El 8 de noviembre se celebrarán elecciones intermedias en EU para renovar 435 asientos de la Cámara de Representantes, 34 de los 100 escaños senatoriales y 36 de 50 gubernaturas.
¿Por qué afectan a México estas elecciones? Por las facultades del Congreso de EU, que implican un nivel de intervencionismo en los asuntos de otros Estados y afectan a nuestros migrantes y comunidad.
1) Adoptar leyes. Un Congreso controlado por los republicanos no aprobaría reforma migratoria alguna, ni integral, ni en aspectos específicos, por ejemplo, respecto a los Dreamers, o soñadores; 2) Supervisar la implementación de los tratados suscritos por EU, entre ellos el TMEC. La legislación de implementación del tratado contempla un complejo mecanismo de verificación de políticas públicas mexicanas como la reforma laboral; 3) Controlar el ejercicio de recursos aprobados por el Congreso, por ejemplo, los 300 millones de dólares para el saneamiento del Río Tijuana, los anunciados tres mil 500 millones de dólares para infraestructura fronteriza y los programas conjuntos de USAID y AMEXCID en Centroamérica, y 4)Seguimiento de las posiciones de los países sobre temas de las agendas global y regional como la invasión rusa a Ucrania, la situación de los derechos humanos en Cuba, Nicaragua y Venezuela, entre otros.
En este momento, tanto demócratas como republicanos priorizan el cumplimiento del T-MEC, en particular en materia de políticas energéticas; la situación en la frontera; la instrumentación de la reforma laboral en México; el tráfico ilícito de drogas, en particular el fentanilo; el respeto a los derechos humanos, y el asesinato de periodistas en nuestro país.
Hasta el momento los Guacamaya leaks no han adquirido visibilidad en el Congreso, pero no hay que descartar que en un futuro la tengan. Hay 4 escenarios posibles del resultado de las elecciones:
1) Los demócratas retienen el control de ambas Cámaras, con el voto de calidad de la vicepresidenta Harris en el Senado.
2) Los republicanos controlan ambas Cámaras.
3) Los demócratas mantienen el control del Senado y pierden la Cámara de Representantes.
4) Los demócratas mantienen la Cámara de Representantes y los republicanos pasan a controlar el Senado.
Semanas atrás las encuestas indicaban el triunfo de los republicanos, pero los demócratas han recuperado apoyo por dos temas fundamentales para la sociedad de EU: el derecho al aborto y la investigación a Donald Trump por la extracción de documentos confidenciales de la Casa Blanca.
Si llegaran a ganar los republicanos ambas Cámaras, el gobierno de Biden se convertiría en un pato cojo, con parálisis legislativa, de confirmación de nominaciones a puestos vacantes, la probabilidad de que pudieran avanzar demandas de destitución en contra de Biden e investigaciones sobre el retiro de Afganistán y los negocios de su hijo Hunter Biden. (Martha Bárcena, El Heraldo de México, País, p. 9)
Creo que hay en las Fuerzas Armadas una tradición de prudencia institucional que está siendo puesta a prueba por la imprudencia institucional de este gobierno.
La avalancha de responsabilidades que se ha echado en estos años sobre las Fuerzas Armadas es para inquietar al más pintado.
Nadie puede expandir sus talentos a la velocidad que se expanden las responsabilidades de nuestra milicia. Es conducirla a paso redoblado hacia su principio de Peter, ya se sabe: el momento en que todo por servir se acaba y empieza a producir problemas en vez de soluciones, incompetencia en vez de eficacia.
Bastantes pruebas tenemos ya de que los recursos de nuestras Fuerzas Armadas no alcanzan para lo fundamental de su tarea, que es la seguridad nacional. Que las hayan hackeado es un indicio y una severa advertencia.
Tampoco funcionan bien para la seguridad pública, dada la desinversión en policías locales y la destrucción del cuerpo de policía federal que existía.
Si todo va salirle al Ejército como le ha salido hasta ahora en el combate a la inseguridad, su futuro es la ineficiencia, la exhibición de resultados catastróficos o ridículos en sus gestiones improvisadas de materias tan diversas como la construcción de aeropuertos y de trenes, la vigilancia de aduanas y puertos, la condición de gran contratista de la inversión pública, la contención de flujos migratorios, el manejo de secretarías de seguridad de estados o municipios, y hasta de una línea aérea.
No hay institución que pueda cubrir tanto terreno sin empantanarse, descuadrarse o corromperse, en medio de tanto favoritismo, tantas tareas y tanto dinero asignado sin obligación de rendir cuentas.
Las mismas Fuerzas Armadas, en defensa propia, deberían poner un freno de prudencia institucional a la imprudente carrera de expansión de responsabilidades que le están echando encima.
La abundancia del banquete puede atragantarlas y exhibirlas, en vez de fortalecerlas.
Eso, para no hablar de los vapores políticos y las tentaciones de poder que puedan producir en la cabeza de algunos los excesos consustanciales al súbito banquete. (Héctor Aguilar Camín, Milenio Diario, Al frente, p. 3)
(…) Entre más rápido se resuelva la disputa comercial, mejor para México. Urge cerrar ese tema, ahora más que nunca que se vislumbra un mal año económico en 2023 con una posible recesión en Estados Unidos. Al parecer, Clouthier lo tenía claro. Su renuncia y lo que le dijo a Galván puede interpretarse como un descalabro de esta postura. Estaría ganando la visión de los inflexibles, que no quieren cambiar ni una coma a la postura nacionalista energética, aunque esto implique un gran costo económico para el país.
La pregunta es por qué el gobierno de Biden, una vez transcurridos los 75 días, no inició el panel. Creo que la respuesta tiene que ver con las próximas elecciones intermedias que se llevarán a cabo en Estados Unidos el 8 de noviembre. Hoy existe la probabilidad que los demócratas mantengan la mayoría en el Senado, lo cual sería un gran triunfo para la administración Biden tomando en cuenta que hace tres meses el escenario era que su partido perdería la mayoría en ambas cámaras del Congreso.
Uno de los temas más vulnerables para los demócratas es la migración de indocumentados. Si Biden iniciara el panel con México, se arriesgaría a una reacción negativa de López Obrador, quien podría dejar de contener a los migrantes en territorio mexicano. En unos cuantos días, Estados Unidos tendría otra crisis migratoria en su frontera sur, lo cual afectaría las preferencias electorales antes de los comicios. En este momento, lo que le conviene a Biden es mantener la fiesta en paz con AMLO para evitar cualquier situación que pudiera perjudicar a los demócratas en las próximas elecciones.
Pero, a partir del 9 de noviembre, las condiciones serán otras y Biden podría iniciar en cualquier momento el susodicho panel.
Raquel Buenrostro es la nueva secretaria de Economía. Tiene fama, bien ganada, de ser dura. Aquí el problema no es de dureza, porque el gobierno mexicano podría poner al más duro de los duros a cargo de la gestión de la disputa que no le hará ni cosquillas a Estados Unidos y Canadá. Por una razón fundamental: la controversia está perdida. Y una vez que una pelea está ganada, lo único que les queda es manejar los tiempos a conveniencia. (Leo Zuckermann, Excélsior, Nacional, p. 9)
A diario, frente a la Puerta Mariana de Palacio Nacional ocurre una especie de contramañanera de la que los reporteros de la fuente presidencial casi nunca dan cuenta.
Allí, sin ingresar a la calle de Moneda, acuden colonos inconformes, ambientalistas, representantes sindicales o víctimas de la corrupción y la impunidad para quejarse. De sus mantas y consignas queda constancia en los informes entregados al Palacio del Ayuntamiento y la Primera Sección del Estado Mayor Presidencial.
Justo hace cuatro meses, un contingente identificado como la Unión Ecológica de Llanteros de Ciudad Juárez colocó un ataúd frente al Balcón Principal y cartulinas bilingües: “¡Dejen de extorsionar!”. “President Biden, please help AMLO to clean Mexican customs”.
El retrato de César Alejandro Reyna Carrillo ilustraba las mantas. Una semana después, otro conglomerado de empresarios —éstos, de Tijuana— enviaría un escrito a los titulares de la Sedena, Luis Crescencio Sandoval, y de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, para denunciar una “red de corrupción” que además de Reyna Carrillo involucraba al exdirector adjunto de Aduanas de México, Juan Carlos Madero Larios, y Álvaro Fernández Echeverría, exsubadministrador del SAT en la Aduana de Otay.
La militarización de los recintos aduanales ya se había concretado. Y el decreto presidencial para instaurar la Agencia Nacional de Aduanas, publicado en el Diario Oficial de la Federación. La nueva instancia —ya independiente del SAT—seguirá a cargo del abogado Horacio Duarte Olivares.
Desde el cumplimiento de las medidas arancelarias y las normas sanitarias, hasta la materialización de la legislación federal en materia de propiedad intelectual y seguridad pública ocurren en las Aduanas. Tijuana y Nuevo Laredo son los puntos fronterizos con mayor actividad aduanal en el norte del país; y bajo el amparo del T-MEC ocurren actualmente 84% de las exportaciones y 46% de las importaciones mexicanas.
Además de los oficiales en tierra, la vigilancia de los cruces de las mercancías depende de la modernización de los sistemas de monitoreo. Y en esas tareas, Reyna Carrillo es un personaje clave, como administrador general de Comunicaciones y Tecnologías de la Información.
Detrás de las denuncias contra ese funcionario cuatroteísta estarían sus nexos con el empresario José Ángel Sánchez Suchil, quien acumula una década de experiencia con el SAT; en la anterior administración federal, como directivo de la firma Integradores de Tecnología, y antes en la proveeduría de servicios integrales para la Ventanilla Única de Comercio Exterior Mexicano.
Ahora, con la firma Interconecta, Sánchez Suchil —de acuerdo con las denuncias de empresarios afectados— pudo acrecentar sus negocios, de la mano del funcionario, con quien se ha mimetizado en gustos y emprendimientos. Ambos se habrían asociado en negocio gastronómico en La Paz, Baja California Sur, cuya inauguración sería este mismo año.
El inventario nacional de lo militarizado, del CIDE y México Unido contra la Delincuencia, detectó que en los últimos 12 años al menos 227 funciones civiles han sido transferidas a las Fuerzas Armadas, lo que equivale a aproximadamente 74,000 millones de pesos. El incremento de poder económico implica mayor poder político… y mayor corrupción e impunidad. Entre la opacidad, el poder y el dinero, la militarización se ha convertido en un lucrativo negocio. (Alberto Aguirre, El Economista, Política, p. 39)
El próximo jueves 13 de octubre se llevará a cabo la segunda edición del Diálogo de Alto Nivel de Seguridad entre México y Estados Unidos (DANS). Tras la primera edición en octubre del año pasado, celebrada en la Ciudad de México, en esta ocasión nos reuniremos en Washington, D.C. para presentar los avances del nuevo Entendimiento Bicentenario. A un año de haber presentado el nuevo paradigma de cooperación en materia de seguridad, que reemplazó a la Iniciativa Mérida, tendremos un diálogo sobre los retos y oportunidades, desde el respeto a nuestras soberanías, de cara a los objetivos que ambos países hemos suscrito.
El combate al tráfico de armas es una de las principales prioridades, tanto de nuestra política exterior en general, como del DANS en particular. En este año hemos compartido la información al sistema eTrace de más de 18 mil armas incautadas en México. Además, las autoridades estadunidenses han rastreado 233% más armas incautadas en México, lo cual ofrece inteligencia sobre las rutas del trasiego de armas hacia nuestro país. No obstante, a pesar de los indicadores de progreso, insistiremos en la urgencia de redoblar los esfuerzos en contra del flujo de armas y municiones desde Estados Unidos a territorio nacional. También hemos fortalecido la capacidad de análisis forense a nivel federal, sobre todo al Centro Nacional de Identificación Humana.
México comparte la necesidad de hacer frente también al consumo de drogas sintéticas, particularmente el fentanilo, así como a informar, con base en evidencia científica y desde una perspectiva de salud pública, sobre los riesgos que conllevan. Mediante el trabajo conjunto hemos iniciado proyectos de capacitación para la prevención y atención al consumo de estupefacientes, haciendo énfasis en el fentanilo. Además, hemos tenido diversos acercamientos para investigar de manera conjunta la internación de precursores químicos en México y, de este modo, disminuir la producción de drogas sintéticas. Buscamos una mayor cooperación en materia de tráfico de armas, pero también presentamos nuestra voluntad de cooperación para reducir el tráfico de drogas sintéticas hacia Estados Unidos.
En preparación al DANS, hemos celebrado reuniones de trabajo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, con la Secretaría de Gobernación, además de las secretarías de la Defensa Nacional y de la Marina, la Fiscalía General de la República, el Centro Nacional de Información y la Unidad de Investigación Financiera, entre otros. Ésta es otra gran virtud del Diálogo de Alto Nivel de Seguridad: presentamos un frente unido para cumplir la instrucción del presidente López Obrador de una colaboración efectiva entre gobiernos nacionales y respetuosa de nuestras jurisdicciones. Junto con el fiscal general Gertz, la delegación de México se encontrará con un equipo encabezado por el secretario de Estado, Antony Blinken; el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, y el fiscal general, Merrick Garland.
En síntesis, el DANS bajo el Entendimiento Bicentenario nos permite estructurar una nueva cooperación en seguridad que, más allá de ser reactiva, busca establecer estrategias de largo plazo con indicadores claros para enfrentar al crimen organizado y las redes de tráfico de armas, drogas sintéticas y personas en la región como objetivos estratégicos. Como ha instruido el presidente López Obrador, debemos ampliar la visión de seguridad y conceptualizar la violencia como una consecuencia de la desigualdad y falta de desarrollo, mismas que atendemos con políticas sociales y mecanismos de atención a las víctimas. El Entendimiento Bicentenario y el próximo DANS son el camino correcto para seguir construyendo la justicia y la paz en nuestro país y nuestra región. (Roberto Velasco Álvarez, Excélsior, Nacional, p. 14)
Iniciaron los trabajos de reconocimiento en instalaciones del campo Militar No. 1 por parte de la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas de 1965 a 1990, con lo que se cumple el compromiso del Presidente de México para dar respuesta a demandas históricas de víctimas, familiares de personas desaparecidas y colectivos: ingresar a las instalaciones militares y profundizar en la búsqueda de sus familiares.
La selección de los espacios inspeccionados se funda en documentación proporcionada por la Sedena y la Segob correspondiente a los años 1965-1990, relativa a los procesos de violencia política, entre las que destacan los archivos de la Dirección Federal de Seguridad; el Plan Telaraña de 1971 y el Plan Uno Rastreo, que describe la conformación de la Brigada Blanca, además de 25 testimonios de sobrevivientes que estuvieron en calidad de personas detenidas en estas instalaciones.
Para ello, se ha analizado la información pública, incluyendo declaraciones de exfuncionarios que fueron testigos de probables actos de tortura, así como distintos planos sobre el campo militar que permiten conocer la estructura y sus funciones. Lo cual ha permitido hacer una reconstrucción de modos de operación y ubicar los probables espacios donde se pudieron haber sido realizados actos violatorios de los derechos humanos.
El 20 de septiembre de 2022 ingresaron a las instalaciones castrenses 61 representantes de familiares de personas desaparecidas y víctimas de violaciones a los derechos humanos cometidos en esos años acompañados por personal de la Comisión de la Verdad, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, el Mecanismo de Esclarecimiento Histórico, el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, la Comisión Nacional de Búsqueda, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la propia Secretaría de la Defensa Nacional.
La Sedena ha facilitado información para la identificación de instalaciones militares y reconocimiento en siete sitios del Campo Militar: la Brigada de Fusileros Paracaidistas; las caballerizas del Estado Mayor de la Defensa —hoy 1ra. Brigada de infantería independiente—; la Prisión Militar; el Cuartel General de la Policía Militar, el 4to. Batallón de Policía Militar, así como las caballerizas que actualmente son plantas de tratamiento de aguas.
Se trata del primer resultado relevante para conocer la verdad de estos deleznables hechos, pues se ubicaron sitios donde pudieron haberse cometido violaciones graves a derechos humanos entre las décadas de 1960 y 1990. Tras esta primera incursión se continuará con la inspección de los puntos que las personas sobrevivientes y familiares han señalado como probables sitios de detención clandestina que incluyen instalaciones militares en los estados de Oaxaca, Guerrero, Sinaloa y Chihuahua, así como en instalaciones civiles.
El reconocimiento de estos hechos y el trabajo para dilucidar la verdad sobre lo sucedido no es, como algunos señalan, un acto de resentimiento desde la militancia política, sino parte del proceso de transformación del actual gobierno, más aún, cuando las estrategias contrainsurgentes implementadas de manera sistemática por el Estado mexicano para combatir la disidencia política se trasladaron en las décadas subsecuentes a los grupos delictivos.
La expresión nítida de ello es cómo la desaparición forzada de personas, se convirtió en una práctica delictiva regular debido a que muchas de las personas que participaron en las actividades contrainsurgentes de entonces pasaron a formar parte de los grupos delincuenciales.
La búsqueda de la verdad pretende fortalecer el ejercicio democrático que coloca en su centro la dignidad humana; el respeto de sus derechos y libertades, y la rendición de cuentas. Los controles y contrapesos para la rendición de cuentas fortalecen a las instituciones del Estado.
Memoria para no olvidar; memoria para que haya justicia, y en todos los casos, para cerrar la profunda herida que prevalece sobre lo ocurrido durante el oprobio de la llamada guerra sucia. (Alejandro Encinas, El Universal, Opinión, p. 16)