez peor. (Jacques Rogozinski Schtulman, El Financiero, Economía, p. 15)
Con lenguaje diplomático, la administración Biden puso sobre el escritorio del gobierno mexicano su mayor preocupación en la relación bilateral: el narcotráfico y los grandes cárteles.
El acuerdo alcanzado el viernes en la reunión binacional de alto nivel celebrada en la Ciudad de México fue: vamos a hacerlo juntos, a través de un nuevo plan de seguridad llamado Entendimiento Bicentenario, que sustituye a la Iniciativa Mérida.
Ken Salazar, embajador de Estados Unidos, informó que México se comprometió a combatir los cárteles de las drogas, bajo el Entendimiento Bicentenario, para el cual habrá recursos económicos.
Muy bien, es un cambio importante. Pero falta la prueba de los hechos.
La primera es que el gobierno mexicano permita la entrada de nuevos agentes de la DEA, sin las restricciones que se impusieron recientemente. No será un sapo fácil de tragar.
Y la segunda prueba es que las autoridades de México se decidan a actuar contra los grandes cárteles, aunque lastimen a los siniestros aliados electorales de su partido.
En la reunión del viernes en la Ciudad de México, la migración no fue el tema central, dijo el embajador Ken Salazar.
Cierto. Fue el narco. Ya están hartos.
Pero al relegar el tema migratorio México dejó pasar una gran oportunidad para exigir a Estados Unidos que se haga cargo, por lo menos, de los gastos para dar un trato digno a los extranjeros que deben esperar en territorio nacional la resolución de sus solicitudes de asilo en el país del norte.
El punto clave para Estados Unidos está en el narco, y tienen sus razones.
De ahí se derivan, en buena medida, las causas de las nuevas oleadas de migrantes ilegales a Estados Unidos.
Sin reducir a los cárteles del Pacífico y Jalisco Nueva Generación, no hay manera de lograr una relación medianamente armoniosa.
Los narcos mexicanos controlan el tráfico de migrantes ilegales hacia Estados Unidos.
Y también generan la violencia que provoca el éxodo de personas y comunidades hacia la Unión Americana.
Ése es el punto. En México no hay una política para enfrentar el crecimiento de los cárteles. Hay, eso sí, muchas frases: “abrazos, no balazos”, “Cooperación para la paz, no para la guerra”.
Y bajo esa retórica vacía fermenta, por convicción u omisión, una connivencia de proporciones que el gobierno de Estados Unidos ya detectó y ha señalado.
Pocos días antes de que Antony Blinken, secretario de Estado, viajara a México, el departamento a su cargo anunció que triplicaba la recompensa por la detención del jefe del Cártel del Pacífico, Ismael Zambada, el Mayo.
Las miradas de las agencias de seguridad e inteligencia de Estados Unidos están puestas en la cabeza de un grupo criminal que está al servicio de candidatos del partido gobernante en México.
Con el nuevo mapa político surgido de las elecciones de junio, ese cártel podría tener una ruta libre por casi todo el litoral del Pacífico mexicano, desde Tapachula hasta la garita de San Isidro.
Obviamente, preocupa en Estados Unidos.
En la acusación base del FBI para detener a Emma Coronel Aispuro, esposa del Chapo Guzmán, a finales de febrero en Virginia, se asienta, en la declaración jurada del agente especial que tuvo el caso:
“Sé por mi investigación que GUZMÁN y ZAMBADA fueron los colíderes del Cártel de Sinaloa de 1989 a 2016. De 2001 a 2016, GUZMÁN y ZAMBADA formaron la asociación de narcotráfico más prolífica del mundo. Controlaban las rutas del narcotráfico desde Sudamérica hacia Estados Unidos, importando toneladas de cocaína, heroína, metanfetamina y mariguana. Además, GUZMÁN y ZAMBADA crearon un paraguas de seguridad y”… (borrado en la copia que tengo en mi poder).
En Estados Unidos ven al Cártel del Pacífico como la asociación criminal más prolífica del mundo.
Según la DEA, el 91 por ciento de la heroína que llega a Estados Unidos entra por México, y el 87 por ciento de la cocaína también pasa por el vecino del sur.
El año pasado murieron 93 mil personas por sobredosis en Estados Unidos.
“Cuiden su frontera”, podría decir el gobierno mexicano. Pero no es tan sencillo. Son 3 mil 200 kilómetros.
Más fácil es cuidar los dos puertos (Manzanillo y Lázaro Cárdenas) por donde entra el fentanilo, que se adquiere en China en 4 mil dólares el kilo, que se transforman en un millón 600 mil dólares en el mercado estadounidense.
Por eso Estados Unidos le ha pedido al gobierno mexicano que facilite y no complique la entrada de más agentes de la DEA.
Es fundamental para Estados Unidos, dado el crecimiento de los cárteles y los lazos entre autoridades de distintos niveles y los grupos criminales.
¿Cómo los agentes de la DEA van a informar de sus investigaciones a funcionarios mexicanos que, por asociación o permisividad, conviven con los grandes criminales?
Veremos a la DEA de regreso. Aumentada, quiero decir, porque nunca se ha ido del todo. (Pablo Hiriart, El Financiero, p.36)
En 2008 los gobiernos de México, Estados Unidos, América Central, Haití y República Dominicana suscribieron la Iniciativa Mérida, cuyos objetivos eran combatir el narcotráfico, el crimen organizado transnacional y el lavado de dinero. EU se comprometió a capacitar las fuerzas militares y policiacas de los demás países, transferir equipos y compartir inteligencia. Los 11 gobiernos acordaron coordinar las actividades de sus instituciones, primero, y luego entre las de sus países, eliminar la agenda propia de cada institución y evitar la duplicidad de recursos y esfuerzos.
El gobierno mexicano se comprometió a combatir la corrupción mientras que el de EU a combatir el consumo de drogas y el tráfico ilícito de armas de fuego y dinero en efectivo hacia México.
Entre 2007 y 2021 el congreso de EU autorizó unos 3,300 millones de dólares para financiar la compra de equipos para combatir a la delincuencia y los programas de la Iniciativa.
El acuerdo empezó a perder fuerza en 2017 debido a decisiones del entonces presidente de EU, Donald Trump.
Luego, el 7 de mayo de 2019, AMLO le dijo adiós al decir: “Lo de la Iniciativa Mérida queremos que se reoriente por completo, porque eso no ha funcionado. No queremos que haya cooperación para el uso de la fuerza, queremos que haya cooperación para el desarrollo, no queremos la llamada Iniciativa Mérida. La propuesta que estamos haciendo es la del plan de desarrollo para el sureste y los países centroamericanos. Queremos que la inversión se dedique a las actividades productivas y a la creación de empleos; no queremos helicópteros artillados, no queremos recursos para otro tipo de apoyos militares, lo que queremos es producción y trabajo”.
Algunos números demuestran que tenía razón.
Las acciones para reducir el consumo de drogas en EU fracasaron porque entre 2008 y 2020 el número de muertos por sobredosis de drogas cada año aumentó 153.6%, de 36,450 a 92,452. Un total de 702,920 muertes por drogas que en su mayoría fueron importadas ilegalmente de México.
En el mismo periodo, el número de homicidios perpetrados anualmente en nuestro país aumentó 161.2%, de 14,006 a 36,579, lo que evidencia el fracaso del combate contra el crimen organizado. Un total de 343,144 muertes, la mayoría de ellas relacionadas con la delincuencia organizada en todas sus manifestaciones.
En resumen, un millón 46,064 personas perdieron trágicamente sus vidas pese a la Iniciativa Mérida.
Para sustituirla, los gobiernos de AMLO y Joe Biden anunciaron el viernes pasado el Entendimiento Bicentenario sobre Seguridad, Salud Pública y Comunidades Seguras entre México y los EU, que presentan como “una nueva visión de seguridad y colaboración regional anclada en el respeto a la soberanía de cada país”.
La Declaración Conjunta para el Diálogo de Alto Nivel de Seguridad entre México y EU emitida por ambos gobiernos anota objetivos ambiciosos, similares a los que hace 13 años mencionaba la Iniciativa Mérida, pero no explica cómo se alcanzarán ni con qué recursos económicos, materiales y humanos.
Sólo el tiempo dirá si el Entendimiento Bicentenario es exitoso. Ojalá que no pasen 13 años, se acumulen muertos y se despilfarren recursos para que nos digan que tampoco sirvió de mucho. (Eduardo Ruiz-Healy, El Economista, Política, p. 52)
Todas las formas se guardaron escrupulosamente en el encuentro de alto nivel sobre seguridad que se realizó el viernes. Las declaraciones, los acuerdos, las coincidencias y consistencias. Pero creo que el problema de fondos subsiste: no hay una estrategia común, bilateral, para atender los problemas de inseguridad que sufrimos los dos países y que están interrelacionados.
Se acabó con la Iniciativa Mérida con la idea de que era asistencialista y no estoy tan seguro de ello. La Iniciativa Mérida fue un acuerdo de largo y amplio alcance que fue mucho más allá de proporcionar equipo a las fuerzas de seguridad mexicanas, asumiendo, además, que ello era imprescindible en su momento, porque se estaba creando y por ende equipando a la Policía Federal. Hubo infinidad de otros acuerdos. Se cometieron errores, en muchas ocasiones no se utilizaron correctamente los recursos, a veces se recibió equipo (drones, por ejemplo) que fueron abandonados sin usarlos correctamente.
Todo eso y más es verdad, pero no nos equivoquemos: la Iniciativa funcionó y lo hizo bien sobre todo en sus primeros años. Durante la administración Peña decayó su eficacia porque sencillamente no existía confianza (otra vez, más allá de los discursos) entre instituciones mexicanas y estadunidenses. Aquí se cometieron errores, pero del otro lado de la frontera también, como por ejemplo un intervencionismo agresivo de la DEA en operaciones en México, además ampliamente publicitadas, que no ayudaron en nada a mejorar la relación.
La detención, ya en la administración López Obrador, del general Cienfuegos fue la gota que rebasó el vaso. El gobierno mexicano, por razones políticas, no ha atendido de la misma manera la detención de Genaro García Luna, pero si existiera una visión de seguridad nacional y política de largo plazo alguien tendría que asumir que ambas detenciones eran parte de la misma estrategia: generar un maxiproceso contra México, donde terminarían yendo de la mano las pasadas administraciones junto con la actual.
Por eso, y por muchas otras razones, la Iniciativa Mérida ya estaba rebasada. Pero el Entendimiento Bicentenario, siendo un gran instrumento diplomático, no terminó de entender cómo funcionará cuando se tenga que enfrentar a los verdaderos desafíos de la seguridad cotidiana.
Está muy bien que en México el objetivo sea disminuir el índice de homicidios, pero lo cierto es que desde que inició esta administración los índices siguen en la franja más alta de la historia, mucho más alto que en los gobiernos de Calderón o Peña. Y ya debería haber resultados más tangibles. Recordemos que cuando comenzó el gobierno se dijo que eso se vería en cien días, después en un año. Y ya han pasado tres.
Para bajar homicidios hay que romper redes criminales. No se puede de otra forma. De eso se habla también en el acuerdo bilateral, pero romper redes recurriendo como se dice a la lucha contra el lavado de dinero y otros instrumentos no es suficiente. Primero, porque está comprobado que el crimen organizado tiene una suerte de economía ni siquiera subterránea en los dos países que es literalmente imposible de romper, por lo menos como para cambiar dramáticamente la lucha contra los grupos criminales, aunque luchar contra el lavado de dinero sea un instrumento imprescindible que se puede profundizar aún mucho más. Un ejemplo: ¿dónde está el dinero de El Chapo Guzmán?, ¿en qué afectó a las finanzas del cártel de Sinaloa la caída de su líder?
Los homicidios se deben a la lucha por el control de territorios y actividades. El crimen organizado en México ya no es sólo narcotráfico, son muchas otras actividades, una está en el centro de la preocupación de Estados Unidos: la migración. Los flujos y las redes de migración ya han sido tomadas por los principales cárteles y grupos criminales. Se pueden tomar muchas medidas para controlar el flujo migratorio, pero hay que romper las redes que lo manejan y detener a sus líderes. Eso no tiene nada que ver con declararles la guerra: se trata lisa y llanamente de aplicar la ley y evitar la impunidad.
Los índices de delitos y homicidios se pueden mover hacia arriba o hacia abajo, incluso por coyunturas particulares (como el confinamiento provocado por la pandemia), pero lo que persiste es el índice de impunidad, que está en cerca del 97% de los delitos denunciados.
Para Estados Unidos, y eso se trató también en la reunión, el tema del tráfico de fentanilo y de las muertes por sobredosis, que fueron 90 mil en el 2020, sigue siendo un capítulo central. Sí hay que buscar cómo reducir el consumo, pero mientras tanto se tienen que romper redes y detener y juzgar a líderes. Y para eso necesitamos colaboración de áreas de información e inteligencia. Y para restablecerla se requiere reconstruir la confianza entre agencias y operadores. No dudo que la relación entre el canciller Marcelo Ebrard y el secretario de Estado, Antony Blinken, o la que existe entre los mandos militares de los dos países, es muy buena, de alto nivel, pero trasminar todo eso a las áreas operativas es muy difícil.
Por eso, tarde o temprano, el Entendimiento Bicentenario tendrá que asumir que el capítulo decisivo de la cooperación pasa por la operación, por desarticular redes, capturar y enjuiciar capos, también por quitarle el dinero y las armas, para acabar con la impunidad y el empoderamiento criminal. (Jorge Fernández Menéndez, Razones, Excélsior, Nacional, p. 14)
El pasado 8 de octubre, se realizó el llamado Diálogo de Alto Nivel de Seguridad entre México y Estados Unidos, con la participación de los secretarios de Estado, Antony Blinken; de Justicia, Merrick Garland, y de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, por el lado de nuestro vecino del norte y sus contrapartes mexicanas. El encuentro se llevó a cabo con la finalidad de establecer un nuevo acuerdo de seguridad que sustituya a la Iniciativa Mérida, la cual ha estado en funciones desde hace 13 años. De esta forma, se propuso iniciar el Entendimiento Bicentenario, mismo que tendría como objetivo renovar los mecanismos de coordinación interinstitucional entre ambos países.
Cabe recordar que desde el 30 de junio del 2008, con la firma de Felipe Calderón y George W. Bush se estableció el Plan Mérida, con el fin de establecer los mecanismos de cooperación de seguridad entre Estados Unidos, México y los países de Centroamérica, para enfrentar la presencia creciente de los cárteles de la droga en territorio mexicano. A la fecha, dicha iniciativa ha significado una inversión de alrededor de 3,000 millones de dólares, mismos que se han destinado principalmente a financiar equipamiento como helicópteros, aviones, refacciones, entrenamiento de personal, así como infraestructura tecnológica y computacional.
Los funcionarios que acudieron la semana pasada, subrayaron que el acuerdo que sustituirá a la anterior iniciativa, podría atender también una visión de salud pública y de “comunidades seguras”. Lo anterior con la finalidad de construir una visión transversal de la problemática multifactorial que afecta a aquellos territorios que sufren de violencia sistémica. De esta forma, el enfoque no será exclusivamente en materia de seguridad.
No obstante, varios también enfatizaron que el aprendizaje alcanzado en los últimos años deberá perdurar y fortalecerse. Lo avanzado en términos de acreditaciones internacionales, mayor transparencia, profesionalización y promoción de los derechos humanos, sería la base para un nuevo entendimiento en la amplia agenda bilateral y que abarca materias que van desde el combate al narcotráfico, el flujo de armas, el lavado de activos, hasta la migración “con enfoque humano”.
En voz del canciller Marcelo Ebrard, se enfatizó que se busca reducir la violencia y los asesinatos. Para ello habrá de impulsarse la creación de una “red para la prevención del homicidio”, es decir, “una plataforma para el intercambio de mejores prácticas en la prevención del crimen”. También se dijo que habrá un especial énfasis en el “uso de laboratorios forenses, para facilitar y apoyar la investigación de crímenes y su enjuiciamiento”, en delitos de alto impacto vinculados a organizaciones criminales transnacionales.
Ebrard Casaubon explicó que la principal diferencia entre el esquema anterior y el nuevo propuesto es que, mientras la Iniciativa Mérida se enfocó especialmente en la detención y captura de los capos criminales en suelo mexicano, la nueva dinámica habrá de desarrollarse a partir de un esquema de mayor “reciprocidad y corresponsabilidad”.
Con alrededor de 350 mil homicidios dolosos —incluso con proyecciones de expertos que consideran que la cifra es del doble— ocurridos a lo largo de la última década y media, es evidente que la dinámica de atención entre ambas naciones requiere de cambios profundos. Continuar con las acciones de manera inercial, sería tanto como mantener el fracaso que en esta materia han experimentado las administraciones del PAN, el PRI y, hoy, de Morena.
Hay que reconocer que las instituciones mexicanas han experimentado un colapso profundo que no se circunscribe exclusivamente al tema de seguridad. La incapacidad administrativa de municipios, la corrupción sistémica que experimentan entidades federativas, la falta de alternativas económicas debida a la ausencia de actores productivos, incluso, la complicidad permanente de la propia sociedad mexicana con las actividades informales, o francamente ilícitas, configuran un contexto que requiere determinaciones y cambios de raíz.
Es fundamental que los avances publicitados en la reciente reunión de alto nivel, aterricen en elementos concretos que no se circunscriban al seguimiento por parte de las instituciones de fuerza pública. Para que sea realmente robusto y dinámico, un nuevo acuerdo bilateral requiere del apoyo de “los corazones y las mentes” de la población en ambos lados de la frontera. La #SociedadHorizontal jugará un papel trascendental para enfrentar este reto. Estamos tan hermanados que de ello depende el futuro de nuestra nación, pero también de la nación vecina. (Armando Ríos Piter, Excélsior, Nacional, p. 17)